La reciente entrega de cocinas de inducción por parte de la asambleísta Yadira Bayas, candidata a la reelección por la alianza ADN en Santo Domingo, ha desatado una ola de críticas ciudadanas y políticas. Bayas, quien participó en la distribución de estos electrodomésticos como parte de un programa nacional que contempla la entrega de 80.000 cocinas, ha sido señalada por diversos sectores de utilizar recursos públicos con fines proselitistas. Este caso reabre el debate sobre el uso ético de los bienes del Estado en el contexto de una campaña electoral, poniendo sobre la mesa la línea delgada entre gestión pública y propaganda política.

En un acto que generó amplio rechazo, Bayas justificó su participación como parte de su compromiso con la ciudadanía. Sin embargo, durante el evento, no perdió la oportunidad de criticar a otros políticos, señalando que "han hecho lo que les ha dado la gana". Esta declaración, lejos de apaciguar las críticas, ha generado aún más cuestionamientos, ya que algunos ven en estas palabras una contradicción evidente: mientras señala a otros por supuestos abusos, ella misma estaría aprovechándose de un programa gubernamental para fortalecer su imagen de cara a las elecciones.

La delgada línea entre gestión pública y campaña electoral

Diversos analistas y actores políticos han señalado que la entrega de bienes estatales en un período electoral es, cuanto menos, cuestionable. La percepción ciudadana no se ha hecho esperar, y en redes sociales abundan comentarios que califican estas acciones como una estrategia populista y oportunista. Organizaciones de la sociedad civil han solicitado a las autoridades electorales que investiguen el caso para determinar si se están violando las normativas que prohíben el uso de recursos públicos para beneficio personal o político.

Por su parte, Yadira Bayas se defiende argumentando que su participación en la entrega de cocinas forma parte de su labor como asambleísta y que estas acciones no tienen ninguna intencionalidad electoral. Sin embargo, la crítica pública apunta a que la coincidencia entre la entrega de estos bienes y su campaña para la reelección genera, al menos, un conflicto de intereses evidente.

El debate sobre el uso de recursos públicos en la política electoral no es nuevo en Ecuador, pero casos como el de Bayas evidencian la necesidad de establecer mecanismos más estrictos de control y sanción. La ciudadanía, que enfrenta diariamente problemas como la inseguridad y la crisis económica, exige transparencia y ética de quienes buscan representarlos en el Legislativo.

Con elecciones a la vuelta de la esquina, este episodio subraya una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto los candidatos están dispuestos a respetar las reglas del juego democrático? Las respuestas, en gran medida, definirán no solo el futuro de las elecciones, sino también la confianza de la ciudadanía en sus representantes. Mientras tanto, los ojos están puestos en el Consejo Nacional Electoral, que tendrá la tarea de garantizar que los principios democráticos prevalezcan en un escenario político cada vez más polarizado.