El presidente Daniel Noboa ha revelado su intención de presentar un Proyecto de Reforma Parcial a la Constitución en la Asamblea Nacional para modificar el artículo 5, que actualmente prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras y de instalaciones con fines militares en Ecuador. En un discurso contundente, Noboa argumentó que esta reforma es esencial para enfrentar la grave crisis que, según él, dejaron sus predecesores. El mandatario criticó a las administraciones anteriores por haber convertido al país en un “nido de narcotráfico” y entregado a las mafias bajo una “falsa noción de soberanía”, un panorama que, según Noboa, ha debilitado la seguridad y la estabilidad nacional.

Noboa defendió la reforma como una medida necesaria para restaurar el orden y fortalecer la capacidad del país para combatir el narcotráfico. La propuesta de permitir la presencia de bases militares extranjeras busca, en teoría, mejorar la colaboración internacional en la lucha contra el crimen organizado y reforzar la seguridad interna. Según el presidente, esta estrategia es una respuesta directa a la situación crítica que enfrenta Ecuador y una forma de levantar al país del estado de deterioro en el que, según él, fue dejado por las administraciones anteriores.

La propuesta de reforma ha generado un intenso debate entre los diversos sectores políticos y sociales del país. Mientras algunos apoyan la idea de incrementar la cooperación internacional para abordar el narcotráfico, otros temen que la modificación del artículo 5 comprometa la soberanía nacional y permita una mayor intervención extranjera en los asuntos internos del país. La discusión sobre esta reforma promete ser un tema central en el debate legislativo y público en los próximos meses, reflejando las tensiones y diferencias en torno a la estrategia más adecuada para enfrentar los desafíos de seguridad que enfrenta Ecuador.

La ministra del Interior, Mónica Palencia, ha anunciado la implementación de un toque de queda durante el apagón previsto para el miércoles 18 de septiembre. Este corte eléctrico, que se llevará a cabo desde las 22h00 hasta las 06h00 del jueves, es una medida necesaria para realizar trabajos de mantenimiento en la red eléctrica nacional. La decisión de imponer un toque de queda tiene como objetivo principal mitigar los riesgos asociados con la falta de iluminación y asegurar la protección de los ciudadanos durante este período crítico. La ministra Palencia enfatizó que la restricción nocturna es crucial para prevenir posibles incidentes de inseguridad y garantizar el orden público.

Durante el apagón, que afectará a varias áreas del país, las autoridades estarán especialmente atentas a la seguridad pública. La medida de toque de queda busca evitar que el corte de energía provoque un aumento en la actividad delictiva, aprovechando la oscuridad para cometer delitos. Además, se ha dispuesto un operativo especial de vigilancia para garantizar que se cumpla la restricción y que cualquier emergencia pueda ser atendida de manera oportuna. La ministra Palencia hizo un llamado a la cooperación de la ciudadanía, pidiendo que se respeten las horas establecidas para el toque de queda y que se tomen precauciones adicionales para mantenerse seguros durante la noche sin electricidad.

La implementación del toque de queda también refleja el esfuerzo del gobierno por mantener la estabilidad y la seguridad en situaciones de contingencia. Este tipo de medidas preventivas son parte de un plan integral para gestionar el impacto de interrupciones en los servicios básicos y asegurar que los ciudadanos puedan pasar el periodo de apagón sin mayores inconvenientes. Las autoridades locales estarán trabajando en conjunto con las fuerzas de seguridad para supervisar el cumplimiento de la medida y abordar cualquier incidente que pueda surgir. Mientras tanto, se espera que los ciudadanos se adapten a las nuevas circunstancias y colaboren en el cumplimiento de las disposiciones para garantizar una noche segura y tranquila.

La Federación Unitaria de Trabajadores (FUT) ha convocado a una manifestación para este jueves, 19 de septiembre, a las 15:00, en los bajos del Ministerio del Trabajo. La organización critica duramente a esta cartera de Estado, acusándola de ser cómplice de una política que promueve la precarización laboral, la esclavitud moderna, y el aumento del subempleo y la informalidad en el país. Según la FUT, las actuales políticas neoliberales del presidente Daniel Noboa han fallado en abordar estos problemas de fondo, exacerbando en lugar de resolver la crisis laboral que enfrenta Ecuador.

Además de las acusaciones sobre la situación laboral, la FUT también ha levantado la voz sobre la crisis energética, que según ellos, está siendo mal manejada por el gobierno. La manifestación se enmarca en una serie de protestas dirigidas a exigir cambios significativos en las políticas gubernamentales y una respuesta efectiva a las dificultades económicas y sociales que afectan a los trabajadores y a la población en general. La FUT busca así visibilizar el impacto negativo de las políticas actuales y presionar por soluciones más justas y efectivas.

Ana Galarza, legisladora y crítica política, ha lanzado duras acusaciones contra el presidente Daniel Noboa, afirmando que él "vive en una burbuja" respecto a la realidad de la seguridad en Ecuador. Según Galarza, la situación de inseguridad en el país no solo persiste, sino que ha empeorado en comparación con el año pasado. La crítica resalta la discrepancia entre las afirmaciones optimistas del presidente sobre el estado de la seguridad y la cruda realidad que enfrentan los ciudadanos, quienes continúan lidiando con un aumento de la violencia y la criminalidad.

Galarza argumenta que la desconexión entre el gobierno y la realidad es evidente en las políticas de seguridad implementadas por Noboa, que, según ella, no han logrado abordar efectivamente los problemas que afectan a la población. La legisladora insiste en que el país necesita una revisión urgente de las estrategias de seguridad y una respuesta más tangible y efectiva para enfrentar la creciente preocupación de los ecuatorianos. Su llamado a la acción busca despertar una mayor conciencia sobre la crisis de seguridad y exigir soluciones concretas en lugar de las promesas vacías de progreso.

Rafael Correa y Nayib Bukele han encendido las redes sociales con un intercambio de mensajes que rápidamente se volvió viral. Todo comenzó cuando Correa, expresidente de Ecuador, comparó a Bukele con el fallecido expresidente peruano Alberto Fujimori, diciendo: “Les recuerdo que Fujimori era el Bukele de los noventa. Revisen…”. Esta comparación fue en respuesta a una publicación del académico Jorge Paladines sobre el legado político y legal de Fujimori. Ante esta mención, el presidente salvadoreño respondió de manera despectiva en su cuenta de X (antes Twitter) con un tajante: "¿Quién es este?", provocando una avalancha de interacciones en la plataforma.

El tuit de Bukele, que acumuló más de 50 mil “me gusta” y 6 mil comentarios, no quedó sin respuesta. Correa rápidamente reaccionó con una respuesta directa: “Mal, Nayib, mal. Dile a la venezolana odiadora que te maneja las redes, que no te haga caer en esto. Aquí no tienes un enemigo”. El intercambio ha generado un intenso debate en las redes, donde seguidores de ambos líderes se han sumado a la discusión, alimentando el choque entre dos de las figuras políticas más influyentes de América Latina.

Durante un masivo evento en Venezuela, Michello subió a la tarima y capturó la atención del público al despertar el espíritu de unidad y orgullo nacional. En su discurso, llamó a todos los venezolanos a utilizar sus celulares como herramientas para mostrar la verdadera realidad del país, desmintiendo las versiones negativas que, según él, son difundidas por influencers que viven en Miami. Michello defendió que en Venezuela reina la paz y que las percepciones de violencia y caos son manipuladas, promoviendo la idea de que el pueblo debe mostrar su propio relato al mundo.

El mensaje de Michello resonó fuertemente entre los miles de venezolanos que se encontraban concentrados en el evento, quienes, en unísono, comenzaron a corear "¡No volverán, no volverán!" en referencia a sectores políticos que el público considera como responsables de pasadas crisis. La energía del momento reflejó un fuerte sentimiento de resistencia y deseo de autodeterminación entre los presentes, quienes vieron en Michello una voz de empoderamiento para contrarrestar las críticas externas y fortalecer la imagen del país a nivel internacional

Durante la entrega de vehículos a la Policía, el presidente Daniel Noboa expresó su rechazo a los intentos de juicio político promovidos por ciertos grupos. En su discurso, Noboa señaló que muchos de los líderes de estos movimientos políticos están actualmente encarcelados en el penal de La Roca, vinculados a casos de corrupción y crimen organizado. El mandatario criticó que estas figuras busquen ahora juzgar a miembros clave de su gabinete, como la ministra del Interior y el ministro de Defensa, en un contexto donde el país enfrenta un conflicto armado interno.

Noboa defendió la gestión de su gobierno y enfatizó la necesidad de unidad y fortaleza institucional frente a las amenazas que enfrenta el país. Rechazó que personas relacionadas con actividades ilícitas intenten desestabilizar al gobierno mediante acciones políticas, señalando la gravedad de la situación actual de seguridad. Su mensaje destacó el respaldo a las fuerzas del orden y el compromiso del gobierno con la lucha contra el crimen, en medio de un panorama político polarizado y desafiante.

Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha, destacó el impacto económico y energético de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, al señalar que ha generado ingresos de 2.000 millones de dólares. Con una producción de 50 millones de megavatios-hora (MW-h) desde su inicio de operaciones, la planta ha sido capaz de cubrir el consumo energético de Ecuador por un período de dos años, consolidándose como un pilar fundamental para la estabilidad energética del país.

La central, ubicada en la provincia de Napo, no solo ha proporcionado una fuente de energía limpia y sostenible, sino que también ha reducido la necesidad de importación de electricidad, fortaleciendo la autonomía energética del Ecuador. Además de su contribución al sistema eléctrico nacional, Coca Codo Sinclair ha jugado un papel clave en la promoción del desarrollo económico, tanto por la inversión directa que representó su construcción como por los ahorros en costos de energía para el país a largo plazo.

El reciente archivo del juicio político a la fiscal Diana Salazar ha generado un nuevo giro en la política ecuatoriana, en medio de especulaciones sobre el verdadero alcance de esta decisión. Ramiro Aguilar ha levantado una seria acusación, sugiriendo que el Gobierno no está defendiendo a Salazar por lealtad personal, sino como parte de un pacto más amplio que implicaría la posible destitución de la vicepresidenta Verónica Abad. Según Aguilar, la protección otorgada a la fiscal podría estar relacionada con una estrategia para sacrificar a Abad, planteando dudas sobre las verdaderas intenciones detrás de la decisión.

La situación refleja una compleja red de intereses y negociaciones dentro del Gobierno, donde las decisiones legales parecen estar influenciadas por acuerdos políticos. Si bien el archivo del juicio a la fiscal podría parecer un acto de protección institucional, la percepción de que podría ser un intercambio por la cabeza de Abad añade una capa de intriga y controversia. La transparencia en estos procesos es crucial para asegurar que las decisiones se tomen en base a principios justos y no a conveniencias políticas que podrían desestabilizar la confianza pública en las instituciones.

En el contexto actual de la administración pública en Ecuador, el debate sobre la legalidad y la interpretación de la ley ha cobrado relevancia. Angélica Porras ha cuestionado el uso del sumario administrativo, tradicionalmente destinado a los funcionarios de carrera, al aplicarse en el caso de la vicepresidenta Verónica Abad, quien fue electa por el voto popular. Según Porras, la administración del presidente Daniel Noboa está creando una nueva teoría del derecho que, lejos de respetar los principios legales establecidos, se dedica a “inventar el derecho” y a “pisotear la ley”. Esta situación plantea serias dudas sobre la legitimidad y el respeto por los procedimientos jurídicos tradicionales.

La controversia se centra en la aparente desviación de los principios legales para adaptarlos a conveniencias políticas, lo cual podría socavar la confianza en el sistema judicial y administrativo. La crítica de Porras subraya la preocupación por la manipulación de conceptos jurídicos para fines que podrían ser percibidos como arbitrarios. En este contexto, es esencial que se garantice el respeto por los procedimientos legales y que se evite el uso de interpretaciones flexibles que comprometan la integridad del marco jurídico establecido. La transparencia y el apego a la ley son fundamentales para mantener la estabilidad y la confianza en las instituciones gubernamentales.

En una reciente sesión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), se abordó la grave acusación realizada por el consejero Fantoni, quien afirmó que la propuesta de reglamento del concurso para fiscal general permitiría que una persona recluida en el penal “La Roca” pudiera ganar el concurso. Esta declaración generó un fuerte debate, ya que fue considerada una distorsión intencionada de la realidad. Durante la discusión, se hizo un esfuerzo por aclarar que los requisitos establecidos en el reglamento garantizan la transparencia y la integridad del proceso, descartando categóricamente la posibilidad de que individuos sin las condiciones legales y morales adecuadas puedan acceder al cargo de fiscal general.

El Pleno del Cpccs dejó claro que no se permitirá la propagación de acusaciones infundadas que busquen desestabilizar el proceso de selección. Se insistió en que la propuesta de reglamento está diseñada para asegurar que el concurso sea justo, con requisitos estrictos sobre la probidad y capacidad de los candidatos. Los consejeros recalcaron la necesidad de mantener el debate en un nivel constructivo y sin difundir falsas premisas, reafirmando su compromiso con un proceso transparente y acorde a las necesidades del país para garantizar una justicia independiente y confiable.

La Revolución Ciudadana ha intensificado su lucha contra la impunidad y la corrupción en el Ecuador, arrojando luz sobre las acciones de delincuentes y sus cómplices dentro de la Función Judicial. Recientemente, se han revelado casos alarmantes de violaciones al principio de reserva, un pilar fundamental de la justicia que protege la confidencialidad de los procesos legales. Estas revelaciones no solo demuestran una falta de ética y profesionalismo por parte de ciertos funcionarios, sino que también ponen en riesgo la integridad del sistema judicial. La actuación de estos individuos ha generado un clamor popular por una reforma profunda y la rendición de cuentas.

Frente a esta situación, es imperativo que se inicie una acción penal contra la Fiscal implicada en estas irregularidades. La transparencia y la justicia no pueden ser comprometidas por la corrupción interna o la negligencia de quienes deben garantizar el debido proceso. La Revolución Ciudadana, al destapar estos casos, no solo evidencia la necesidad de una revisión exhaustiva de las prácticas judiciales, sino que también reafirma su compromiso con la justicia y la lucha contra la impunidad. La demanda de acciones legales y reformas en la Función Judicial es más urgente que nunca para restablecer la confianza en el sistema y asegurar que todos los ciudadanos reciban justicia sin favoritismos ni corrupción.

Eduardo Vivanco ha tomado una postura firme en defensa del periodista Andersson Boscán, lanzando duras críticas hacia la Fiscal General del Estado. Según Vivanco, la Fiscalía ha mantenido en secreto durante más de un año un informe crucial de la Policía Nacional que detalla una conspiración para perseguir y eliminar a Boscán y a su familia. Este informe, recientemente revelado, concluye que las amenazas contra el periodista eran parte de un plan sistemático con la intención de darle de baja. Vivanco acusa a la Fiscalía de encubrimiento y de no proteger adecuadamente a Boscán, subrayando la gravedad de la situación.

El informe policial proporciona una visión alarmante de cómo se organizaba la persecución contra Boscán, destacando la meticulosidad y la seriedad de las amenazas. De acuerdo con los detalles expuestos, la planificación para el atentado contra el periodista era minuciosa y reflejaba una clara intención de silenciarlo. Vivanco ha señalado que este encubrimiento por parte de la Fiscalía representa una grave violación de los derechos fundamentales de Boscán, además de poner en riesgo la vida de otros periodistas y defensores de la libertad de expresión en el país.

La revelación del informe ha puesto en el centro del debate público la responsabilidad de la Fiscalía en este caso. Vivanco exige una investigación exhaustiva y medidas concretas para esclarecer el papel de las autoridades en este escándalo. La falta de acción y la ocultación de información crítica por parte de la Fiscalía no solo han afectado a Boscán, sino que también han enviado un mensaje preocupante sobre el nivel de protección y justicia que reciben los periodistas en el país. La presión pública ahora se centra en la Fiscalía para que rinda cuentas y garantice la seguridad de quienes defienden la verdad.

El término "Narco juicio" utilizado por la Fiscal Diana Salazar ha generado una fuerte reacción por parte de Héctor Valladares, quien inició un proceso judicial relacionado y se siente directamente afectado por la connotación del término. Valladares, figura vinculada a la Revolución Ciudadana, expresó su indignación ante el uso de esa frase, destacando que ningún líder de su movimiento está bajo investigación por vínculos con el narcotráfico. En un enérgico pronunciamiento, Valladares afirmó que no solo no tiene antecedentes penales, sino que ni siquiera ha recibido una multa de tránsito, lo cual refuerza su postura de rechazo ante la etiqueta de "Narco juicio."

Para Valladares, el uso de esa terminología no solo desvirtúa el proceso legal que él mismo impulsó, sino que también busca estigmatizar a quienes forman parte de la Revolución Ciudadana sin fundamento alguno. En su declaración, hizo un llamado a la fiscalía para que maneje el caso con el rigor legal adecuado, sin recurrir a términos que, según él, no reflejan la realidad de los hechos y solo buscan desprestigiar a ciertos actores políticos. Reiteró su confianza en que la verdad prevalecerá y que las acusaciones infundadas no lograrán socavar su integridad ni la de su movimiento.

La legisladora Paola Cabezas ha criticado con dureza la gestión del actual Primer Mandatario, calificándola como paupérrima y sin perspectivas de mejora a corto, mediano ni largo plazo. Según Cabezas, el gobierno carece de políticas efectivas que aborden los problemas más críticos del país, especialmente en materia de seguridad. Denunció la falta de datos concretos sobre homicidios y otras cifras relacionadas, lo que impide realizar un análisis real de la situación. Además, subrayó la importancia de no obstaculizar la función fiscalizadora de la Asamblea Nacional, dado que la transparencia es esencial para que el país pueda superar la crisis actual.

En su intervención, Paola Cabezas también puso énfasis en la situación de los PPL (personas privadas de libertad), un reflejo de la incapacidad del sistema para ofrecer soluciones integrales. La legisladora señaló que la falta de una política de seguridad efectiva está vinculada a un sistema de inteligencia inoperante, lo que agrava el panorama general. Esta ineficacia, añadió, no solo se manifiesta en la gestión de las cárceles, sino en la ausencia de acciones concretas para garantizar la seguridad ciudadana. Según Cabezas, las fallas del gobierno no solo frenan el progreso del país, sino que profundizan la crisis.

El gobierno actual ha sido duramente criticado por su enfoque en la política de imagen y presencia en redes sociales, especialmente en TikTok, más que en la ejecución de políticas públicas efectivas. Según el analista político Juan Manuel Fuertes, el mandato carece de coherencia y profundidad en sus acciones. Fuertes sostiene que si se evaluara al gobierno mediante un "checklist" de promesas cumplidas, los resultados serían desalentadores. Las áreas clave que el país necesita reforzar parecen haber sido dejadas de lado, mientras la administración recurre a estrategias superficiales para mantener su popularidad, con el concepto de "Nuevo País" como bandera discursiva.

A pesar del discurso optimista que el gobierno intenta proyectar, Fuertes subraya que existe una notable falta de capacidad para enfrentar los verdaderos problemas del país. Las promesas de campaña no se han materializado y, en su lugar, ha habido una evidente improvisación en la toma de decisiones. Esta ineptitud, según el analista, es compensada con un discurso que busca distraer a la opinión pública de las carencias del gobierno, haciendo hincapié en cambios que no se ven reflejados en la realidad cotidiana de la ciudadanía.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, criticó duramente el reciente anuncio del presidente Daniel Noboa sobre el pago de las planillas de luz. Según Noboa, el Estado asumirá el costo de la energía eléctrica de los hogares que consuman hasta 180 kilovatios durante los meses de diciembre, enero y febrero, con el fin de aliviar la economía de los ecuatorianos. Sin embargo, Iza calificó esta medida como una estrategia de campaña anticipada, señalando que Noboa está utilizando recursos públicos para ganar apoyo popular de cara a una posible reelección. Además, destacó que estas acciones representan un claro populismo que, según él, ha perjudicado al país.

Iza también arremetió contra otro anuncio de Noboa relacionado con la condonación de deudas de hasta 5 mil dólares en BanEcuador, afirmando que esta medida infringe los acuerdos alcanzados durante las mesas de diálogo posteriores al paro de 2022, en las que se estableció la condonación de deudas hasta 10 mil dólares. El líder indígena concluyó su crítica afirmando que el pueblo ecuatoriano es sabio y sabrá rechazar a un gobierno que, en su opinión, no ha abordado los problemas reales del país. Las declaraciones de Iza se enmarcan en un ambiente de creciente tensión política, donde la gestión de Noboa continúa siendo objeto de escrutinio.

La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, ha expresado su descontento ante lo que considera un intento por parte del gobierno de silenciarla y forzar su renuncia. En una entrevista con el Diario El País, Abad denunció que su traslado a Turquía, sin explicaciones claras, es parte de una estrategia para acallarla. Aseguró que no ha recibido respuestas sobre la razón de su reubicación y que su equipo se quedó en Israel. "La vicepresidenta no es un objeto de uso para un presidente", subrayó Abad, quien señaló que se le han impuesto restricciones sin recibir asignaciones concretas.

Abad también manifestó su frustración por las presiones que, según ella, enfrenta desde el gobierno, llegando a afirmar que "solo falta que me quiten la vida" para silenciarla. A pesar de estas dificultades, indicó que continuará cumpliendo con las tareas que se le deleguen, aunque considera que la situación atenta contra la democracia. Las declaraciones de Abad resaltan el tenso ambiente político que rodea su gestión y su relación con el actual gobierno, al que acusa de querer limitar su capacidad de acción.

El abogado Sergio EC, a través de su cuenta de TikTok, ha lanzado fuertes críticas contra el presidente Daniel Noboa, acusándolo de utilizar recursos públicos para promover su imagen y hacer campaña política. En un video que rápidamente se volvió viral, Sergio sostiene que Noboa está desesperado por mantener su popularidad y recurre a la “generosidad” con la plata del pueblo para ganar apoyo. Según el abogado, estas acciones no son más que una estrategia para engañar a los ecuatorianos y desviar la atención de los verdaderos problemas del país.

Sergio EC advierte que los ecuatorianos no deben dejarse engañar por las maniobras políticas de Noboa, señalando que sus recientes gestos y acciones con fondos estatales son únicamente para beneficio personal y electoral. En su mensaje, el abogado insta a la ciudadanía a estar alerta y a no permitir que los recursos del Estado se utilicen de manera indebida para mantener en el poder a quienes, según él, no están comprometidos con el bienestar del país. Con esta denuncia, Sergio EC genera un debate público sobre la transparencia y el uso de los fondos públicos en Ecuador.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se pronunció públicamente tras el archivo del juicio político en contra de la fiscal general, Diana Salazar. En su comunicado, la Comisión subrayó que el proceso de calificación, acumulación y tratamiento de los juicios políticos es competencia exclusiva de esta Mesa Legislativa, tal como lo establece la Constitución y la Ley. Este pronunciamiento llega después de varias críticas y cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso, lo que ha generado un debate político en torno a la independencia de poderes en el país.

La Comisión defendió su rol y reafirmó que sus decisiones se basan estrictamente en el marco legal. Según el comunicado, cualquier decisión sobre el tratamiento de un juicio político debe respetar los procedimientos establecidos en la Constitución, dejando claro que ningún organismo externo puede intervenir o modificar su curso. Con el archivo del juicio político contra la fiscal Salazar, la Comisión reitera su compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente, destacando que su labor es crucial para asegurar el debido proceso y la justicia dentro del sistema político ecuatoriano.

El jefe de redacción del diario El Mercurio reveló información crucial sobre la base militar estadounidense en Manta, que operó hasta 2008. Según sus declaraciones, durante los años de su presencia, la base no solo fracasó en su objetivo de controlar el narcotráfico, sino que también fomentó un entorno de delincuencia creciente. A pesar de estar diseñada para combatir el crimen transnacional, en la práctica, se convirtió en una plataforma de entrada para actividades delictivas. La falta de control sobre el narcotráfico fue evidente, y los índices de criminalidad se dispararon, según el periodista.

Uno de los aspectos más alarmantes fue el aumento de la prostitución infantil y el microtráfico de drogas durante los diez años de operación de la base. Lejos de ser un centro de seguridad, Manta se transformó en un escenario de impunidad y corrupción. El jefe de redacción del diario enfatizó que estos problemas socavaron el tejido social de la ciudad, dejando una huella de deterioro en la seguridad pública y el bienestar de la población local, incluso después de la salida de las fuerzas extranjeras en 2008.

La Asamblea Nacional de Ecuador, con 76 votos a favor, decidió archivar las solicitudes de juicio político en contra de la Fiscal General del Estado, Lady Diana Salazar Méndez, propuestas por los asambleístas Héctor Guillermo Valladarez González y Gissela Garzón Monteros. La decisión fue tomada tras un intenso debate en el que se discutieron las acusaciones relacionadas con presuntas irregularidades en su gestión. No obstante, la mayoría de los legisladores consideró que no existían suficientes pruebas para proceder con el enjuiciamiento, argumentando que la Fiscalía ha actuado conforme a la ley en los casos más sensibles del país. Esta resolución ha generado críticas de sectores opositores, que alegan que la decisión favorece la impunidad en investigaciones clave.

Tanto el correísmo como varios sectores progresistas del país han reaccionado con indignación ante la medida, acusando a los asambleístas de derecha de obstaculizar la fiscalización de la Fiscalía General. Señalan que la falta de un juicio político contra Salazar representa un retroceso en la lucha por la transparencia y la justicia en Ecuador, y que este tipo de decisiones fortalecen a las élites que buscan mantener el statu quo. Asimismo, han advertido que continuarán exigiendo una rendición de cuentas más estricta para las autoridades, a fin de garantizar que las instituciones del país no sigan estando bajo el control de intereses particulares.

La asambleísta Pamela Aguirre expresó su descontento tras los eventos ocurridos durante la noche y madrugada en la Comisión de Fiscalización, destacando que, a pesar de que se cumplió con todos los requisitos formales en el proceso de planteamiento del juicio político contra la fiscal general Diana Salazar, la propuesta no fue calificada por los miembros de la comisión. Aguirre enfatizó que el debido proceso se había respetado, subrayando que la solicitud estaba bien fundamentada. Sin embargo, lamentó que el organismo no haya dado paso a la calificación del juicio, lo cual ha generado preocupación entre ciertos sectores políticos.

Aguirre también aclaró que, aunque el juicio político no fue calificado en esta ocasión, la solicitud sigue activa. El pedido original fue presentado por el asambleísta Héctor Valladares, y la asambleísta reafirmó que no se ha cerrado la posibilidad de avanzar con el proceso. Según Aguirre, es necesario que las instituciones se apeguen a la transparencia y al respeto de los mecanismos constitucionales, de manera que este tipo de procedimientos se manejen con imparcialidad y sin interferencias. Además, reiteró que se mantendrán atentos a los próximos pasos que la Asamblea Nacional pueda dar en relación con el juicio político contra Salazar.

Víctor Araus ha lanzado una fuerte crítica contra el candidato presidencial Daniel Noboa, acusándolo de recurrir a la oferta de recursos del Estado para ganar votos. Araus denuncia que, ante la incapacidad de Noboa para proporcionar seguridad y empleo, ahora se muestra "generoso" con dinero ajeno, sugiriendo que su promesa de regalar recursos del Estado es una táctica desesperada para captar apoyo electoral. Araus sostiene que esta estrategia revela una falta de seriedad y compromiso por parte de Noboa, cuestionando la ética detrás de su campaña y sugiriendo que su verdadera intención es desviar la atención de su gestión deficiente.

En un llamado a la responsabilidad, Araus enfatiza que Ecuador no necesita caridad, sino soluciones reales y efectivas para sus problemas. En lugar de ofrecer promesas vacías, Araus insta a Noboa a que primero salde la deuda de 90 millones de dólares que, según él, su grupo familiar debe a los ecuatorianos. Esta deuda, según Araus, es una carga para el país y una clara evidencia de la falta de compromiso con el bienestar de los ciudadanos. Araus concluye que lo que Ecuador realmente necesita es trabajo y oportunidades, no promesas basadas en el uso de recursos públicos para fines electorales.

Cristina Reyes ha lanzado una dura crítica al gobierno ecuatoriano, acusándolo de vender “gato por liebre” al pueblo, que termina pagando el costo de su ineficiencia. En su reciente declaración, Reyes subraya que cada hora de apagón representa una pérdida de 12 millones de dólares para Ecuador, advirtiendo que "nada es gratis". Según Reyes, el gobierno no contribuye con un centavo para mitigar estos costos, sino que es el bolsillo de los ciudadanos el que financia sus campañas y maneja las consecuencias de su gestión. La situación se agrava mientras el país enfrenta apagones recurrentes, con un gobierno que, según Reyes, solo está enfocado en su reelección y no en resolver los problemas que aquejan a la población.

En este contexto, la crítica de Cristina Reyes pone de relieve la falta de acción efectiva del gobierno para abordar la crisis de energía. Mientras los apagones siguen afectando a los ecuatorianos, Reyes cuestiona qué soluciones están realmente implementando los actuales líderes, aludiendo a un gobierno más preocupado por mantenerse en el poder que por resolver las serias deficiencias en los servicios públicos. La situación exige una respuesta urgente y efectiva, y la indignación de Reyes refleja la frustración creciente entre los ciudadanos que enfrentan diariamente las consecuencias de la inacción gubernamental.

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, ha lanzado una contundente declaración tras el anuncio de la Federación de Transporte Urbano del Guayas sobre la radicalización de su paro de servicios. Según Álvarez, esta acción se configura como un acto de terrorismo, afirmando que "nosotros NO vamos a permitir que unos pocos jueguen con la vida de más de un millón de guayaquileños". El alcalde rechazó la idea de negociar con quienes bloquean el desarrollo y atentan contra la estabilidad de la ciudad, subrayando que Guayaquil se respeta y que la defensa de la ciudad es prioritaria. En sus declaraciones, Álvarez hizo un llamado a mantener la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos, destacando que la ciudad es más grande que cualquier acto de terrorismo.

La postura firme del alcalde surge en respuesta a la decisión de la Federación de Transporte Urbano de intensificar el paro hasta que se ajuste el precio de los pasajes. Álvarez ha acusado al presidente de la Federación, Cristian Sarmiento, de poner en riesgo la vida de los guayaquileños con sus acciones. En este contexto, el alcalde se comprometió a proteger el bienestar de la población y a garantizar el funcionamiento adecuado de los servicios en la ciudad, destacando que Guayaquil merece respeto y no cederá ante presiones que busquen desestabilizarla.

La audiencia en la que se debía dictar sentencia contra Carlos Pólit, excontralor de Ecuador, por conspiración para lavado de dinero y otros delitos, fue aplazada por la jueza Kathleen Williams en Miami. Aunque se esperaba que este lunes 9 de septiembre se anunciara la condena, la nueva fecha para la audiencia quedó programada para el 27 de septiembre de 2024. La defensa de Pólit ha solicitado una sentencia inferior a seis años, argumentando que una condena prolongada sería equivalente a una cadena perpetua debido a su avanzada edad. Sin embargo, el Informe de Investigación Presentencia sugiere una condena de más de 19 años, lo que ha sido calificado por sus abogados como “excesivamente punitivo”.

Los defensores de Pólit presentaron un memorando en el que resaltan la vida familiar del exfuncionario, su dedicación a ayudar a su madre con Alzheimer y su apoyo a amigos y empleados en momentos difíciles. Argumentan que su historia personal y sus contribuciones a la sociedad deberían influir en la decisión del tribunal. A pesar de estos esfuerzos, fuentes legales indican que la Fiscalía de Florida espera una sentencia de no menos de 15 años, lo que podría marcar un desenlace decisivo en este caso de corrupción que ha generado gran interés tanto en Ecuador como en Estados Unidos.

El próximo 30 de septiembre de 2024, se llevará a cabo la audiencia de pruebas y alegatos en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en el marco de la denuncia presentada por Diana Jácome, asesora presidencial, contra la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Jácome acusa a Abad de violencia política de género y solicita su destitución, la suspensión de sus derechos políticos y una sanción económica, amparándose en el Código de la Democracia. En declaraciones a medios de comunicación, Jácome señaló que su acción es una respuesta a tres denuncias previas que Abad ha presentado en su contra, buscando frenar su participación política.

Jácome afirmó que la denuncia contra Abad es un esfuerzo para evitar que "la vieja política regrese al Ecuador", y advirtió sobre el riesgo de que la vicepresidenta busque desestabilizar al gobierno actual. Según la asesora, Abad ha intentado limitar los derechos políticos de varios funcionarios, incluido el presidente Daniel Noboa, a través de denuncias que buscan su destitución y sanciones económicas. Jácome expresó confianza en que el TCE dará paso a su denuncia, y recalcó que la permanencia de Abad en la vicepresidencia afecta la estabilidad del país.

El comediante Fernando Villarroel, conocido por su humor jocoso, ha vuelto a captar la atención del público con una nueva parodia. Esta vez, su objetivo fue la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, a quien retrató en un estilo humorístico mientras inspeccionaba obras en su territorio. Villarroel, con su característico tono irónico, presentó a la prefecta en situaciones exageradas y cómicas, generando risas y comentarios entre sus seguidores. La parodia, que aborda con un toque de sátira la labor pública de Aguiñaga, ha sido recibida con gran aceptación.

A pesar de la naturaleza burlona del video, la prefecta Marcela Aguiñaga ha demostrado un buen sentido del humor al repostear la parodia en su cuenta de X (anteriormente Twitter). Acompañó la publicación con un comentario irónico que elogiaba el "fino" humor del comediante. Esta actitud relajada y abierta ante el humor muestra un lado accesible y desinhibido de la funcionaria, que ha sabido tomar la sátira con gracia y profesionalismo. La interacción ha sido bien recibida por sus seguidores, quienes aprecian la capacidad de Aguiñaga para reírse de sí misma en medio de su trabajo.

El apagón que afectó a varias provincias de Ecuador el pasado 7 de septiembre se debió a un "error humano", según confirmó el viceministro de Electricidad, Rafael Quintero. El incidente, que dejó a gran parte del país sin energía durante hasta cuatro horas, se originó en la subestación Molino, vinculada a la generación eléctrica de Paute. Este corte inesperado causó perturbaciones significativas en el tránsito y el comercio. Las investigaciones están en curso para esclarecer los detalles del error y se espera que, en los próximos días, se divulgue información adicional sobre el incidente.

Durante una intervención en las pruebas de generación de energía realizadas en el barco Emre Bey, Quintero reveló que el Gobierno está trabajando en la resolución del problema y en el análisis de las causas subyacentes del apagón. A pesar de los problemas causados, se están llevando a cabo pruebas técnicas para asegurar una estabilidad futura en el suministro eléctrico. El viceministro prometió que se dará a conocer toda la información relevante una vez que esté disponible, mientras el país continúa recuperándose del impacto del apagón.

En recientes declaraciones, el abogado y analista político Ramiro Aguilar criticó duramente a la derecha ecuatoriana por difundir información falsa en diversas ocasiones. Aguilar recordó que, entre 2010 y 2011, se afirmó que el padrón electoral incluía a 3 millones y medio de personas muertas, un argumento que no prosperó. También señaló la acusación de que más de 8 mil maestros de la Red de Maestros habían abusado sexualmente de niños durante el gobierno de Rafael Correa, una afirmación que, tras ocho años, no ha producido ninguna condena. Según Aguilar, estos intentos fallidos reflejan la falta de sustento en las acusaciones promovidas por sectores opositores.

En esta misma línea, Aguilar calificó de "idiotez" la más reciente afirmación de estos grupos, que sostiene que durante el gobierno de Correa se ocultaron 7 mil muertes. Resaltó lo absurdo de la acusación al señalar que si esto fuera cierto, existirían al menos 7 mil familias afectadas que habrían alzado la voz, cosa que no ha ocurrido. Para Aguilar, estas teorías, promovidas por quienes él llama "terraplanistas", reflejan la desesperación y falta de credibilidad de los opositores, quienes, sin pruebas, buscan desprestigiar a figuras del pasado gobierno.

La asambleísta Mónica Palacios ha solicitado formalmente a la Contraloría General del Estado de Ecuador un examen especial al sistema Unibanano, una plataforma utilizada en la asignación de cupos para la exportación de banano. Según Palacios, este sistema ha sido instrumentalizado para la creación de cupos ficticios, facilitando el tráfico de drogas en contenedores de banano. La legisladora manifestó su preocupación por el uso indebido de esta plataforma, subrayando que esta práctica representa una seria amenaza para la seguridad del país y el comercio internacional, debido a la creciente vinculación entre actividades delictivas y exportaciones bananeras.

En su declaración, Palacios también acusó al exministro de Agricultura Bernardo Manzano de haber mentido sobre presuntas denuncias que habría realizado en relación con estas irregularidades. Según la asambleísta, Manzano no presentó ninguna acción concreta para frenar los abusos del sistema Unibanano, lo que permitió que las actividades ilícitas continuaran sin mayores controles. Con esta solicitud de auditoría, Palacios busca que la Contraloría investigue a fondo los manejos de esta plataforma, con el objetivo de identificar a los responsables y frenar el uso delictivo de la exportación de banano.

Paola Cabezas no escatima en sus críticas hacia la ministra del Interior, Mónica Palencia, a quien califica de “miserable”. En una reciente declaración en el programa Visionarias, la asambleísta argumenta que la gestión de Palencia está marcada por el odio y el incumplimiento de sus funciones. Cabezas, una de las interpelantes en el juicio político contra Palencia, sostiene que la ministra ha fallado gravemente en su deber, particularmente en la protección de la vida de Jorge Glas, destacando la seriedad de las acusaciones en su contra. La asambleísta ha expresado su firme expectativa de que el juicio se reactive después del proceso en curso contra la fiscal Diana Salazar, el cual podría extenderse por unos 45 días.

La situación política se intensifica con las acusaciones de Cabezas, quien ha exigido que se tomen medidas inmediatas contra Palencia. La ministra, al ser cuestionada por su desempeño y responsabilidad, enfrenta un escenario complicado donde su gestión y la seguridad de figuras clave como Jorge Glas están bajo el escrutinio público. La dinámica de los próximos días será crucial para determinar el futuro de Palencia y la efectividad del juicio político, mientras las tensiones políticas y las expectativas de justicia continúan creciendo.

En la Asamblea Nacional, se han reunido los 92 votos necesarios para proceder con la censura y destitución de la ministra Mónica Palencia, una situación que ha generado inquietud en el gobierno. Leonardo Berrezueta ha señalado que el gobierno ha recurrido a diversas argucias y maniobras, incluyendo la interposición de acciones de protección y amenazas de juicios penales a los asambleístas, como parte de una estrategia para ganar tiempo y evitar la caída de Palencia. Según Berrezueta, la destitución de Palencia no solo debilitaría al gobierno, sino que también representa una jugada política que podría tener graves consecuencias para su estabilidad.

Por otro lado, Berrezueta también ha comentado que, aunque actualmente no se cuentan con los votos necesarios para la censura de la fiscal Diana Salazar, el futuro de esta medida dependerá en gran medida de las acciones de los interpelantes. La situación sigue siendo fluida y podría cambiar según el desarrollo de los eventos políticos y las tácticas empleadas por los actores involucrados. La incertidumbre en torno a la fiscal Salazar y la dinámica en la Asamblea siguen siendo cruciales para determinar el rumbo de estas controversiales cuestiones políticas.

El 5 de septiembre de 2024, el exdirector nacional de la Escuela de la Función Judicial, Michael Hernández, reveló un testimonio anticipado que involucra al expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, en el caso Plaga. Según Hernández, durante su primer encuentro con Saquicela, se gestionaron actividades académicas que fortalecieron su amistad. Hernández explicó que, al ofrecerle un doctorado Honoris Causa a través de una universidad de México, Saquicela aceptó la propuesta pero quedó claro que los gastos debían ser autofinanciados. Sin embargo, Saquicela y el exjuez Felipe Córdova solicitaron a una empresa nacional de plásticos que cubriera los costos del viaje y la logística, incluyendo vuelos y hospedaje.

El expresidente Saquicela ha respondido a estas acusaciones sugiriendo que el momento de la divulgación del testimonio es sospechoso, dado que coincide con su precandidatura presidencial. Saquicela, postulado por el movimiento Democracia Sí, ha sido aceptado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como candidato, y está a la espera del proceso de inscripción formal. El testimonio de Hernández y la reacción de Saquicela han generado un nuevo capítulo en la trama del caso Plaga, poniendo en el centro del debate la transparencia y la ética en la función pública.

En noviembre de 2023, Gissela Garzón presentó un juicio político con el objetivo de fiscalizar el incumplimiento de funciones en casos emblemáticos como #Encuentro, #LeónDeTroya, #Sinohydro, #Inapapers, #Sobornos y los eventos de octubre de 2019. Garzón subraya la necesidad de enfrentar la impunidad que debilita nuestras instituciones y socava la confianza del pueblo. Esta acción, según Garzón, no solo es un ejercicio de su facultad constitucional, sino un acto de responsabilidad con la justicia y la historia, fundamental para mantener la integridad del sistema democrático.

En este contexto, Garzón aclara que el juicio político promovido por su bancada contra la fiscal general Diana Salazar se fundamenta exclusivamente en la causal de incumplimiento de funciones. Este enfoque puntual busca garantizar que la fiscal general actúe conforme a sus deberes, asegurando así que el proceso judicial sea transparente y eficaz. La diputada enfatiza que la transparencia y la rendición de cuentas son cruciales para recuperar y mantener la confianza ciudadana en las instituciones del país.

Alejandro Muñoz, secretario general de la Asamblea Nacional, ha lanzado una seria acusación contra el Gobierno, sugiriendo que existe un intento deliberado de influir en el poder Legislativo mediante una sentencia judicial favorecedora. Según Muñoz, la reciente decisión de un juez, al que él denomina "amigo" del Ejecutivo, evidencia un intento de intervención directa en los asuntos legislativos. Esta denuncia ha levantado preocupación entre los legisladores, quienes temen que la autonomía del poder Legislativo esté siendo comprometida por una maniobra política que podría alterar el equilibrio de poderes en el país.

En respuesta a estas acusaciones, el Gobierno ha rechazado las insinuaciones de influencia indebida y ha defendido la legitimidad de las acciones judiciales en curso. Sin embargo, la controversia ha puesto de relieve las tensiones existentes entre el Ejecutivo y el Legislativo, con Muñoz y otros miembros de la Asamblea exigiendo una revisión más exhaustiva de las decisiones judiciales que, a su juicio, podrían estar alineadas con intereses políticos. Esta disputa resalta las complejidades y desafíos que enfrenta la gobernanza en un entorno político altamente polarizado, donde la separación de poderes se convierte en un tema crucial para el equilibrio institucional.

La ministra del Interior de Ecuador, Mónica Palencia, afirmó con firmeza que “no hay pruebas” que sustenten el juicio político en su contra, rechazando las acusaciones que han sido presentadas por ciertos asambleístas. En sus declaraciones, Palencia subrayó que, aunque su gestión pueda no ser del agrado de algunos, las imputaciones de corrupción carecen de fundamento. "De todo pueden acusarme, menos de corrupción", sentenció, añadiendo que ni ella ni su equipo tienen vínculos con el crimen organizado, y que su historial es transparente. Palencia también denunció que los asambleístas Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas están detrás de un intento de desacreditar su labor a través de lo que considera una persecución política.

La ministra señaló que este juicio político es, en realidad, un acto de “desesperación” de los legisladores, quienes, según ella, no han logrado demostrar las acusaciones que sostienen el proceso. Además, mencionó que este juicio busca impedir el cumplimiento de una sentencia constitucional que podría aplazar la investigación. En un escenario de creciente tensión política, Palencia ha dejado claro que continuará defendiendo su gestión y reiteró su compromiso con la transparencia, acusando a la Asamblea de querer frenar su trabajo por motivos políticos y no por hechos probados.

Augusto Verduga, Consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), ha reaccionado enérgicamente tras la sentencia en primera instancia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que dictó su destitución. En una contundente declaración, Verduga aseguró que no se quedarán callados y que están decididos a luchar contra la decisión. Según él, la sentencia forma parte de un plan más amplio para mantener a Diana Salazar en la Fiscalía, y afirmó que esta movida es parte de una estrategia para manipular el sistema judicial y político. Verduga también señaló que, a diferencia de él, otros consejeros han recibido apoyo explícito de partidos políticos, lo que añade una capa de controversia a la situación.

Verduga anunció que presentará recursos legales para impugnar la sentencia y desafiar la legalidad de la decisión del TCE. A pesar de la sentencia, se mostró firme en su compromiso de no abandonar la lucha por su cargo. Esta batalla legal y política subraya la creciente tensión en el sistema político ecuatoriano, con acusaciones de manipulación y la búsqueda de justicia en medio de un entorno cargado de incertidumbre y controversia. La reacción de Verduga sugiere que el conflicto podría intensificarse a medida que avanza el proceso judicial, manteniendo a los observadores y ciudadanos atentos a los próximos pasos en este episodio de alta carga política.

La ex presidenta de Ecuador, Rosalía Arteaga, se ha pronunciado respecto a la actual vicepresidenta Verónica Abad, lanzando una advertencia sobre la importancia de elegir con cuidado a las autoridades que dirigen el país. En declaraciones recientes, Arteaga subrayó que la responsabilidad de los ciudadanos al elegir a sus representantes es crucial, ya que la falta de una elección informada puede llevar a consecuencias graves para la estabilidad política y social de la nación. Sin mencionar detalles específicos del caso de Abad, Arteaga hizo hincapié en que quienes ocupan altos cargos deben demostrar una conducta intachable y un compromiso genuino con el bienestar del país.

El pronunciamiento de la ex mandataria surge en medio de crecientes críticas hacia la vicepresidenta Abad, quien ha enfrentado cuestionamientos desde su ascenso al poder. Arteaga enfatizó la necesidad de que los ecuatorianos reflexionen sobre los líderes a los que les confían el poder, destacando que las decisiones políticas erradas pueden tener efectos devastadores en el futuro de la nación. En un contexto de incertidumbre y polarización política, el mensaje de Arteaga cobra relevancia, recordando la importancia de elegir con responsabilidad y no dejarse llevar por promesas vacías o figuras públicas sin un compromiso real hacia el país.

El excandidato presidencial de Ecuador, Andrés Arauz, ha solicitado la destitución de la fiscal general, Diana Salazar, tras revelaciones periodísticas que la vinculan con presuntas acciones ilegales coordinadas con el Gobierno de Estados Unidos. Según Arauz, hay pruebas suficientes que indican que Salazar ha operado para frenar el avance de la izquierda en Ecuador, específicamente el retorno del movimiento Revolución Ciudadana liderado por Rafael Correa. En un reportaje de *The Intercept* y *Drop Site News*, se menciona la existencia de más de 1,500 mensajes filtrados que involucran a la fiscal en un plan para culpar a dicho movimiento del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Arauz ha hecho un llamado urgente al fiscal subrogante, Wilson Toainga, para que inicie una investigación independiente y realice allanamientos que ayuden a esclarecer estos hechos. Los mensajes filtrados también sugieren que Salazar habría actuado para encubrir a empresarios cercanos al expresidente Guillermo Lasso y habría permitido la intervención del FBI en la manipulación de pruebas clave. Pese a las acusaciones, la fiscal general ha rechazado estas alegaciones, calificándolas de un “circo político”. Arauz ha insistido en que se debe actuar de manera inmediata para garantizar la transparencia y justicia en el país.

La reciente propuesta de reglamento para el concurso de la Fiscalía General del Estado (FGE) ha generado una fuerte indignación, al intentar otorgar facultades ilegales a los responsables del proceso. Esta propuesta permitiría declarar la nulidad total o parcial del concurso a discreción, así como resolver de manera definitiva sobre los hallazgos de verificación de información o declaraciones de documentos presentados por los postulantes. Estas medidas, que se basarían en informes de asesoría jurídica no vinculantes, ponen en peligro la transparencia y la imparcialidad del proceso, abriendo la puerta a manipulaciones arbitrarias y dejando a los postulantes vulnerables a decisiones influenciadas por intereses particulares.

El intento de manipulación de un concurso tan crucial como el de la FGE es inaceptable, ya que socava la confianza en las instituciones y en el sistema de justicia. La posibilidad de que se anule o modifique el concurso según conveniencias políticas atenta contra la integridad del proceso y contra la idea de que los cargos públicos deben ser ocupados por personas que cumplan con los más altos estándares de probidad y competencia. Es esencial que este reglamento se ajuste a la legalidad y que se garantice un concurso justo y transparente, donde la selección de los fiscales responda únicamente a criterios técnicos y no a intereses externos.

El asambleísta Leo Berrezueta ha expresado su preocupación ante la decisión tomada por la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, quien de manera unilateral decidió suspender el trámite de juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia. Según Berrezueta, esta acción, que no contó con el respaldo ni la consulta de la comisión en su conjunto, detiene un proceso crucial en la fiscalización del gobierno. La suspensión del trámite ha generado incertidumbre sobre las razones detrás de esta decisión, especialmente en un momento en el que se requiere un escrutinio riguroso sobre la gestión de las autoridades de seguridad del país.

Ante este escenario, Berrezueta indicó que el cronograma de la Comisión de Fiscalización se verá afectado, ya que el juicio político contra la ministra Palencia no continuará en el corto plazo. En su lugar, la comisión deberá retrotraer el cronograma y enfocarse en el juicio político a la fiscal general, Diana Salazar, un proceso que también ha generado controversia y expectativas dentro del ámbito político. Esta situación plantea dudas sobre la independencia y la transparencia con que se están manejando los procesos de fiscalización, temas que serán decisivos para la percepción pública sobre la responsabilidad de los actores políticos en el control del poder.

Omar Simón, expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), ha levantado una polémica al calificar como "macondiano" y "demencial" el hecho de que la canciller de Ecuador haya prohibido a la vicepresidenta Verónica Abad pronunciarse públicamente. Simón cuestiona la situación, argumentando que resulta inconcebible que una funcionaria de menor rango tenga autoridad para restringir la libertad de expresión de la segunda persona en la línea de sucesión presidencial. Para él, esta medida refleja un "tremendo maltrato" hacia Abad, generando inquietud sobre el respeto y el funcionamiento de las instituciones en el país.

La declaración de Simón pone en evidencia una crisis de autoridad y una posible violación de los principios democráticos fundamentales, que aseguran la autonomía y el respeto a las funciones de los altos cargos del gobierno. La situación plantea serias preguntas sobre el manejo del poder y la gobernabilidad en Ecuador, además de resaltar las tensiones internas que podrían estar afectando la estabilidad del gobierno. En este contexto, la opinión pública y los analistas están atentos a cómo se resolverá este conflicto y qué implicaciones tendrá para el futuro político del país.

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El Viceministro de Gobierno, Esteban Torres, ha lanzado una fuerte acusación contra la Revolución Ciudadana (RC), afirmando que su intención al adelantar los juicios políticos es arrodillar al gobierno y proteger a los exministros del expresidente Guillermo Lasso. Según Torres, la RC busca manipular el proceso político para garantizar la impunidad de aquellos que formaron parte del gobierno anterior, utilizando los juicios como herramienta de presión y chantaje político. Esta estrategia, según el Viceministro, no solo debilita la institucionalidad, sino que también socava la confianza del pueblo en sus representantes.

Torres advirtió que el adelanto de estos juicios podría desencadenar una crisis política, poniendo en riesgo la estabilidad del país. Para el gobierno, esta maniobra es un intento de la RC por desestabilizar la administración actual y desviar la atención de sus propios problemas. Sin embargo, Torres aseguró que el gobierno no cederá ante estas presiones y que se mantendrá firme en la defensa de la legalidad y la justicia. En este contexto, hizo un llamado a la ciudadanía a estar alerta frente a lo que considera un intento descarado de la RC por manipular el poder judicial en su favor.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, enfrenta un proceso de revocatoria apenas un año después de asumir el cargo, tras haber tenido una infracción electoral. Muñoz, quien ya fue notificado oficialmente, se prepara para presentar sus pruebas de descargo ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y espera que este organismo decida si se procede con la recolección de firmas. Muñoz ha criticado duramente a quienes promueven la revocatoria, calificándolos de responsables por la inestabilidad e incertidumbre generada en la ciudad, y sugirió que deberían asumir los costos que este proceso implica para el Estado si la solicitud resulta infundada.

A pesar de la situación, Muñoz se mantiene firme en su labor como alcalde, asegurando que su enfoque sigue siendo el bienestar de Quito, a pesar de las distracciones que este proceso conlleva. Aunque considera una "barbaridad" que se consulte a la ciudadanía sobre su desempeño, subraya que está preparado para enfrentar el proceso con la tranquilidad de haber trabajado con dedicación por la capital. En un tono de aparente resignación, señaló que, de seguir adelante la revocatoria, no tendrá problemas en dejar el cargo si así lo decide el pueblo, aunque insistió en que quienes promueven la medida tendrán que rendir cuentas por el tiempo y recursos perdidos.

Las autoridades venezolanas han solicitado formalmente una orden de aprehensión en contra de Edmundo González Urrutia, identificado con la cédula de identidad N° V-2.029.003, por su presunta participación en una serie de delitos graves que atentan contra el Estado. La solicitud, contenida en un documento de 94 folios, detalla que González Urrutia estaría implicado en delitos como usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas y asociación ilícita. Estos cargos, tipificados en el Código Penal venezolano y la Ley de Delitos Informáticos, son considerados de extrema gravedad y, de ser comprobados, implicarían severas sanciones penales.

La acción judicial en contra de González Urrutia destaca la gravedad de las acusaciones, que abarcan desde la alteración de documentos oficiales hasta actos de conspiración y sabotaje, todos ellos con un impacto directo sobre la seguridad y estabilidad del Estado. La orden de aprehensión es una medida cautelar que responde a la necesidad de investigar a fondo estos delitos y garantizar que el acusado comparezca ante la justicia para responder por las graves imputaciones en su contra.

Iván Saquicela, ex presidente de la Corte Nacional de Justicia, ha anunciado su candidatura presidencial por el partido Democracia Sí, afirmando que durante su tiempo en la judicatura, nunca mantuvo vínculos con la política. En una entrevista con NotiMundo A La Carta, Saquicela insistió en que no realizó “lobby” ni gestiones en favor de partidos o movimientos políticos, y calificó las reuniones que mantuvo con figuras como Virgilio Saquicela y Esteban Torres como estrictamente laborales. Rechazó cualquier acusación de interferencia en otras funciones del Estado, defendiendo su independencia durante su gestión en la Corte.

A pesar de las críticas, Saquicela también se desmarcó de la polémica en torno a la nominación de Wilman Terán al Consejo de la Judicatura, enfatizando que su designación fue una "imposición" y no una elección suya. Aunque admitió haberse opuesto a la presencia de Terán en la Judicatura, Saquicela subrayó que no existían evidencias de que Terán tuviera vínculos con el crimen organizado, a pesar de los procesos judiciales en su contra. Con su candidatura a la Presidencia, Saquicela busca proyectar una imagen de integridad y transparencia, diferenciándose de la política tradicional y abogando por un liderazgo independiente y centrado en la justicia.

El contralor Mauricio Torres denunció que personas cercanas a los excontralores Carlos Pólit y Pablo Celi están intentando desestabilizar a la Contraloría General del Estado. Según Torres, estas acciones incluyen la manipulación de auditorías y la caducidad de glosas por un valor de hasta USD 4.000 millones durante administraciones anteriores. En declaraciones a NotiMundo A La Carta, Torres señaló que exfuncionarios y grupos poderosos, con vínculos estrechos a Pólit y Celi, están involucrados en un esfuerzo concertado para "atacar" a la institución, desvaneciendo glosas y cometiendo irregularidades en procesos de auditoría.

Torres aseguró que su administración ha comenzado a desarticular estos grupos, revelando prácticas corruptas que beneficiaban a ciertos sectores dentro de la Contraloría. Estos esfuerzos han provocado reacciones adversas, incluyendo ataques en redes sociales contra la institución, los cuales, según Torres, están directamente relacionados con las revelaciones hechas por las auditorías internas. A pesar de las dificultades, el contralor afirmó que continuará sacando a la luz las irregularidades, mencionando casos pendientes como la auditoría de una barcaza de generación eléctrica y la contratación de la empresa Métricas Web, con el fin de mantener la transparencia y el buen manejo de los recursos públicos.

La reciente subida del IVA y del precio de la gasolina en Ecuador ha generado un notable debate sobre la aceptación popular de estas medidas. Según la analista Diana Jácome, a pesar de la resistencia inicial, el gobierno de Daniel Noboa ha logrado que una parte significativa de la población acepte estas reformas debido a la percepción de necesidad y urgencia económica. La aprobación de estos aumentos, según Jácome, se debe en gran medida a la confianza que los ciudadanos han depositado en Noboa y su administración, así como a la situación económica crítica que enfrenta el país. Sin embargo, esta aceptación no necesariamente se traduciría en un respaldo tan firme si las mismas medidas fueran implementadas por otro gobierno, sugiriendo que la figura política y la confianza en el liderazgo juegan un papel crucial en la recepción de políticas impopulares.

A pesar de la aceptación parcial de estas medidas, el aumento del IVA y el precio de la gasolina ha suscitado preocupaciones sobre su impacto en la vida cotidiana de los ecuatorianos. El incremento de los costos de bienes y servicios básicos podría agravar las dificultades económicas para muchos ciudadanos, especialmente en un contexto de alta inflación y desigualdad. A largo plazo, la verdadera evaluación de estas políticas dependerá de su capacidad para mejorar la situación económica del país sin provocar un descontento generalizado. La pregunta ahora es si el sacrificio aceptado por el pueblo ecuatoriano llevará a un alivio económico real o si solo perpetuará un ciclo de dificultades sin soluciones duraderas.

El Plan Fénix, una de las principales promesas de campaña de Daniel Noboa en Ecuador, se ha convertido en un misterio envuelto en críticas y escepticismo. Presentado como una estrategia integral para combatir la violencia, este plan nunca ha sido detallado públicamente, lo que ha generado dudas sobre su existencia real. Expertos en seguridad como Daniel Pontón y Diego Pérez coinciden en que el Plan Fénix es más una etiqueta propagandística que una política pública concreta. Señalan que la falta de transparencia impide la evaluación efectiva de sus resultados y lo califican como un “spot de televisión” utilizado para justificar acciones gubernamentales, sin una estrategia clara o medidas tangibles que sustenten su eficacia en la lucha contra el crimen.

A pesar de las cifras presentadas por el gobierno y algunos logros como la reducción de homicidios, los especialistas advierten que estas medidas pueden ser insostenibles a largo plazo si no se aborda el problema de manera estructural. El enfoque en operativos policiales y militares, junto con el aumento de la represión, ha generado preocupaciones sobre posibles abusos de derechos humanos. Además, la persistencia de la delincuencia común, la minería ilegal, y otros delitos ponen en duda la verdadera efectividad del Plan Fénix. Según los expertos, Ecuador necesita políticas de seguridad más profundas y coherentes que vayan más allá de la retórica gubernamental y aborden las raíces de la inseguridad en el país.

La dependencia económica de los países latinoamericanos hacia el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha generado una creciente preocupación debido a los efectos adversos que los préstamos de esta institución pueden tener sobre sus economías. El FMI, respaldado por EE.UU. y otros países occidentales, ofrece financiamiento a naciones en crisis a cambio de estrictas condiciones que, en muchos casos, incluyen recortes en el gasto social, privatización de servicios públicos y reformas estructurales que priorizan el ajuste fiscal sobre el bienestar de la población. Estas medidas, aunque diseñadas para estabilizar las finanzas de los países, a menudo resultan en una mayor pobreza, desigualdad y un ciclo de endeudamiento que socava la soberanía económica de las naciones, dejándolas vulnerables a las fluctuaciones del mercado global.

Según Paula Andrea Valencia y el economista Alejandro Marcó del Pont, esta situación es especialmente crítica en América Latina, donde varios países han recurrido al FMI en busca de alivio financiero, solo para enfrentar una pérdida de control sobre sus políticas económicas. La injerencia del FMI en las decisiones internas de estos estados no solo perpetúa la dependencia económica, sino que también limita las posibilidades de desarrollo autónomo y sostenido. A medida que los países se ven atrapados en un ciclo de deuda y ajuste, el impacto sobre la población se intensifica, evidenciando la necesidad de repensar las relaciones financieras internacionales y buscar alternativas que promuevan un desarrollo más equitativo y soberano.