La reciente propuesta de reglamento para el concurso de la Fiscalía General del Estado (FGE) ha generado una fuerte indignación, al intentar otorgar facultades ilegales a los responsables del proceso. Esta propuesta permitiría declarar la nulidad total o parcial del concurso a discreción, así como resolver de manera definitiva sobre los hallazgos de verificación de información o declaraciones de documentos presentados por los postulantes. Estas medidas, que se basarían en informes de asesoría jurídica no vinculantes, ponen en peligro la transparencia y la imparcialidad del proceso, abriendo la puerta a manipulaciones arbitrarias y dejando a los postulantes vulnerables a decisiones influenciadas por intereses particulares.

El intento de manipulación de un concurso tan crucial como el de la FGE es inaceptable, ya que socava la confianza en las instituciones y en el sistema de justicia. La posibilidad de que se anule o modifique el concurso según conveniencias políticas atenta contra la integridad del proceso y contra la idea de que los cargos públicos deben ser ocupados por personas que cumplan con los más altos estándares de probidad y competencia. Es esencial que este reglamento se ajuste a la legalidad y que se garantice un concurso justo y transparente, donde la selección de los fiscales responda únicamente a criterios técnicos y no a intereses externos.