La Fiscalía ha iniciado una indagación previa contra la asambleísta Gisse Garzón, miembro de la @RC5Oficial, por el presunto delito de difusión de información de circulación restringida. Garzón, quien ha estado en el centro de la controversia por su papel como proponente del juicio político contra la fiscal Diana Salazar, ahora enfrenta este nuevo desafío legal. El juicio contra Salazar, conocido por sus implicaciones en la lucha contra la corrupción, se encuentra actualmente suspendido, lo que añade una capa de complejidad y tensión al panorama político.

La apertura de esta indagación contra Garzón ha generado reacciones mixtas. Sus partidarios la ven como una represalia política, destinada a desacreditarla y frenar el juicio contra Salazar. Por otro lado, sus detractores argumentan que la ley debe ser aplicada de manera imparcial, independientemente de las motivaciones políticas. Este caso pone en evidencia las profundas divisiones y la polarización que caracteriza el clima político actual en Ecuador, donde las acusaciones y contraacusaciones son moneda corriente. La resolución de este conflicto legal podría tener implicaciones significativas para la estabilidad política y la percepción pública del sistema judicial en el país.