En la jornada de este jueves, 27 de octubre, la Comisión de Fiscalización continuó la recepción de los argumentos de descargo. Esta vez de las consejeras de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira defendieron sus actuaciones y solicitaron a la mesa legislativa el archivo de las solicitudes de juicio político propuestas en su contra, puesto que no ha existido incumplimiento de funciones.
Los argumentos de defensa versaron sobre las causales relacionadas con la remoción de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura (CJ); la reforma al Reglamento para la designación de Contralor General del Estado; la elección de Pablo Iglesias como superintendente de Ordenamiento Territorial; y, el encargo de la Defensoría del Pueblo a César Córdova, exsecretario general del CPCCS.
Ibeth Estupiñán argumentó que la reforma al Reglamento para la elección de Contralor en ningún momento violentó derechos de persona alguna. Se trató del ejercicio de una facultad contemplada en la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. María Fernanda Rivadeneira coincidió en este argumento y agregó que antes de la reforma materia del juicio político, hubo otra liderada por el exvicepresidente del Consejo, David Rosero, en un encargo de la Presidencia. En ese caso, dijo, voté en contra porque se quería regresar a un Reglamento para elegir otro contralor 100/100 como el que hoy está prófugo.
Respecto de la remoción de Fausto Murillo como vocal del CJ, las dos consejeras explicaron que se cumplió con un requerimiento del entonces ministro de Trabajo, Andrés Isch, quien notificó que el doctor Murillo registraba impedimento para ejercer cargo público. Sobre tal pedido se solicitó un informe de la Coordinación de Asesoría Jurídica del CPCCS, unidad que confirmó la existencia del referido impedimento. Se garantizó el derecho a la defensa y teníamos que tomar una decisión, so pena de incurrir en incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, que se sanciona con destitución, añadieron.
En torno a la designación de César Córdova, como defensor del Pueblo encargado, Estupiñán señaló que es facultad del Pleno del CPCCS nombrar a un reemplazo de una de las autoridades que designa, hasta que se proceda con la selección del titular. Mientras que Rivadeneira dijo que su voto fue en abstención.
Finalmente, solicitaron a la comisión que, en virtud de las pruebas aportadas, que demuestran que no existe incumplimiento de funciones, proceda al archivo de las solicitudes de juicio político.