En medio de la creciente tensión política y social en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro se pronunció de manera contundente sobre los detenidos en las recientes protestas en su contra. Maduro afirmó que "se les va a aplicar el peso de la Ley", dejando claro que no habrá indulgencia para aquellos que participaron en las manifestaciones. Según sus declaraciones, los detenidos enfrentarán penas de cárcel que oscilarán entre 15 y 30 años, subrayando que esta vez "no habrá perdón". Estas declaraciones han generado una ola de preocupación tanto a nivel nacional como internacional, ante la perspectiva de severas represalias contra los manifestantes.

Las palabras de Maduro reflejan un endurecimiento de su postura frente a la oposición y a las voces críticas dentro del país. La promesa de aplicar castigos ejemplares a los detenidos busca disuadir futuras protestas y reafirmar el control del gobierno sobre la situación. Sin embargo, esta medida ha sido condenada por defensores de derechos humanos y organizaciones internacionales, quienes advierten sobre el riesgo de violaciones a los derechos fundamentales y el incremento de la represión en Venezuela. La comunidad internacional observa con atención y preocupación las acciones del gobierno de Maduro, mientras la crisis política en el país continúa profundizándose.