December 2024
La posible destitución de Daniel Noboa por la desaparición forzada de cuatro menores en Guayaquil: Un análisis constitucional
28/12/24 11:22

El reciente caso de la desaparición forzada de cuatro menores en la ciudad de Guayaquil ha encendido una serie de debates políticos y jurídicos en Ecuador. A raíz de este hecho, algunos sectores políticos y sociales han señalado que el presidente Daniel Noboa podría enfrentar la destitución si la Asamblea Nacional aplica la ley de manera rigurosa. La Constitución de la República del Ecuador establece mecanismos claros para sancionar las violaciones graves a los derechos humanos, y algunos consideran que el Ejecutivo podría estar involucrado en la omisión de acciones frente a este crimen. La situación es grave y la posibilidad de destitución del mandatario está en discusión.
El caso que involucra la desaparición de los cuatro menores en Guayaquil ha estremecido al país. De acuerdo con diversas organizaciones de derechos humanos, la situación podría ser un caso de desaparición forzada, una violación gravísima que va en contra de los principios establecidos en la Constitución y los tratados internacionales que Ecuador ha ratificado. Este hecho ha provocado indignación, y la presión sobre el gobierno de Daniel Noboa ha aumentado, dado que se le acusa de no haber tomado medidas adecuadas para proteger a los menores ni para esclarecer el caso en el plazo más breve posible.
En este contexto, se ha abierto un debate sobre la responsabilidad del presidente Noboa y la posibilidad de que, en virtud de la Constitución, se proceda a su destitución. Según algunos analistas, la Constitución de Ecuador establece que el presidente puede ser destituido si se demuestra que ha cometido graves infracciones, como el incumplimiento de deberes o la participación en violaciones de derechos humanos. Si la Asamblea Nacional aplica la ley de manera rigurosa, se podrían abrir procedimientos para investigar al presidente en relación con este caso.
La disposición de la Constitución que podría aplicarse en este contexto es el artículo 130, que establece las causales de destitución del presidente de la República. Entre ellas se encuentran las faltas graves a la Constitución y la ley, que incluyen actos de corrupción, la no protección de los derechos fundamentales, y la omisión frente a violaciones graves de derechos humanos, como la desaparición forzada. De acuerdo con la interpretación de algunos expertos, la desaparición de los menores podría encuadrarse en esta categoría, lo que abriría la puerta para que la Asamblea Nacional, en el ejercicio de sus funciones de control político, inicie el procedimiento de destitución.
El presidente Noboa ha sido criticado por su gestión frente a este caso, ya que diversos sectores sostienen que el gobierno no ha actuado con la rapidez y eficiencia necesarias para garantizar la seguridad de los menores y esclarecer las circunstancias de su desaparición. A pesar de las protestas y denuncias de la sociedad civil, el mandatario no ha emitido una respuesta clara ni ha implementado las medidas adecuadas para dar con el paradero de los niños desaparecidos.
Reacciones y apoyo político:
El debate sobre la destitución de Daniel Noboa ha generado diversas reacciones en el ámbito político. Los sectores de la oposición han sido los más vehementes en demandar una investigación exhaustiva sobre la desaparición de los menores y en señalar al presidente como responsable de la falta de acción. La oposición sostiene que, al no haber tomado las medidas necesarias frente a este caso, Noboa habría cometido una grave omisión que justifica su destitución.
Por otro lado, miembros del oficialismo han defendido al presidente, señalando que aún es prematuro hablar de su destitución y que el gobierno está comprometido con esclarecer el caso de los menores desaparecidos. Además, algunos sostienen que la destitución del presidente debe estar basada en pruebas concretas y no en especulaciones políticas. "Estamos ante un caso grave, pero debemos esperar que la justicia haga su trabajo", indicó un legislador oficialista.
A pesar de las diferencias políticas, lo que es innegable es que el caso de la desaparición forzada de los menores ha puesto al gobierno de Daniel Noboa bajo un intenso escrutinio. La sociedad ecuatoriana está exigiendo justicia, y la presión sobre el gobierno para dar respuestas claras es cada vez mayor.
El rol de la Asamblea Nacional:
La Asamblea Nacional de Ecuador juega un papel fundamental en este proceso. Según la Constitución, la Asamblea tiene la facultad de destituir al presidente de la República si se demuestra que ha incurrido en faltas graves. Para que esto suceda, se requiere una investigación seria y objetiva que determine si la desaparición forzada de los menores está vinculada con una omisión o negligencia del Ejecutivo.
En este sentido, varios asambleístas han comenzado a exigir la apertura de una investigación a fondo sobre el caso. A través de mociones y peticiones formales, la oposición ha solicitado que la Asamblea se pronuncie sobre las responsabilidades del presidente en este caso. Algunos legisladores han afirmado que, si se comprueba que hubo una omisión o negligencia por parte de Noboa, deberían tomarse las medidas correspondientes, incluyendo la destitución.
Sin embargo, la Asamblea Nacional también enfrenta desafíos internos, con algunos legisladores de la coalición de gobierno mostrándose reticentes a un proceso de destitución. La división política podría dificultar la aplicación de la ley de manera equitativa, y algunos analistas advierten que el caso podría convertirse en un escenario de confrontación política más que en un proceso de justicia.
Conclusión:
El caso de la desaparición forzada de los cuatro menores en Guayaquil es un tema que ha puesto en evidencia no solo las deficiencias en la gestión de seguridad en el país, sino también el alcance de las instituciones políticas para exigir responsabilidades cuando se cometen violaciones graves de derechos humanos. En este contexto, la posible destitución del presidente Daniel Noboa es un tema que continúa generando debates intensos en la sociedad ecuatoriana.
La Asamblea Nacional tiene en sus manos la posibilidad de aplicar la ley como corresponde y abrir una investigación seria sobre las responsabilidades del gobierno en este caso. Si se demuestra que el presidente ha incurrido en una omisión grave, la Constitución establece claramente los mecanismos para su destitución. La sociedad ecuatoriana está vigilante, esperando respuestas y justicia para los menores desaparecidos.
Ana Herrera Gómez denuncia infracción política y amenazas durante juicio político contra Esteban Guarderas
28/12/24 11:20

La asambleísta Ana Herrera Gómez ha revelado que existe una denuncia en su contra ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por presunta infracción política, un hecho que ha generado revuelo en el ámbito político ecuatoriano. Durante una intervención pública, Herrera Gómez también denunció que los miembros de la Comisión de Fiscalización recibieron amenazas e intentos de soborno durante el tratamiento del juicio político contra Esteban Guarderas, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE). Estas graves acusaciones agravan aún más el clima de tensión que ha marcado este proceso político.
La denuncia presentada ante el TCE señala a Ana Herrera Gómez por una presunta infracción política, un procedimiento que en el contexto ecuatoriano podría resultar en sanciones que van desde la amonestación hasta la pérdida del mandato. Herrera Gómez, quien ha sido una de las voces más críticas del Consejo Nacional Electoral y sus actuaciones, aseguró que se trata de una maniobra para frenar su trabajo en la Asamblea Nacional. Según la asambleísta, la denuncia en su contra forma parte de una estrategia para intimidarla y presionarla en un contexto político altamente polarizado.
"Es lamentable que, en vez de centrarnos en los problemas que afectan a la ciudadanía, estemos enfrentando denuncias sin sustancia, que son un claro intento de desviar la atención de los temas importantes", declaró Ana Herrera Gómez. La legisladora afirmó que se trata de una persecución política que tiene como único objetivo silenciar su voz y frenar las investigaciones que ha impulsado en la Asamblea.
Este caso surge en el marco del juicio político contra Esteban Guarderas, quien fue acusado de incumplir sus funciones y de actos que podrían haber comprometido la transparencia y eficacia del CNE. Durante las sesiones de la Comisión de Fiscalización, donde se discutió el juicio, varios miembros de la comisión habrían recibido amenazas, presiones y hasta intentos de soborno por parte de actores políticos y allegados al propio Guarderas.
Uno de los miembros de la comisión que pidió el anonimato comentó que, en varias ocasiones, intentaron ofrecerle sobornos para alterar su voto y respaldar a Guarderas. "Es una situación grave. Nos sentimos intimidados. Recibimos amenazas directas y hasta intentos de soborno. Lo que se busca es que la verdad no salga a la luz", aseguró este miembro de la Comisión.
Ana Herrera Gómez fue una de las asambleístas que más se destacó durante el tratamiento del juicio político, siendo una de las principales impulsoras de la denuncia contra Guarderas. Según Herrera, las presiones externas buscaban influir en los miembros de la Comisión para que no se presentara la moción de juicio político y se archivara el caso. La asambleísta instó a las autoridades judiciales y del TCE a actuar con imparcialidad y a garantizar que se respete el derecho de los legisladores a ejercer sus funciones sin intimidaciones.
Reacciones y Respaldo Político:
El anuncio de Herrera Gómez sobre las amenazas y el soborno ha generado diversas reacciones en el espectro político. Los miembros de la bancada oficialista y de partidos aliados al Gobierno han manifestado su apoyo a la asambleísta, destacando la importancia de garantizar la independencia del trabajo legislativo. "Esto no es solo una denuncia personal, es un llamado a defender la autonomía de la Asamblea. No podemos permitir que el poder político o económico presione las decisiones de los representantes del pueblo", expresó un colega de Herrera Gómez.
Por otro lado, sectores opositores han aprovechado la ocasión para cuestionar la veracidad de las denuncias. Algunos miembros de la oposición sugirieron que se trata de una táctica para desviar la atención de la crisis interna que atraviesa la Asamblea y el CNE. "Es difícil creer que en un juicio político tan importante, tan lleno de pruebas y hechos comprobables, estemos hablando de conspiraciones y presiones externas", indicó uno de los opositores.
Sin embargo, varios analistas políticos han señalado que las acusaciones de amenazas y sobornos no son un tema menor, y que deben ser investigadas a fondo. "Este tipo de denuncias pone en entredicho la transparencia de los procesos legislativos. Si se confirma que hubo presiones, se trataría de un acto grave que afecta el sistema democrático del país", manifestó un experto en derecho constitucional.
Conclusión:
La situación que vive Ana Herrera Gómez no solo pone en evidencia las presiones políticas que enfrentan los legisladores en Ecuador, sino que también resalta las dificultades para llevar adelante juicios políticos y acciones de control sobre otros poderes del Estado. Las amenazas y los intentos de soborno denunciados durante el juicio político contra Esteban Guarderas son una muestra de cómo las maniobras de poder pueden empañar el proceso democrático y de fiscalización.
La denuncia presentada por la asambleísta ante el TCE, sumada a las amenazas y sobornos recibidos por miembros de la Comisión de Fiscalización, abre un nuevo capítulo en las tensiones políticas del país. Mientras tanto, la Asamblea Nacional y las autoridades pertinentes deberán garantizar que este proceso se lleve a cabo con la mayor transparencia posible, protegiendo los derechos de los legisladores y asegurando que los intereses del pueblo ecuatoriano prevalezcan por encima de cualquier presión externa.
Verónica Abad asegura que la Ley le otorga 30 días para presentarse en Turquía y responde a citación de la Asamblea
28/12/24 11:18

La vicepresidenta Verónica Abad se pronunció sobre su polémica obligación de viajar a Turquía, afirmando que la normativa legal le otorga un plazo de 30 días para cumplir con esta disposición. Además, reveló que ha sido citada por la Asamblea Nacional para comparecer en el marco de las denuncias realizadas por la jueza Nubia Vera contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.
En una declaración realizada esta mañana, Abad desestimó los señalamientos que insisten en que debería presentarse en Turquía antes de la medianoche del 27 de diciembre, como se había indicado en el Decreto 490. Según la vicepresidenta, la Ley es clara y establece un plazo de 30 días para cumplir con el requerimiento. Esta postura ha generado un nuevo debate sobre la interpretación del marco legal que rige esta situación.
Por otro lado, Abad confirmó que ha sido llamada a comparecer ante la Asamblea Nacional en el contexto de las graves acusaciones de la jueza Nubia Vera contra el titular del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Estas denuncias, que incluyen presuntas irregularidades administrativas y abuso de poder, han captado la atención del país, y la participación de la vicepresidenta en este proceso agrega una nueva capa de complejidad al caso.
Durante su intervención, Abad expresó: “Cumpliré con las disposiciones legales en todos los aspectos, tanto en lo relacionado con Turquía como con mi responsabilidad de acudir a la Asamblea”. Sin embargo, no precisó si solicitará una postergación de su viaje para priorizar su comparecencia legislativa.
La situación ha polarizado aún más el ambiente político. Mientras algunos consideran que la vicepresidenta está intentando ganar tiempo para evitar el cumplimiento inmediato de sus obligaciones, otros sostienen que su decisión de enfrentar primero las denuncias contra Godoy refleja un compromiso con la transparencia y la justicia.
Con estas declaraciones, Verónica Abad busca posicionarse como una figura que prioriza el cumplimiento de sus deberes institucionales, pero las críticas no han cesado. La disputa en torno al plazo para viajar a Turquía y su participación en las investigaciones de la Asamblea Nacional promete mantener la atención de la opinión pública en las próximas semanas. Este caso no solo pone a prueba la resistencia política de Abad, sino también la capacidad del Gobierno y la Asamblea para manejar conflictos de alta sensibilidad pública.
Verónica Abad enfrenta plazo crucial para presentarse en Turquía según el Decreto 490
28/12/24 11:14

El ministro de Gobierno, José de la Gasca, ha confirmado que Verónica Abad tiene como plazo límite la medianoche de este miércoles 27 de diciembre para presentarse en Turquía, cumpliendo con lo establecido en el Decreto 490. Durante una rueda de prensa, de la Gasca enfatizó la obligatoriedad de esta disposición y señaló que, en caso de incumplimiento, se analizarán las acciones correspondientes para determinar las medidas legales o administrativas que deban aplicarse.
La controversia gira en torno a las implicaciones del Decreto 490, que exige que Abad, quien ha estado en el centro de atención política recientemente, cumpla con su obligación de acudir a Turquía antes del vencimiento del plazo. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre el propósito de su traslado, el decreto ha generado amplias interpretaciones y especulaciones en los círculos políticos y mediáticos.
Durante la conferencia, de la Gasca no ofreció claridad sobre cuáles podrían ser las consecuencias exactas de un posible incumplimiento, pero afirmó: “Será analizado qué será lo que corresponde hacer”. Esta declaración sugiere que el Gobierno podría adoptar medidas firmes, aunque no se descartan alternativas conciliatorias dependiendo de las circunstancias.
La decisión ha provocado reacciones mixtas entre los actores políticos y la ciudadanía. Algunos interpretan el decreto como un acto de firmeza para asegurar el cumplimiento de las obligaciones gubernamentales, mientras que otros lo ven como una maniobra que podría tener implicaciones políticas de mayor alcance. Abad, por su parte, no ha emitido declaraciones públicas recientes, dejando en incertidumbre su posición frente a la exigencia del Gobierno.
Con el plazo acercándose rápidamente, la atención se centra en los próximos movimientos de Verónica Abad y las posibles respuestas del Gobierno. Este episodio subraya las tensiones dentro del panorama político actual y plantea interrogantes sobre el alcance y las repercusiones del Decreto 490. Mientras tanto, la opinión pública espera con interés el desenlace de este caso, que podría tener implicaciones significativas para el Gobierno y la gestión de conflictos políticos en el país.
Viviana Veloz interpone demanda contra decreto de recaudación tributaria
19/12/24 19:00

La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, presentó ante la Corte Constitucional del Ecuador una demanda de inconstitucionalidad contra el polémico Decreto Ley impulsado por el presidente Daniel Noboa, titulado “Decreto Ley para mejorar la recaudación tributaria.” Según Veloz, esta normativa, presentada como una medida para fortalecer la economía del país, representa en realidad un "paquetazo navideño" que golpeará directamente a la ya afectada clase media. La propuesta, que ha generado un amplio debate, incluye disposiciones que, según la legisladora, incrementan la presión fiscal sobre los ciudadanos sin ofrecer soluciones estructurales.
Veloz cuestionó la legalidad del decreto y afirmó que su implementación no solo es regresiva, sino que también carece de una adecuada discusión legislativa, violando los principios democráticos. "No podemos permitir que un decreto disfrazado de solución fiscal se convierta en una carga insostenible para las familias ecuatorianas", declaró la presidenta de la Asamblea al salir de la Corte Constitucional. La demanda busca detener la promulgación y aplicación de esta normativa, cuyo impacto económico podría agudizar la desigualdad en el país.
Conclusión:
La acción de Viviana Veloz subraya el compromiso de la Asamblea Nacional con la defensa de los intereses de la ciudadanía, en especial de la clase media, que históricamente ha cargado con el peso de las políticas fiscales regresivas. Este caso no solo pone a prueba la constitucionalidad del decreto, sino también el equilibrio de poderes y la capacidad del sistema judicial para proteger a los ciudadanos de medidas que podrían comprometer su bienestar económico. La Corte Constitucional ahora tiene la responsabilidad de decidir si esta normativa se alinea con los principios de equidad y justicia social consagrados en la Constitución.
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Contradicciones de Ivonne Núñez en el caso de Verónica Abad
19/12/24 18:59

La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, generó controversia al presentar su explicación sobre las sanciones por destitución establecidas en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP). Núñez detalló que estas sanciones pueden alcanzar hasta un máximo de dos años, según la norma, y que el artículo 86 de su Reglamento estipula que las faltas graves deben ser sancionadas únicamente tras un sumario administrativo. Sin embargo, durante su intervención, la ministra fue interrumpida por la jueza Nubia Vera, quien señaló aparentes contradicciones en su exposición.
A pesar del llamado de atención, Núñez retomó su explicación, pero la jueza Vera la interrumpió nuevamente, exigiendo que se limitara a los artículos y leyes aplicables al caso. En particular, se le pidió justificar la sanción de 150 días impuesta a la vicepresidenta Verónica Abad, decisión que ha generado debate sobre su procedencia y la adecuada aplicación de la normativa. La situación dejó en evidencia la falta de claridad en las declaraciones de la ministra, lo que alimenta las dudas sobre la legalidad de la medida.
Este episodio no solo resalta la necesidad de mayor precisión en las intervenciones públicas de los funcionarios, sino que también pone en tela de juicio la transparencia del proceso. La falta de argumentos claros podría influir en la percepción ciudadana sobre la justicia y la legitimidad de las decisiones tomadas en este caso.
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No permita que mi sufrimiento quede impune
19/12/24 18:58

La vicepresidenta Verónica Abad expresó su profunda indignación ante el presunto uso de recursos millonarios en publicidad por parte del presidente y candidato Daniel Noboa. Según Abad, estos fondos no solo se destinan a promocionar su campaña electoral, sino también a financiar granjas de cuentas troll en redes sociales y a mantener a periodistas a quienes calificó como "asalariados", dedicados a calumniarla de manera constante. La vicepresidenta señaló que estas acciones no solo afectan su imagen pública, sino también su integridad personal y la de su familia.
En un mensaje lleno de emotividad y dirigido a la jueza Nubia Vera, Abad hizo un llamado a la justicia: "De mujer a mujer, no permita que el autoritarismo quede impune." Además, resaltó las consecuencias emocionales y familiares que ha sufrido debido a lo que considera una campaña de desprestigio en su contra. “No permita que mi sufrimiento, el daño a mis hijos, las lágrimas de mis padres (…) sea en vano”, imploró, buscando sensibilizar a las autoridades judiciales y a la sociedad sobre el impacto de estas acciones.
Esta situación plantea un escenario preocupante sobre el uso de recursos públicos y la ética en la comunicación política, abriendo el debate sobre los límites de las campañas y el respeto a los derechos individuales. La respuesta judicial será determinante para establecer un precedente frente a estas acusaciones y su impacto en la esfera pública.
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El Congreso de los Diputados de España exige la libertad de Jorge Glas
19/12/24 18:57

El Congreso de los Diputados de España ha aprobado, por amplia mayoría, una resolución que exige al gobierno de Daniel Noboa poner fin a las torturas que está sufriendo el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas. El legislativo español también ha instado a Ecuador a garantizar el estatus de refugiado de Glas, cuyo derecho fue gravemente vulnerado tras el asalto a la Embajada de México en Quito. En su pronunciamiento, España mostró preocupación por la violación de los derechos humanos de Glas y pidió al gobierno de Noboa que respete los principios internacionales de protección de refugiados, una situación que ha sido objeto de un fuerte rechazo tanto en España como a nivel internacional. El caso ha desatado una ola de críticas que denuncian la creciente represión y la falta de justicia en Ecuador, especialmente ante la criminalización de los opositores políticos.
Este pronunciamiento no pasó desapercibido, y rápidamente se viralizó en redes sociales, con figuras como Rafael Correa expresando su agradecimiento a España por alzar la voz en defensa de la justicia. Correa señaló en un mensaje a través de X (anteriormente Twitter) que, debido a la inacción de la comunidad internacional, el presidente Noboa se jacta de haber violado leyes internacionales al asaltar una misión diplomática y secuestrar a un refugiado político. La denuncia ha tocado un punto sensible en la sociedad ecuatoriana, donde algunos periodistas y actores políticos, preocupados por la crisis de derechos humanos, han comenzado a cuestionar la estabilidad democrática del país. Para Correa, la complicidad de ciertos sectores en Ecuador con las acciones del gobierno de Noboa y su indiferencia ante el derecho internacional, está creando un peligroso precedente de impunidad que amenaza al Estado de derecho y la democracia en la nación.
Conclusión
El caso de Jorge Glas no solo ha puesto en evidencia la vulneración de derechos humanos en Ecuador, sino que también ha reflejado una creciente fractura entre la justicia internacional y el gobierno de Noboa. El respaldo del Congreso de los Diputados de España y las voces de condena de líderes políticos como Rafael Correa revelan una profunda preocupación por el rumbo de la política ecuatoriana. Ante la creciente ola de represión y violaciones de derechos humanos, es crucial que la comunidad internacional mantenga su presión sobre Ecuador para evitar que el país se convierta en un lugar donde la impunidad y la represión se conviertan en la norma. #LibertadParaJorgeGlas #LosCorruptosSiempreFueronEllos.
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Wilman Terán y el polémico ‘cartel de Carondelet’: Acusaciones y tensiones en juicio clave
14/12/24 21:15

En un giro inesperado dentro del juicio por el caso Independencia Judicial, Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, sacudió la sala al presentar un esquema que llamó el "cartel de Carondelet", acusando a Guillermo Lasso y Daniel Noboa de liderar una presunta estructura desde el poder ejecutivo. Terán, sentenciado por el caso Metástasis, afirmó que esta red habría influido en la independencia judicial, vinculando a altos funcionarios del gobierno. En un tenso momento del juicio, lanzó una carpeta contra el tribunal tras ser informado de que no podía ingresar nuevas pruebas. Luego, retomó su testimonio, pidiendo privacidad y dibujando un gráfico que dejó a la sala en shock.
La Fiscalía solicitó una condena de nueve años para Terán, sumando agravantes al delito de obstrucción de la justicia. Según el organismo, su comportamiento y acusaciones buscan desviar la atención de su propio caso. Terán, por su parte, asegura que intentan silenciarlo. El juicio no solo pone en tela de juicio la credibilidad de Terán, sino también lanza sombras sobre el pasado y presente de la política ecuatoriana, involucrando a figuras de alta relevancia.
**Conclusión**
El juicio contra Wilman Terán se ha convertido en un escenario de acusaciones explosivas que trascienden lo judicial y tocan fibras políticas sensibles. Mientras el tribunal evalúa las pruebas y testimonios, el país se enfrenta a preguntas inquietantes sobre la independencia judicial y las posibles redes de poder que operan tras bambalinas.
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Ana Galarza denuncia autoritarismo en la nueva ley recaudatoria de Noboa
14/12/24 21:11

La asambleísta Ana Galarza calificó de autoritaria y dictatorial la reciente ley recaudatoria enviada por el presidente Daniel Noboa al Registro Oficial, sin contar con el debido debate ni respeto por los principios constitucionales. Galarza expresó que esta medida es una muestra más del irrespeto a las instituciones democráticas y de una política impositiva que golpea directamente a los ciudadanos. "La adornan con el combate al lavado de activos, pero esa no es la verdadera intención", afirmó Galarza, denunciando que el gobierno utiliza pretextos para justificar una ley que, en el fondo, persigue aumentar la carga tributaria sin transparencia ni consenso social.
La polémica ley, enviada bajo el argumento de fortalecer el control sobre flujos financieros ilícitos, es vista por críticos como una estrategia para ocultar medidas recaudatorias que afectarán gravemente la economía de las familias ecuatorianas. Galarza alertó que, al aprobarse de esta forma, no solo se viola el marco constitucional, sino que también se sienta un peligroso precedente de gobernar a espaldas del pueblo. La imposición de estas normas, sin diálogo ni análisis profundo, refuerza el discurso de quienes acusan al presidente Noboa de centralizar el poder y debilitar los principios democráticos del Ecuador.
Conclusión
La aprobación de esta ley recaudatoria abre un debate sobre la legitimidad de las acciones del gobierno de Daniel Noboa y su compromiso con la democracia. Como lo enfatiza Ana Galarza, gobernar sin respeto por la Constitución y bajo medidas impuestas genera desconfianza y afecta la estabilidad institucional del país. La ciudadanía espera transparencia y un enfoque inclusivo que priorice el bienestar colectivo sobre intereses impositivos.
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Viviana Veloz: Un llamado urgente por el pueblo ecuatoriano
14/12/24 21:10

La asambleísta Viviana Veloz alzó su voz con indignación ante el incremento del IVA y la creciente carga tributaria que afecta a las familias ecuatorianas, mientras el país enfrenta una crisis humanitaria. En su intervención, Veloz cuestionó con vehemencia: "¿Hasta cuándo le van a cargar más tributos a la gente? ¡Tengan piedad!". Señaló que el pueblo sufre las consecuencias de una administración indiferente, con ciudadanos que enfrentan hambre, desabastecimiento de medicinas y el abandono en áreas críticas como la salud. Además, denunció que las dializadoras no reciben sus pagos, dejando a pacientes renales en el abandono, y que SOLCA, pilar en el tratamiento oncológico, enfrenta retrasos en los recursos que garantizan la atención a personas con cáncer.
La realidad expuesta por Veloz refleja una desconexión entre las políticas fiscales del gobierno y las necesidades más urgentes de la ciudadanía. Mientras se incrementan los impuestos, las condiciones básicas de vida se deterioran a niveles alarmantes. La falta de medicinas y la desatención en servicios esenciales, como los tratamientos para enfermedades catastróficas, evidencian una administración que prioriza la recaudación sobre el bienestar del pueblo. La asambleísta enfatizó que las medidas actuales agravan la precariedad de las familias más vulnerables, creando una crisis que podría convertirse en una bomba social si no se toman acciones inmediatas.
Conclusión
El llamado de Viviana Veloz es un recordatorio de que las políticas públicas deben priorizar la vida y la dignidad de las personas por encima de las metas tributarias. Incrementar impuestos mientras se desatienden necesidades básicas no solo es inhumano, sino que también profundiza las desigualdades y la desesperación social. El gobierno debe escuchar estas demandas y garantizar que los recursos lleguen a donde más se necesitan: a salvar vidas y dignificar al pueblo ecuatoriano.
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Los Contratos de Progen y la Falta de Transparencia: Una Alarma Nacional
14/12/24 21:09

Los cuestionamientos sobre los contratos otorgados a Progen han encendido las alarmas en Ecuador, destacando la falta de transparencia en la gestión gubernamental. Este caso no solo genera preocupación, sino también temor por la aparente ligereza con la que se están manejando proyectos de alta prioridad. El periodista y político Jimmy Jairala señaló con vehemencia que esta situación refleja los constantes errores de las autoridades, dejando a los ecuatorianos en una incertidumbre que se profundiza con los apagones y la falta de soluciones concretas a los problemas energéticos del país. ¿Qué otros proyectos esenciales han sido tratados con similar desidia? Esta pregunta, planteada por Jairala, evidencia la creciente desconfianza hacia un gobierno que parece improvisar en temas críticos.
La crisis energética que vive el Ecuador es un claro ejemplo de la falta de planificación y eficiencia. Los constantes cortes de luz, sumados a la falta de información clara sobre los avances en proyectos eléctricos, agravan el malestar ciudadano. La polémica sobre Progen resalta cómo las prioridades del país no están siendo abordadas con la responsabilidad que merecen, lo que genera dudas sobre la capacidad de la administración actual para liderar en momentos de crisis. Jairala insiste en que la transparencia debe ser el eje central de toda gestión pública para evitar que los errores se repitan y para devolver la confianza a los ciudadanos.
Conclusión
La falta de transparencia en casos como los contratos de PROGEN refleja un problema estructural en la gestión del gobierno ecuatoriano, que debe ser corregido con urgencia. Es imperativo que las autoridades den respuestas claras y adopten medidas firmes para garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera responsable. Como enfatizó Jairala, el pueblo ecuatoriano no puede seguir pagando las consecuencias de la improvisación y la mala administración en áreas clave para el desarrollo nacional.
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Presión sobre la Corte Constitucional por Ley Antipillos
12/12/24 20:54

La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, expresó su desconfianza hacia la Corte Constitucional, acusándola de haberse sometido al poder político en múltiples ocasiones. En el contexto del polémico Decreto-Ley conocido como Ley Antipillos, Veloz aseguró que el país espera que el máximo órgano constitucional actúe con imparcialidad y respeto a lo establecido en la Constitución. Según la legisladora, la Asamblea no permitirá que una normativa con posibles vicios de inconstitucionalidad siga su curso sin ser cuestionada.
Como medida inmediata, Veloz anunció que presentarán una demanda de inconstitucionalidad junto con una solicitud de suspensión provisional del Decreto-Ley. La presidenta insistió en que este paso es esencial para salvaguardar el estado de derecho y garantizar que las leyes se enmarquen en los principios constitucionales, evitando cualquier abuso de poder o arbitrariedad. La Asamblea espera una respuesta clara y alineada con la justicia por parte de la Corte.
Conclusión
El debate en torno a la Ley Antipillos pone nuevamente en el centro de atención la actuación de la Corte Constitucional. Este proceso será clave para definir si prevalecerá el respeto a la Constitución o si continuarán las denuncias sobre influencias políticas en las decisiones judiciales. La respuesta de la Corte no solo marcará el destino del Decreto-Ley, sino también la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
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Juicio político: incertidumbre sobre comparecencia de Andrea Arrobo
12/12/24 20:52

La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, informó que hasta el momento no se ha confirmado la participación de la exministra de Energía, Andrea Arrobo, en el juicio político programado para mañana. Según Veloz, se ha contemplado la posibilidad de una comparecencia virtual, pero esto dependerá de que Arrobo oficialice su decisión y esté dispuesta a presentar las pruebas que afirma poseer. La ausencia de confirmación ha generado expectativas sobre el desarrollo del proceso y el impacto de los posibles aportes de Arrobo al debate legislativo.
Veloz subrayó la importancia de la comparecencia de la exministra, dado que las pruebas que menciona podrían ser determinantes para esclarecer los temas en discusión en el juicio político. Además, destacó que la Asamblea está comprometida con garantizar un proceso transparente y justo, en el que se prioricen los intereses del país y la búsqueda de la verdad. Sin embargo, la incertidumbre sobre la participación de Arrobo añade tensión a un proceso ya de por sí delicado.
Conclusión
La falta de confirmación de Andrea Arrobo sobre su participación en el juicio político pone en duda la presentación de pruebas clave para el proceso. Este hecho subraya la necesidad de compromisos claros en los procedimientos legislativos, mientras la Asamblea enfrenta el desafío de conducir un juicio con la mayor transparencia posible.
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Ministra de Trabajo explica sanción de 150 días para la vicepresidenta Verónica Abad
12/12/24 20:50

La Ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, justificó la suspensión administrativa de 150 días aplicada a la vicepresidenta Verónica Abad, señalando que la medida se basa en lo estipulado por la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep). Según Núñez, esta normativa permite sanciones de hasta 24 meses en casos graves, y en este caso particular se determinó aplicar el 20.55% de ese máximo, lo que corresponde a los 150 días establecidos. La decisión ha generado controversia en diversos sectores políticos y sociales, cuestionando la proporcionalidad y motivación de la medida.
La ministra destacó que esta acción busca garantizar el cumplimiento de los principios de responsabilidad y ética en el ejercicio de los cargos públicos. Asimismo, insistió en que el procedimiento fue llevado a cabo respetando el debido proceso, descartando cualquier intencionalidad política. Sin embargo, esta sanción ha despertado inquietudes sobre su impacto en la gobernabilidad y la estabilidad institucional en el contexto político actual.
Conclusión
La suspensión de Verónica Abad marca un precedente en la aplicación de sanciones administrativas a altos funcionarios del Estado. Este caso pone sobre la mesa la importancia de garantizar transparencia y equidad en los procesos disciplinarios, mientras la ciudadanía observa con atención el desenlace de esta polémica y sus implicaciones para el Gobierno.
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Chats reveladores exponen complicidad en el sistema político y judicial
12/12/24 20:49

En un contundente video publicado en su cuenta de X, Mónica Palacios, asambleísta por la Revolución Ciudadana, denunció una red de persecución política encabezada por Fernando Villavicencio, en colusión con la fiscal Diana Salazar. Según Palacios, los recientes chats expuestos evidencian cómo se utilizó el aparato político, judicial y mediático para acallar y perseguir a adversarios políticos, comprometiendo gravemente los principios democráticos del país. Estas revelaciones han encendido un llamado urgente por verdad y justicia, exigiendo una revisión profunda de las estructuras de poder que permitieron estos abusos.
Palacios anunció además que, en busca de respuestas, se presentará una *notitia criminis* ante la Fiscalía. Este paso busca promover una investigación rigurosa que desentrañe los actos de corrupción y persecución que han deteriorado la democracia ecuatoriana. “¡Es hora de poner fin a la impunidad!”, enfatizó, subrayando la necesidad de enfrentar este desafío para restaurar la confianza ciudadana en las instituciones del país.
Conclusión
El Ecuador atraviesa un momento crítico en su lucha contra la corrupción y el abuso de poder. La denuncia liderada por Mónica Palacios no solo busca justicia, sino también recuperar el equilibrio democrático y asegurar que quienes han manipulado las instituciones para fines personales rindan cuentas ante la ley. Es el momento de actuar con firmeza para garantizar un futuro de transparencia y equidad.
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Valentina Centeno asegura que se demostraron los nexos entre el correísmo y la exministra Arrobo
05/12/24 09:30

La jefa de bancada de ADN, Valentina Centeno, aseguró que durante la sesión de hoy quedaron demostrados los supuestos nexos entre la exministra Andrea Arrobo y el correísmo, una acusación que ha levantado controversia en el ámbito político ecuatoriano. Centeno, en su intervención, destacó que el juicio político debe continuar con base en pruebas contundentes y que la exfuncionaria tiene la responsabilidad de probar las amenazas que ha denunciado, tanto en su contra como contra su familia. "El papel aguanta todo", subrayó Centeno, sugiriendo que las denuncias deben ser corroboradas con evidencia sólida para que tengan credibilidad ante la Asamblea Nacional.
Además, la legisladora recalcó la importancia de que se presenten pruebas verificables sobre las amenazas recibidas por la exministra. En su opinión, las acusaciones no deben quedar solo en palabras y es necesario que la exfuncionaria demuestre fehacientemente los hechos de violencia que denuncia. El proceso, según Centeno, debe ser llevado con transparencia y sin obstrucciones, garantizando que se haga justicia sin importar los intereses políticos en juego. La jefa de bancada de ADN insistió en que la Asamblea debe mantener su rol fiscalizador y de control, para que no queden impunes presuntas irregularidades.
**Conclusión**
Las declaraciones de Valentina Centeno reavivan el debate sobre la veracidad de las acusaciones de la exministra Arrobo y la necesidad de una investigación profunda y objetiva. La Asamblea Nacional enfrenta un momento crucial, donde las pruebas y la transparencia jugarán un papel fundamental en el desarrollo del juicio político. Mientras los nexos políticos continúan siendo un tema de discusión, será esencial que se resuelvan las acusaciones de manera justa, sin que los intereses partidistas empañen la búsqueda de la verdad. La situación refleja la compleja intersección entre política, justicia y seguridad en Ecuador.
Gisse Garzón critica la suspensión del juicio político contra exfuncionaria
05/12/24 09:29

La asambleísta Gisse Garzón manifestó su rechazo ante la decisión de suspender el punto del juicio político contra la exfuncionaria del Gobierno. En sus declaraciones, Garzón subrayó que la sesión debería haberse continuado, aunque sea en reserva, para permitir la lectura de las notas de descargo de la exministra. La legisladora enfatizó que el proceso no debía interrumpirse, ya que las amenazas recibidas por menores de edad y personas de la tercera edad, como lo denunció la exfuncionaria, merecen una respuesta inmediata y una investigación profunda. “No debía suspenderse el juicio político; las amenazas deben ser abordadas con seriedad y el proceso debe continuar”, afirmó Garzón.
Garzón también recordó que la Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de tratar estos casos con la debida diligencia, asegurando tanto el respeto al debido proceso como la protección de los ciudadanos afectados. La decisión de suspender la sesión generó incertidumbre y críticas de varios sectores, que consideran que el juicio político es un mecanismo fundamental para garantizar la rendición de cuentas y el respeto a los derechos fundamentales, especialmente cuando existen acusaciones graves que deben ser esclarecidas.
**Conclusión**
La suspensión del juicio político ha puesto en evidencia la complejidad de los procesos legislativos en un contexto de presiones sociales y políticas. Gisse Garzón ha planteado un argumento importante sobre la necesidad de continuar con los procedimientos, a fin de que las amenazas y las posibles irregularidades sean investigadas de manera transparente. La situación resalta la necesidad de mantener la integridad del sistema de justicia y la rendición de cuentas, aún cuando se enfrenten dificultades o intereses encontrados.
Vicepresidenta Verónica Abad denuncia patrones de violencia institucional
05/12/24 09:28

La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, expresó su preocupación ante lo que calificó como un patrón de violencia institucional reflejado en la carta de la exministra Arrobo. Durante un pronunciamiento público, Abad criticó la falta de apertura y transparencia en las instituciones del Estado, subrayando la importancia de que las autoridades respondan a cuestionamientos sobre temas clave como la adquisición de barcazas y los procesos de licitación del Ministerio de Energía. “Es lamentable leer la carta de la exministra Arrobo; ahí justamente se mira el patrón que yo he denunciado”, afirmó la vicepresidenta, poniendo énfasis en que exigir rendición de cuentas no debería ser considerado una acción peligrosa ni indebida.
La funcionaria defendió su postura al indicar que es su deber fiscalizar y solicitar informes claros sobre las decisiones de las entidades gubernamentales. En este sentido, rechazó cualquier intento de descalificación o estigmatización hacia quienes buscan esclarecer irregularidades, calificando estas actitudes como parte de una cultura de violencia institucional que socava la democracia y la confianza ciudadana. Abad instó al Gobierno y sus ministerios a priorizar la transparencia y a responder con responsabilidad a las inquietudes planteadas por las autoridades y la ciudadanía.
**Conclusión**
Las declaraciones de Verónica Abad revelan una creciente tensión en torno a la transparencia en el manejo de recursos públicos. Si bien la vicepresidenta insiste en la necesidad de rendición de cuentas, el desafío radica en superar las dinámicas de confrontación que dificultan el fortalecimiento de la institucionalidad en Ecuador. La apertura al diálogo y la claridad en las respuestas serán esenciales para resolver estas diferencias.
La Asamblea Nacional advierte al Ejecutivo sobre la publicación de la ley “antipillos”
05/12/24 09:23

La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, anunció que el Legislativo está preparado para activar todos los recursos legales disponibles ante la Corte Constitucional, en caso de que el Ejecutivo insista en promulgar la ley urgente denominada “antipillos”. Esta iniciativa fue previamente negada y archivada por la Asamblea, al considerar que no cumplía con los requisitos técnicos y jurídicos para su aprobación, además de generar preocupación sobre posibles violaciones a derechos constitucionales. La advertencia responde a declaraciones recientes del Ejecutivo que sugieren una eventual publicación del proyecto, a pesar del rechazo legislativo.
La Asamblea sostiene que cualquier intento de promulgar una ley archivada sería una clara transgresión de la normativa vigente y un atentado contra el equilibrio de poderes. En este sentido, Viviana Veloz reafirmó que la función Legislativa no permitirá que se vulneren sus competencias y actuará de manera enérgica en defensa del marco constitucional. Asimismo, instó al Ejecutivo a respetar el debido proceso y las decisiones democráticas del Parlamento, subrayando que la democracia requiere cooperación, no imposición.
**Conclusión**
La tensión entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional sigue en aumento, evidenciando un desafío en el diálogo entre las funciones del Estado. Mientras el Legislativo se prepara para una posible disputa constitucional, el Ejecutivo debe considerar los riesgos de una confrontación prolongada que podría debilitar la institucionalidad y la confianza ciudadana en el sistema democrático.