El reciente caso de la desaparición forzada de cuatro menores en la ciudad de Guayaquil ha encendido una serie de debates políticos y jurídicos en Ecuador. A raíz de este hecho, algunos sectores políticos y sociales han señalado que el presidente Daniel Noboa podría enfrentar la destitución si la Asamblea Nacional aplica la ley de manera rigurosa. La Constitución de la República del Ecuador establece mecanismos claros para sancionar las violaciones graves a los derechos humanos, y algunos consideran que el Ejecutivo podría estar involucrado en la omisión de acciones frente a este crimen. La situación es grave y la posibilidad de destitución del mandatario está en discusión.

El caso que involucra la desaparición de los cuatro menores en Guayaquil ha estremecido al país. De acuerdo con diversas organizaciones de derechos humanos, la situación podría ser un caso de desaparición forzada, una violación gravísima que va en contra de los principios establecidos en la Constitución y los tratados internacionales que Ecuador ha ratificado. Este hecho ha provocado indignación, y la presión sobre el gobierno de Daniel Noboa ha aumentado, dado que se le acusa de no haber tomado medidas adecuadas para proteger a los menores ni para esclarecer el caso en el plazo más breve posible.

En este contexto, se ha abierto un debate sobre la responsabilidad del presidente Noboa y la posibilidad de que, en virtud de la Constitución, se proceda a su destitución. Según algunos analistas, la Constitución de Ecuador establece que el presidente puede ser destituido si se demuestra que ha cometido graves infracciones, como el incumplimiento de deberes o la participación en violaciones de derechos humanos. Si la Asamblea Nacional aplica la ley de manera rigurosa, se podrían abrir procedimientos para investigar al presidente en relación con este caso.

La disposición de la Constitución que podría aplicarse en este contexto es el artículo 130, que establece las causales de destitución del presidente de la República. Entre ellas se encuentran las faltas graves a la Constitución y la ley, que incluyen actos de corrupción, la no protección de los derechos fundamentales, y la omisión frente a violaciones graves de derechos humanos, como la desaparición forzada. De acuerdo con la interpretación de algunos expertos, la desaparición de los menores podría encuadrarse en esta categoría, lo que abriría la puerta para que la Asamblea Nacional, en el ejercicio de sus funciones de control político, inicie el procedimiento de destitución.

El presidente Noboa ha sido criticado por su gestión frente a este caso, ya que diversos sectores sostienen que el gobierno no ha actuado con la rapidez y eficiencia necesarias para garantizar la seguridad de los menores y esclarecer las circunstancias de su desaparición. A pesar de las protestas y denuncias de la sociedad civil, el mandatario no ha emitido una respuesta clara ni ha implementado las medidas adecuadas para dar con el paradero de los niños desaparecidos.

Reacciones y apoyo político:
El debate sobre la destitución de Daniel Noboa ha generado diversas reacciones en el ámbito político. Los sectores de la oposición han sido los más vehementes en demandar una investigación exhaustiva sobre la desaparición de los menores y en señalar al presidente como responsable de la falta de acción. La oposición sostiene que, al no haber tomado las medidas necesarias frente a este caso, Noboa habría cometido una grave omisión que justifica su destitución.

Por otro lado, miembros del oficialismo han defendido al presidente, señalando que aún es prematuro hablar de su destitución y que el gobierno está comprometido con esclarecer el caso de los menores desaparecidos. Además, algunos sostienen que la destitución del presidente debe estar basada en pruebas concretas y no en especulaciones políticas. "Estamos ante un caso grave, pero debemos esperar que la justicia haga su trabajo", indicó un legislador oficialista.

A pesar de las diferencias políticas, lo que es innegable es que el caso de la desaparición forzada de los menores ha puesto al gobierno de Daniel Noboa bajo un intenso escrutinio. La sociedad ecuatoriana está exigiendo justicia, y la presión sobre el gobierno para dar respuestas claras es cada vez mayor.

El rol de la Asamblea Nacional:
La Asamblea Nacional de Ecuador juega un papel fundamental en este proceso. Según la Constitución, la Asamblea tiene la facultad de destituir al presidente de la República si se demuestra que ha incurrido en faltas graves. Para que esto suceda, se requiere una investigación seria y objetiva que determine si la desaparición forzada de los menores está vinculada con una omisión o negligencia del Ejecutivo.

En este sentido, varios asambleístas han comenzado a exigir la apertura de una investigación a fondo sobre el caso. A través de mociones y peticiones formales, la oposición ha solicitado que la Asamblea se pronuncie sobre las responsabilidades del presidente en este caso. Algunos legisladores han afirmado que, si se comprueba que hubo una omisión o negligencia por parte de Noboa, deberían tomarse las medidas correspondientes, incluyendo la destitución.

Sin embargo, la Asamblea Nacional también enfrenta desafíos internos, con algunos legisladores de la coalición de gobierno mostrándose reticentes a un proceso de destitución. La división política podría dificultar la aplicación de la ley de manera equitativa, y algunos analistas advierten que el caso podría convertirse en un escenario de confrontación política más que en un proceso de justicia.

Conclusión:
El caso de la desaparición forzada de los cuatro menores en Guayaquil es un tema que ha puesto en evidencia no solo las deficiencias en la gestión de seguridad en el país, sino también el alcance de las instituciones políticas para exigir responsabilidades cuando se cometen violaciones graves de derechos humanos. En este contexto, la posible destitución del presidente Daniel Noboa es un tema que continúa generando debates intensos en la sociedad ecuatoriana.

La Asamblea Nacional tiene en sus manos la posibilidad de aplicar la ley como corresponde y abrir una investigación seria sobre las responsabilidades del gobierno en este caso. Si se demuestra que el presidente ha incurrido en una omisión grave, la Constitución establece claramente los mecanismos para su destitución. La sociedad ecuatoriana está vigilante, esperando respuestas y justicia para los menores desaparecidos.