El gobierno de Daniel Noboa está siendo acusado de intentar ocultar los arbitrajes internacionales en el Tratado de Libre Comercio (TLC) que está negociando con Canadá, con el supuesto objetivo de brindar impunidad corporativa a empresas mineras en Ecuador. Según Andrés Arauz, esta medida favorecería a empresas mineras de todo el mundo, incluyendo aquellas vinculadas a la familia de Daniel Noboa. Esta acusación ha generado controversia y críticas hacia el gobierno, cuestionando su transparencia y su compromiso con la protección del medio ambiente y los intereses nacionales frente a los intereses corporativos.

En medio de esta polémica, la ciudadanía y diversos sectores han expresado preocupación por el posible impacto negativo que esta medida podría tener en el país, en términos de soberanía, protección ambiental y derechos de las comunidades locales. La acusación de Arauz ha avivado el debate sobre la relación entre el gobierno y las grandes empresas, así como sobre la necesidad de políticas que protejan los recursos naturales y los derechos de la población ecuatoriana frente a intereses corporativos.