Gissela Garzón, desde su rol en la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, ha expresado un rechazo categórico al reciente acuerdo de $4,000 millones alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según Garzón, este acuerdo impone condiciones severas como la flexibilidad laboral, un incremento del IVA al 15%, y la eliminación de subsidios a los combustibles, medidas que considera inaceptables para un país que ya enfrenta serios desafíos económicos. Además, resaltó que en junio Ecuador se endeudó con $1,000 millones más y que en diciembre se sumarán otros $500 millones, mientras la inversión privada se desploma dramáticamente, pasando de $420 millones en 2022 a apenas $190 millones en 2024.

La situación económica del país, según Garzón, se ha vuelto insostenible, con más de 100,000 ecuatorianos viéndose obligados a emigrar este año en busca de mejores oportunidades. Para ella, el acuerdo con el FMI solo profundiza la dependencia del país al endeudamiento externo sin ofrecer soluciones reales a la crisis económica. Con la caída de la inversión privada y el incremento de la deuda, Garzón advierte que estas políticas solo agravarán la precariedad laboral y la pobreza en Ecuador, poniendo en riesgo el bienestar de la mayoría de la población.