Quito, Ecuador — El Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito resolvió este martes rechazar la acción de protección interpuesta por la vicepresidenta Verónica Abad en contra del presidente Daniel Noboa, tras la firma de cinco decretos ejecutivos que transfirieron temporalmente las funciones de la Vicepresidencia a la abogada Cynthia Viteri Gellibert y limitaron las posibilidades de Abad de asumir el cargo presidencial en caso de ausencia del mandatario. Los magistrados declararon el recurso "improcedente", argumentando falta de sustento jurídico para avalar la demanda. La defensa de Abad anunció de inmediato una apelación, intensificando una batalla legal que refleja las tensiones políticas en el gobierno de Noboa.

Contexto: Los Decretos y la Disputa de Poder
La controversia se remonta a mayo de 2024, cuando el presidente Noboa, líder del partido Acción Democrática Nacional (ADN), emitió cinco decretos que redistribuían competencias clave de la Vicepresidencia. Entre ellos, destacó el nombramiento de Cynthia Viteri Gellibert —exalcaldesa de Guayaquil y figura cercana a Noboa— como responsable de áreas estratégicas como relaciones internacionales y programas sociales, roles tradicionalmente asociados al despacho vicepresidencial. Además, los documentos incluían cláusulas que, según Abad, buscaban evitar que ella asumiera la Presidencia en caso de que Noboa dejara el cargo.

Abad, electa en la misma fórmula electoral que Noboa en 2023 pero distanciada públicamente desde entonces, calificó los decretos como un "intento ilegítimo de vaciar sus funciones constitucionales". En su demanda, alegó violación a los artículos 144 y 147 de la Constitución, que establecen las atribuciones del vicepresidente y el proceso de sucesión presidencial. Sin embargo, el tribunal determinó que los decretos se enmarcaban en las facultades administrativas del presidente para delegar tareas, sin alterar la línea sucesoria.

La Decisión del Tribunal: ¿Por Qué se Declaró Improcedente?
En una sentencia unánime, los tres magistrados del tribunal argumentaron que la acción de protección —mecanismo legal para amparar derechos constitucionales— no era la vía adecuada para resolver este conflicto. "No se evidencia una vulneración directa e inmediata de los derechos de la señora Abad, ya que los decretos no la destituyen ni modifican su estatus constitucional como vicepresidenta", señaló el fallo. Además, el tribunal subrayó que las disputas sobre competencias entre funciones del Estado deben tratarse en otras instancias, como la Corte Constitucional.

Fuentes cercanas al caso sugieren que la decisión también consideró el carácter temporal de los decretos, vinculados a un "período de reorganización administrativa" según la justificación del Ejecutivo. No obstante, críticos denuncian que la medida consolida un patrón de marginación hacia Abad, quien ha sido excluida de reuniones de gabinete y despojada de su equipo de asesores desde enero.

Reacciones y Apelación
La defensa de Abad, liderada por el jurista Carlos Molina, tachó el fallo de "políticamente motivado" y anunció una apelación ante la Corte Provincial de Pichincha. "Este tribunal ignoró pruebas clave que demuestran cómo los decretos socavan la autoridad de la vicepresidenta. Confiamos en que la próxima instancia rectificará este error", afirmó Molina en rueda de prensa.

Desde el Palacio de Carondelet, el gobierno defendió la legalidad de los decretos. "El presidente tiene la facultad de designar colaboradores para optimizar la gestión pública. Esto no afecta la estructura del Estado", declaró el ministro de Gobierno, Juan Zapata. Por su parte, Cynthia Viteri Gellibert evitó comentarios, limitándose a afirmar que "trabaja en coordinación con el presidente para cumplir sus asignaciones".

Análisis Legal y Político: ¿Qué Sigue?
Expertos constitucionalistas consultados por este medio coinciden en que el caso plantea interrogantes sobre los límites del poder ejecutivo. "La Constitución permite al presidente delegar funciones, pero no puede omitir al vicepresidente sin una causal previa, como una ausencia definitiva", explicó la abogada Diana Salazar, exfiscal general. Otros, como el académico Santiago Basabe, ven en la pugna un síntoma de la frágil coalición gobernante: "Noboa y Abad representan alas opuestas dentro de su movimiento. Esto es una lucha por el control ante posibles escenarios de crisis".

El conflicto ocurre en un contexto de creciente inestabilidad en Ecuador, marcado por protestas sociales y un reciente incremento en índices de violencia. Para Abad, figura populista con base en sectores rurales, el respaldo judicial podría reforzar su posición ante eventuales elecciones; para Noboa, neutralizar su influencia parece clave para avanzar en reformas económicas.

Próximos Pasos
La apelación ingresará a la Corte Provincial en los próximos días, con posibilidad de escalar hasta la Corte Constitucional si se alegan violaciones a derechos fundamentales. Mientras, Abad mantiene su cargo, pero sin acceso a decisiones ejecutivas. Analistas advierten que, si los decretos se mantienen, se sentaría un precedente riesgoso: "Un presidente podría evitar la sucesión vicepresidencial mediante delegaciones, debilitando el sistema de contrapesos", alertó Salazar.

Lo cierto es que, más allá del desenlace legal, esta batalla judicial evidencia la profundización de grietas en el liderazgo de Noboa, quien, con un 58% de aprobación según encuestas recientes, enfrenta ahora un desafío inesperado desde el corazón de su propio gobierno.