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La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios Zambrano, ha sido suspendida por 60 días sin sueldo tras ser acusada de acoso laboral por un funcionario legislativo que trabajaba en el bloque de Acción Democrática Nacional (ADN). El Consejo de Administración Legislativa (CAL) tomó esta decisión con cinco votos a favor y dos en contra, dando lugar a una fuerte controversia política. La Revolución Ciudadana ha denunciado esta medida como un acto de persecución política, acusando al gobierno de ser machista y misógino.

Palacios ha negado categóricamente las acusaciones, afirmando que nunca trabajó con el funcionario que la denunció. Según su versión, se trata de una maniobra ilegal e ilegítima por parte del oficialismo para perjudicarla políticamente. Esta suspensión ha generado un intenso debate sobre el uso de denuncias de acoso laboral con fines políticos y ha destacado las tensiones dentro de la Asamblea Nacional de Ecuador.