La vicepresidenta Verónica Abad ha lanzado una denuncia pública que ha sacudido al país, declarando: “Me tienen secuestrada en este país (…) en este momento temo por mi vida”. Estas fuertes palabras surgieron tras la negativa del Ejecutivo de concederle un permiso de cinco días que había solicitado para cuidar su salud y visitar a su familia. La negativa ha generado un clima de tensión y preocupación, ya que Abad argumenta que su bienestar está siendo gravemente afectado. Su declaración ha captado la atención de diversos sectores sociales y políticos, quienes exigen explicaciones y medidas para garantizar la seguridad y los derechos de la vicepresidenta.

En respuesta a las declaraciones de Abad, se han levantado voces de apoyo y solidaridad, mientras que otros sectores critican la posible politización del asunto. La situación subraya las tensiones internas dentro del gobierno y plantea serias preguntas sobre el trato y la autonomía de los altos funcionarios. La ciudadanía sigue expectante, mientras se espera que el Ejecutivo emita una respuesta oficial a las acusaciones de la vicepresidenta. Este episodio se convierte en un nuevo punto crítico en la actual administración, resaltando la necesidad de transparencia y protección de los derechos humanos dentro del aparato estatal.