Tribunal de Iñaquito Rechaza Acción de Protección de Vicepresidenta Abad Contra Decretos de Noboa: La Pugna por el Encargo Presidencial
30/01/25 00:29

Quito, Ecuador — El Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito resolvió este martes rechazar la acción de protección interpuesta por la vicepresidenta Verónica Abad en contra del presidente Daniel Noboa, tras la firma de cinco decretos ejecutivos que transfirieron temporalmente las funciones de la Vicepresidencia a la abogada Cynthia Viteri Gellibert y limitaron las posibilidades de Abad de asumir el cargo presidencial en caso de ausencia del mandatario. Los magistrados declararon el recurso "improcedente", argumentando falta de sustento jurídico para avalar la demanda. La defensa de Abad anunció de inmediato una apelación, intensificando una batalla legal que refleja las tensiones políticas en el gobierno de Noboa.
Contexto: Los Decretos y la Disputa de Poder
La controversia se remonta a mayo de 2024, cuando el presidente Noboa, líder del partido Acción Democrática Nacional (ADN), emitió cinco decretos que redistribuían competencias clave de la Vicepresidencia. Entre ellos, destacó el nombramiento de Cynthia Viteri Gellibert —exalcaldesa de Guayaquil y figura cercana a Noboa— como responsable de áreas estratégicas como relaciones internacionales y programas sociales, roles tradicionalmente asociados al despacho vicepresidencial. Además, los documentos incluían cláusulas que, según Abad, buscaban evitar que ella asumiera la Presidencia en caso de que Noboa dejara el cargo.
Abad, electa en la misma fórmula electoral que Noboa en 2023 pero distanciada públicamente desde entonces, calificó los decretos como un "intento ilegítimo de vaciar sus funciones constitucionales". En su demanda, alegó violación a los artículos 144 y 147 de la Constitución, que establecen las atribuciones del vicepresidente y el proceso de sucesión presidencial. Sin embargo, el tribunal determinó que los decretos se enmarcaban en las facultades administrativas del presidente para delegar tareas, sin alterar la línea sucesoria.
La Decisión del Tribunal: ¿Por Qué se Declaró Improcedente?
En una sentencia unánime, los tres magistrados del tribunal argumentaron que la acción de protección —mecanismo legal para amparar derechos constitucionales— no era la vía adecuada para resolver este conflicto. "No se evidencia una vulneración directa e inmediata de los derechos de la señora Abad, ya que los decretos no la destituyen ni modifican su estatus constitucional como vicepresidenta", señaló el fallo. Además, el tribunal subrayó que las disputas sobre competencias entre funciones del Estado deben tratarse en otras instancias, como la Corte Constitucional.
Fuentes cercanas al caso sugieren que la decisión también consideró el carácter temporal de los decretos, vinculados a un "período de reorganización administrativa" según la justificación del Ejecutivo. No obstante, críticos denuncian que la medida consolida un patrón de marginación hacia Abad, quien ha sido excluida de reuniones de gabinete y despojada de su equipo de asesores desde enero.
Reacciones y Apelación
La defensa de Abad, liderada por el jurista Carlos Molina, tachó el fallo de "políticamente motivado" y anunció una apelación ante la Corte Provincial de Pichincha. "Este tribunal ignoró pruebas clave que demuestran cómo los decretos socavan la autoridad de la vicepresidenta. Confiamos en que la próxima instancia rectificará este error", afirmó Molina en rueda de prensa.
Desde el Palacio de Carondelet, el gobierno defendió la legalidad de los decretos. "El presidente tiene la facultad de designar colaboradores para optimizar la gestión pública. Esto no afecta la estructura del Estado", declaró el ministro de Gobierno, Juan Zapata. Por su parte, Cynthia Viteri Gellibert evitó comentarios, limitándose a afirmar que "trabaja en coordinación con el presidente para cumplir sus asignaciones".
Análisis Legal y Político: ¿Qué Sigue?
Expertos constitucionalistas consultados por este medio coinciden en que el caso plantea interrogantes sobre los límites del poder ejecutivo. "La Constitución permite al presidente delegar funciones, pero no puede omitir al vicepresidente sin una causal previa, como una ausencia definitiva", explicó la abogada Diana Salazar, exfiscal general. Otros, como el académico Santiago Basabe, ven en la pugna un síntoma de la frágil coalición gobernante: "Noboa y Abad representan alas opuestas dentro de su movimiento. Esto es una lucha por el control ante posibles escenarios de crisis".
El conflicto ocurre en un contexto de creciente inestabilidad en Ecuador, marcado por protestas sociales y un reciente incremento en índices de violencia. Para Abad, figura populista con base en sectores rurales, el respaldo judicial podría reforzar su posición ante eventuales elecciones; para Noboa, neutralizar su influencia parece clave para avanzar en reformas económicas.
Próximos Pasos
La apelación ingresará a la Corte Provincial en los próximos días, con posibilidad de escalar hasta la Corte Constitucional si se alegan violaciones a derechos fundamentales. Mientras, Abad mantiene su cargo, pero sin acceso a decisiones ejecutivas. Analistas advierten que, si los decretos se mantienen, se sentaría un precedente riesgoso: "Un presidente podría evitar la sucesión vicepresidencial mediante delegaciones, debilitando el sistema de contrapesos", alertó Salazar.
Lo cierto es que, más allá del desenlace legal, esta batalla judicial evidencia la profundización de grietas en el liderazgo de Noboa, quien, con un 58% de aprobación según encuestas recientes, enfrenta ahora un desafío inesperado desde el corazón de su propio gobierno.
¡GOLPE A LA CONSTITUCIÓN! VERÓNICA ABAD IMPUGNA DESIGNACIÓN DE GELLIBERT
30/01/25 00:23

La vicepresidenta Verónica Abad llegó al Complejo Judicial Norte para participar en una audiencia clave relacionada con su acción de protección contra tres decretos emitidos por el presidente Daniel Noboa. La acción busca impugnar las decisiones del mandatario que, según Abad, afectan directamente su función y la estructura del gobierno, vulnerando su derecho a ejercer el cargo en condiciones de plena autonomía. La audiencia, que se celebra en medio de un clima político tenso, podría tener repercusiones significativas en la relación entre la vicepresidencia y el Ejecutivo, además de marcar un precedente legal en la interpretación de las atribuciones del presidente y el vicepresidente en el marco de la Constitución.
Abad ha expresado en varias ocasiones que los decretos emitidos por Noboa han interferido en sus responsabilidades, lo que ha generado un conflicto interno en el gobierno. La resolución de la corte podría no solo esclarecer las competencias del vicepresidente en el ámbito político y administrativo, sino también influir en futuras disputas entre los diferentes poderes del Estado. En este contexto, la audiencia representa un momento crucial para la estabilidad política del país, ya que se examinan los límites de los decretos presidenciales y el respeto a la autonomía de los funcionarios de alto nivel.
Conclusión:
La acción de protección presentada por Verónica Abad ante la corte será un hito en la historia política de Ecuador, ya que la resolución podría redefinir las dinámicas de poder dentro del gobierno y sentar un precedente sobre la independencia de los altos funcionarios. En un contexto de tensión política, la audiencia no solo involucra a los actores directamente involucrados, sino que también tendrá implicaciones en la percepción pública sobre la gobernabilidad y el respeto a los derechos constitucionales.
¡EL ESTADO DE DERECHO ESTÁ MUERTO! ADVIERTE ALEJANDRA RIVAS
30/01/25 00:22

La crisis institucional en Ecuador ha llegado a un punto alarmante, donde el Estado de derecho se encuentra completamente vulnerado, según la candidata vicepresidencial por Izquierda Democrática, Alejandra Rivas. La falta de independencia en las instituciones, el abuso del poder y la manipulación de la justicia han deteriorado la democracia, dejando a los ciudadanos sin garantías reales de protección y equidad. Frente a esta realidad, Rivas hace un llamado urgente a los ecuatorianos para que reflexionen sobre su voto y no caigan en la trampa de elegir “al menos malo”, sino que exijan líderes con principios y compromiso real con el país.
Para la candidata, resignarse a opciones políticas deficientes solo perpetúa la crisis, permitiendo que el poder siga en manos de quienes han contribuido al debilitamiento del Estado. Rivas insiste en que los ecuatorianos deben analizar cada propuesta y elegir con criterio, priorizando candidatos que garanticen la recuperación de la institucionalidad y el respeto a la ley. La lucha por un Ecuador con justicia y democracia sólida empieza en las urnas, y el voto consciente es la única herramienta efectiva para cambiar el rumbo del país.
Conclusión:
La fragilidad del Estado de derecho en Ecuador exige una ciudadanía crítica y comprometida con el futuro del país. Elegir gobernantes no debe ser un acto de resignación, sino de responsabilidad. Solo con un voto informado y exigente se podrá romper el ciclo de corrupción y debilitamiento institucional que hoy afecta a la nación.
¡NUEVAS CÁRCELES NO SON LA SOLUCIÓN! EL ESTADO SIGUE AUSENTE
30/01/25 00:21

La crisis penitenciaria en Ecuador ha llevado al gobierno a anunciar la construcción de nuevas cárceles como una aparente solución a la violencia dentro de los centros de reclusión. Sin embargo, la especialista en inteligencia y seguridad, Lorena Piedra, cuestiona la efectividad de esta medida. Según Piedra, más que nuevas estructuras, lo que realmente se necesita es que el Estado ejerza un control efectivo dentro de los centros penitenciarios. La falta de presencia estatal ha permitido que las cárceles sean dominadas por el crimen organizado, convirtiéndolas en centros de operaciones para mafias y grupos delincuenciales.
Para Piedra, la construcción de más cárceles sin un verdadero plan de intervención solo trasladará el problema sin resolverlo. La clave está en garantizar que el Estado retome el control, con una administración eficiente, tecnología de vigilancia avanzada y personal capacitado para evitar que los reos sigan operando desde el interior. Sin una estrategia de seguridad integral, las nuevas cárceles podrían convertirse en simples bodegas humanas, sin cambiar las condiciones que generan el caos y la violencia en el sistema penitenciario.
Conclusión:
Construir más cárceles no resolverá la crisis si el Estado sigue ausente en su control. La verdadera solución pasa por garantizar que el sistema penitenciario funcione bajo un modelo de seguridad real, donde el crimen organizado no tenga el dominio y el Estado imponga el orden con autoridad y planificación efectiva. Sin ello, Ecuador seguirá en un círculo vicioso de violencia carcelaria.
¡DICTADURA ENCUBIERTA! EL EJECUTIVO CONTROLA TODOS LOS PODERES
30/01/25 00:20

La independencia de poderes en Ecuador se ha visto gravemente deteriorada, convirtiéndose en una de las principales preocupaciones de analistas y ciudadanos. Enrique Gómez señala que, mientras antes se hablaba de un equilibrio entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, hoy el panorama es diferente: el gobierno de turno interviene en ambas funciones estatales, ejerciendo presión e incluso utilizando el miedo como herramienta de control. La injerencia del Ejecutivo en estas instancias no solo erosiona la democracia, sino que también impide el correcto funcionamiento de las instituciones, debilitando la confianza de la ciudadanía en el sistema.
Gómez advierte que esta realidad no puede ser ignorada ni disfrazada, ya que aceptar la manipulación del poder como algo normal lleva al país a un terreno peligroso. La democracia ecuatoriana está en riesgo cuando el gobierno interfiere en la creación de leyes y en la administración de justicia para favorecer sus propios intereses. La falta de separación de poderes abre la puerta a la persecución política y al abuso de autoridad, limitando el derecho de los ciudadanos a un Estado justo y equitativo.
Conclusión:
La consolidación del poder en manos del Ejecutivo representa una amenaza directa a la democracia ecuatoriana. Si la independencia de los poderes del Estado se diluye, el país se encamina hacia un modelo autoritario donde las decisiones no responden al bien común, sino a los intereses del gobernante de turno. Es urgente que la ciudadanía y las instituciones defiendan el equilibrio democrático para evitar que el país caiga en un régimen de control absoluto.