La Asamblea Nacional de Ecuador, con 76 votos a favor, decidió archivar las solicitudes de juicio político en contra de la Fiscal General del Estado, Lady Diana Salazar Méndez, propuestas por los asambleístas Héctor Guillermo Valladarez González y Gissela Garzón Monteros. La decisión fue tomada tras un intenso debate en el que se discutieron las acusaciones relacionadas con presuntas irregularidades en su gestión. No obstante, la mayoría de los legisladores consideró que no existían suficientes pruebas para proceder con el enjuiciamiento, argumentando que la Fiscalía ha actuado conforme a la ley en los casos más sensibles del país. Esta resolución ha generado críticas de sectores opositores, que alegan que la decisión favorece la impunidad en investigaciones clave.

Tanto el correísmo como varios sectores progresistas del país han reaccionado con indignación ante la medida, acusando a los asambleístas de derecha de obstaculizar la fiscalización de la Fiscalía General. Señalan que la falta de un juicio político contra Salazar representa un retroceso en la lucha por la transparencia y la justicia en Ecuador, y que este tipo de decisiones fortalecen a las élites que buscan mantener el statu quo. Asimismo, han advertido que continuarán exigiendo una rendición de cuentas más estricta para las autoridades, a fin de garantizar que las instituciones del país no sigan estando bajo el control de intereses particulares.