January 2025

Tribunal de Iñaquito Rechaza Acción de Protección de Vicepresidenta Abad Contra Decretos de Noboa: La Pugna por el Encargo Presidencial

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Quito, Ecuador — El Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito resolvió este martes rechazar la acción de protección interpuesta por la vicepresidenta Verónica Abad en contra del presidente Daniel Noboa, tras la firma de cinco decretos ejecutivos que transfirieron temporalmente las funciones de la Vicepresidencia a la abogada Cynthia Viteri Gellibert y limitaron las posibilidades de Abad de asumir el cargo presidencial en caso de ausencia del mandatario. Los magistrados declararon el recurso "improcedente", argumentando falta de sustento jurídico para avalar la demanda. La defensa de Abad anunció de inmediato una apelación, intensificando una batalla legal que refleja las tensiones políticas en el gobierno de Noboa.

Contexto: Los Decretos y la Disputa de Poder
La controversia se remonta a mayo de 2024, cuando el presidente Noboa, líder del partido Acción Democrática Nacional (ADN), emitió cinco decretos que redistribuían competencias clave de la Vicepresidencia. Entre ellos, destacó el nombramiento de Cynthia Viteri Gellibert —exalcaldesa de Guayaquil y figura cercana a Noboa— como responsable de áreas estratégicas como relaciones internacionales y programas sociales, roles tradicionalmente asociados al despacho vicepresidencial. Además, los documentos incluían cláusulas que, según Abad, buscaban evitar que ella asumiera la Presidencia en caso de que Noboa dejara el cargo.

Abad, electa en la misma fórmula electoral que Noboa en 2023 pero distanciada públicamente desde entonces, calificó los decretos como un "intento ilegítimo de vaciar sus funciones constitucionales". En su demanda, alegó violación a los artículos 144 y 147 de la Constitución, que establecen las atribuciones del vicepresidente y el proceso de sucesión presidencial. Sin embargo, el tribunal determinó que los decretos se enmarcaban en las facultades administrativas del presidente para delegar tareas, sin alterar la línea sucesoria.

La Decisión del Tribunal: ¿Por Qué se Declaró Improcedente?
En una sentencia unánime, los tres magistrados del tribunal argumentaron que la acción de protección —mecanismo legal para amparar derechos constitucionales— no era la vía adecuada para resolver este conflicto. "No se evidencia una vulneración directa e inmediata de los derechos de la señora Abad, ya que los decretos no la destituyen ni modifican su estatus constitucional como vicepresidenta", señaló el fallo. Además, el tribunal subrayó que las disputas sobre competencias entre funciones del Estado deben tratarse en otras instancias, como la Corte Constitucional.

Fuentes cercanas al caso sugieren que la decisión también consideró el carácter temporal de los decretos, vinculados a un "período de reorganización administrativa" según la justificación del Ejecutivo. No obstante, críticos denuncian que la medida consolida un patrón de marginación hacia Abad, quien ha sido excluida de reuniones de gabinete y despojada de su equipo de asesores desde enero.

Reacciones y Apelación
La defensa de Abad, liderada por el jurista Carlos Molina, tachó el fallo de "políticamente motivado" y anunció una apelación ante la Corte Provincial de Pichincha. "Este tribunal ignoró pruebas clave que demuestran cómo los decretos socavan la autoridad de la vicepresidenta. Confiamos en que la próxima instancia rectificará este error", afirmó Molina en rueda de prensa.

Desde el Palacio de Carondelet, el gobierno defendió la legalidad de los decretos. "El presidente tiene la facultad de designar colaboradores para optimizar la gestión pública. Esto no afecta la estructura del Estado", declaró el ministro de Gobierno, Juan Zapata. Por su parte, Cynthia Viteri Gellibert evitó comentarios, limitándose a afirmar que "trabaja en coordinación con el presidente para cumplir sus asignaciones".

Análisis Legal y Político: ¿Qué Sigue?
Expertos constitucionalistas consultados por este medio coinciden en que el caso plantea interrogantes sobre los límites del poder ejecutivo. "La Constitución permite al presidente delegar funciones, pero no puede omitir al vicepresidente sin una causal previa, como una ausencia definitiva", explicó la abogada Diana Salazar, exfiscal general. Otros, como el académico Santiago Basabe, ven en la pugna un síntoma de la frágil coalición gobernante: "Noboa y Abad representan alas opuestas dentro de su movimiento. Esto es una lucha por el control ante posibles escenarios de crisis".

El conflicto ocurre en un contexto de creciente inestabilidad en Ecuador, marcado por protestas sociales y un reciente incremento en índices de violencia. Para Abad, figura populista con base en sectores rurales, el respaldo judicial podría reforzar su posición ante eventuales elecciones; para Noboa, neutralizar su influencia parece clave para avanzar en reformas económicas.

Próximos Pasos

La apelación ingresará a la Corte Provincial en los próximos días, con posibilidad de escalar hasta la Corte Constitucional si se alegan violaciones a derechos fundamentales. Mientras, Abad mantiene su cargo, pero sin acceso a decisiones ejecutivas. Analistas advierten que, si los decretos se mantienen, se sentaría un precedente riesgoso: "Un presidente podría evitar la sucesión vicepresidencial mediante delegaciones, debilitando el sistema de contrapesos", alertó Salazar.

Lo cierto es que, más allá del desenlace legal, esta batalla judicial evidencia la profundización de grietas en el liderazgo de Noboa, quien, con un 58% de aprobación según encuestas recientes, enfrenta ahora un desafío inesperado desde el corazón de su propio gobierno.

¡GOLPE A LA CONSTITUCIÓN! VERÓNICA ABAD IMPUGNA DESIGNACIÓN DE GELLIBERT

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La vicepresidenta Verónica Abad llegó al Complejo Judicial Norte para participar en una audiencia clave relacionada con su acción de protección contra tres decretos emitidos por el presidente Daniel Noboa. La acción busca impugnar las decisiones del mandatario que, según Abad, afectan directamente su función y la estructura del gobierno, vulnerando su derecho a ejercer el cargo en condiciones de plena autonomía. La audiencia, que se celebra en medio de un clima político tenso, podría tener repercusiones significativas en la relación entre la vicepresidencia y el Ejecutivo, además de marcar un precedente legal en la interpretación de las atribuciones del presidente y el vicepresidente en el marco de la Constitución.

Abad ha expresado en varias ocasiones que los decretos emitidos por Noboa han interferido en sus responsabilidades, lo que ha generado un conflicto interno en el gobierno. La resolución de la corte podría no solo esclarecer las competencias del vicepresidente en el ámbito político y administrativo, sino también influir en futuras disputas entre los diferentes poderes del Estado. En este contexto, la audiencia representa un momento crucial para la estabilidad política del país, ya que se examinan los límites de los decretos presidenciales y el respeto a la autonomía de los funcionarios de alto nivel.

Conclusión:
La acción de protección presentada por Verónica Abad ante la corte será un hito en la historia política de Ecuador, ya que la resolución podría redefinir las dinámicas de poder dentro del gobierno y sentar un precedente sobre la independencia de los altos funcionarios. En un contexto de tensión política, la audiencia no solo involucra a los actores directamente involucrados, sino que también tendrá implicaciones en la percepción pública sobre la gobernabilidad y el respeto a los derechos constitucionales.

¡EL ESTADO DE DERECHO ESTÁ MUERTO! ADVIERTE ALEJANDRA RIVAS

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La crisis institucional en Ecuador ha llegado a un punto alarmante, donde el Estado de derecho se encuentra completamente vulnerado, según la candidata vicepresidencial por Izquierda Democrática, Alejandra Rivas. La falta de independencia en las instituciones, el abuso del poder y la manipulación de la justicia han deteriorado la democracia, dejando a los ciudadanos sin garantías reales de protección y equidad. Frente a esta realidad, Rivas hace un llamado urgente a los ecuatorianos para que reflexionen sobre su voto y no caigan en la trampa de elegir “al menos malo”, sino que exijan líderes con principios y compromiso real con el país.

Para la candidata, resignarse a opciones políticas deficientes solo perpetúa la crisis, permitiendo que el poder siga en manos de quienes han contribuido al debilitamiento del Estado. Rivas insiste en que los ecuatorianos deben analizar cada propuesta y elegir con criterio, priorizando candidatos que garanticen la recuperación de la institucionalidad y el respeto a la ley. La lucha por un Ecuador con justicia y democracia sólida empieza en las urnas, y el voto consciente es la única herramienta efectiva para cambiar el rumbo del país.

Conclusión:
La fragilidad del Estado de derecho en Ecuador exige una ciudadanía crítica y comprometida con el futuro del país. Elegir gobernantes no debe ser un acto de resignación, sino de responsabilidad. Solo con un voto informado y exigente se podrá romper el ciclo de corrupción y debilitamiento institucional que hoy afecta a la nación.

¡NUEVAS CÁRCELES NO SON LA SOLUCIÓN! EL ESTADO SIGUE AUSENTE

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La crisis penitenciaria en Ecuador ha llevado al gobierno a anunciar la construcción de nuevas cárceles como una aparente solución a la violencia dentro de los centros de reclusión. Sin embargo, la especialista en inteligencia y seguridad, Lorena Piedra, cuestiona la efectividad de esta medida. Según Piedra, más que nuevas estructuras, lo que realmente se necesita es que el Estado ejerza un control efectivo dentro de los centros penitenciarios. La falta de presencia estatal ha permitido que las cárceles sean dominadas por el crimen organizado, convirtiéndolas en centros de operaciones para mafias y grupos delincuenciales.

Para Piedra, la construcción de más cárceles sin un verdadero plan de intervención solo trasladará el problema sin resolverlo. La clave está en garantizar que el Estado retome el control, con una administración eficiente, tecnología de vigilancia avanzada y personal capacitado para evitar que los reos sigan operando desde el interior. Sin una estrategia de seguridad integral, las nuevas cárceles podrían convertirse en simples bodegas humanas, sin cambiar las condiciones que generan el caos y la violencia en el sistema penitenciario.

Conclusión:
Construir más cárceles no resolverá la crisis si el Estado sigue ausente en su control. La verdadera solución pasa por garantizar que el sistema penitenciario funcione bajo un modelo de seguridad real, donde el crimen organizado no tenga el dominio y el Estado imponga el orden con autoridad y planificación efectiva. Sin ello, Ecuador seguirá en un círculo vicioso de violencia carcelaria.

¡DICTADURA ENCUBIERTA! EL EJECUTIVO CONTROLA TODOS LOS PODERES

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La independencia de poderes en Ecuador se ha visto gravemente deteriorada, convirtiéndose en una de las principales preocupaciones de analistas y ciudadanos. Enrique Gómez señala que, mientras antes se hablaba de un equilibrio entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, hoy el panorama es diferente: el gobierno de turno interviene en ambas funciones estatales, ejerciendo presión e incluso utilizando el miedo como herramienta de control. La injerencia del Ejecutivo en estas instancias no solo erosiona la democracia, sino que también impide el correcto funcionamiento de las instituciones, debilitando la confianza de la ciudadanía en el sistema.

Gómez advierte que esta realidad no puede ser ignorada ni disfrazada, ya que aceptar la manipulación del poder como algo normal lleva al país a un terreno peligroso. La democracia ecuatoriana está en riesgo cuando el gobierno interfiere en la creación de leyes y en la administración de justicia para favorecer sus propios intereses. La falta de separación de poderes abre la puerta a la persecución política y al abuso de autoridad, limitando el derecho de los ciudadanos a un Estado justo y equitativo.

Conclusión:
La consolidación del poder en manos del Ejecutivo representa una amenaza directa a la democracia ecuatoriana. Si la independencia de los poderes del Estado se diluye, el país se encamina hacia un modelo autoritario donde las decisiones no responden al bien común, sino a los intereses del gobernante de turno. Es urgente que la ciudadanía y las instituciones defiendan el equilibrio democrático para evitar que el país caiga en un régimen de control absoluto.

¡POLÍTICA VACÍA! CANDIDATOS PREFIEREN BAILAR QUE PROPONER

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El presidente de la República del Ecuador, en su rol de líder del Ejecutivo, ha quedado expuesto por la falta de un frente económico claro y definido. La situación económica del país continúa siendo preocupante, y un factor clave de esta crisis es la ineficacia de las dos juntas monetarias que fueron creadas durante el gobierno de Lenín Moreno. Estas juntas, que fueron presentadas como una solución para gestionar las políticas monetarias del país, han demostrado ser una falacia. Marco Flores, experto en políticas económicas, ha señalado contundentemente que estas juntas no están cumpliendo con su objetivo primordial, y por el contrario, no tienen ningún impacto positivo en la economía ecuatoriana. Para él, las juntas creadas no sirven para nada, ya que carecen de la estructura y el conocimiento necesario para enfrentar los desafíos económicos de la nación.

Flores, además, resalta la urgente necesidad de establecer una junta monetaria efectiva, una que realmente comprenda la interacción entre la política económica y la política monetaria. Según el experto, una junta monetaria debe ser capaz de implementar estrategias que promuevan el crecimiento económico, la estabilidad de la moneda, y el bienestar social de los ecuatorianos. La falta de una dirección adecuada en este ámbito ha dejado al país sin un rumbo claro, lo que ha generado incertidumbre tanto a nivel nacional como internacional. La situación requiere de una pronta respuesta del gobierno, pues, sin un manejo adecuado de los recursos monetarios, el Ecuador seguirá enfrentando serias dificultades para mejorar su situación económica.

Conclusión:
El Ecuador se enfrenta a una grave crisis económica, agravada por la falta de liderazgo en su frente económico. Las actuales juntas monetarias, que fueron concebidas como un remedio, han fallado en su cometido y no brindan soluciones. En este contexto, se hace urgente la creación de una nueva junta monetaria, con una visión clara y un enfoque sólido en la política económica. Solo con un manejo adecuado de las finanzas y una política monetaria eficaz, Ecuador podrá superar la crisis y comenzar a transitar hacia una recuperación económica sostenible.

Carlos Ferrín critica la polarización política en Ecuador como obstáculo para un debate constructivo

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El analista político Carlos Ferrín expresó que en Ecuador es prácticamente imposible realizar un discurso político sin ser juzgado, lo que evidencia la profunda polarización que afecta al país. Según Ferrín, esta polarización ha sido uno de los principales factores que ha llevado a la situación actual, donde las diferencias ideológicas y políticas son tan marcadas que cualquier intervención se convierte en un campo de batalla. Para él, este fenómeno no solo divide a la sociedad, sino que también dificulta el diálogo y la búsqueda de soluciones para los problemas que enfrenta Ecuador.

Ferrín asegura que la política en el país se ha vuelto cada vez más polarizada, y que este ambiente tóxico impide el progreso y la construcción de consensos. La dicotomía entre bandos políticos ha creado una atmósfera de confrontación constante, donde las voces que buscan un acercamiento o un cambio real son rápidamente atacadas por quienes están alineados con las posturas opuestas. Esta situación, según el analista, ha llevado a un estancamiento en la política ecuatoriana, pues no se permite un espacio para el análisis crítico y la reflexión objetiva sobre los problemas nacionales.

**Conclusión:**
La polarización en Ecuador no solo afecta el debate político, sino que también perjudica el desarrollo del país. Si no se logra encontrar un punto de encuentro entre las diferentes ideologías, será difícil avanzar hacia una solución efectiva de los problemas que aquejan a la sociedad. Ferrín plantea que, para superar esta división, es necesario fomentar un ambiente de diálogo y respeto entre los actores políticos y sociales, con el fin de reconstruir la confianza y la cohesión en el país.

Joffre Campaña denuncia contaminación del sistema electoral por parte de fiscales y jueces

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Joffre Campaña, político y activista, lanzó duras críticas al sistema electoral ecuatoriano, señalando que la intromisión de fiscales y jueces en la política está contaminando el proceso democrático. Según Campaña, cuando estos actores del sistema de justicia comienzan a actuar como políticos, buscando influir en los resultados electorales, el sistema se vuelve "putrefacto" y pierde su esencia democrática. Asegura que esta contaminación institucional provoca que el sistema de elecciones, que debería ser el pilar de la democracia, se desvirtúe y pierda credibilidad ante los ciudadanos.

Las declaraciones de Campaña subrayan un grave problema de independencia de poderes en el país, sugiriendo que fiscales y jueces, al involucrarse en la política, afectan la imparcialidad del sistema judicial. A su juicio, las consecuencias de este fenómeno recaen directamente sobre los ciudadanos, quienes ven su derecho al voto y sus garantías constitucionales comprometidos. En lugar de tener un sistema electoral transparente y democrático, se genera un entorno de desconfianza que puede desencadenar en conflictos sociales y políticos.

**Conclusión:**
Las acusaciones de Joffre Campaña reflejan la creciente preocupación sobre la autonomía del poder judicial y su influencia en el sistema electoral. Este cuestionamiento pone en evidencia la necesidad urgente de reformas que garanticen la separación de poderes y protejan la integridad del proceso electoral, para que el voto ciudadano siga siendo una herramienta legítima de democracia.

Defensor Público cuestiona acusación de violencia política de género contra Verónica Abad

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El defensor público Germán Jordán afirmó que, tras la revisión de los videos presentados como pruebas por la Cancillería, no existiría evidencia suficiente para sustentar la acusación de violencia política de género contra Gabriela Sommerfeld, atribuida a la vicepresidenta Verónica Abad. Según Jordán, los registros analizados no muestran elementos que encuadren en esta figura jurídica, aunque aclaró que será Guillermo Ortega, juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), quien emita el fallo definitivo.

El caso ha generado debate, ya que involucra un tema sensible como la violencia política de género en el ámbito gubernamental. Por un lado, se cuestiona si las acciones de Abad realmente califican dentro de esta categoría; por otro, la postura de la Cancillería ha sido firme en mantener su denuncia. Este proceso no solo pone en el centro la conducta de Abad, sino que también abre un espacio de reflexión sobre los límites y alcances de este tipo de acusaciones.

Conclusión:
La resolución del juez Guillermo Ortega será crucial para esclarecer si las pruebas presentadas respaldan la acusación contra Verónica Abad. Este caso no solo influirá en la reputación de las involucradas, sino que también sentará un precedente en la interpretación de la violencia política de género en Ecuador.

Demanda de inconstitucionalidad del Decreto 500 sigue sin resolución en la Corte Constitucional

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La Corte Constitucional aún no ha emitido un pronunciamiento sobre la demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 500, que declaró la ausencia temporal del presidente Daniel Noboa por motivos de fuerza mayor. Este decreto, que ha generado controversia, fue utilizado para justificar la delegación de funciones presidenciales en la vicepresidenta Cynthia Gellibert mientras Noboa se ausentaba para realizar actividades proselitistas. La falta de una resolución ha mantenido en incertidumbre el debate legal y político en torno a la legitimidad de la medida.

Diversos sectores han señalado que el Decreto 500 podría sentar un precedente peligroso si se permite justificar ausencias presidenciales bajo términos ambiguos. Por otro lado, el Ejecutivo argumenta que la decisión fue necesaria y se ajusta a las disposiciones legales. La demora en el fallo de la Corte ha generado inquietud, ya que su resolución definirá si el decreto se alinea con los principios constitucionales o si vulnera la institucionalidad del país.

Conclusión:
La decisión de la Corte Constitucional sobre el Decreto 500 será clave para determinar los límites del ejercicio presidencial y las normas que rigen las ausencias temporales. Este caso no solo afecta al actual gobierno, sino que también establece un precedente importante para la estabilidad y transparencia en la gestión del poder ejecutivo.

Fiscalía allana oficinas de cuatro consejeros del CPCCS por presunta usurpación de funciones

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En un operativo liderado por la Fiscalía, fueron allanadas las oficinas de Eduardo Franco Loor, Nicole Bonifaz, Augusto Verduga y Yadira Saltos, consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Según Santiago Peñaherrera, coordinador jurídico del organismo, durante el procedimiento se incautaron documentos y computadoras. Peñaherrera confirmó que no hubo detenidos en el operativo. Esta acción surge a raíz de una denuncia presentada por Roberto Romero von Buchwald, quien acusa a los consejeros de la denominada "Liga Azul" de presunta usurpación de funciones.

La denuncia tiene como contexto la decisión de estos consejeros de desconocer la designación de un nuevo superintendente de Bancos, manteniendo en el cargo a Raúl González, en contradicción con disposiciones oficiales. Andrés Fantoni, abogado y representante legal, indicó al medio *La Defensa* que las acciones judiciales buscan esclarecer si los consejeros actuaron fuera del marco legal al desafiar esta designación.

**Conclusión:**
El allanamiento y las acusaciones de usurpación de funciones reflejan la creciente tensión en el CPCCS y su impacto en decisiones clave, como la designación de autoridades estratégicas. Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control institucional para evitar posibles abusos de poder y conflictos internos.

Ministra de Trabajo acusa a la vicepresidenta Abad de abandonar su cargo

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En declaraciones que han generado polémica, Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, señaló que la vicepresidenta Verónica Abad "en esencia ha abandonado el cargo". Según Núñez, aunque la Constitución establece que el Presidente de la República debe asignar funciones a la segunda mandataria, Abad no ha cumplido con dichas responsabilidades, argumentando que se encuentra en un estado de vacaciones autoimpuesto. "¿Dónde la encuentra usted?", cuestionó la ministra, en un tono que refuerza la acusación de inactividad de la vicepresidenta.

Estas declaraciones han encendido el debate político, con opiniones divididas respecto al rol y desempeño de Abad en el gobierno. Mientras algunos respaldan a la ministra, otros critican estas afirmaciones como una posible maniobra política para desviar la atención de otros temas prioritarios. La ausencia percibida de Abad ha sido tema recurrente en el discurso público, cuestionando la transparencia en el ejercicio de su cargo.

Conclusión:
Las declaraciones de Ivonne Núñez profundizan las tensiones dentro del Ejecutivo y ponen bajo la lupa el papel de la vicepresidenta Abad. La acusación de "abandono del cargo" destaca la necesidad de claridad y rendición de cuentas en las altas esferas del gobierno, un tema que seguramente seguirá siendo motivo de debate político.

Pierina Correa expresa su preocupación por pronunciamiento de Noboa sobre posible indulto a miembros de las FFAA

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La asambleísta Pierina Correa manifestó su preocupación ante el pronunciamiento del presidente de la República, Daniel Noboa, sobre la posibilidad de un indulto a los miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), específicamente de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), involucrados en el caso de los cuatro niños de Guayaquil. Correa considera que tal declaración puede ser prematura e inapropiada, ya que la justicia aún no ha emitido un veredicto sobre los responsables de este trágico hecho. Para la legisladora, es fundamental que el proceso judicial siga su curso antes de considerar medidas como el indulto, ya que esto podría interferir con el debido proceso y la independencia de la justicia.

El pronunciamiento de Correa resalta una creciente preocupación en sectores políticos y sociales sobre la intervención del Ejecutivo en asuntos judiciales, especialmente en casos tan delicados que involucran la vida de ciudadanos inocentes. La asambleísta hizo un llamado a esperar la decisión de la justicia antes de adoptar cualquier medida que pueda ser percibida como un acto de impunidad. El caso de los cuatro niños de Guayaquil, que conmocionó al país, sigue siendo un tema de alto voltaje político, donde las decisiones del gobierno son observadas de cerca tanto por la sociedad como por los actores políticos.

Conclusión:
La preocupación expresada por Pierina Correa refleja una postura crítica ante las intervenciones políticas en procesos judiciales. En un caso tan sensible como el de los cuatro niños de Guayaquil, es fundamental que se respete la autonomía judicial y se garantice que la justicia se administre sin presiones externas. La espera del pronunciamiento de la justicia será crucial para determinar el camino a seguir en este caso.

Vicepresidenta Verónica Abad respalda a la Corte Constitucional por actuación en el Decreto 500

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En una reciente declaración, la vicepresidenta Verónica Abad felicitó públicamente a la Corte Constitucional por "actuar bajo lo que ya está escrito en la ley", en relación al Decreto Ejecutivo No. 500. Este decreto, emitido por el presidente Daniel Noboa, continúa bajo análisis por parte del máximo organismo judicial del país. Aunque Abad evitó profundizar en los detalles del decreto o el análisis jurídico en curso, sus palabras reflejan un apoyo claro al rol de la Corte como garante del marco legal ecuatoriano.

La postura de la vicepresidenta ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social. Mientras algunos sectores interpretan su declaración como una defensa a la independencia y transparencia de las instituciones judiciales, otros consideran que sus palabras podrían influir en un proceso que aún está en desarrollo. Este debate se suma al ambiente de tensión y expectativa que rodea al Decreto 500, cuya decisión podría tener implicaciones significativas para el Ejecutivo y el país.

Conclusión:
Las declaraciones de Verónica Abad ponen de relieve la importancia de la Corte Constitucional como pilar de la democracia ecuatoriana. Sin embargo, también subrayan la sensibilidad del análisis en curso sobre el Decreto 500, recordando la necesidad de respetar el debido proceso y la independencia de las instituciones.

Daniel Noboa delega la Presidencia: Cynthia Gellibert asume el cargo temporalmente

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A través del Decreto Ejecutivo No. 513, el presidente Daniel Noboa dispuso el encargo de la Presidencia de la República a Cynthia Gellibert, quien asumirá funciones desde las 06:00 del viernes 24 hasta las 06:00 del lunes 27 de enero de 2025. La decisión responde a la intención del mandatario de enfocarse en actividades proselitistas durante estos días. Este movimiento se ha convertido en una práctica recurrente en el gobierno de Noboa, buscando mantener la continuidad administrativa mientras él se dedica a fortalecer su estrategia política en el contexto actual.

La designación de Gellibert ha sido bien recibida por algunos sectores, considerando su experiencia previa en encargos similares y su cercanía con las prioridades del Ejecutivo. Sin embargo, críticos cuestionan la frecuencia de estas delegaciones, argumentando que podría interpretarse como una desatención a las funciones presidenciales. El debate sobre el balance entre deberes institucionales y campañas políticas sigue dividiendo opiniones en la esfera pública.

Conclusión:
El encargo temporal de la Presidencia a Cynthia Gellibert refleja una apuesta del gobierno por la delegación estratégica, aunque también plantea interrogantes sobre las prioridades del mandatario. La capacidad de Gellibert para garantizar estabilidad durante este breve periodo será clave para disipar las críticas y asegurar la continuidad gubernamental.

Renuncia inesperada en ADN Manabí: ¿Motivos personales o disputas internas?

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En un movimiento que tomó por sorpresa al entorno político de Manabí, Verónica Meza Antón presentó su renuncia como Directora Provincial de Acción Democrática Nacional (ADN). Aunque la ahora exdirectora afirmó que su decisión responde a motivos personales, fuentes cercanas al movimiento oficialista sugieren que su salida estaría vinculada a tensiones internas con Valentina Centeno, candidata a Asambleísta Provincial. Según estas versiones, los desacuerdos habrían surgido por diferencias estratégicas y conflictos de liderazgo en el marco de la campaña electoral.

Pese a que Centeno no ha emitido declaraciones confirmando esta información, el cambio de liderazgo en ADN Manabí ha generado incertidumbre en los simpatizantes del partido. Este tipo de alteraciones durante una campaña electoral suele ser crítico, ya que podría afectar la organización y la cohesión de las bases partidistas en una provincia clave como Manabí. Observadores políticos señalan que esta situación podría impactar el desempeño del movimiento en las urnas si no se gestiona adecuadamente.

**Conclusión:**
La renuncia de Verónica Meza Antón revela posibles tensiones internas que podrían poner a prueba la estabilidad de ADN en Manabí en un momento crucial. Queda por ver si el movimiento logra superar esta controversia y mantener su unidad de cara a los comicios, o si, por el contrario, estas disputas afectarán su proyección electoral en la provincia.

Verónica Abad desafía al Presidente y defiende su puesto ante la Asamblea

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Durante su comparecencia ante la Asamblea Nacional, la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, hizo una declaración contundente: "Un juez ya lo dijo: no puedo ser destituida más que por ustedes", refiriéndose a su permanencia en el cargo y a la protección legal que tiene frente a intentos de destitución. Abad, quien ha mantenido un enfrentamiento público con el presidente Daniel Noboa, aprovechó la oportunidad para arremeter nuevamente contra él, denunciando lo que consideró incumplimientos tanto de la Ley como de la institucionalidad. La vicepresidenta aseguró que el presidente ha violado principios fundamentales que rigen el ejercicio del poder, lo que ha generado una crisis dentro del ejecutivo. Además, resaltó que su destitución no puede ser decidida unilateralmente, sino que debe pasar por el debido proceso establecido por la Constitución.

En su intervención, Verónica Abad también hizo hincapié en las tensiones internas del gobierno y acusó al presidente de tomar decisiones que no respetan la independencia de los poderes del Estado ni las normativas legales que deben regir su administración. Esta confrontación, que ha escalado durante los últimos meses, refleja una profunda división dentro del ejecutivo, que pone en riesgo la estabilidad política del país. Abad apeló a la Asamblea para que defienda el marco legal y garantice la transparencia en la actuación de los funcionarios públicos. El llamado de la vicepresidenta resalta la importancia de respetar la ley y las instituciones para preservar la democracia en Ecuador.

**Conclusión:** La intervención de Verónica Abad ante la Asamblea resalta la creciente confrontación entre la vicepresidencia y la presidencia del país, centrada en el incumplimiento de la Ley y la institucionalidad. Su mensaje no solo pone en evidencia las fracturas internas en el gobierno, sino también la necesidad urgente de que los actores políticos trabajen dentro del marco legal para evitar una mayor crisis institucional. La situación de la vicepresidenta, quien desafió públicamente al presidente, pone de manifiesto los desafíos políticos que enfrenta Ecuador en su lucha por garantizar la democracia y la estabilidad en el país.

Diana Salazar presenta informe anual y lanza un mensaje contra la impunidad

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La fiscal general del Estado, Diana Salazar, interrumpió temporalmente su licencia por maternidad para presentar el informe anual de labores ante el pleno de la Asamblea Nacional. En su intervención, Salazar destacó los avances y desafíos en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y otros delitos que afectan al país. Asimismo, subrayó la importancia de fortalecer las instituciones judiciales y mantener una gestión independiente y transparente en beneficio de la ciudadanía. El informe incluyó estadísticas y resultados sobre los procesos judiciales más relevantes, haciendo énfasis en la necesidad de combatir la impunidad para garantizar justicia en todos los niveles.

Al concluir su intervención, Diana Salazar hizo un contundente llamado al pleno de la Asamblea para que nunca más permita que ese espacio se convierta en un refugio para sentenciados y prófugos de la justicia. Este mensaje fue interpretado como una crítica directa a la falta de acción en ciertos casos emblemáticos que han generado cuestionamientos sobre la ética y la transparencia en el país. Salazar reiteró que la lucha contra la corrupción y el respeto al Estado de derecho son pilares fundamentales para garantizar la democracia en Ecuador.

**Conclusión:** La decisión de Diana Salazar de interrumpir su licencia por maternidad para presentar su informe demuestra su compromiso con la justicia y la transparencia en Ecuador. Su mensaje final resalta la importancia de que las instituciones del Estado, incluida la Asamblea, mantengan su rol como guardianas de la legalidad y no como espacios de protección para quienes intentan evadir sus responsabilidades legales. Este llamado a la reflexión busca generar un cambio profundo en la forma en que se gestiona la justicia y la política en el país.

Luis Pedernera denuncia desaparición forzada y tortura en el caso de #LosCuatroDeGuayaquil

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El relator del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, Luis Pedernera, ha emitido una grave denuncia respecto al caso de los #CuatroDeGuayaquil, calificándolo como una desaparición forzada, tortura y ejecución. En su declaración, Pedernera condenó los abusos perpetrados contra estos jóvenes ecuatorianos, quienes fueron detenidos arbitrariamente por las autoridades en un operativo policial. Según testimonios de familiares y organizaciones defensoras de los derechos humanos, los cuatro jóvenes fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos, y su desaparición se produjo en circunstancias sospechosas, con evidencias de tortura antes de su muerte. La denuncia de Pedernera resalta la falta de transparencia en las investigaciones y la impunidad que persiste en este tipo de casos en Ecuador.

El relator de la ONU hizo un llamado urgente al gobierno ecuatoriano para que lleve a cabo una investigación imparcial, transparente y sin demoras, en busca de justicia para las víctimas y sus familias. Además, Pedernera destacó la necesidad de garantizar la protección de los derechos de todos los ciudadanos, especialmente los jóvenes, y reiteró que la desaparición forzada y la tortura son violaciones graves de los derechos humanos que deben ser erradicadas en cualquier sociedad democrática. La comunidad internacional sigue de cerca este caso, presionando para que el gobierno de Ecuador actúe con diligencia y compromiso para esclarecer los hechos y garantizar que no queden impunes.

**Conclusión:** La denuncia de Luis Pedernera sobre el caso de los #CuatroDeGuayaquil expone una dolorosa realidad de violación de derechos humanos en Ecuador. La falta de justicia y el encubrimiento de estos abusos representan una amenaza a los derechos fundamentales de los ciudadanos y ponen en evidencia las deficiencias en el sistema judicial y de seguridad del país. El llamado de la ONU a investigar este caso con seriedad y a erradicar la impunidad es esencial para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar que ninguna vida sea arrebatada sin que haya consecuencias. El caso de los #CuatroDeGuayaquil no puede quedar en el olvido; es una lucha por la justicia y por la protección de los derechos humanos en Ecuador.

Alejandra Rivas: "La decepción ciudadana hacia la clase política se refleja en las encuestas"

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La candidata vicepresidencial por la Izquierda Democrática (ID), Alejandra Rivas, destacó la creciente decepción de la ciudadanía hacia la clase política como una de las principales razones detrás de los resultados actuales en las encuestas. Durante una entrevista, Rivas señaló que este descontento no solo es un reflejo del incumplimiento de las promesas de los gobiernos pasados, sino también de la desconexión de los políticos con las verdaderas necesidades del pueblo. "Las encuestas no solo miden popularidad, miden el cansancio y la falta de confianza que los ciudadanos sienten hacia quienes deberían representarlos", afirmó.

Rivas enfatizó que, para recuperar la confianza de la ciudadanía, es necesario un cambio profundo en la manera de hacer política, enfocándose en acciones concretas y en el diálogo directo con las comunidades. Según la candidata, este desencanto generalizado es una advertencia para todos los actores políticos, quienes deben priorizar la transparencia, la honestidad y la empatía para reconstruir el vínculo roto con la población. "No podemos seguir actuando como si el pueblo no estuviera mirando", advirtió.

**Conclusión:** Las palabras de Alejandra Rivas resaltan un problema estructural en la política ecuatoriana: la falta de credibilidad. Mientras las encuestas evidencian el descontento social, el desafío para los políticos actuales y futuros será demostrar con hechos que están comprometidos con las necesidades del país, para así revertir la desilusión que hoy marca el panorama electoral.

Sybel Martínez critica superficialidad en el debate presidencial y cuestiona postura sobre migrantes

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La activista y analista política Sybel Martínez expresó su preocupación por la falta de profundidad en el Comité de Debates del #DebatePresidencial2025, señalando que no se abordan temas cruciales como la geopolítica y su impacto en la política pública. Martínez recordó que el presidente y candidato asistió a la posesión de Donald Trump, a pesar de que este ha tomado decisiones perjudiciales para los migrantes ecuatorianos. Según Martínez, mientras estas problemáticas afectan directamente a miles de familias ecuatorianas, el enfoque público se ha reducido a discutir sobre moda y apariencias, dejando de lado la responsabilidad de cuestionar cómo estos actos afectan al país.

La analista hizo un llamado a priorizar en los debates temas relevantes como las políticas migratorias internacionales, especialmente considerando que decisiones de líderes como Trump pueden tener consecuencias directas para la diáspora ecuatoriana. Según Martínez, la geopolítica debe convertirse en una prioridad dentro de la agenda pública y los debates presidenciales, pues Ecuador no puede darse el lujo de ignorar los efectos que estas relaciones internacionales tienen en sus ciudadanos.

**Conclusión:** Las declaraciones de Sybel Martínez subrayan la necesidad de debates más enfocados y responsables que aborden temas de impacto global y nacional, como la geopolítica y la protección de los migrantes. En un contexto de campaña presidencial, este tipo de reflexiones son esenciales para que los votantes puedan tomar decisiones informadas sobre quién está mejor preparado para enfrentar los retos internacionales que afectan directamente a Ecuador.

Jaime Nebot lanza contundente crítica: "Si votan por Noboa, se van a joder"

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El exalcalde de Guayaquil y líder histórico del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, realizó una polémica declaración durante un evento público, afirmando que “si votan por Noboa, se van a joder”. Este comentario se da en el contexto de la campaña presidencial de Daniel Noboa, quien busca consolidar su posición como una opción para liderar el país. Las palabras de Nebot han generado reacciones divididas: mientras sus seguidores consideran que su advertencia busca proteger los intereses del país, otros la califican de agresiva e innecesaria en un momento en que el debate político debería centrarse en propuestas.

La declaración de Nebot pone de manifiesto las tensiones existentes dentro del panorama político ecuatoriano, donde los principales actores buscan marcar posiciones en un entorno polarizado. Noboa, por su parte, no ha emitido una respuesta oficial al comentario, aunque su equipo de campaña ha señalado que continuarán enfocándose en presentar sus propuestas para el país. Este enfrentamiento verbal refleja las estrategias de los políticos tradicionales frente a la emergencia de nuevos liderazgos.

**Conclusión:** Las declaraciones de Jaime Nebot abren un nuevo capítulo de confrontación en la política ecuatoriana, evidenciando el choque entre viejas estructuras políticas y nuevas figuras que buscan espacio. Si bien sus palabras han encendido el debate, será el electorado quien finalmente determine si este tipo de discurso impacta en las urnas o fortalece la posición de Noboa como un contendiente serio en la contienda presidencial.

Fiscalía y Policía realizan allanamientos por presunta corrupción en el Ministerio de Finanzas

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Desde la madrugada, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo una serie de allanamientos en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Finanzas. Estas acciones se realizaron a raíz de una denuncia presentada por el ministro Juan Carlos Vega, quien señaló la necesidad de "investigar y limpiar los actos de corrupción" que afectan la credibilidad y la gestión de la cartera de Estado. Los operativos abarcaron varias oficinas y domicilios relacionados con funcionarios y colaboradores del ministerio, en busca de evidencias que sustenten las acusaciones.

El ministro Vega destacó que esta operación refleja el compromiso del gobierno con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Aunque aún no se han revelado mayores detalles sobre los resultados preliminares de los allanamientos, las autoridades han asegurado que los procedimientos se realizan respetando el debido proceso y que en los próximos días se informará al país sobre los avances de la investigación. Este caso pone nuevamente en el centro del debate la necesidad de reforzar los mecanismos de control y supervisión en las instituciones públicas.

**Conclusión:** Los allanamientos en el Ministerio de Finanzas marcan un nuevo episodio en la lucha contra la corrupción en Ecuador, una problemática que afecta no solo a la institucionalidad, sino también a la confianza ciudadana. Con la denuncia presentada por el propio titular de la cartera, este caso podría convertirse en un ejemplo de la voluntad política para enfrentar este flagelo, siempre y cuando se garantice un proceso transparente y sin interferencias.

Corte Constitucional analizará encargo de la presidencia a Cynthia Gellibert durante ausencia de Daniel Noboa

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Este jueves, la Corte Constitucional se reunirá para evaluar la legalidad del Decreto Ejecutivo No. 500, mediante el cual el presidente y candidato Daniel Noboa dispuso encargar la presidencia a Cynthia Gellibert debido a su ausencia temporal por motivos de campaña electoral. La polémica se centra en la decisión de excluir a Verónica Abad, vicepresidenta electa, de la delegación presidencial, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre la interpretación del marco constitucional y la jerarquía de funciones dentro del Ejecutivo. La sesión del pleno buscará determinar si el decreto cumple con los principios legales o si constituye un exceso de las facultades del mandatario.

El análisis de la Corte Constitucional no solo tendrá un impacto en la estabilidad del gobierno durante la campaña, sino que también sentará un precedente importante sobre la transferencia temporal del poder en Ecuador. Mientras tanto, sectores de la oposición han señalado que esta decisión podría ser parte de una estrategia política para debilitar a Verónica Abad, quien ya enfrenta críticas por su desempeño. Por otro lado, el oficialismo defiende la designación de Gellibert como una medida necesaria para garantizar el correcto funcionamiento del Ejecutivo.

**Conclusión:** La resolución de la Corte Constitucional será crucial para definir los límites del poder ejecutivo en situaciones de ausencia temporal y para aclarar el rol de los vicepresidentes en este tipo de contextos. Además, este debate pone de manifiesto las tensiones internas dentro del gobierno de Noboa, lo que podría influir tanto en su desempeño político como en el desarrollo de la campaña electoral.

Daniel Noboa designa a Cynthia Gellibert como vicepresidenta temporal mientras Verónica Abad cumple con nueva función en Turquía

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El presidente y candidato presidencial Daniel Noboa ha emitido el Decreto Ejecutivo No. 502, en el cual se dispone la continuidad de Cynthia Gellibert como Vicepresidenta de la República. Esta decisión se fundamenta en la ausencia de Verónica Abad, quien no ha tomado posesión de sus funciones como delegada en la Embajada de Ecuador en Turquía, un cargo que le fue asignado previamente. Según el decreto, Gellibert permanecerá en su puesto “hasta que la señora Verónica Abad se presente y tome posesión de las funciones asignadas”, lo que ha generado cuestionamientos tanto en el ámbito político como ciudadano sobre la naturaleza temporal de este nombramiento y las implicaciones de la ausencia de Abad.

El decreto, emitido en medio de la campaña electoral, ha sido interpretado como una maniobra estratégica que busca garantizar la estabilidad institucional en un momento clave para el Ejecutivo. No obstante, sectores críticos han señalado que esta medida refleja un manejo apresurado en la designación de altos funcionarios. Mientras tanto, Abad enfrenta crecientes expectativas para asumir sus responsabilidades diplomáticas en Turquía, lo que podría definir el futuro de su rol político en el gobierno.

**Conclusión:** La continuidad de Cynthia Gellibert como vicepresidenta temporal pone en evidencia los retos administrativos y políticos que enfrenta el gobierno de Daniel Noboa en medio de la transición y las elecciones. Con la mira puesta en el futuro, queda por verse si la designación de Abad en Turquía logra consolidar la confianza en su capacidad diplomática, o si esta situación seguirá alimentando el debate sobre las decisiones del Ejecutivo

Prórrogas en funciones: Diana Salazar y vocales de la Judicatura podrían extender su período

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La vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Yadira Saltos, indicó que la fiscal general, Diana Salazar, podría continuar en sus funciones debido a un retraso en el concurso para designar a su sucesor. Este mismo escenario podría aplicarse a los vocales del Consejo de la Judicatura, cuyos períodos estarían próximos a concluir. Saltos destacó que las demoras en los procesos de selección generan incertidumbre institucional y podrían prolongar el ejercicio de estas autoridades más allá del tiempo establecido.

La vicepresidenta del Cpccs señaló que es crucial acelerar estos concursos para evitar que las prórrogas de funciones sean percibidas como una falta de planificación. Al mismo tiempo, enfatizó que la continuidad temporal de estas autoridades, aunque amparada por la normativa, no debería ser una práctica recurrente, ya que podría afectar la confianza de la ciudadanía en los organismos encargados de velar por la justicia y el control social.

Conclusión:
Las posibles prórrogas en las funciones de la fiscal Diana Salazar y de los vocales de la Judicatura evidencian la necesidad de fortalecer y agilizar los procesos de selección en las instituciones públicas. Garantizar una transición oportuna y transparente no solo refuerza la institucionalidad, sino que también preserva la confianza ciudadana en el sistema democrático y en los organismos de justicia del país.

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CNE investiga posibles infracciones electorales durante la campaña

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El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que se encuentran en proceso de elaboración expedientes relacionados con presuntas infracciones cometidas durante la campaña electoral. Entre las irregularidades detectadas destaca la entrega de cocinas de inducción, una práctica que podría constituir una violación a las normas establecidas para garantizar la equidad y transparencia en los procesos electorales. Según las autoridades, este tipo de acciones pueden interpretarse como intentos de captar votos mediante la entrega de bienes materiales, lo que compromete la imparcialidad del proceso democrático.

El CNE subrayó la importancia de que los candidatos y sus equipos respeten las leyes que rigen las campañas, advirtiendo que se aplicarán sanciones a quienes sean responsables de estas prácticas indebidas. La institución aseguró que continuará vigilando de cerca el desarrollo de las actividades proselitistas para garantizar elecciones justas y transparentes, al tiempo que reiteró su compromiso de actuar con firmeza frente a cualquier acto que atente contra la integridad del proceso electoral.

Conclusión:
La elaboración de expedientes por parte del CNE envía un mensaje claro sobre la importancia de mantener la ética y la legalidad durante las campañas electorales. Estas acciones buscan fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y en la transparencia de las elecciones, reforzando el compromiso del organismo electoral con una democracia más justa y equitativa.

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Asambleísta Ana Cifuentes critica intento de oficialismo de retomar funciones legislativas

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Ana Cifuentes, asambleísta alterna de Fernando Jaramillo (ADN), manifestó su rechazo hacia la intención del oficialismo de permitir que los legisladores que actualmente son candidatos puedan retomar sus funciones mientras están en campaña electoral. Según Cifuentes, esta acción contradice las normativas legales y representa un intento de manipular las instituciones democráticas para favorecer intereses electorales. “Quieren ganar las elecciones yéndose en contra de la ley. El país no es una hacienda”, expresó enfáticamente, destacando la necesidad de respetar el marco legal y la separación de roles durante los procesos electorales.

Cifuentes hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse vigilante frente a este tipo de estrategias que, según ella, perjudican la transparencia y la equidad en el ejercicio del poder. Además, reiteró su compromiso con la defensa de la institucionalidad y el cumplimiento de las leyes, resaltando que permitir estas acciones sentaría un precedente peligroso para la democracia. La asambleísta alterna pidió a las autoridades electorales actuar con firmeza para garantizar que el proceso se desarrolle con justicia y sin ventajas indebidas para ningún candidato.

Conclusión:
La denuncia de Ana Cifuentes refleja una preocupación por el respeto al marco legal durante las elecciones y resalta el impacto negativo que estas medidas podrían tener en la confianza pública. En medio del clima electoral, estas tensiones subrayan la importancia de garantizar procesos transparentes y equitativos que fortalezcan la democracia y la confianza en las instituciones del país.

Frente Parlamentario Libre: 12 legisladores se declaran independientes

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Fernanda Robles, asambleísta alterna de Diego Matovelle (ADN), anunció la creación del Frente Parlamentario Libre, conformado por 12 legisladores principalizados que han decidido declararse independientes tras romper relaciones con sus compañeros de bancada. Esta decisión surge en medio de tensiones internas dentro del movimiento ADN, evidenciando diferencias irreconciliables entre los miembros. Según Robles, esta nueva agrupación busca trabajar de manera autónoma, sin ataduras partidistas, priorizando los intereses ciudadanos por encima de disputas políticas internas.

El grupo de asambleístas expresó además su rechazo a la acción de protección interpuesta por Diego Matovelle y Jorge Chamba, también de ADN, quienes buscan regresar a sus funciones legislativas pese a estar en campaña electoral. Los independientes calificaron esta medida como inapropiada y contraria al espíritu de la transparencia política. En este contexto, el Frente Parlamentario Libre promete enfocarse en construir una agenda legislativa que recupere la confianza de la ciudadanía en el Parlamento.

Conclusión:
La formación del Frente Parlamentario Libre refleja las fracturas internas en ADN y el descontento de varios legisladores con las acciones de sus excompañeros. Este movimiento independiente tiene el desafío de demostrar que su enfoque autónomo puede traducirse en una labor legislativa efectiva y comprometida con los intereses de la población, alejándose de las pugnas partidistas.

Jueza Nubia Vera responde a acusaciones sobre su afiliación política

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La jueza Nubia Vera ha rechazado las acusaciones que la vinculan con el movimiento político Avanza, asegurando que siempre ha mantenido una postura apartada de la política. Vera sostuvo que las declaraciones en su contra, que buscan asociarla a este movimiento, son parte de una campaña para desprestigiar su imagen y desacreditar su labor como jueza. En un claro mensaje de defensa, destacó que todo lo que está ocurriendo en su contra está orientado a apartarla del caso en el que está involucrada, relacionado con la acción de protección de la vicepresidenta Verónica Abad. Según Vera, las acusaciones carecen de fundamento y responden a intereses políticos ajenos a la justicia.

La jueza también expresó su preocupación por el clima de presión y hostigamiento que ha sufrido, el cual, según ella, afecta directamente su independencia judicial. Vera hizo un llamado a la ciudadanía y a las autoridades para que se respete su labor y se garantice la imparcialidad en los casos que maneja. Aseguró que su único objetivo es actuar conforme a la ley y sin influencias externas, rechazando cualquier intento de vincular su trabajo con intereses políticos que pudieran comprometer su objetividad.

Conclusión:
La jueza Nubia Vera se defiende de las acusaciones sobre su vinculación con el movimiento Avanza, denunciando una campaña para desprestigiar su imagen y apartarla de un caso clave en la política del país. Vera reafirma su compromiso con la justicia, subrayando que su labor debe ser respetada y llevada a cabo sin presiones externas, para que los principios de imparcialidad y legalidad prevalezcan en el proceso judicial.

Ministra de Trabajo desmiente pérdida masiva de empleos por crisis energética

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Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, negó rotundamente que la crisis energética en el país haya provocado la pérdida de 240.000 puestos de trabajo, como se había especulado en diversos sectores. Según la funcionaria, los datos oficiales del Ministerio reflejan que, si bien la crisis energética ha impactado algunos sectores económicos, no existe evidencia que respalde la magnitud de esta cifra. Núñez aseguró que el gobierno está trabajando en estrategias para mitigar los efectos negativos de la crisis y garantizar la estabilidad laboral, priorizando la protección de los derechos de los trabajadores.

La ministra destacó que se están implementando medidas para dinamizar la economía y apoyar a las empresas afectadas, evitando así despidos masivos. Además, resaltó la importancia de no generar alarmismo en torno al empleo, ya que esto puede afectar la confianza de los ciudadanos y de los inversionistas. Núñez hizo un llamado a la ciudadanía a confiar en la información oficial y no dejarse llevar por cifras especulativas que carecen de fundamento técnico.

Conclusión:
La ministra Ivonne Núñez desmiente la supuesta pérdida de 240.000 empleos a causa de la crisis energética, destacando que las cifras oficiales no respaldan esta afirmación. Aunque reconoce el impacto de la crisis en ciertos sectores, asegura que el gobierno está tomando medidas para garantizar la estabilidad laboral y reactivar la economía. La transparencia y el análisis técnico son esenciales para abordar los desafíos actuales y fortalecer la confianza en la gestión pública.

La ideología de género, un tema utilizado como arma electoral

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Diane Rodríguez, presidenta de la Asociación Silueta X, denunció que el uso del tema de la ideología de género en época de campaña electoral es una estrategia para atraer el voto conservador, calificándolo como una práctica alarmante. Esta crítica surge tras las declaraciones del candidato presidencial Víctor Araus durante el #DebatePresidencial, en las que se refirió a la implementación de la ideología de género en las escuelas y colegios del país. Rodríguez subrayó que este tipo de discursos no solo desinforman, sino que también generan división social, perpetuando prejuicios en contra de las comunidades LGBTIQ+.

Para la activista, el debate presidencial debería ser un espacio para discutir propuestas concretas sobre educación inclusiva y derechos humanos, en lugar de recurrir a discursos que polarizan y desvían la atención de los problemas reales del sistema educativo. "Es preocupante que algunos candidatos apelen a narrativas cargadas de prejuicios con el único propósito de captar votos conservadores, ignorando el impacto negativo que esto tiene en la construcción de una sociedad equitativa", señaló Rodríguez, enfatizando que la educación debe ser un espacio de respeto y diversidad.

Conclusión:
El uso de la ideología de género como tema electoral refleja la falta de compromiso de ciertos candidatos con una política basada en derechos e inclusión. Como señaló Diane Rodríguez, es urgente que las campañas se enfoquen en propuestas reales y no en discursos que perpetúan el odio y la discriminación. Solo así se podrá avanzar hacia una sociedad más justa y respetuosa de todas las diversidades.

La Penitenciaría del Litoral: el epicentro de la violencia carcelaria en Ecuador


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La Penitenciaría del Litoral se ha convertido en un preocupante fenómeno dentro del sistema carcelario ecuatoriano, concentrando la mayor cantidad de homicidios en los últimos años. Según Billy Navarrete, defensor de derechos humanos, desde 2018 hasta 2023, cerca de 680 personas han perdido la vida de forma violenta dentro de esta prisión, principalmente por el uso de armas de fuego. Este panorama refleja no solo la descomposición interna del sistema penitenciario, sino también la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de las personas privadas de libertad.

Navarrete destacó que la violencia en la Penitenciaría del Litoral no es un problema aislado, sino el resultado de años de abandono institucional, corrupción y la creciente influencia de bandas criminales dentro de los centros de reclusión. Este recinto carcelario, que debería funcionar como un espacio para la rehabilitación social, se ha transformado en un campo de batalla donde reina la impunidad. La cifra de homicidios es un reflejo alarmante de un sistema colapsado que requiere una intervención integral y urgente.

Conclusión:
La crisis en la Penitenciaría del Litoral es un llamado de atención sobre las fallas estructurales del sistema carcelario ecuatoriano. Como indica Billy Navarrete, mientras no se implementen reformas profundas que combinen seguridad, transparencia y rehabilitación, los centros penitenciarios seguirán siendo espacios de violencia extrema, lejos de cumplir con su verdadero propósito.

Candidatos priorizan emociones sobre propuestas en el debate presidencial

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Una vez más, el debate presidencial dejó en evidencia el desinterés de los candidatos por abordar las verdaderas necesidades de la población. Según Andrés Seminario, el enfoque estuvo centrado en un conflicto de personalidades, emociones y relaciones, dejando de lado las propuestas que realmente importan a los electores. Seminario cuestionó que el espacio, que debería ser una plataforma para presentar planes concretos y viables, se utilizara como un espectáculo mediático en el que primó el ego sobre las soluciones.

El analista subrayó que los candidatos se están olvidando de la ciudadanía, que busca respuestas claras frente a los problemas de inseguridad, salud, educación y empleo. En su lugar, el debate se convirtió en una competencia de retórica y ataques personales, dejando en segundo plano a los electores que merecen una visión clara de futuro y compromisos reales. Para Seminario, este enfoque erosiona aún más la confianza en los políticos y refuerza la desconexión entre la clase política y la ciudadanía.

Conclusión:
Andrés Seminario alerta sobre la urgencia de replantear el propósito de los debates presidenciales. Más allá de las emociones y los conflictos de personalidad, los candidatos deben priorizar a los electores, enfocándose en propuestas tangibles que respondan a las demandas sociales. De lo contrario, los debates seguirán siendo un espectáculo vacío, alejando aún más a los ciudadanos de la política.

El debate presidencial expone la falta de propuestas sólidas en seguridad y justicia

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El reciente debate presidencial dejó al descubierto una preocupante falta de propuestas concretas en temas de seguridad y justicia por parte de los candidatos. Según el penalista Pablo Encalada, muchas de las ideas planteadas, como la pena de muerte o el seguro para celulares, carecen de sustento técnico y son simples promesas populistas. Encalada señaló que estas propuestas no abordan las raíces del problema y, en cambio, apelan a emociones inmediatas de la ciudadanía sin resolver los desafíos estructurales del país.

El experto explicó que hablar de pena de muerte, por ejemplo, no solo es inviable debido a los tratados internacionales que prohíben esta práctica, sino que también representa un retroceso en términos de derechos humanos. Además, enfatizó que medidas represivas como el aumento de penas tampoco son efectivas, ya que la experiencia demuestra que estas acciones no logran reducir los índices de criminalidad. Encalada hizo un llamado a los candidatos a enfocarse en soluciones integrales que aborden las causas profundas de la violencia y la inseguridad, como la desigualdad social, el fortalecimiento del sistema judicial y la prevención del delito.

Conclusión:
El análisis de Pablo Encalada resalta la necesidad de replantear el enfoque hacia la seguridad y la justicia en el país. Las soluciones populistas no son el camino; es crucial que los futuros líderes presenten propuestas viables, basadas en evidencia, que fortalezcan las instituciones y aborden los problemas desde sus raíces, en lugar de optar por discursos que solo buscan captar votos a corto plazo.

Caroline Ávila Nieto: El debate confirma la inevitabilidad de la segunda vuelta

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Tras la realización del debate presidencial, la analista política Caroline Ávila Nieto afirmó que el resultado del evento solo confirma lo que ya era previsible: la necesidad de una segunda vuelta electoral en Ecuador. Ávila Nieto explicó que, aunque los candidatos presentaron sus propuestas y enfrentaron cuestionamientos, no hubo un ganador claro que lograra captar la mayoría absoluta de los votos. A su juicio, la fragmentación del electorado y la diversidad de opciones políticas aseguran que ninguno de los candidatos alcance los 50% de los votos necesarios para ganar en la primera vuelta.

La analista también destacó la falta de confrontación significativa entre los principales candidatos, lo que generó poco espacio para un debate profundo sobre las propuestas y el futuro del país. Según Ávila Nieto, este fenómeno refleja la polarización que atraviesa la política ecuatoriana y, en lugar de despejar dudas sobre el futuro presidente, solo ha dejado claro que el país se dirige a una contienda más reñida en la segunda vuelta, donde las diferencias ideológicas y estratégicas se definirán con mayor claridad.

**Conclusión**
El debate presidencial, lejos de dilucidar un vencedor definitivo, subraya la realidad de un sistema político ecuatoriano dividido y con un electorado que probablemente requerirá una segunda vuelta para decidir al próximo presidente. Con una votación dispersa y poco margen para sorpresas, la segunda vuelta parece inevitable y será crucial para determinar el rumbo del país.

Luisa González denuncia ataques y defiende la experiencia en el debate presidencial

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Al cierre del debate presidencial, la candidata Luisa González expresó su descontento con el tono del evento, afirmando que fue objeto de "mentiras y ataques" por parte de sus adversarios. En declaraciones a los medios, González resaltó la necesidad de abordar los problemas del país con seriedad y experiencia, cuestionando las propuestas que, a su juicio, reflejan improvisación en un momento crítico para Ecuador. Su postura destacó un llamado a la unidad y a la implementación de políticas claras que prioricen las necesidades de los más vulnerables.

La candidata insistió en que el país atraviesa una crisis económica y social que requiere liderazgo sólido y planificado, y no medidas de último minuto que podrían agravar la situación. En este sentido, reiteró su compromiso con propuestas basadas en una trayectoria política que, según ella, ofrecen soluciones integrales y viables frente a los retos actuales. González enfatizó que la estabilidad de Ecuador no puede depender de promesas vacías ni de estrategias desarticuladas.

**Conclusión**
Las declaraciones de Luisa González tras el debate reafirman la polarización en el escenario político ecuatoriano. Su denuncia de ataques y su defensa de la experiencia como pilar para gobernar reflejan las tensiones que marcan la contienda electoral. Para los votantes, el desafío será discernir entre discursos y propuestas concretas en medio de un clima de confrontación y desconfianza.

La estrategia de Daniel Noboa en el debate presidencial

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El reciente debate presidencial en Ecuador dejó interrogantes sobre la capacidad de los candidatos para enfrentar cuestionamientos clave. Según el experto en derecho constitucional Salim Zaidan, Daniel Noboa logró salir ileso de los ataques de sus contendientes, mostrando una postura cautelosa y calculada que evitó controversias directas. Sin embargo, un momento crítico surgió cuando el candidato Jorge Escala cuestionó a Noboa sobre la deuda del Grupo Noboa con el Servicio de Rentas Internas (SRI). La evasiva de Noboa al responder sobre este tema generó preocupación, ya que dejó sin aclarar un asunto de alto interés público.

La falta de confrontación sobre este punto específico y la habilidad de Noboa para desviar la atención de temas polémicos han alimentado el debate sobre la transparencia de su candidatura. Zaidan considera que este episodio refleja un problema mayor en la política ecuatoriana: la insuficiencia de espacios para un análisis profundo de los antecedentes y propuestas de quienes aspiran a liderar el país. La evasión de respuestas claras sobre temas sensibles pone en tela de juicio el verdadero compromiso de los candidatos con la rendición de cuentas.

**Conclusión**
El intercambio en el debate presidencial resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de escrutinio en la política ecuatoriana. Es esencial que los candidatos enfrenten con transparencia los cuestionamientos sobre su historial, permitiendo a los ciudadanos evaluar sus propuestas y ética. Sin esta claridad, el proceso democrático pierde su esencia de rendición de cuentas y representación real.

El debate: una estrategia favorable para Noboa

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El reciente debate presidencial en Ecuador ha suscitado críticas y preocupaciones sobre su diseño y propósito. Según el analista político David Chávez, el formato del debate parecía diseñado para beneficiar a Daniel Noboa, el candidato de centroderecha. Chávez destacó la ausencia de confrontación directa entre los postulantes, un aspecto fundamental para exponer ideas y contrastar propuestas en un escenario democrático. Además, señaló que las preguntas planteadas carecieron de profundidad crítica, lo que facilitó un desenvolvimiento favorable para Noboa y limitó la exposición de temas que podrían haber generado un verdadero intercambio de ideas.

Por otro lado, Chávez expresó su inquietud por el marcado giro hacia la derecha en la política y la sociedad ecuatorianas, reflejado no solo en el contenido del debate, sino también en el uso del anticorreísmo como estrategia política predominante. Esta tendencia, según el analista, representa un desafío significativo para la democracia del país, ya que polariza a la sociedad y reduce las posibilidades de un debate constructivo sobre problemas estructurales.

**Conclusión**
La percepción de un debate sesgado y una política cada vez más polarizada subraya la necesidad de repensar los formatos de estos eventos para garantizar la equidad y la pluralidad en el intercambio de ideas. En una democracia sana, es imperativo que los debates sirvan como espacios para el análisis crítico y la transparencia, en lugar de reforzar ventajas políticas preestablecidas o alimentar divisiones ideológicas.

Nunca más": El clamor por la justicia y la dignidad en Ecuador

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El dolor de unos padres que pierden a sus hijos en circunstancias trágicas e injustas es una herida que trasciende el ámbito personal para convertirse en un grito colectivo por justicia y humanidad. Estos jóvenes, apenas unos muchachitos, eran portadores de sueños y esperanzas, risas y anhelos, símbolos de un futuro prometedor para el Ecuador. Cada uno representaba no solo una vida llena de posibilidades, sino también el potencial de transformar su entorno y construir un país más justo, equitativo y lleno de oportunidades.

Sin embargo, esas promesas fueron brutalmente arrebatadas. Un sistema que muchas veces prioriza el abuso de poder, la indiferencia y la impunidad sobre la justicia y el respeto por la vida truncó sus historias. Sus nombres, ahora silenciados, nos obligan a reflexionar sobre las condiciones que permiten que estas tragedias sigan ocurriendo. Son un recordatorio de que, como sociedad, hemos fallado al permitir que la violencia y la injusticia prevalezcan sobre los derechos más básicos.

La exigencia de un cambio estructural y ético

Hoy, su ausencia se convierte en un llamado urgente a reconstruir el tejido social y político de Ecuador. La desaparición extrajudicial, una práctica que vulnera los derechos humanos más fundamentales, no puede seguir siendo una sombra que persiga a las familias ecuatorianas. El clamor de esos padres y de una sociedad que comparte su dolor exige justicia y acciones concretas para que ningún otro nombre se convierta en un símbolo de lo que pudo ser y no fue.

El momento de actuar es ahora. Como ciudadanos, es nuestro deber levantar la voz, exigir transparencia y demandar el fin de la impunidad. Esto implica una responsabilidad compartida al elegir a nuestros dignatarios, personas que verdaderamente representen los valores de justicia, empatía y humanidad. No podemos permitir que la indiferencia o el desinterés sigan siendo cómplices de tragedias evitables.

Decir "nunca más" a la desaparición extrajudicial no es solo un acto de protesta, sino un compromiso colectivo con la construcción de un país donde la vida de cada ciudadano sea respetada y protegida. Estos jóvenes merecen que su legado sea un catalizador para un cambio real. Solo así, sus nombres dejarán de ser un símbolo de pérdida para convertirse en estandartes de esperanza y transformación.

Es hora de enfrentar esta realidad con valentía, de exigir justicia y de trabajar por un Ecuador donde los sueños de sus jóvenes no sean apagados por la violencia, sino iluminados por las oportunidades y el respeto a sus derechos. Que su partida nos inspire a construir el futuro que ellos imaginaron, pero que nosotros aún podemos alcanzar.

Críticas ciudadanas: ¿campaña electoral con recursos públicos?

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La reciente entrega de cocinas de inducción por parte de la asambleísta Yadira Bayas, candidata a la reelección por la alianza ADN en Santo Domingo, ha desatado una ola de críticas ciudadanas y políticas. Bayas, quien participó en la distribución de estos electrodomésticos como parte de un programa nacional que contempla la entrega de 80.000 cocinas, ha sido señalada por diversos sectores de utilizar recursos públicos con fines proselitistas. Este caso reabre el debate sobre el uso ético de los bienes del Estado en el contexto de una campaña electoral, poniendo sobre la mesa la línea delgada entre gestión pública y propaganda política.

En un acto que generó amplio rechazo, Bayas justificó su participación como parte de su compromiso con la ciudadanía. Sin embargo, durante el evento, no perdió la oportunidad de criticar a otros políticos, señalando que "han hecho lo que les ha dado la gana". Esta declaración, lejos de apaciguar las críticas, ha generado aún más cuestionamientos, ya que algunos ven en estas palabras una contradicción evidente: mientras señala a otros por supuestos abusos, ella misma estaría aprovechándose de un programa gubernamental para fortalecer su imagen de cara a las elecciones.

La delgada línea entre gestión pública y campaña electoral

Diversos analistas y actores políticos han señalado que la entrega de bienes estatales en un período electoral es, cuanto menos, cuestionable. La percepción ciudadana no se ha hecho esperar, y en redes sociales abundan comentarios que califican estas acciones como una estrategia populista y oportunista. Organizaciones de la sociedad civil han solicitado a las autoridades electorales que investiguen el caso para determinar si se están violando las normativas que prohíben el uso de recursos públicos para beneficio personal o político.

Por su parte, Yadira Bayas se defiende argumentando que su participación en la entrega de cocinas forma parte de su labor como asambleísta y que estas acciones no tienen ninguna intencionalidad electoral. Sin embargo, la crítica pública apunta a que la coincidencia entre la entrega de estos bienes y su campaña para la reelección genera, al menos, un conflicto de intereses evidente.

El debate sobre el uso de recursos públicos en la política electoral no es nuevo en Ecuador, pero casos como el de Bayas evidencian la necesidad de establecer mecanismos más estrictos de control y sanción. La ciudadanía, que enfrenta diariamente problemas como la inseguridad y la crisis económica, exige transparencia y ética de quienes buscan representarlos en el Legislativo.

Con elecciones a la vuelta de la esquina, este episodio subraya una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto los candidatos están dispuestos a respetar las reglas del juego democrático? Las respuestas, en gran medida, definirán no solo el futuro de las elecciones, sino también la confianza de la ciudadanía en sus representantes. Mientras tanto, los ojos están puestos en el Consejo Nacional Electoral, que tendrá la tarea de garantizar que los principios democráticos prevalezcan en un escenario político cada vez más polarizado.

Daniel Noboa y sus "gatilleros": ¿un camino hacia el juicio político?

NOBODAS

En medio de un escenario político marcado por la incertidumbre y las tensiones, Daniel Noboa enfrenta críticas por parte de analistas y actores sociales que cuestionan sus decisiones y el manejo de su administración. Uno de los puntos más polémicos se centra en las acciones de quienes son señalados como sus "gatilleros políticos", es decir, sus aliados más cercanos en el Legislativo, quienes habrían actuado de manera que podría allanar el camino hacia un juicio político en su contra.

Mónica Luzuriaga, reconocida analista política, señaló en una reciente entrevista que el presidente Noboa estaría incumpliendo reglas básicas del ejercicio democrático al permitir, o incluso fomentar, que ciertos actores actúen sin el debido respaldo institucional. Luzuriaga enfatizó que participar en política activa sin pedir licencia formal es una violación a principios éticos y legales. “Esto no solo debilita la confianza en las instituciones, sino que compromete la legitimidad del Gobierno”, aseguró. Las declaraciones de Luzuriaga cobran fuerza en un momento donde el país debate sobre la legalidad y moralidad de las decisiones del Ejecutivo, lo que podría escalar en una crisis política de mayores proporciones.

Un liderazgo cuestionado y sus posibles consecuencias

Para los críticos, la falta de transparencia en la gestión de Noboa y las acciones de su entorno representan un riesgo para la estabilidad democrática. En este contexto, el juicio político aparece como una posibilidad real si las denuncias en su contra ganan terreno. Las actuaciones de sus cercanos han sido calificadas como “imprudentes” por parte de diversos sectores, y la opinión pública comienza a dividirse entre quienes apoyan al presidente y quienes ven en su gestión un potencial abuso de poder.

Este panorama plantea interrogantes cruciales sobre el futuro del país. ¿Podrá Daniel Noboa corregir el rumbo y evitar un conflicto político que desemboque en su destitución? O, por el contrario, ¿continuará con una estrategia que podría agravar aún más la crisis institucional? Las próximas semanas serán determinantes para definir si el gobierno de Noboa se consolida o si, como advierten algunos analistas, comienza su caída.

La batalla entre el Ejecutivo y el Legislativo, sumada a las tensiones sociales y económicas del país, coloca a Ecuador en un momento de alta sensibilidad política. Mientras tanto, la ciudadanía observa con atención, a la espera de un liderazgo que priorice el diálogo y la estabilidad.