La fiscal general enfrenta crecientes cuestionamientos por sus acciones y omisiones, que no solo comprometen su rol como garante de la justicia, sino que también afectan gravemente la institucionalidad democrática del país. A medida que se revelan más casos de persecución política, principalmente dirigidos hacia un partido específico, surge la preocupación sobre la instrumentalización de la Fiscalía como un actor político. Este sesgo no solo atenta contra los principios democráticos, sino que también constituye un claro incumplimiento de sus funciones constitucionales, socavando la confianza ciudadana en el sistema de justicia y en las instituciones encargadas de velar por el orden y la legalidad.

Paralelamente, la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador ha dejado al descubierto la ineficacia de la Fiscalía en su responsabilidad de investigar y perseguir delitos graves. Entre 2019 y 2023, el país registró 17.882 homicidios, delitos que por su naturaleza exigen una acción pública inmediata y rigurosa. Sin embargo, miles de estos casos permanecen en la impunidad, evidenciando la incapacidad o la falta de voluntad de la Fiscalía para llevar a cabo investigaciones exhaustivas. El asesinato de Fernando Villavicencio, que ha conmocionado al país, es solo uno de los numerosos ejemplos de cómo la falta de respuesta efectiva de la Fiscalía ha contribuido a la sensación de inseguridad y desprotección que prevalece en la sociedad ecuatoriana.