Alejandro Muñoz, secretario general de la Asamblea Nacional, ha lanzado una seria acusación contra el Gobierno, sugiriendo que existe un intento deliberado de influir en el poder Legislativo mediante una sentencia judicial favorecedora. Según Muñoz, la reciente decisión de un juez, al que él denomina "amigo" del Ejecutivo, evidencia un intento de intervención directa en los asuntos legislativos. Esta denuncia ha levantado preocupación entre los legisladores, quienes temen que la autonomía del poder Legislativo esté siendo comprometida por una maniobra política que podría alterar el equilibrio de poderes en el país.

En respuesta a estas acusaciones, el Gobierno ha rechazado las insinuaciones de influencia indebida y ha defendido la legitimidad de las acciones judiciales en curso. Sin embargo, la controversia ha puesto de relieve las tensiones existentes entre el Ejecutivo y el Legislativo, con Muñoz y otros miembros de la Asamblea exigiendo una revisión más exhaustiva de las decisiones judiciales que, a su juicio, podrían estar alineadas con intereses políticos. Esta disputa resalta las complejidades y desafíos que enfrenta la gobernanza en un entorno político altamente polarizado, donde la separación de poderes se convierte en un tema crucial para el equilibrio institucional.