El juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar ha suscitado una ola de controversia en la arena política ecuatoriana. La figura de Salazar ha sido percibida por algunos sectores como una ferviente opositora al correísmo, lo que ha generado un ambiente de cautela entre los políticos que temen ser catalogados como correístas por criticarla. Joffre Campaña, conocido analista político, ha señalado que la situación refleja una dinámica de cálculo político que parece primar sobre el cumplimiento del derecho y la búsqueda de la verdad. Según Campaña, la percepción general es que las críticas hacia Salazar están fuertemente condicionadas por el miedo a las repercusiones políticas más que por un análisis objetivo de sus acciones como fiscal.

Además, Campaña subraya una preocupación mayor: la corrupción rampante en el gobierno actual y la falta de candidatos presidenciales dispuestos a abordar este tema con seriedad. La ausencia de propuestas contundentes y críticas por parte de los aspirantes presidenciales ante la corrupción y el manejo de las instituciones refuerza la idea de que la agenda política está influenciada por intereses partidarios y no por el bienestar del país. En este contexto, el juicio político a Salazar se presenta no solo como un episodio de controversia, sino como un reflejo de las tensiones y desafíos más profundos que enfrenta el Ecuador en términos de gobernabilidad y ética en la política.