En el contexto actual de la administración pública en Ecuador, el debate sobre la legalidad y la interpretación de la ley ha cobrado relevancia. Angélica Porras ha cuestionado el uso del sumario administrativo, tradicionalmente destinado a los funcionarios de carrera, al aplicarse en el caso de la vicepresidenta Verónica Abad, quien fue electa por el voto popular. Según Porras, la administración del presidente Daniel Noboa está creando una nueva teoría del derecho que, lejos de respetar los principios legales establecidos, se dedica a “inventar el derecho” y a “pisotear la ley”. Esta situación plantea serias dudas sobre la legitimidad y el respeto por los procedimientos jurídicos tradicionales.

La controversia se centra en la aparente desviación de los principios legales para adaptarlos a conveniencias políticas, lo cual podría socavar la confianza en el sistema judicial y administrativo. La crítica de Porras subraya la preocupación por la manipulación de conceptos jurídicos para fines que podrían ser percibidos como arbitrarios. En este contexto, es esencial que se garantice el respeto por los procedimientos legales y que se evite el uso de interpretaciones flexibles que comprometan la integridad del marco jurídico establecido. La transparencia y el apego a la ley son fundamentales para mantener la estabilidad y la confianza en las instituciones gubernamentales.