La situación en torno a la comparecencia física de Wilman Terán en su juicio político ha generado una ola de indignación y acusaciones de denegación de justicia. Ayer, el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) declaró que no había recibido ninguna solicitud para trasladar a Terán a la Asamblea Nacional. Sin embargo, hoy la misma institución argumenta que no puede llevarlo debido a su encarcelamiento. Este cambio de postura ha suscitado críticas vehementes, con acusaciones de que se intenta proteger a la fiscal involucrada en el caso, conocida por su historial de corrupción. Los defensores de Terán afirman que él tiene pruebas contundentes, incluyendo chats que comprometen a altos funcionarios, y que su testimonio en la Asamblea revelaría la verdad. La percepción de una justicia parcializada se refuerza con comparaciones a casos anteriores, como el de Pablo Celi, donde los procesos judiciales se manipularon según conveniencias políticas.

La falta de consistencia en las acciones del SNAI y las aparentes maniobras para evitar que Terán comparezca en persona en su juicio político han generado un fuerte rechazo en la opinión pública. Los críticos señalan que si Terán fuera a declarar en contra del correísmo, las autoridades no dudarían en trasladarlo incluso desde una prisión en la Antártida. Este caso pone en evidencia una justicia selectiva, donde los derechos de los acusados son manipulados y donde la verdad parece ser sacrificada en el altar de la conveniencia política. La situación no solo agrava la polarización en el país, sino que también socava la confianza en las instituciones judiciales, alimentando un clima de desconfianza y escepticismo entre los ciudadanos.