Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), alertó sobre las precarias condiciones de seguridad en dos centros penitenciarios del país, lo que limitará el ejercicio del sufragio para personas privadas de libertad (PPL). Según un informe emitido por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI), las cárceles El Oro No.1, ubicada en la provincia de El Oro, y El Rodeo, en Manabí, no cumplen con los estándares mínimos para garantizar la integridad de los votantes ni del personal electoral durante el proceso. Esta situación ha generado preocupación entre las autoridades electorales, ya que pone en jaque el principio de inclusión democrática. A nivel nacional, de las 6.218 personas privadas de libertad habilitadas para votar, únicamente 5.519 podrán ejercer este derecho en los 40 centros de privación de libertad designados como recintos electorales.

La exclusión de estas personas del proceso electoral evidencia una problemática estructural que va más allá de la organización de los comicios. Las deficiencias en infraestructura, la falta de personal capacitado y los persistentes problemas de seguridad en las cárceles ecuatorianas reflejan un sistema penitenciario colapsado. Este escenario no solo afecta el desarrollo de actividades básicas dentro de los centros de reclusión, sino que también vulnera derechos fundamentales como el acceso a la participación ciudadana. En un contexto donde la democracia se fortalece con la inclusión, resulta imperativo que las autoridades tomen medidas urgentes para garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su situación jurídica, puedan ejercer sus derechos sin restricciones injustificadas.

Conclusión:
El caso de las cárceles El Oro No.1 y El Rodeo expone una vez más la necesidad de reformar el sistema penitenciario ecuatoriano para asegurar condiciones dignas y seguras, no solo para quienes están recluidos, sino también para quienes trabajan allí. Garantizar el derecho al voto es un paso fundamental hacia la reinserción social y la promoción de valores democráticos. Si bien el CNE busca soluciones para minimizar el impacto de esta situación, urge una intervención integral por parte del Estado para abordar las causas profundas de este problema. Solo así se podrá hablar de una verdadera igualdad en el ejercicio de los derechos civiles y políticos de todos los ecuatorianos. MAS EN https://youtu.be/5riU6fc7oBk