La política como negocio y la omisión del CNE en casos de corrupción electoral

La frase "Quien tiene plata, que sea candidato" ha generado un amplio debate sobre las desigualdades que persisten en el sistema político ecuatoriano. Para Guisela Garzón, esta afirmación no solo refleja un desprecio hacia los principios democráticos, sino que también consolida la idea de que la política está reservada únicamente para aquellos que poseen recursos económicos. Este discurso, según Garzón, atenta contra la esencia misma de la democracia, que debe garantizar la participación igualitaria de todos los ciudadanos, sin importar su condición económica. Sin embargo, lo más preocupante no es solo la exclusión implícita, sino la falta de acción frente a actos de corrupción durante las campañas electorales. En este contexto, Garzón denunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha actuado como "ciego, sordo y mudo" ante las irregularidades cometidas durante la campaña de Daniel Noboa, donde se evidenciaron prácticas como el uso indebido de recursos públicos, cocinas de inducción con fines proselitistas y ministros involucrados en actividades partidistas utilizando colores asociados a la campaña.
Esta percepción de impunidad ha generado desconfianza en la ciudadanía hacia las instituciones encargadas de velar por la transparencia electoral. Según Garzón, el silencio del CNE frente a estas acciones no solo debilita la legitimidad del proceso democrático, sino que también fomenta una cultura de privilegio y abuso de poder. Las denuncias presentadas sobre estos actos cuestionables no han tenido respuestas contundentes, lo que alimenta la sensación de que la política se ha convertido en un negocio más, accesible solo para quienes tienen los medios económicos para financiarlo. En un país donde la corrupción ha sido históricamente uno de los principales problemas, estas omisiones institucionales representan un retroceso en la lucha por una democracia justa e inclusiva.
El caso expuesto por Guisela Garzón pone de manifiesto la urgente necesidad de reformar las instituciones encargadas de garantizar la transparencia en los procesos electorales. La política no puede ser un privilegio exclusivo de las élites económicas ni un terreno fértil para la corrupción. Es fundamental que el CNE asuma su rol con mayor responsabilidad y tome medidas claras para investigar y sancionar las irregularidades denunciadas, ya que su inacción erosiona aún más la confianza pública en las instituciones. Solo mediante un sistema electoral justo y equitativo será posible construir una democracia que realmente represente los intereses de todos los ciudadanos, y no solo de unos pocos.