La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, liderada por Pamela Aguirre, ha emitido un comunicado enérgico rechazando las recientes declaraciones de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien describió como un "narcojuicio" el proceso político que se prepara en su contra. La Comisión aclaró que el juicio político es un mecanismo legítimo, claramente establecido en la Constitución y la Ley, y que es un recurso histórico utilizado por los parlamentos del mundo para fiscalizar a quienes ocupan posiciones de máxima autoridad en el Estado. La respuesta de la Comisión subraya la importancia de este proceso de control y rechaza cualquier intento de desprestigiarlo.

El comunicado concluye enfatizando que la Comisión de Fiscalización está plenamente preparada para proceder con el juicio político, siguiendo el marco legal correspondiente. Este proceso, impulsado por la Revolución Ciudadana, acusa a Salazar de un supuesto incumplimiento de funciones y de actuar con sesgo en la investigación de al menos doce casos. La Comisión deja claro que, al igual que en juicios anteriores, actuará con firmeza y responsabilidad para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en este caso crucial para el país.