Diana Jácome, defensora de los derechos de las mujeres, cuestionó si las denuncias en contra de Verónica Abad responden a una verdadera defensa del país o si están guiadas por intereses de la vieja política. La controversia surge a raíz de una acusación de presunta violencia política de género contra Abad, quien ha sido una figura crítica dentro del actual panorama político. Jácome sugiere que este tipo de acusaciones, aunque válidas cuando se trata de proteger los derechos de las mujeres en política, también pueden ser manipuladas por actores que buscan silenciar voces disidentes o erosionar la participación de figuras incómodas para ciertos grupos de poder. Para ella, es crucial que el sistema de justicia no se utilice para satisfacer intereses políticos, sino que garantice una verdadera equidad de género y la defensa de los derechos políticos de todos.

La audiencia de pruebas y alegatos en contra de Abad, que ha sido postergada, está a la espera de una nueva fecha. Este caso ha generado gran expectativa no solo por el potencial impacto en la carrera política de Abad, sino también por el debate que abre sobre el uso de denuncias de violencia política de género. Jácome y otros defensores de derechos humanos subrayan la importancia de discernir si estas acciones están realmente fundamentadas en principios de justicia o si se enmarcan en estrategias políticas para desacreditar a ciertos candidatos. A medida que se acerca la audiencia, la sociedad sigue expectante, evaluando no solo los argumentos jurídicos, sino también las implicaciones que este caso puede tener para el futuro de la participación femenina en la política ecuatoriana.