Fiscalía procesó a siete personas, entre ellas el exsecretario de Salud del Municipio de Quito, Lenin M., por su presunta participación en el delito de peculado, por la adquisición irregular de kits de pruebas para Covid-19 durante la emergencia sanitaria.
Pese a que Fiscalía solicitó prisión preventiva para todos los involucrados, el juez de Garantías Penales, Máximo Ortega, acogió el pedido para el exsecretario Lenin M. y para Alejandro V., mientras que para Diego S., Simón V., José M., Enrique B. e Iván M., dictó medidas sustitutivas. Además, para todos, se ordenó la retención de cuentas, prohibición de enajenar bienes, acciones y participaciones de todas las compañías.
Durante la audiencia de formulación de cargos, desarrollada hoy en el Complejo Judicial Norte, en Quito, la fiscal Ruth Amoroso presentó cincuenta elementos de convicción, entre los que constan: las proformas de la Compañía Salumed S. A. para la adquisición de 100.000 kits de pruebas para Covid-19, el contrato de externalización de Laboratorios One Lab para la ejecución del convenio, el informe de responsabilidad penal emitido por Contraloría General el Estado sobre este contrato, en el que se detallan inconsistencias en el proceso de compra; versiones, certificados, memorandos, entre otros.
Según la investigación de Fiscalía, la compra de 100.000 kits de pruebas para Covid-19 representó un perjuicio para el Estado de 4’274.000 dólares.
El exsecretario de Salud del Municipio de Quito, Lenin M., y el gerente de la empresa Salumed S. A., Alejando V., tienen una orden de detención vigente desde el 28 de mayo pasado, solicitada por Fiscalía; sin embargo, la Policía no ha logrado ejecutarla.
La instrucción fiscal durará treinta días.

Este viernes 13 de noviembre de 2020, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), durante la reinstalación de la sesión ordinaria N. 11, resolvió calificar al binomio presidencial del Movimiento Político Nacional Juntos Podemos, lista 33, en cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), conformado por Paúl Carrasco como precandidato presidencial y Frank Vargas como vicepresidente de la República del Ecuador, quienes podrán participar en las Elecciones Generales 2021.
El cuerpo colegiado, luego de analizar el informe técnico jurídico, respecto a la documentación presentada por el movimiento político, resolvió por unanimidad, que las candidaturas en cuestión cumplen con los requisitos establecidos en la normativa electoral vigente y constan de legitimación activa.
Asimismo, se resolvió aprobar la calificación de las candidaturas para asambleístas nacionales del Movimiento Unión Ecuatoriana, lista 19, ya que cumplen con los requisitos legales y reglamentarios conforme al Código de la Democracia, la Constitución del Ecuador y el Reglamento para la inscripción y calificación de candidaturas para elección popular, de acuerdo a la sentencia resuelta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Por otro lado, el Pleno del CNE resolvió negar la inscripción de dignidades para asambleístas nacionales del Movimiento Nacional Juntos Podemos, lista 33, otorgándole el plazo de 48 horas para la subsanación y justificación de observaciones encontradas en la documentación presentada.

El ministro de Trabajo, Andrés Isch Pérez, compareció ante la Comisión de los Derechos de los Trabajadores para informar sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, a través del Acuerdo Ministerial No. MDT-2020-172, respecto del registro de modalidades y acuerdos laborales. Mencionó que esto permitió evitar que más empleos se pierdan,  la transición para regresar al empleo adecuado y ayudó a generar nuevas plazas de trabajo.
El funcionario sostuvo que los resultados han sido buenos. 75 mil empleos se han salvado, más de 230 mil empleos se crearon desde la aprobación de la Ley Humanitaria y 25 mil con la aplicación del contrato emergente. Además, se crearon 16 929 nuevos contratos, desde el 30 de junio de 2020, aseguró.
Según los datos revelados por el ministro de Trabajo, las nuevas modalidades de contratos por giro de negocio, con la aprobación de la Ley Humanitaria, se activaron en el sector productivo, turismo, emprendimiento y, contrato joven y de formación. Aseguró que las modalidades contractuales actuales generan estabilidad para el trabajador, prevén una remuneración justa y beneficios sociales.
Regulación del socio trabajador
Sobre la aplicación del Acuerdo Interministerial No. MDT-IEPS-2020-001, en el cual se expide la normativa para regular la relación entre la organización asociativa de Economía Popular y Solidaria y el socio trabajador, el Ministro señaló que lo que se trata es de ayudar a identificar la real naturaleza de los socios. La regulación se aplica para casos específicos, puntualizó.
A criterio de Katiuska Molina, representante de la Coalición Nacional de Economía Popular y Solidaria, el acuerdo es ilegítimo porque se los considera como trabajadores cuando son socios, atenta a los principios de economía popular y solidaria, por lo que pidió su derogatoria.
Reconocimiento de Artesanos
En cuanto a los títulos artesanales que se encuentran refrendados solo por el Ministerio del Trabajo, Carlos Sánchez, director Nacional Soberano y ex presidente de la Interprofesional de Artesanos Pedro Vicente Maldonado, insiste en que los títulos deben ser refrendados, según la Ley de Defensa del Artesano, también por el Ministerio de Educación.
El ministro Isch dijo que el tema ha sido explicado en reiteradas ocasiones así como por la propia sentencia de la Corte Constitucional. Lo que se pretende es que se deje sin efecto 73 mil títulos de artesanos que han sido adecuadamente otorgados, aseguró.
Explicó que según los criterios jurídicos, se reitera que la Junta Nacional de la Defensa del Artesano y el Ministerio de Trabajo constituyen los entes encargados para establecer la formación, titulación, refrendación y calificación artesana, a nivel nacional, garantizando los derechos profesionales y socioeconómicos de los artesanos, de tal manera el Ministerio de Educación se abstiene de participar en dichos procesos.
Renuncias obligatorias
En respuesta a la aplicación de la Sentencia de la Corte Constitucional, respecto de la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto No. 813 relacionado a la compra de renuncias obligatorias para los servidoras y servidores públicos, el Ministro señaló que los efectos son a futuro y no retroactivos; ninguna autoridad va a poder aplicar el decreto que acaba de ser declarado inconstitucional, por lo tanto, en ningún caso, aplicar la compra de renuncias obligatorias y tampoco se puede exigir la devolución de los valores para regresar a la función pública.
Gustavo López León, presidente de la Asociación Nacional de Despedidos por el Decreto Ejecutivo No. 813, mencionó que la renuncia obligatoria viola los derechos universales de los trabajadores y se puede transformar en un despido intempestivo. Planteó el reintegro a sus puestos de trabajo, la reparación a sus derechos y que se derogue el mencionado decreto.
Trabajadores EXPLOCEN
Freddy Caiza, representante de los trabajadores de EXPLOCEN, tras informar que están cuatro meses en huelga, sostuvo que la garantía de los derechos de los trabajadores no se está cumpliendo, por el solo hecho de pedir la estabilidad laboral establecida en un contrato colectivo. Aseguró que su caso no es solo laboral, sino humanitario, no tienen sueldos y les han reducido las horas laborales.
El funcionario señaló que el Ministerio de Trabajo no tiene competencias para emitir sentencias sino que las decisiones las toma un tribunal que está conformado por trabajadores y empleadores y se debe respetar por las partes.
Luego del análisis de una parte de  los temas establecidos en el orden del día de la convocatoria, la presidenta de la Comisión, Karina Arteaga, suspendió la sesión.

Este viernes 13 de noviembre, en la sesión 128, la Comisión de Justicia aprobó el informe no vinculante sobre la objeción parcial del Presidente de la República, al proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, remitida el 06 de noviembre.

La mesa, acogiendo la moción de su presidente, José Serrano, se pronunció por ratificarse en 18 objeciones y allanarse en seis, de un total de 24. Este documento pasará a conocimiento y resolución final del Pleno de la Asamblea Nacional.
Según el artículo 138 de la Constitución, en concordancia con 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Parlamento tiene el plazo de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de entrega de la objeción parcial, para examinarla, y podrá, en un solo debate, allanarse a ella o ratificar el proyecto inicialmente aprobado, en todo o en parte. El plazo concluye el 05 de diciembre de 2020.
Ratificaciones
Entre otros aspectos principales, en lo que se refiere a la evaluación continua de desempeño y productividad, la Comisión insiste en que las servidoras y los servidores de la Función Judicial, con excepción de las juezas, jueces, conjuezas y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, cada tres años estarán sometidos a una evaluación objetiva, individual y periódica de su rendimiento, con participación y control social. Las personas que no alcancen los mínimos requeridos serán evaluadas nuevamente en un lapso de tres meses. En caso de mantenerse una calificación deficiente, serán removidos.
En cambio, el mandatario no exceptúa de dicha evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Esta decisión no presenta argumentos jurídicos y podría dar paso a discrecionalidades y arbitrariedades dentro del proceso de evaluación.
Los parlamentarios se ratifican en que los notarios permanecerán en el ejercicio de sus funciones por un período de seis años. Podrá reelegirse por una sola vez para la misma u otra notaría, quien ha cumplido con la evaluación de los estándares de rendimiento, conforme con lo establecido en el reglamento que para el efecto expida el Consejo de la Judicatura.
Mientras, el Jefe de Estado es del criterio que una reelección se puede dar cumpliendo con la evaluación de estándares de rendimiento y previo un concurso de oposición y méritos.
La mesa abrió la posibilidad de que los abogados que forman parte del servicio público, puedan ejercer la profesión, excepto en aquellas controversias judiciales en las que esté involucrado el Estado. De esta manera, al igual que otro tipo de profesiones, pueden dedicar su tiempo al desempeño de su carrera, fuera de los horarios laborales en la función pública.
Sin embargo, el Ejecutivo considera que los servidores públicos solamente podrán patrocinar las causas propias, las de su cónyuge y las de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
El ente parlamentario, además, insiste que en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, la Judicatura con los demás órganos de la Función Judicial y la participación de la ciudadanía, construirán el Primer Plan de Justicia Abierta para el período 2021-2023, desestimando la tesis gubernamental de que dicho plazo sea de un año.
También, no compartió la propuesta de incrementar los plazos para la implementación de las plataformas tecnológicas para efectivizar los sistemas de citaciones electrónicas y los servicios notariales virtuales.  
Anuncio de juicio político
En el marco de la sesión, el presidente Serrano anunció que iniciará un proceso de juicio político en contra de Juan José Morillo, vocal del Consejo de la Judicatura, por haber declarado que como está el texto sobre la evaluación de los notarios impediría el supuesto reparto de las notarías. Lo convocaremos a una interpelación “por haber creído que las notarías son de su propiedad y que puede hacer reparto de las mismas, lo que significa incumplimiento de funciones y un acto ilícito”, precisó.

La diabetes
Muchos no le dan la importancia que se debiera, pero lo cierto es que esta enfermedad causó 4 millones de muertes en 2017. Hablamos de la diabetes, una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce.
Desde 1980 el número de personas con diabetes en el mundo casi se ha cuadruplicado. Se estima que 425 millones de adultos padecían diabetes en 2017, frente a los 108 millones de 1980.
Este preocupante crecimiento también es extrapolable a América Latina, donde los datos hablan por sí solos: la diabetes es la cuarta causa de muerte en el área.
Todos los tipos de diabetes pueden provocar complicaciones en diversas partes del organismo e incrementar el riesgo de muerte prematura. Además, provoca el aumento de factores de riesgo conexos, como el sobrepeso o la obesidad.
Gran parte de los casos y sus complicaciones podrían prevenirse manteniendo una dieta saludable, una actividad física regular y un peso corporal normal, y evitando el consumo de tabaco.
El personal de enfermería puede cambiar las cosas
El tema del Día Mundial de la Diabetes 2020 es "El personal de enfermería y la diabetes". La campaña tiene como objetivo crear conciencia sobre el papel crucial que el personal de enfermería juega en el apoyo a las personas que viven con diabetes.
El personal de enfermería representa más de la mitad del total de los profesionales sanitarios. Juegan un papel crucial en el apoyo a las personas que viven distintos problemas de salud.
Las personas que viven con diabetes, o están en riesgo de contraer la enfermedad, se enfrentan a muchas dificultades debido a la condición de la diabetes y necesitan el apoyo del personal de enfermería. La educación es vital para equipar a estos profesionales con las herramientas adecuadas para poder ayudarles. Necesitamos que los enfermeros y enfermeras conozcan mejor esta condición y puedan recibir formación para facilitar la vida a las personas con diabetes.
Tipos de diabetes
La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre).
La diabetes de tipo 1 (anteriormente denominada diabetes insulinodependiente o juvenil) se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina.
La diabetes de tipo 2 (llamada anteriormente diabetes no insulinodependiente o del adulto) tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina, lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o la inactividad física.
La diabetes gestacional corresponde a una hiperglicemia que se detecta por primera vez durante el embarazo.

Antecendentes
El Día Mundial de la Diabetes (DMD) fue creado en 1991 por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Diabetes en respuesta al aumento de la preocupación por la creciente amenaza para la salud que representa esta enfermedad.
El Día Mundial de la Diabetes se convirtió en un día oficial de las Naciones Unidas en 2006 con la aprobación de la Resolución 61/225 de las Naciones Unidas. Se celebra cada año el 14 de noviembre, aniversario del nacimiento de Sir Frederick Banting, quien descubrió la insulina junto con Charles Best en 1922.
Este día representa la mayor campaña de sensibilización sobre diabetes del mundo, alcanzando una audiencia global de más de mil millones de personas en 165 países. La campaña llama la atención hacia problemas de máxima importancia para el mundo de la diabetes y mantiene esta afección bajo el punto de mira público y político.
Así, este día supone un paso más en la contribución del Objetivo de Salud y Bienestar de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que reclama que se garantize una vida sana para todos en todas las edades.

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Cuatro personas fueron vinculadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) al proceso por presunto delito de delincuencia organizada para ejecutar actividades delictivas con el fin de obtener beneficios económicos, entre estos, la comercialización irregular de pruebas Covid-19 e insumos médicos, en el contexto de la emergencia sanitaria.
Para los ciudadanos extranjeros Oren Sh. y Orietta Isabel M. P., la Jueza de Garantías Penales ordenó prisión preventiva, mientras que para los ecuatorianos Verónica Alexandra A. G. y Bryan Alexis P. V., la Magistrada dispuso presentaciones semanales y prohibición de salida del país, a pesar de que Fiscalía solicitó prisión preventiva para el último.
Como medidas cautelares de carácter real, se ordenó la retención de cuentas por 16.000 dólares y la prohibición de enajenar bienes hasta por el monto de 49.222 dólares, por cada uno de los vinculados.
Además, la retención de dos vehículos y de 312.510 dólares y 385 euros incautados a los extranjeros al momento de su detención, que se encuentran ingresados en cadena de custodia.
La audiencia de vinculación al proceso se instaló la tarde del 12 de noviembre de 2020 en el Complejo Judicial Norte, en Quito. Fiscalía explicó ante la Jueza que se investiga la facilidad que los ciudadanos habrían dado para comercializar, de manera irregular, insumos médicos como mascarillas KN95 y pruebas rápidas de Covid-19.
“Incluso, la ciudadana de nacionalidad peruana, Orietta Isabel M. P., compró un vehículo en 41.000 dólares, adquisición que no ha sido justificada en legal y debida forma. Presumimos que el vehículo fue utilizado en los actos objeto de investigación”, señaló Fiscalía durante la audiencia.
Con esta vinculación, el número de procesados asciende a nueve personas.
Antecedentes
La instrucción fiscal se abrió el 13 de agosto de 2020 contra tres agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT): Klever Stalin A. H., Jhony Samuel O. T. y Leandro Germán B. R.
También están procesados en este caso el expresidente de la República, Abdalá B. O., y su hijo, Jacobo Abdalá B. P. Este último, vinculado al proceso el 26 de septiembre de 2020, después de su expulsión de Colombia, debido a su irregular situación migratoria.
La teoría que mantiene Fiscalía es que los procesados habrían conformado un grupo estructurado para planificar actividades delictivas entre noviembre de 2019 y agosto de 2020 (en Quito y Guayaquil). Los delitos fines serían “enriquecimiento privado no justificado, estafa, uso doloso de documento público, evasión tributaria, incluso, presuntamente, delitos contra la vida, que se están investigando”.
Continuarán en prisión preventiva
Los tres funcionarios de la AMT y Jacobo Abdalá B. P. apelaron a la prisión preventiva. Sin embargo, y con base en los argumentos de Fiscalía, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ratificó la medida de prisión preventiva en la audiencia de apelación instalada la mañana de este 12 de noviembre.
Fiscalía argumentó que existen elementos de convicción suficientes para presumir su participación en los hechos que se investigan, que hay un alto riesgo de fuga y que no existe otro recurso legal para asegurar la presencia de los encausados durante el proceso penal.
Información complementaria
Esta investigación inició en mayo de 2020, por la posible relación de los procesados con dos extranjeros detenidos en Santa Elena, quienes presentaron documentos falsos de la DEA y portaban más de 200.000 dólares en efectivo. Posteriormente, uno de ellos (Shy Dahan) fue asesinado al interior de la Penitenciaría del Litoral y el otro (Oren Sh.) ha sido vinculado penalmente esta tarde.
La instrucción fiscal de este caso se cerrará el 13 de diciembre de 2020.
Dato jurídico
El delito de delincuencia organizada está tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Ante los constantes recortes presupuestarios, la Comisión Especializada, presidida por Jimmy Candell, trata de garantizar, incluso blindar, los recursos suficientes para el normal y efectivo funcionamiento de todo el Sistema Educativo, en el contexto de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). 
La mesa se encuentra en la fase de incorporación de las propuestas que lideraron y construyeron cada uno de los comisionados, con la activa participación de gremios, organizaciones sociales, docentes, federaciones estudiantiles, instituciones públicas (ministerios de Educación, Finanzas, Senescyt, Caces) y entidades internacionales (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y Naciones Unidas).
Doce temas específicos se abordaron en 40 talleres de trabajo; ya solo quedan dos puntos para ser analizados, luego vendrá la preparación del articulado para votación final. En diciembre se tendría listo el informe de segundo debate.
Protección de la niñez
El legislador Jimmy Candell destacó la inclusión del sistema de protección de derechos en contra de delitos de violencia, incluida la violencia y abuso sexual a niñas, niños y adolescentes en los planteles educativos. Esto, en respuesta a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que llamó a Ecuador a adecuar su legislación, a fin de efectivar la protección de este grupo de atención prioritaria.
Puso de manifiesto, además, el nuevo modelo del sistema de educación intercultural bilingüe, que dispone que los aprendizajes y la parte pedagógica se ajusten a las necesidades de pueblos y nacionalidades.
Profesionalización
La propuesta, se enfoca, adicionalmente, en la mejora de la profesionalización docente, estableciendo que las instituciones de educación superior brinden capacitación a los maestros, a más de la Universidad Nacional de Educación (UNAE), que hoy se ha visto limitada para cumplir su función por el recorte de su presupuesto.
Aquí es importante la dignificación de su estatus como docente, para lo cual se fijan mecanismos de protección. En este proceso entran: escalas remunerativas justas y mejoramiento de salarios, a la par del esquema del personal de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, especialmente en beneficio de los que recién ingresan en el Magisterio, concluyó.

La Comisión de Desarrollo Económico avanza con el tratamiento de las reformas a la Ley de Telecomunicaciones. En ese marco, la mesa recibió al asambleísta Javier Cadena, quien expuso el proyecto de Ley Orgánica para Garantizar el Acceso al Servicio de Internet en los Sectores Urbano Marginales y Rurales del Ecuador.
Durante su intervención, el parlamentario indicó que el objetivo del proyecto es desarrollar políticas públicas para que las zonas urbano marginales y rurales de todo el país, de forma masiva, tengan acceso a internet con tarifas reducidas, con el fin de lograr mayor conectividad y permitir que las tecnologías de la información y la comunicación cubran especialmente el ámbito educativo y laboral en estos sectores.
Recalcó que la pandemia, generada por el Covid-19, dio muestras que en el sector educativo se produjo deserción escolar porque no hay puntos de acceso a internet, ni la tecnología necesaria para acceder a clases. Aclaró que el 26 % de la población rural en su provincia (Carchi) tiene acceso a internet, mientras que otras parroquias en el noroccidente ni siquiera tienen el servicio de telefonía celular.
La iniciativa del legislador consta de 12 artículos, entre los cuales se detalla cómo se realizaría la prestación del servicio. En ese sentido se describe que para la autorización, instalación, ampliación, modificación, operación y explotación de redes de Internet se lo realizará previo convenio entre el Gobierno Central, a través del Ministerio rector de las Telecomunicaciones, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y las empresas públicas de telecomunicaciones, de economía mixta o de iniciativa privada.
Se detalla que los prestadores de servicios de internet deberán adecuar características, calidad y prestación de redes a los efectos de conformar soportes físicos que permitan su desarrollo y expansión en coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales.
Además, se dará atención prioritaria a las áreas geográficas de menos ingresos y con menor cobertura del servicio de internet en el territorio nacional, para lo cual se coordinará con todas las empresas públicas y privadas del Estado.
La idea es que las empresas proveedoras de internet implementen planes que disminuyan el precio de la conexión en todas las parroquias rurales del país y en el sector urbano marginal de las ciudades.
El asambleísta Cadena mencionó que con la pandemia la conectividad se vuelve indispensable no solo para el sector educativo, sino para el sector comercial y productivo. “La conectividad en el país se ha quedado atrás, especialmente en las zonas de frontera”, puntualizó.
El titular de la Comisión, Esteban Albornoz, resaltó que uno de los sectores más golpeados por la pandemia, sin duda ha sido el educativo, porque los niños no pueden asistir de forma presencial a las aulas, de tal modo se deberá tratar con prioridad este tema de conectividad.
De su parte, el asambleísta César Rohon dio a conocer que 200 mil niños dejaron la educación porque no tienen acceso a la conectividad, la mayoría de ellos del sector rural.
Manifestó que el futuro de una nación está en la educación y mientras los niños y jóvenes puedan formarse o recibir preparación técnica podrán salir de la pobreza, por lo tanto, dijo que era necesario tratar el proyecto con agilidad. Pidió que las empresas privadas cumplan con la responsabilidad social en beneficio de la educación y de los más pobres del país.
La asambleísta Doris Soliz apoyó el proyecto e indicó que incluso otros países por época de pandemia han extendido los servicios de forma gratuita a las comunidades, es hora que Ecuador entre en esa línea, dijo. Así también, señaló que tener acceso a internet ahora no es un lujo sino una necesidad.
Arcotel
En comisión general fue recibido Roberto Moreano, representante de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) quien expuso las cifras de acceso a internet en Ecuador. Destacó que a escala nacional el 45.5 % de hogares tienen acceso. Sin embargo, reconoció que sí existe una deficiencia en el área rural.
El asambleísta Cadena indicó que el pedido es que las normas cumplan con las necesidades que tienen la población y no queden “en letra muerta”.
Una vez finalizada esta intervención, el presidente de la Comisión indicó que se dará seguimiento al proyecto de Ley.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la sesión del 12 de noviembre, aprobó de manera unánime los diseños de papeletas, documentos y componentes del paquete electoral, para los comicios de 2021 que, cuyas características y material garantizan seguridad e implementación de las medidas de bioseguridad.
De esta manera se imprimirán un total de 65'600.000 papeletas electorales contarán con tres niveles de seguridad entre las que constan nuevas características como la tinta que se aplicará en la cartilla del binomio presidencial, microtextos, microíconos que son estructuras que evidencian elementos ocultos si se intenta fotocopiar o escanear los documentos y seguridades que impiden la falsificación, alteración, duplicación y sustitución.
Asimismo con el fin de cuidar la salud de los votantes el CNE proporcionará urnas y biombos plásticos, aptos para la sanitización. Los consejeros también aprobaron el diseño del sobre P3 con tres compartimentos para ubicar las papeletas válidas, nulas y blancas para cada dignidad, en cumplimiento del artículo 127 del Código de la Democracia, a fin de mantener una clasificación de las papeletas por parte de los Miembros de Juntas Receptora del Voto al momento del cierre del paquete electoral, lo que igualmente facilitará el manejo de esos documentos en caso de que haya reconteo.
Una vez que todas las candidaturas para presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos, sean ratificadas en firme el CNE consolidará las papeletas de votación y el 7 enero de 2021, se remitirán al Instituto Geográfico Militar (IGM) para su impresión.

Para este vienes, 13 de noviembre, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, ha invitado al ministro de Trabajo, Andrés Isch Pérez, a fin de que responda temas sobre supuesta vulneración de derechos, la aplicación de acuerdos ministeriales y la compra de renuncias obligatorias para los servidores públicos.

En efecto, el Ministro de lo Laboral informará sobre la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional No. 26-18-IN/20 y acumulados de 28 de octubre de 2020, que guarda relación con la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto No. 813 sobre la compra de renuncias obligatorias para los servidores públicos.
Sobre el tema, los legisladores escucharán al presidente de la Asociación Nacional de Despedidos por el Decreto Ejecutivo No. 813, Gustavo López León.
Isch sustentará la ejecución del artículo 25 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario sobre la estabilidad laboral de los trabajadores de la Salud, en el sentido de si estos han sido declarados ganadores previo al concurso de méritos y oposición. El doctor Carlos Ulfe Machuca, presidente de la Comisión Médica Voluntaria del Ecuador, dará sus puntos de vista.
Responderá sobre la aplicación de los acuerdos ministeriales relacionados al registro de modalidades y acuerdos laborales; y, las directrices de aplicación en el sector público de la reducción emergente de la jornada de trabajo establecidos en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, respectivamente. Además, sobre la vigencia del acuerdo ministerial, respecto a las Directrices para la Aplicación del Teletrabajo.
Igualmente, de la utilidad del acuerdo interministerial, en el cual se expide la normativa para regular la relación entre la organización asociativa de Economía Popular y Solidaria y el socio trabajador. Al respecto Katiuska Molina, representante de la Coalición Nacional de Economía Popular y Solidaria, dará sus argumentos.
El funcionario deberá aclarar el motivo por el cual los títulos artesanales se encuentran refrendados por el Ministerio del Trabajo y no por el Ministerio de Educación, a quien le corresponde la competencia. En este punto participará Carlos Sánchez Vallejo, director Nacional y expresidente de la Interprofesional de Artesanos Pedro Vicente Maldonado.
También referirá a la situación actual del caso Trabajadores Explocen; y, de la situación laboral de los trabajadores de las plataformas digitales. En el primer caso, participará Freddy Caiza, en representación de los trabajadores. Mientras que Silvia Bonilla, abogada de los trabajadores afectados de las plataformas digitales expondrá el sustento legal.
Por último el secretario de Estado se referirá a la situación laboral de los gremios azucareros. Los legisladores contarán con el criterio del presidente encargado de la Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales, Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador, Ángel Rivero.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió, este 12 de noviembre, que el movimiento Justicia Social retome el proceso de inscripción de sus candidatos en las provincias en las que no ingresaron la documentación
La decisión se basó en el informe técnico jurídico que precisó que el movimiento cumplió con los procesos de democracia interna conforme al Calendario Electoral de los comicios 2021 y presentó la documentación de sus listas de candidatos en los plazos previstos, incluido el Binomio Presidencial; esto es, del 18 de septiembre al 7 de octubre de 2020.
Pero en el caso de las provincias en las que esa organización política no logró realizar sus elecciones primarias debido a la decisión del pleno del CNE de retirarle su personería jurídica y que fue revocada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), las autoridades del CNE concedieron cinco días para que cumpla este requisito, sumado a tres días adicionales para la aceptación de las candidaturas de forma personal y ocho, para la entrega de documentos.
Con esta decisión, el CNE cumple con la sentencia del TCE del pasado 30 de octubre, que resolvió mantener al movimiento Justicia Social en el Registro Permanente de Organizaciones Políticas habilitándolo para participar en las Elecciones Generales de 2021.
Por ello, el CNE y las Juntas Provinciales Electorales resolverán la inscripción de las candidaturas o concederá plazos para que el movimiento pueda subsanar las posibles inconsistencias solo en las provincias que tenían pendientes, lo que no incluye al binomio presidencial pues según se aclara en la decisión del pleno del órgano electoral, la inscripción de esta dignidad ya se cumplió de acuerdo a los preceptos reglamentarios.

Seguros La Unión, con más de 75 años en la actividad aseguradora privada a nivel nacional y con una calificación de riesgo AAA, ha cancelado la cantidad de $12’525.680,26 correspondiente a las pólizas: Todo Riesgo de Incendio No. TRI-12082, Seguro Contra Todo Riesgo de Vehículos No. VH-11633, y Equipo Electrónico No. EE-10433 de la Contraloría General del Estado.
El pago se ejecuta un año después de que terceros irrumpieran, asaltaran y quemaran las instalaciones de la oficina Matriz en Quito, en un repudiable hecho suscitado en el marco del paro nacional de Octubre de 2019.
Las circunstancias que son cuestionables de esta violencia motivaron varios reclamos que no fueron acogidos por la justicia. Sin embargo, creyendo firmemente en el derecho, la transparencia y sobre todo en el futuro del país Seguros La Unión hace lo que le compete: trabajar por el compromiso de garantizarle tranquilidad y confianza a cada uno de nuestros clientes.
Este pago por más de 12 millones de dólares se realiza en medio de los procedimientos administrativos que atañen a un proceso como este. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros emitió el pasado 4 de noviembre una resolución para que Seguros La Unión cumpla con la obligación a favor de la CGE, tras negar el recurso extraordinario de revisión interpuesto por nosotros.
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El Pleno de la Asamblea Nacional, en la sesión 686 del Pleno, resolvió solicitar al Presidente de la República, disponga la inmediata remoción del cargo a Roberto Dunn Suárez, presidente del Directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN), de conformidad con la moción presentada por la legisladora Lira Villalva, que alcanzó 88 votos afirmativos y 37 abstenciones.

Así mismo, disponer al Presidente de la Asamblea Nacional que, en un plazo de tres días, inicie las acciones pertinentes ante las autoridades de justicia en contra de Roberto Dunn Suárez, presidente del Directorio de la CFN, por existir elementos del cometimiento de delito por el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, conforme lo establecido en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal.
Además, exigir al Presidente de la República, disponga la inmediata suspensión del proceso de evaluación, valoración, desinversión y venta o “monetización” del Banco del Pacífico y que este no se retome hasta cuando se dé cumplimiento a la Resolución RL-2019-2021-076 adoptada por el Pleno de Legislativo el 27 de agosto de 2020.
También, disponer la comparecencia inmediata a la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional al Presidente y Directorio de CFN para que rindan cuentas de su incumplimiento y entreguen la información relacionada con el proceso de supuesta venta del Banco del Pacífico.
Ponencia y debate
Franco Romero, ponente y presidente de la Comisión de Régimen Económico, en su intervención, recordó la decisión del Pleno de la Asamblea Nacional, de desclasificar la información relacionada con el Banco del Pacifico, que fue declarada como reservada por el Directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN), mediante resolución No. 061-2019 de 08 de julio de 2019. Además, determinó que la mesa legislativa dé seguimiento a este proceso.
Señaló que en una sesión de la Comisión, Roberto Dunn, presidente del Directorio de la CFN, ratificó el carácter reservado de la información solicitada, lo que generó cuestionamientos de los integrantes de la mesa. Ante eso, se solicitó a Asesoría Jurídica del Parlamento su criterio para tener claridad con relación al alcance de la resolución del Pleno.
Precisó que el titular de la CFN se comprometió a asistir a la sesión de la Comisión para tratar la supuesta venta del Banco del Pacífico, sin embargo, pocas horas antes, envió una carta excusándose, en tal virtud, los parlamentarios hicieron público su rechazo y, a través de una moción que tuvo el apoyo unánime de los integrantes de la mesa se recomendó el análisis para iniciar un juicio político en contra de la autoridad en mención, por incurrir en el incumplimiento de su obligación de comparecer a la Comisión.
En el debate, los legisladores rechazaron categóricamente la actitud del presidente del Directorio de la CFN, al desacatar la decisión del Pleno de entregar información sobre proceso de evaluación, valoración, desinversión y venta o “monetización” del Banco del Pacífico. Todos coincidieron en la necesidad de transparentar los datos.
La legisladora Ana Belén Marín subrayó que es desalentador que la Comisión de Régimen Económico no pueda entregar al Pleno un informe sobre este proceso. Solicitó la comparecencia, ante el Pleno, del Directorio de la CFN para que entregue información de este tema. Mientras, Gabriela Larreátegui dijo que se abstuvo de votar el informe no vinculante porque el presidente del Directorio de la CFN no es sujeto de enjuiciamiento político, en virtud de que no tiene potestad de emitir política pública.
Juan Cárdenas indicó que el juicio político debe iniciarse a la autoridad de la Superintendencia de Bancos. En cambio, el parlamentario Esteban Albornoz precisó que el presidente del Directorio de la CFN debía informar sobre el mencionado proceso y que no tiene nada que ver con el sigilo bancario.
Rodrigo Collaguazo mencionó que Roberto Dunn Suárez no solo desacató su comparecencia ante la Comisión, sino que irrespetó la institucionalidad de la Asamblea Nacional y eso tiene que ser sancionado.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) implementará un conteo rápido de los resultados electorales de los binomios presidenciales que participarán en los comicios generales del próximo 07 de febrero de 2021. Así lo aprobó el Pleno del organismo la noche de este 12 de noviembre.
Para implementar el conteo rápido, las autoridades electorales elaborarán un reglamento y la metodología de cálculo de la muestra será avalada por organismos internacionales, con los que el CNE ya viene realizando varios acercamientos.
De esta manera, el CNE garantiza el desarrollo de un proceso electoral con los mecanismos necesarios para ratificar la transparencia y el respeto absoluto a la voluntad popular expresada en las urnas.

Instar al ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, para que se transfiera los recursos económicos solicitados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y no se afecte la autonomía de la institución, ni el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales. Es la resolución que se adoptó este 11 noviembre durante la Sesión Ordinaria Nro. 58 del Pleno del CPCCS.
Además, por pedido del consejero Juan Javier Dávalos, la coordinación jurídica elaborará un informe sobre los mecanismos legales a seguir para exigir que se cumpla con la transferencia de los recursos para el CPCCS.
La resolución se tomó en vista de la reiterada negativa del Ministerio de Economía y Finanzas, de asignar los valores que el CPCCS requiere para llevar a cabo los procesos de designación de autoridades. Lo cual impide que se cumpla con esta obligación de la institución, establecida en la Constitución y la Ley, ya que debido a los recortes presupuestarios que ha sufrido el CPCCS es imposible reprogramar su presupuesto para atender esta necesidad.

Los hechos ocurrieron el 28 de agosto de 2019: el cadáver del niño de 3 años fue encontrado en su domicilio.
El Tribunal de Garantías Penales de Pastaza sentenció a Margoth Juliana I. y Richard Ronaldo R. a treinta y cuatro años y ocho meses de pena privativa de libertad, por el delito de asesinato.
Además, deberán cancelar 800 salarios básicos unificados como multa, cada uno.
Durante la audiencia de juicio, el fiscal Edgar Cajas Robalino presentó ante el Tribunal, como elementos probatorios: los testimonios del médico legista, quien señaló que se trató de una muerte violenta provocada por golpes que le causaron una hemorragia cerebral.
A esto se sumaron los testimonios de los agentes de Policía que elaboraron el parte policial, los informes de inspección ocular técnica, de reconocimiento del lugar de los hechos, de autopsia y de reconstrucción de los hechos.
Las pruebas expuestas demostraron la culpabilidad de la pareja en el delito, por lo que fueron declarados culpables de asesinato, tipificado y sancionado en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), al que se sumaron las agravantes de los numerales 5 y 11 del artículo 47, del mismo cuerpo legal.

Fiscalía procesó a cinco personas, presuntas integrantes de una organización delictiva encargada de ejecutar secuestros y robos al interior de vehículos, aparentando prestar servicio en la modalidad de “taxi amigo”, cuyo sector de operaciones sería el centro de Guayaquil.
En la audiencia de formulación de cargos de la tarde del martes 10 de noviembre de 2020, en la Unidad Judicial Sur Valdivia, el fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, Eduardo Díaz Zambrano, presentó como elementos de convicción: los informes investigativos y de reconocimiento del lugar de los hechos, elaborados por la Unidad Antisecuestro (Unase) y la Dirección de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) de la Policía Nacional.
También, los informes de vigilancia, seguimiento e interceptación de llamadas, efectuados con disposición y autorización de autoridad competente; la denuncia reservada presentada en Fiscalía por parte de la perjudicada, además de las evidencias incautadas en los allanamientos ejecutados por varios agentes fiscales en Guayaquil, que se encuentran en cadena de custodia.
El juez de Garantías Penales, Luis Tapia Chacón, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Ricardo Javier L. P., Joe Alexander G. C. y Jimmy German T. A., mientras que emitió medidas cautelares de presentación ante la autoridad y prohibición de salida del país para Héctor Moisés T. R.
La instrucción fiscal durará noventa días.
Contexto.
Fiscalía inició un proceso investigativo el pasado 10 de julio de 2020, luego de que una funcionaria de la Fiscalía del Guayas denunciara el robo y secuestro del que fue víctima por parte de un sujeto que ofrecía servicio de taxi, que la recogió en los exteriores del edificio Fiscalía La Merced.
El ahora procesado la trasladó al norte de Guayaquil y en el trayecto recogió a otras dos personas, que procedieron a inmovilizarla, para robarle 200 dólares en efectivo, tarjetas de créditos, documentos de identidad y su teléfono celular.
En el transcurso de las investigaciones, la Policía Judicial rastreó el celular robado y, con ello, se armó un operativo de ubicación y captura de las tres personas que intervinieron en el hecho, además de una cuarta, que habría intervenido en la venta de los artículos robados.
Dato jurídico.
Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de asociación ilícita con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió convocar la conformación de Observatorios Ciudadanos a la política pública que llevan a cabo los municipios de todo el país, sobre la gestión y controles aplicables a los vendedores populares y trabajadores autónomos que  usan los espacios públicos para la realización de su actividad productiva o comercial. 
El consejero Hernán Ulloa, quien propuso la moción conjuntamente con el consejero Juan Javier Dávalos, argumentó que la necesidad del Observatorio Ciudadano parte de los lamentables hechos de conocimiento público sobre maltrato a comerciantes informales en distintas ciudades del país. “El ornato no puede estar sobre los derechos humanos de los comerciantes” aseveró.
Durante la Sesión Ordinaria No. 058, de este 11 de noviembre, el Pleno del CPCCS también aprobó la conformación de tres Veedurías Ciudadanas para vigilar el proceso del concurso público de méritos y oposición para la selección y designación del Registrador de la Propiedad con funciones y facultades de Registro Mercantil de los cantones Cevallos (provincia de Tungurahua), Pangua (provincia de Cotopaxi) y El Carmen (provincia de Manabí). 
Además, por pedido de la consejera Ibeth Estupiñán, se resolvió emitir un reconocimiento a la trayectoria y servicio que brinda la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, por celebrarse el trigésimo quinto aniversario de su creación.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó por unanimidad este 12 de noviembre una optimización de 23'256.541 dólares en el presupuesto electoral para las Elecciones Generales del 07 de febrero de 2021. Esta actualización garantiza la calidad y organización del proceso electoral.
De esta cifra, equivalente al 20% del total del presupuesto fijado inicialmente en USD 114'317.185, el mayor rubro es de 16 millones de dólares, que corresponden a la reducción de dos escalas salariales en los sueldos de los funcionarios electorales.
Asimismo, en el convenio con la Policía Nacional hubo una reducción de 2'039.081,28. Otro rubro optimizado es de 1'466.207,08 en la integración del paquete electoral, mientras que los servicios a contratarse con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), el ajuste es de USD 4'234.716,15, entre otros.
Con esta decisión, el presupuesto para los comicios generales del próximo año se fijó en USD 91'060.644, cifra que se sustentó en los informes de cada una de las áreas técnicas del CNE, así como en el estado en el que se encuentra la suscripción de los convenios con instituciones del Ejecutivo que absorberán ciertos servicios y productos del proceso electoral.
Tras esta resolución, el Consejo Nacional Electoral contará con un presupuesto que, por un lado, responde a la realidad económica del país y mantiene los compromisos alcanzados con el Ejecutivo, y que además garantiza que los comicios del próximo año se celebren de manera eficiente y transparente, garantizando en todo momento la salud de la ciudadanía y su voluntad, expresada en las urnas

Las reformas que derogan la inhabilidad especial por mora para garantizar el empleo de los servidores públicos del Ecuador tuvo el respaldo unánime (125 votos) del Pleno de la Asamblea Nacional. La propuesta de Ley irá en las las próxima horas al Ejecutivo, para su sanción u objeción. Con esta normativa suman 16 las aprobadas de manera virtual, en la administración del presidente César Litardo Caicedo.

El proyecto de reformas a la Ley de Servicio Público (Losep), que fue discutido sobre la base del informe elaborado por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, plantea la no inhabilidad especial por mora, en ejercicio de funciones, ni como falta disciplinaria o causal de remoción de la servidora o del servidor público.
Garantiza la estabilidad, al regular la inhabilidad por mora para el ingreso al servicio público cuando las personas se encuentren en mora con el Gobierno Nacional, Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), Servicio de Rentas Internas (SRI), Banco Central del Ecuador, instituciones financieras abiertas o cerradas pertenecientes al Estado, entidades de derecho privado financiadas con el cincuenta por ciento (50%) o más con recursos públicos; así como empresas públicas o, en general, con cualquier entidad u organismo del Estado.
Se exceptúan de esta norma, los nombramientos expedidos o contratos celebrados a favor de personas que se encuentran en mora con entidades o empresas públicas o que administren recursos públicos si, previo a la obtención del nombramiento o contrato, se hace constar en la declaración patrimonial juramentada de inicio de gestión, el detalle de la deuda y del convenio o facilidades de pago suscrito entre el deudor y el acreedor.
Con esta propuesta se soluciona un vacío legal, que no explica qué pasa cuando un funcionario público entra en mora con una entidad del Estado, estando en funciones, explicó la asambleísta Rina Campain, proponente y ponente de la reforma legal.
Argumentó que la estabilidad laboral de los trabajadores se encuentra amenazada, ya que de manera injusta se viene despidiendo a los servidores públicos en funciones bajo la aplicación errónea de la figura “inhabilidad especial por mora” estipulada en el artículo 9 de la vigente Ley Orgánica del Servicio Público (Losep).
Las personas que caen en mora, están obligadas a pagar multas, intereses, costas judiciales, honorarios profesionales y en el caso de los servicios públicos están sujetos al corte del mismo.
De su lado, la presidenta de la Comisión de los Trabajadores, Karina Arteaga, recordó que, entre los efectos de la pandemia, la paralización de las actividades generadoras de ingresos económicos, hizo que haya una ostensible demora en el pago de las remuneraciones, al menos en el ámbito público. Es por ello, que, según la asambleísta, el servidor público que no tenía su sueldo a tiempo iba a quedar en mora en el cumplimiento de las obligaciones crediticias.
Dijo que estas realidades obligan a tomar acciones que reivindiquen la vulneración de derechos de ex servidores públicos, que perdieron sus empleos por deudas irrisorias.
Informó que la propuesta de Ley fue validada por expertos en la materia y trabajada de la mano con el órgano rector de la política laboral, se legitimó con las experiencias y el temor de los servidores públicos, que en plena crisis sanitaria derivada del covid-19, se encontraban sin remuneración y en mora de sus beneficios laborales, de ser notificados por incurrir en la inhabilidad especial por mora y perder sus empleos.
Los cuatro legisladores que intervinieron, en este segundo debate, coincidieron que es una iniciativa positiva y oportuna, además solucionará el problema de estabilidad laboral de muchos servidores públicos que están siendo separados por una deuda que no representa en lo más mínimo una pérdida para el Estado. Adicionalmente, evitará que se cometan interpretaciones erróneas o abusos por parte de ciertas autoridades en perjuicio de los servidores públicos. De su lado, el parlamentario Eddy Peñafiel manifestó que se debe exigir el cumplimiento de los convenios de pago a los que cada funcionario pueda tener acceso.
Testimonios
En esta sesión se proyectó un video con testimonios de trabajadores despedidos por encontrarse impagos en planillas luz, así como deudores de BanEcuador y otras instituciones públicas, incluidos los GAD, entre otros.
Contenido
El referido proyecto de Ley contiene un artículo único que sustituye al artículo 9 de la Losep, además dos disposiciones transitorias, una derogatoria y su respectiva disposición final.

El asambleísta Mariano Zambrano, presentó ante la Comisión de Desarrollo Económico, el proyecto de reformas a la Ley de Emprendimiento e Innovación para la Implementación Efectiva del Emprendimiento Juvenil.

Durante su ponencia, el parlamentario indicó que en la reforma se propone la implementación de una Bolsa de Emprendimiento, a cargo del Ministerio de Producción. Dicha Bolsa tendrá como objetivo la promoción y el financiamiento de los planes de negocios, que fueron aprobados como trabajos de titulación y será el punto de encuentro entre jóvenes recién graduados e inversionistas.
Así mismo, puntualizó que la modificación planteada reconoce una relación tripartita, conformada por estudiantes, universidades e inversionistas, y a cada una de las partes se les confiere incentivos para el funcionamiento de la Bolsa de Emprendimiento.
Bolsa de emprendimiento.
El objetivo de esta plataforma (Bolsa de Emprendimiento) es la promoción y financiamiento de los precitados planes de negocios o proyectos de emprendimiento. El financiamiento de estos proyectos habilitará el acceso al Registro Nacional de Emprendimiento y, consecuentemente, a incentivos.
Resaltó que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) tendrán acceso a esta Bolsa y promocionarán aquellos proyectos que se relacionen con el desarrollo de las circunscripciones territoriales o el mejor funcionamiento de sus competencias.
Trabajo de titulación.
En su exposición sugirió que se sustituya el artículo 21 por el siguiente: Opción de Trabajo de Titulación: Las instituciones de educación general y de educación superior establecerán como alternativa a los trabajos de titulación, la presentación de planes de negocios o proyectos de emprendimiento, los cuales, deberán ser aprobados como requisito para el otorgamiento del respectivo título.
Además, los planes de negocios o proyectos de emprendimiento aprobados por las instituciones educativas serán remitidos a la Bolsa de Emprendimiento para su valoración, clasificación, promoción y seguimiento (...).
Oportunidad.
El parlamentario sostuvo que el emprendimiento, en estas circunstancias (pandemia) constituye un medio de sobrevivencia ante la escasez de oportunidades laborales, situación de la que tampoco están exentos los jóvenes profesionales.
Una vez conocido el proyecto, la mesa comenzará con el tratamiento y la socialización del mismo.

Pero se debe trabajar por el pueblo y no para los bolsillos

Sofia Espin: Lo que hicieron en ecuador, no es otra cosa sino una persecución absurda, con odio con venganza porque en el gobierno de la revolución ciudadana se dio dignidad a los humildes, se dio salud gratuita, se dio educación gratuita. Esto jamás iba a aceptarlo la derecha peor el neo liberalismo, que ha venido siendo un fracaso para la mayoría de los países cuyos gobiernos manejan o están manejados por la derecha.

De otro lado dijo, hemos visto como se ha sentenciado a cuatro años al Asambleista Mendoza, se lo tienen la mejor cárcel y allí si se encontró la evidencia, mientras que Jorge Glass se lo tiene detenido ya van tres años seis meses y hasta el momento no se encuentra nada de lo que se le acusa al vicepresidente legítimo Jorge Glas.

El hambre y el desplazamiento de la población a nivel mundial aumentarán a causa de la pandemia de COVID-19, a medida que los migrantes y quienes dependen de su ayuda económica buscan desesperadamente un trabajo para mantener a sus familias, advierte un nuevo informe del Programa Mundial de Alimentos y la Organización Internacional de las Migraciones.
El estudio indica que la pandemia y las medidas de confinamiento han aumentado la llamada inseguridad alimentaria, es decir la imposibilidad de acceder a la comida de forma regular. También ha crecido la fragilidad entre los migrantes y las comunidades obligadas a abandonar sus hogares por conflictos y desastres naturales.
Sin ingresos sostenidos, el informe advierte que muchos migrantes no solo se verán obligados a regresar a sus hogares, sino que también provocarán una caída temporal de las remesas, el dinero que los migrantes envían a sus países, que proporcionan un sustento esencial para alrededor una de cada nueve personas en el mundo, alrededor de 800 millones.
El Banco Mundial espera una caída del 14% en las remesas a los países de ingresos bajos y medianos para el 2021. Las consecuencias para la seguridad alimentaria podrían ser devastadoras. El PMA proyecta que para fines de 2021 al menos 33 millones de personas más podrían pasar al hambre debido solo a la disminución prevista de las remesas.

OPS /Karen González Abril
Una familia de migrantes venezolanos en la Guajira, Colombia, durante la pandemia de COVID-19.
Una caída que ya se siente en América Latina
Las poblaciones migrantes centroamericanas ya están experimentando el impacto económico severo del COVID-19, más de la mitad de quienes participaron de un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones habían perdido su trabajo por la pandemia, y un 82% dijo que habían tenido que reducir la cantidad de remesas que normalmente envían porque no tenían suficientes ingresos.
En el Corredor Seco de la región, donde las sequías afectan a Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador, la situación que se vive es muy difícil, con un 78% de los hogares que dependen de las remesas para sobrevivir o complementar sus ingresos y así comprar alimentos o invertir en la agricultura familiar. El estudio de las agencias de la ONU indica que más del 60% de las personas encuestadas en los cuatro países en agosto de este año expresaron su preocupación por no tener suficiente para comer, particularmente en Honduras.
Los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos también pagan un grave precio por la situación actual ya que han sido los más afectados por cierres de fronteras, las restricciones de actividad económica y la falta de acceso a la salud y seguridad social. Además, los ataques de xenofobia y otras expresiones de discriminación han aumentado con la pandemia.
Los venezolanos dependen en gran medida del sector informal, y el declive económico en sus países de acogida están socavando gravemente sus medios de subsistencia al punto de obligarlos a regresar a Venezuela. Unas 120.000 personas habían regresado a su país de origen hasta octubre de 2020 y muchas se han quedado varados en las fronteras. Según el informe, las autoridades venezolanas han estado rechazando a muchos retornados.

Familias venezolanaas migrantes regresando a su país en la pandemia de COVID.
El hambre y es desplazamiento: estrechamente relacionados
“El impacto socioeconómico de la pandemia es más devastador que la propia enfermedad. Muchas personas de países de ingresos bajos y medianos, que hace unos meses eran pobres, pero podían sobrevivir, ahora encuentran que sus medios de vida han sido destruidos. Las remesas enviadas por los trabajadores en el extranjero a sus familias en el país también se han agotado, lo que ha provocado enormes dificultades. Como resultado, las tasas de hambre se están disparando en todo el mundo”, expresó el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley.
El informe explica que la inseguridad alimentaria y el desplazamiento están estrechamente relacionados. El hambre, especialmente cuando se combina con un conflicto, es un factor crítico que impulsa a las personas a moverse. Nueve de cada diez de las peores crisis alimentarias del mundo se producen en países con el mayor número de desplazados internos. Mientras tanto, la mayoría de las personas desplazadas se encuentran en países afectados por la inseguridad alimentaria aguda y la desnutrición.
El Programa Mundial de la Alimentos y la Organización Internacional para las Migraciones piden a la comunidad internacional que se asegure de que se hagan todos los esfuerzos posibles para limitar el impacto inmediato en los más vulnerables, al tiempo que se garantizan inversiones a más largo plazo que aseguren un camino hacia la recuperación.
Las agencias recalcan que no se trata de una crisis temporal, sino de una profunda disrupción que cambiarán los patrones de migración hasta por varios años.
“Una migración bien gobernada, como se describe en la Red de las Naciones Unidas sobre Migraciones, es un elemento esencial de una respuesta efectiva a COVID”, afirman.

El Programa Mundial de Alimentos asiste a las comunidades indígenas de Guatemala afectadas por la inseguridad alimentaria como consecuencia de la crisis del COVID-19.
Recomendaciones del informe
El PMA y la OIM proponen ocho acciones prioritarias para reconocer la relación entre el hambre y la migración, fundamental dentro de la respuesta a la crisis actual:

1. Garantizar que los migrantes que enfrentan graves dificultades puedan acceder asistencia para satisfacer sus necesidades alimentarias y otras necesidades esenciales.

2. Brindar asistencia a los desplazados y a sus comunidades anfitrionas, incluidos refugiados y solicitantes de asilo, desplazados internos, así como migrantes en situaciones de crisis.

3. Proporcionar acceso seguro a servicios críticos e información inclusiva para todas las poblaciones en movimiento y desplazadas internamente.

4. Reconocer las contribuciones positivas de los migrantes y la diáspora, y promover su inclusión en los sistemas de protección social.

5. Facilitar el flujo de remesas como elemento financiero esencial.

6. Promover los ajustes necesarios a los marcos legales nacionales y garantizar el acceso a los servicios de justicia.

7. Contrarrestar la xenofobia, la estigmatización y la discriminación hacia personas en movimiento a raíz del COVID-19.

8. Mejorar los datos y el análisis para comprender mejor los impactos de COVID-19 sobre movilidad, remesas y dinámica de la seguridad alimentaria.

En el marco del proceso de Evaluación de Fiscales, que se desarrolla a escala nacional, durante la semana del 9 al 13 de noviembre se lleva a cabo el levantamiento de información de las fiscalías no enlazadas al Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales (SIAF) en la provincia de Los Ríos.
Por delegación de la Fiscal General del Estado, Dra. Diana Salazar, la Dra. Janeth Arias, directora de Control Jurídico y Evaluación de la Actuación Fiscal, coordina con el Consejo de la Judicatura el desarrollo de este proceso.
Por ello, junto al equipo de analistas de la Dirección bajo su cargo, efectúan el respectivo levantamiento de información en la provincia de Los Ríos, que cuenta con trece cantones.
Hasta el momento ha culminado la revisión de expedientes en la Fiscalía de Fuero Provincial, a cargo del Dr. Luis Pesantes, y de los cantones Babahoyo, Baba, Vinces, Palenque y Montalvo, correspondientes al periodo 2016-2019.
La Dra. Arias ha dado disposiciones respecto a la actuación fiscal, aplicando los principios de celeridad y de oportunidad, siendo enfática en el especial interés que se debe tener en las investigaciones en que las víctimas son niñas, niños y adolescentes.
Además, señaló que, de conformidad con el artículo 444 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), las actuaciones de la Fiscalía también las realiza de oficio, para ofrecer un mejor acceso a la justicia a las víctimas y a la ciudadanía, con el objetivo de evitar la impunidad.

La mañana del martes 10 de noviembre de 2020, la subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, presidida por el asambleísta Ángel Sinmaleza informó, mediante rueda de prensa, que los delegados de los ministerios de Finanzas, Salud y Trabajo tienen hasta el día de mañana miércoles 11 de noviembre para presentar los textos alternativos para la reforma a los artículos 10 y 40 del reglamento de la Ley Humanitaria, relacionados a la aplicación del artículo 25 de la Ley en vigencia desde julio pasado, donde se determina el otorgamiento de nombramientos definitivos a los médicos y trabajadores de la salud que laboraron durante la emergencia del Covid-19.
Sinmaleza aclaró que la subcomisión no acepta el planteamiento formulado por los delegados del Ejecutivo, el pasado lunes 9 de noviembre, de que se emita una normativa secundaria interministerial para proceder a los nombramientos de los profesionales de la salud, cuando el pedido puntual es reformar el reglamento.
La asambleísta Rosa Verdezoto, miembro de la subcomisión, advirtió que si no existe una respuesta al pedido de reformar el reglamento, el siguiente camino es iniciar un juicio político en contra de los tres ministros de Estado por incumplimiento de funciones debido a la falta de aplicación del artículo 25 de la Ley Humanitaria.
Recordó que el origen de la subcomisión y el pedido de los gremios de la salud es la reforma al reglamento y eso lo puede hacer el Ejecutivo en dos días si existiera la voluntad política; por eso, hoy se pide un pronunciamiento frontal para atender a los médicos y a los trabajadores de la salud; pero “si no tenemos una respuesta inmediata, dentro de esta misma subcomisión vamos a empezar a tramitar un juicio político por incumplimiento de lo que está establecido en el artículo 25 de la Ley Humanitaria”, subrayó Verdezoto.
También Ismael Espinosa y Carlos Ulfe, dirigentes de los profesionales de la salud, dijeron que apoyan la resolución de la subcomisión de salud y que no están de acuerdo con lo planteado por el gobierno de crear un acuerdo interministerial para proceder a los nombramientos y dejar en vigencia un reglamento que no observa lo que determina la Ley Humanitaria.
Espinosa añadió: «Lo único que pedimos es una estabilidad ganada durante años y no solo la estabilidad a los empleados o médicos, sino a todos los trabajadores de la salud que siguen trabajando en pandemia; pues no se ha acabado la pandemia, más aún cuando se esperan un rebrote de Covid-19, porque hay cifras de que existen 700 contagios diarios solo en la ciudad de Quito», apuntó.
Los dirigentes afirmaron que seguirán con los plantones dentro de lo que la Ley lo permite, no se paralizará la salud, porque los médicos y trabajadores no somos irresponsables, subrayó.
“Nosotros hoy pedimos el cumplimiento de esa Ley que él presidente aprobó y lo que es un derecho adquirido en beneficio de todos quienes seguimos trabajando en la pandemia”, manifestó el dirigente.
Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

La sentencia condenatoria de diez años de privación de libertad, por el delito de secuestro extorsivo, contra los policías (y hermanos) Edwin Bolívar y Jhonatan Marcelo G. R. fue ratificada.
También quedaron confirmadas la multa de cuarenta salarios básicos unificados, que deberán destinar a la administración de justicia, y la reparación integral de 5.000 dólares que deberán entregar a favor de la víctima: Alexis Giovanny P. T.
La audiencia de apelación a la sentencia se instaló ante la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, la tarde del 9 de noviembre de 2020. A decir de la defensa, la sentencia condenatoria se dictó sin prueba suficiente para demostrar que sus clientes secuestraron a la víctima y la extorsionaron.
Sin embargo, la fiscal especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional, Paola Solís, expuso las pruebas con las que los policías fueron sentenciados en primera instancia como autores del delito.
Se detallaron los testimonios de los agentes aprehensores, de la psicóloga que atendió en primera instancia a la víctima, la valoración psicológica y rasgos de personalidad de los procesados y sus versiones, en las que se contradicen en cuanto al motivo por el que la víctima estaba esposada al interior del vehículo; entre otros.
La noche de 17 junio de 2019, una mujer denunció a las autoridades que dos policías le solicitaron 5.000 dólares en efectivo para no ejecutar una boleta de detención en contra de su cuñado, Alexis Giovanny P. T. La citaron en El Panecillo, en el centro de Quito, para intercambiar el dinero por la libertad de su familiar.
Cuando las autoridades llegaron al lugar acordado, se encontraron con Edwin Bolívar y Jhonatan Marcelo G. R. (sargento segundo y cabo primero en servicio activo en aquel entonces), y su víctima, aprisionada al interior de un vehículo con esposas de dotación policial, pertenecientes a uno de los agentes sentenciados.
Alexis Giovanny P. T. dijo a las autoridades que horas antes jugaba en una cancha deportiva, cuando los dos policías entraron en ella, por lo que todos se retiraron. Pero, a media cuadra de las canchas, lo esposaron y subieron en un taxi para llevarlo hasta El Panecillo. Ahí le mostraron una supuesta boleta de detención y orden de allanamiento a su domicilio –por una supuesta investigación penal en su contra– y le exigieron dinero para no ejecutarla.
Las autoridades verificaron la información en el sistema policial y el ciudadano no tenía ninguna orden de captura.
La Jueza que supuestamente firmó los documentos, en su testimonio, aseguró que no era su rúbrica.
“Se demostró en la audiencia de juzgamiento que las firmas de esos documentos fueron falsificadas”, dijo la fiscal Paola Solís ante la Sala Penal.
Secuestro extorsivo
Cuando la persona que priva de la libertad o retiene a otra en contra de su voluntad, tiene como propósito cometer otra infracción u obtener de la víctima o de terceras personas dinero (…) a cambio de su libertad, recibe una pena privativa de libertad de diez a trece años, según el artículo 162 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, 126 votos afirmativos, el proyecto de reformas al Cierre de la Crisis Bancaria de 1999. Con esta norma, que beneficiará a cientos de familias ecuatorianas, el Legislativo lleva 15 leyes aprobadas bajo modalidad virtual, así lo destacó el titular del Parlamento, César Litardo Caicedo.

El proyecto en mención, elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico, fue una iniciativa impulsada por el asambleísta César Rohon.
El presidente de la Comisión y ponente del proyecto, Esteban Albornoz, hizo un recuento de varias leyes que se aprobaron con el fin de solventar el problema de los acreedores de buena fe afectados por la crisis de 1999, sin embargo, no se llegó a un buen término. Señaló que la mesa pretende dar solución a este colectivo para que después de 21 años obtengan los títulos de sus propiedades.
Mencionó que durante el tratamiento del proyecto se contó con la participación y trabajo del Banco Central del Ecuador, Inmobiliar y representantes de los acreedores de buena fe, por lo que ha resultado un proyecto con un alto grado de consenso.
Reformas
El ponente del proyecto destacó que se reforma el artículo 28 en tres puntos.
En el primer artículo se establecen los procesos de transferencia de dominio de los bienes inmuebles que se encuentren registrados a nombre del Banco Central del Ecuador, del Servicio de Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar) o quien haga sus veces, o del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a las personas naturales o jurídicas de derecho privado.
El segundo artículo desarrolla los requisitos y el procedimiento a seguir por parte de los compradores o promitentes compradores; así como, de las instituciones estatales para la transferencia de dominio de bienes inmuebles.
Finalmente, el tercer artículo determina la casuística en el consentido de existir pagos parciales realizados por los compradores o promitentes compradores sobre bienes inmuebles, la recuperación de saldos adeudados, la remisión de gastos y costas judiciales; así como, de intereses legales y moratorios que se hubieren generado; y, el establecimiento de una tasa de interés para el pago de saldos pendientes.
Debate
El asambleísta César Rohon, quien impulsó la iniciativa, manifestó que los acreedores de buena fe anhelan y esperan que se haga justicia y puedan ser legalmente propietarios de sus activos. Recalcó que el Estado debe devolver a los ciudadanos sus propiedades a través de una escritura pública, ya que muchos cancelaron la totalidad de sus bienes, y quienes no lo hicieron con esta ley tienen la posibilidad de efectuarlo mediante pagos parciales.
Durante el debate, los legisladores manifestaron que en 1999 los ecuatorianos fueron perjudicados por determinados bancos y los responsables aún no han sido sancionados. Estuvieron de acuerdo en que era hora de hacer justicia con los ciudadanos afectados y pidieron hacer varias modificaciones en el artículo 28.2, Requisitos específicos.
Señalaron que los acreedores de buena fe durante años no han contado con las herramientas jurídicas necesarias para legalizar sus bienes, por eso dijeron que es necesario aprobarla para poner punto final a la crisis de 1999.
Otros señalaron que la crisis fue creada por los dueños de los bancos privados y eso provocó una oleada migratoria. Así también, solicitaron transparentar información sobre cuántas personas serían beneficiadas, cuántos serían los bienes transferidos, entre otros aspectos.
Los parlamentarios pidieron que se establezca una disposición que determine que el resultado de la aplicación sea conocido semestralmente por la Comisión de Desarrollo Económico. Además, recomendaron establecer un plazo de 180 días para ejecutar las transferencias de los bienes.
Puntos acogidos
Una vez que culminó el debate, el ponente del proyecto indicó que se acogieron varias observaciones realizadas por los asambleístas durante el segundo debate, entre ellas: en el artículo sobre Requisitos, los acreedores de buena fe deberán presentar documentos probatorios públicos y privados.
Así mismo, la Asamblea Nacional deberá hacer seguimiento a este proceso de transferencia de bienes y las instituciones pertinentes informarán trimestralmente a la Legislatura sobre estos actos.  
Sobre el plazo de 180 días para la transferencia de bienes, el legislador Albornoz apuntó que esto podría convertirse en un problema, porque si pasa dicho periodo y los herederos o propietarios, por ejemplo, están fuera del país se produciría un nuevo conflicto.
Una vez aprobada la norma esta pasará al Ejecutivo para su aprobación u objeción.

Miami (10 de noviembre de 2020).- Los procesos judiciales contra periodistas y medios de comunicación deterioran las libertades de prensa y expresión, según el Índice Chapultepec, estudio de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizado en 22 países de la región entre mayo de 2019 y abril de este año.
La medición, efectuada por la Universidad Católica Andrés Bello, permite un análisis sobre el comportamiento de los entornos institucionales y arrojó que diversos procesos judiciales emprendidos contra periodistas mermaron las libertades de prensa y expresión.
En Perú, los periodistas han enfrentado juicios de larga duración como forma de presión. En Nicaragua, las principales debilidades a la falta de libertad de expresión están relacionadas con el control absoluto del entorno Ejecutivo sobre los poderes Judicial y Legislativo. En Argentina, el Poder Ejecutivo impulsó un proyecto de reforma que atenta contra la independencia del Poder Judicial.
Por el contrario, en Brasil la acción institucional de los poderes Judicial y Legislativo en defensa de la libertad de expresión representó una fortaleza en el actual escenario, poniendo frenos y contrapesos al Poder Ejecutivo.
En este micrositio de la SIP se pueden leer los informes país por país, los análisis DOFA y las estadísticas.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

Esta tarde, en audiencia de procedimiento abreviado, el juez Marco Rodríguez sentenció a una pena privativa de libertad de 50 meses al exasambleísta Daniel M.; de 40 meses, a Jennifer C., Ángel A. y José S.; y, de 34 meses, a Edmundo T., Jean Carlos B., Franklin C. y José V., como autores del delito de delincuencia organizada, tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Además, el Magistrado dispuso, como reparación integral a la víctima (el Estado), el  pago de 8’000.000 de dólares, que se dividirá entre todos los sentenciados en esta causa.
En el fallo también se ordena que Daniel M., Jennifer C., Ángel A. y José S. cancelen una multa de 10 salarios básicos unificados, mientras que Edmundo T., Jean Carlos B., Franklin C. y José V. paguen 4 salarios básicos unificados.
Al inicio de la audiencia, los ocho procesados consintieron la aplicación de este procedimiento y admitieron el hecho que se les atribuye, según lo determina el artículo 635 del COIP.
En la audiencia participó la Dra. Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado, quien mencionó que los hechos ocurrieron en el periodo 2019-2020, en las provincias de Pichincha y Manabí.
Dijo que esta estructura organizada estuvo conformada por funcionarios públicos como Daniel M., Edmundo T., Jennifer C., Ángel A. y Jean Carlos B., quienes prestaban sus servicios en la Asamblea Nacional y en el Secob; y, por personas particulares como Franklin C. y José V.
Según Fiscalía, estos ciudadanos, de forma permanente, planificaban y dirigían  actividades ilícitas utilizando mecanismos como la contratación pública, la recaudación de dinero por parte de las agencias de tránsito y la utilización del sistema financiero nacional para dar la apariencia de legalidad al dinero obtenido de manera ilícita.
Esta estructura se encontraba debidamente organizada, a través de la distribución de roles determinados. Los líderes de la organización, desde la Asamblea Nacional, gestionaban cargos en varias instituciones públicas.
Además, designaban a miembros de la estructura en puestos directivos y en comisiones técnicas para la adjudicación de contratos a las empresas cuyos representantes formaban parte de la organización, entre ellos, el contrato de construcción del Hospital Básico de Pedernales de 30 camas, por un monto aproximado de 16’000.000 de dólares, suscrito con el Consorcio Pedernales.
Fiscalía fundamentó su acusación en más de 70 elementos de convicción –que por el estado procesal se convirtieron en pruebas–. Entre las principales constan: los testimonios anticipados de los procesados, un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado, en el que se analiza el proceso de adjudicación del contrato de construcción del Hospital de Pedernales al Consorcio Pedernales.
Así también peritajes de llamadas telefónicas entre los procesados, una pericia practicada a los equipos informáticos incautados en el operativo Fortuner 1, en los que consta un documento con ingresos y egresos de la cuenta del Consorcio Pedernales, el informe de la pericia practicada a un computador en el que se encontró un archivo donde se detallan los valores de egresos mediante cheques pertenecientes a la Obra Hospital de Pedernales, entre otros.

En la Corte Provincial de Justicia del Guayas, se instaló –vía telemática– la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra once personas por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de influencias.
En la primera parte de la audiencia se trataron los vicios de procedimiento, procedibilidad y competencia, y cuestiones prejudiciales que pudieren afectar la validez del proceso penal. La diligencia fue suspendida y se reinstalará el próximo miércoles 11 de noviembre, a las 11:00.
La Fiscalía General del Estado ha recabado elementos de convicción suficientes que hacen presumir la participación y responsabilidad de funcionarios de la Prefectura del Guayas que trabajaban directamente con el entonces prefecto, Carlos Luis M. B., quienes adjudicaron contratos para la compra de insumos médicos a empresas que no cumplían con la normativa legal vigente y que vulneraron los procedimientos precontactuales y contractuales establecidos en la Ley Orgánica de Contratación Pública.
Estos contratos fueron suscritos durante la emergencia sanitaria debido a la pandemia por Covid-19.
Algunas de estas empresas se habrían encontrado en estado pasivo y los domicilios que constan en los contratos serían fachadas, y otras no habrían coincidido con los lugares señalados y registrados en las instituciones que controlan sus actividades.
Fiscalía procesa a estas once personas según el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de tráfico de influencias con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Además, se ratificaron las medidas cautelares dictadas por el juez de Garantías Penales del cantón Huaquillas, Ramiro Ramírez, entre estas, la prisión preventiva para Daniel S. Además, la inmovilización de 1,7 millones de dólares que él y su hermano, Noé S., mantenían en sus cuentas, así como la incautación de vehículos e inmuebles.
En la audiencia, que inició el 14 de octubre pasado y culminó esta mañana en la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Huaquillas, provincia de El Oro, la fiscal Ivonne Proaño presentó una gran cantidad de elementos de convicción para sustentar su dictamen acusatorio y el pedido de llamamiento a juicio de los procesados.
Noé S. fue detenido el pasado 9 de junio de 2020, cuando trataba de cruzar la frontera con Perú con 47.000 dólares, cuya procedencia no pudo justificar. Además, en su poder encontraron celulares, tarjetas de crédito y credenciales, una de ellas (falsa) tenía el nombre de Abraham M. y la foto de Daniel S.
El dinero, presuntamente, iba a ser usado para ayudad a Daniel S., quien se había accidentado en Tumbez (Perú) luego de cruzar la frontera de forma irregular, a bordo de una avioneta. Por este hecho se mantiene abierto otro proceso penal por presunto fraude procesal.
Este caso es procesado con base en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de lavado de activos hasta con trece años de pena privativa de libertad.

El 78 % de las personas que integrarán las 38 979 Juntas Receptoras del Voto (MJRV) el próximo 7 de febrero son estudiantes universitarios. Esto debido a que durante el sorteo de este 9 de noviembre, se aplicó el criterio de preferencia  a las personas matriculadas en entidades de educación superior del país. Ellos se encargarán de receptar el sufragio y realizar el escrutinio el próximo 7 de febrero, fecha en la que se celebrarán las Elecciones Generales 2021. En total, serán 272 853 personas destinadas las juntas de la circunscripción nacional, y 4410 para las tres circunscripciones especiales del exterior.
La Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales, previo al sorteo de designación, recopiló una base de datos compuesta por compañías del sector privado, instituciones públicas y privadas, universidades e instituciones educativas de nivel superior, colegios, centros artesanales, centros de Privación de la Libertad y personas con discapacidad. Toda esa información fue ingresada al sistema informático para el respectivo sorteo, con la presencia de un notario público. Además, el sistema dio prioridad para la designación a los estudiantes universitarios del país.
La presidenta Atamaint, quien acudió hasta la Delegación Provincial Electoral de Pichincha para conocer el sorteo, destacó que los MJRV serán los aliados principales del Consejo Nacional Electoral en este proceso, pues es a través de ellos que la ciudadanía será la encargada de llevar adelante el proceso de votación y escrutinio.
Una vez culminado el procedimiento de selección, se notificará a los miembros designados por medio de correo electrónico a partir de mañana, 10 de noviembre, hasta el jueves 24 de diciembre. Los seleccionados deberán cumplir con las atribuciones, deberes y obligaciones previstas en el Código de la Democracia y tendrán que participar de las jornadas de capacitaciones, que serán impartidas desde el 17 de noviembre hasta el 7 de febrero. Además, las ciudadanas y ciudadanos podrán consultar sobre su participación en las elecciones del próximo año a través de la página web del Consejo Nacional Electoral.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, invita a la ciudadanía a inscribirse en la Veeduría Ciudadana para fiscalizar e informar sobre los procedimientos administrativos y cumplimiento de la norma, inversiones, adquisiciones y contrataciones, así como, la provisión de prestaciones en la gestión del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISSPOL, durante el periodo de enero 2010 a diciembre 2021
Las inscripciones se recibirán del 9 al 16 de noviembre de 2020, en el correo electrónico  marisolsotomayor@cpccs.gob.ec.
Requisitos:

• Estar en goce de los derechos de participación.

• En el caso de personas jurídicas u organizaciones de hecho, encontrarse debidamente reconocidas ante las entidades correspondientes, o sus comunidades.

• Contar con una carta de delegación en caso de actuar en representación de organizaciones de la sociedad.

• Llenar el formulario de inscripción, adjuntando fotocopia de cédula de ciudadanía y de papeleta de votación.

Con 10 votos afirmativos, la Comisión del Derecho a la Salud, presidida por William Garzón, en la sesión 114, resolvió exhortar al Presidente de la Legislatura que, de manera inmediata, ponga en el orden del día de la próxima reunión del Pleno de la Asamblea el informe no vinculante de la investigación dispuesta para fiscalizar la obtención de carné de discapacidad.

El proyecto lo expuso la legisladora Nancy Guamba Díaz, representante de la provincia de Pichincha, quien destacó el intenso trabajo que cumplió el organismo sobre un tema delicado y sensible que causó indignación y malestar en la población, en razón de algunos hechos irregulares, tras recordar que el documento se aprobó el 14 de octubre de 2020.
Hospital de Portoviejo
Por segunda ocasión, la mesa recibió a la doctora Mayra Guillén, vocera de los trabajadores del Hospital de Especialidades de Portoviejo. Observó el cambio de la partida 51 de gasto corriente a la 71 de fondo inversión, siendo que este centro es de tercer nivel a nivel zonal.
Estamos desabastecidos de medicamentos, guantes, jeringuillas y hasta elementos para la limpieza de pacientes, cuyos familiares, incluso, tienen que adquirir de sus bolsillos hasta el 80 % de las recetas en terapias especiales. A pesar de esta situación, se pretende incorporar 10 camas adicionales, cuando no hay los equipos suficientes para atender las 30 existentes, sin considerar que somos profesionales médicos no magos, enfatizó.
Se requiere el financiamiento permanente que facilite el crecimiento del centro, a fin de que este crezca y, así, contribuir a bajar la mortalidad a consecuencia del Covid-19, precisó.
Pedido de información
En este contexto, la Comisión, acogiendo la moción del parlamentario manabita Carlos Vera, aprobó la resolución que determina, entre otros puntos, solicitar al Ministerio de Salud un informe respecto de cuál es el tipo de financiamiento que mantiene el Hospital de Especialidades de Portoviejo para su funcionamiento, si los recursos provienen de un fondo de inversión o está garantizado su financiamiento de forma corriente y permanente como centro de tercer nivel.
También, que la Secretaría de Estado explique el estado actual y entrega total del Hospital, en qué fase se encuentra; la cantidad de insumos, equipos médicos, y proyección de equipamiento para el 2021; la realidad del personal de salud y administrativo de contrato y las gestiones realizadas para el cumplimiento de la Ley Humanitaria.

La Asamblea Nacional, dentro de su programa de Responsabilidad Social Institucional, denominado “Accesibilidad Tecnológica al Sistema Educativo” para sectores más vulnerables del Ecuador, junto a la empresa Huawei Technologies Ecuador, donará insumos tecnológicos para los jóvenes de escasos recursos de zonas rurales del país.

En este contexto, el pasado 27 de octubre de 2020, la empresa privada realizó la entrega de 150 tablets, cuyas características tecnológicas permiten el fácil acceso a los servicios y herramientas digitales, al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo. En la cita participó el embajador de China en Ecuador, Chen Guoyou, como testigo de honor.
En el acta de donación se establece que la labor de la Legislatura servirá de canal de interrelación entre la empresa privada y los sectores que necesitan el apoyo efectivo mediante los equipos electrónicos.
La entrega de las herramientas tecnológicas a estudiantes de tercer nivel de educación será el próximo miércoles 11 de noviembre de 2020. El programa de responsabilidad social busca dotar de infraestructura tecnológica y contribuir con la disminución de la brecha digital generada por el confinamiento a consecuencia de la pandemia de Covid-19.
Como parte del aporte de Huawei, los jóvenes recibirán capacitación para el uso de las tablets y ha establecido un programa de pasantías para quienes cursen estudios en carreras tecnológicas.
De este modo, la primera Función del Estado afianza alianzas estratégicas con el sector privado para el desarrollo de su programa social, con la finalidad de aliviar los momentos críticos que atraviesa el país, especialmente en los sectores más vulnerables.

A las 10:45 de este domingo 8 de noviembre, Luis Arce Catacora juró como nuevo presidente de Bolivia al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). El nuevo gobernante asume el país con la meta de superar la dura crisis económica generada por la pandemia del Covid-19.
David Choquehuanca, flamante vicepresidente del Estado, fue el encargado de tomar el juramento al nuevo mandatario, en medio de la sesión de honor de diputados y senadores, y ante la atenta mirada de invitados nacionales e internacionales. El juramento se hizo en medio de gritos de los presentes que decían: “Jallalla Bolivia”.
El exministro de Evo Morales juró con la mano derecha en el corazón y no con el puño en alto, como suelen realizar los integrantes del MAS. Retumbaron petardos y gritos de celebración en la urbe paceña.
También derramó algunas lágrimas de emoción mientras se entonaba el himno nacional, cuando si levantó el puño izquierdo, ya con la banda propia del cargo que ahora ocupa.
Fuente Nodal

El continente americano se encuentra todavía en una “larga primera ola” de casos de COVID-19, advirtieron los expertos de la Organización Panamericana de la Salud este jueves durante su conferencia habitual.
El doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, informó que en los últimos siete días se ha reportado casi un millón de nuevas infecciones en la región, una de las peores semanas para el continente desde que comenzó la pandemia.
“Estados Unidos batió récords la semana pasada en cuanto a nuevas infecciones reportadas diariamente y estamos viendo tendencias crecientes en algunas provincias y estados de otros países de América del Norte, México y Canadá están impulsando las tendencias”, aseguró.
Barbosa, recordó que ya son más de 20 millones que se han infectado con COVID-19 en América, y de ellas 650.000 han muerto.
“Somos el hogar de más de uno de cada cuatro casos y un tercio de las muertes por coronavirus en el mundo”, dijo.
El experto recalcó que, si bien el número acumulado de nuevas infecciones continúa aumentando, es importante recordar que la perseverancia demostrada por muchos países en la implementación de medidas ha sido eficaz para aplanar la curva y proteger los servicios de salud
“Chile, por ejemplo, ha logrado reducir cuatro veces sus tasas de infección desde julio. Del mismo modo, Paraguay también ha disminuido las tendencias desde septiembre después de experimentar un pico de infecciones Y aunque Uruguay ha experimentado grupos de casos, ha podido evitar la transmisión comunitaria”, expresó.
Barbosa señaló que estos casos subrayan por qué es tan importante que las autoridades nacionales y locales implementen todas las medidas de salud pública necesarias.

Las interrupciones en los servicios de inmunización provocadas por la COVID-19, que dejan a millones de menores en riesgo de contraer enfermedades prevenibles, han provocado una llamada urgente del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) a actuar y evitar grandes epidemias de sarampión y poliomielitis.
Para solucionar las peligrosas deficiencias en materia de inmunidad en los países que no reúnen los requisitos para el programa de Gavi, la Alianza de las Vacunas, y en los grupos de edad a las que van destinadas, las dos organizaciones estiman que son necesarios unos 655 millones de dólares, de los cuales 400 millones se destinarían para la poliomielitis y 255 para el sarampión.
El director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó que, a diferencia de lo que ocurre con el coronavirus, se dispone de las herramientas y los conocimientos necesarios para combatir ambas enfermedades, pero que hacen falta los recursos y los compromisos para ponerlos en marcha. "Si lo hacemos, se salvarán las vidas de los niños", dijo.
"Este es un llamamiento mundial a la acción para que los donantes se mantengan firmes hasta conseguirlo y no den la espalda a los niños más pobres y marginados en sus momentos de necesidad", apuntó.
Se sumó al llamado la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, quien subrayó la necesidad de abordar la pandemia de COVID-19, pero sin descuidar otras enfermedades mortales que amenazan la vida de millones de niños en las zonas más pobres del mundo.
"Por ello, hoy pedimos urgentemente a los dirigentes de los países, los donantes y los asociados que adopten medidas a nivel mundial. Necesitamos recursos económicos adicionales para reanudar con seguridad las campañas de vacunación y dar prioridad a los sistemas de inmunización que son fundamentales para proteger a los niños y evitar otras epidemias además de la de COVID-19", enfatizó Fore.
Aumentan los brotes de sarampión y poliomielitis
Según los dos datos de ambas organizaciones, en los últimos años se ha producido un resurgimiento mundial del sarampión con brotes continuos en todo el mundo.
Esa situación se ha visto agravada por las deficiencias en la cobertura de vacunación que ha causado la pandemia de coronavirus, además de que los datos anuales de mortalidad por sarampión de 2019 ya apuntaban a un incremento de los casos de esa enfermedad. Esos datos se darán a conocer la próxima semana y mostrarán el efecto negativo de los continuos brotes en muchos países de todo el mundo.
También se prevé un aumento de la transmisión de la poliomielitis en Pakistán, Afganistán y múltiples zonas del continente africano con deficiencias de servicios de inmunización.
De no lograrse la erradicación ahora se producirá un resurgimiento mundial de la enfermedad, lo que se traducirá en hasta 200.000 nuevos casos anuales, en un plazo de diez años.
Durante los próximos meses está previsto el despliegue de una nueva vacuna oral contra la poliomielitis de nueva generación y el próximo Plan de respuesta estratégica ante los brotes de sarampión.

El juez Juan Aparicio Dueñas, de la Unidad Judicial Penal de Manta, dictó prisión preventiva contra Alexandra N. L., directora del CRS de Jipijapa, procesada por su presunta participación en el delito de concusión.
Las investigaciones iniciaron el pasado 22 de octubre, tras la denuncia de un familiar de una persona privada de libertad (PPL).
Sin embargo, pese a que la investigación se inició por el delito de extorsión, debido a que Alexandra N. L. se desempeñaba como funcionaria pública, Fiscalía la procesa por el delito de concusión.
Su detención se llevó a cabo la tarde de este viernes 6 de noviembre, luego de lo que se efectuaron varios allanamientos y diligencias entorno a este caso.
Entre los elementos de convicción que el fiscal Luis Cadena Vélez presentó ante el Juez constan: los certificados de depósitos realizados a tarjetas (de crédito y de casa comercial) que la ahora procesada dispuso para recibir el dinero solicitado, versiones de PPL que señalan a la funcionaria como la persona que les pidió el dinero a cambio del tramitar beneficios al interior de la cárcel y ante el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI); dispositivos electrónicos, documentos de PPL, anotaciones con información de movimientos al interior del centro penitenciario, dinero en efectivo, entre otros, que harían presumir la participación de la dtenida en estos hechos.
Alexandra N. L. es procesada por el presunto delito de concusión, tipificado en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sancionado con una pena privativa de libertad de tres a cinco años.

La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Elio Peña Ontaneda, sesionará mañana, lunes 9 de noviembre, con el propósito de recibir a los representantes de la Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador (Fenaje), quienes presentarán sus denuncias en torno a una supuesta falta de estabilidad laboral en el sector judicial.

Mediante carta dirigida a Elio Peña, la organización de los servidores judiciales del Ecuador solicitó al organismo fiscalizador se los reciba en comisión general, a fin de iniciar las conversaciones respectivas que les permita buscar una solución a su problemática.
También, los representantes de los servidores del sector judicial piden que la Comisión de Fiscalización requiera del Consejo de la Judicatura (CJ) la documentación relacionada con la aplicación del proceso de desvinculación, de acuerdo con el Proyecto de Optimización del Talento Humano establecido por el órgano de gobierno de la  Función Judicial.
Igualmente, proponen que la mesa requiera del Ministerio de Finanzas la documentación en torno al recorte de presupuestario de 2019 y 2020 en el sector justicia; pues, si bien entienden la situación que atraviesa el país, consideran se trata de un perjuicio, no solo para la Función Judicial, sino para la colectividad en general.
La sesión virtual 22 de la Comisión de Fiscalización y Control Político está prevista para el lunes, 9 de noviembre, a las 14h00.

 
Por: Pedro Martinez Pírez

El mundo respira aliviado con la victoria de Biden, dijo el ex presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, mientras el primer mandatario cubano, ingeniero Miguel Díaz-Canel, opinó que en sus elecciones presidenciales el pueblo de Estados Unidos optó por un nuevo rumbo.

Esas y muchas otras declaraciones han sido recogidas por los medios de prensa cubanos, los cuales han dado prioridad en las últimas horas al paso por Cuba de la tormenta tropical ETA, que antes había causado graves daños en Centroamérica.
El alivio por la victoria electoral de Joe Biden en los Estados Unidos se ha reflejado más allá de las Américas, especialmente en Europa y en Asia, golpeadas también por la errática política del gobierno que concluirá su mandato el próximo 20 de enero.
También es un alivio para la Organización de las Naciones Unidas, la UNESCO, la Comisión de Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud, las instituciones defensoras del Medio Ambiente y en general para quienes en el mundo apoyan y fomentan el multilateralismo. 
Y el cambio de rumbo de la política de Washington hacia Cuba es algo que también constituirá un alivio para una pequeña nación bloqueada por Estados Unidos, su poderoso vecino del Norte, que en el último año provocó daños a la economía cubana por más de cinco mil millones de dólares.
Y los daños de la política de Washington hacia Cuba en los últimos cuatro años no han sido solo económicos, también han afectado los lazos entre las familias, han dañado las relaciones culturales, científicas y deportivas. Es un cuatrienio de fomento del odio y la división, de abuso de la mentira y de las campañas que no respetaron ni siquiera las graves circunstancias creadas por una pandemia que tiene como epicentro precisamente a los Estados Unidos.
Y la grandeza de la política exterior de Cuba se pone de manifiesto también en las recientes declaraciones de su presidente, alusivas al triunfo electoral del demócrata Joe Biden, cuando afirma creer en la posibilidad de una relación bilateral constructiva y respetuosa de las diferencias.
Y más allá de otras consideraciones algunos periodistas en Cuba hemos visto con agrado que Biden obtuviera el récord de votación para un Presidente en toda la historia de los Estados Unidos, y que también por primera vez la vicepresidenta sea una mujer.

La Habana, 9 de noviembre de 2020.

Santa Elena.- El Ing. Carlos Rabascall candidato a la vicepresidencia de la República por el binomio de la esperanza, visitó junto a varios candidatos a la Asamblea Nacional la Comuna Manantial de Guangala de la parroquia Colonche de la provincia de Santa Elena.

Rabascall se dirigió a los asistentes del encuentro ciudadano, lugar al que llegaron personas de varios sectores de la provincia; como de las comunas Libertador Bolivar, Atahualpa, Julio Moreno, Barcelona, Manglar Alto, Sinchal, Las Balsas y las parroquias Chanduy y Colonche.
El candidato expuso varios puntos del proyecto político del plan de gobierno que llevarán acabo junto a Andrés Arauz, en los que resaltó un importante apoyo a los jovenes, invitandolos a soñar y creer en este proyecto y que ahora más que nunca lograran tener mayores oportunidades laborales y educativas.
Ustedes son el presente y futuro del país, es nuestra obligación dejar encaminado en buenas manos este Ecuador de todos. Los jovenes de la ruralidad hijos de hombres y mujeres honestos y trabajadores serán los encargados de tener la oportunidad de sacar al sector rural hacia el desarrollo del Ecuador
Trabajaremos por la protección de la producción nacional y el aseguramiento del empleo, por la educación y por la salud, que son derechos de todos y que deben seguir siendo gratuitos para todo el pueblo ecuatoriano.
Fuente: A. D. N. Del sur 🇪🇨⛔

El candidato a la Presidencia de Ecuador Andrés Arauz participó en la investidura de Luis Arce y David Choquehuanca, como Presidente electo y Vicepresidente  electo de Bolivia del Movimiento Al Socialismo (MAS).
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Señaló como parte de su política de Estado la redistribución de la riqueza, la reducción de la pobreza y de las desigualdades sociales y económicas. En relación a la política exterior delineó que trabajará por un mundo multipolar que no promueva la supremacía de un país sobre otro: “vivir sin miedo, sin guerra, sin racismo o discriminación, sin saqueo de nuestros recursos naturales, sin presiones de ninguna naturaleza, la no intervención, apostamos por una emancipación integradora”. Desde ya, planteó la consolidación de la CELAG y la recuperación de la UNASUR, para fortalecer la relación Sur – Sur. 
“Reivindicamos la integración Sur – Sur en un mundo globalizado, en el que no se imponga designios desde el Norte (…) debemos poner fin a todo aquello que nos impide reconocernos como hermanos, planteamos la recuperación de la UNASUR como espacio de integración y concertación política en la que nos encontremos todos, independientemente de la orientación política de los Gobiernos”, dijo.
Por su parte, el vicepresidente David Choquehuanca ratificó que el consenso y el trabajo en comunidad serán eje fundamental, así como, la horizontalidad, los equilibrios complementarios y el bien común.  La lucha, dijo, es contra todo tipo de sometimiento y contra el pensamiento único colonial, patriarcal.
“El nuevo tiempo que estamos empezando será sostenido por la comunidad, los consenso, la horizontalidad, los equilibrios complementarios y el bien común” aseguró Choquehuanca.

El acto de posesión de las nuevas autoridades de Estado se realizó en la sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en presencia de diversos jefes de Estado de la región y del mundo, y de organizaciones indígenas, sociales y sindicales, internacionales, senadores y diputados electos de ese país, autoridades de la Iglesia, entre otros sectores.
Breve encuentro con Alberto Fernández
Al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, Alberto Fernández, presidente de la Argentina, y Andrés Arauz, candidato a presidente de Ecuador compartieron breves momentos durante la asunción de Luis Arce como nuevo presidente.
En las próximas horas Alberto Fernández, presidente de Argentina y Andrés Arauz, candidato presidencial por el progresismo en Ecuador, mantendrán una cota bilateral.

Andrés Arauz junto a Alberto Fernández
Fuente: www.arauzrabascall.com

Hoy se reunieron en La Paz, el candidato a la presidencia de la República Andrés Arauz con el vicepresidente segundo del gobierno de España y ministro de Asuntos sociales, Pablo Iglesias. En el encuentro Arauz se ha interesado por la situación de los ecuatorianos en España en particular en momentos de grave pandemia que ha golpeado duramente a la economía de ese país. Además han debatido sobre la situación política global, el resultado en las elecciones bolivianas y el gran avance para la democracia en América Latina que supone la restitución del orden constitucional del país andino.

Dos sesiones virtuales realizará la Comisión de Derechos Colectivos, el lunes 9 de noviembre. A las 10h00, los parlamentarios avocarán conocimiento de dos nuevos proyectos calificados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para su tratamiento. Las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de iniciativa del legislador Juan Cárdenas; y, las reformas al artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación, de autoría del parlamentario Homero Castanier, a quienes se les convoca para que expliquen el alcance y objetivos de sus propuestas legales.

El presidente de la Comisión, Jaime Olivo, indicó que los mencionados proyectos serán unificados para su tratamiento, de conformidad con la disposición emitida por el Consejo de Administración Legislativa, en vista de que la mesa legislativa debate un proyecto de iniciativa del Ejecutivo de reforma al artículo 5 de la Ley de Comunicación para que sea un derecho y no un servicio. Un segundo proyecto busca regular el exceso de publicidad y propaganda del sector público, de autoría del asambleísta Fernando Callejas.
Olivo recordó que la Comisión también estudiará el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, de iniciativa del presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, quien comparecerá de forma virtual, en la continuación de la sesión ordinaria No. 029, a las 11h00. En la misma sesión comparecerá el asambleísta Carlos Bergmann, quien explicará el alcance del proyecto de Ley del Futbolista Profesional.
Transparencia.
El proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública prevé que en los procesos de enajenación de bienes y recursos del Estado que previamente hayan justificado su conveniencia para los altos intereses de la sociedad ecuatoriana y que no afecten a la naturaleza estratégica de sus fines y objetivos, tiene que aplicarse la más amplia transparencia y difusión, sin ninguna reserva que opaque y ponga en duda la finalidad de la eventual transacción que siempre tendrá el carácter de excepcional.

Comunicación.
El asambleísta Homero Castanier plantea una reforma al artículo 5 de la Ley de Comunicación, respecto de los medios de comunicación social. Propone que se consideren medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que posibiliten a la ciudadanía el ejercicio del derecho al acceso a la comunicación masiva, y que usan como herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y video por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet.

Con nueve votos a favor, la Comisión de Fiscalización de la Legislatura aprobó el informe que recomienda el juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en el Pleno, en donde se discutirá su censura y destitución, por incumplimiento de funciones en las protestas de octubre de 2019.
Según el informe, luego de recibir las pruebas de cargo y descargo, se comprobó que la Policía sí utilizó bombas lacrimógenas caducadas, durante las acciones para contener las protestas, y atacó a las universidades que fueron utilizadas como centros de acogida humanitaria, donde se encontraban niños, mujeres, personas de la tercera edad.
De acuerdo con el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana (COESCOP), la ministra de Gobierno es la responsable política de permitir que se hayan cometido estas faltas consideradas graves, por parte de la Policía, que constituyen un atentado a la integridad y a la vida de grupos vulnerables, señala el documento.
La secretaria de Estado, como rectora de la Policía Nacional, de conformidad con lo que determinan los artículos 63 y 64 del COESCOP, incumplió con las normas establecidas en la Constitución de la República y con principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El informe de la mesa de Fiscalización determina que hubo uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, que provocó que, en apenas 11 días de manifestaciones, 20 ciudadanos perdieron uno de sus ojos, ya sea por impacto de perdigones o bombas lacrimógenos.
Deja claro que el detonante de las protestas fue el decreto ejecutivo 883, mediante el cual, el presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso la eliminación del subsidio a los combustibles.
El escrito destaca que tal decreto fue emitido sin un previo proceso de diálogo y participación de todos los sectores afectados. “Es una demostración más del fracaso del actual Gobierno de llevar adelante un diálogo nacional, honesto y efectivo, para construir acuerdos mínimos para superar la crisis económica y social, distribuyendo de manera justa y equitativa los costos de la reactivación productiva, al mismo tiempo que se proteja a los sectores más vulnerables”, apunta el informe.
También advierte que, en ese diálogo, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, debió haber jugado un papel relevante y no lo hizo. “Y lo que resulta más preocupante es que tampoco podrá hacerlo en los meses restantes de este gobierno, por su pérdida de credibilidad y de confianza, lo que podría comprometer la gobernabilidad y la estabilidad misma de la democracia”.
El informe menciona que, como consecuencia del acuerdo suscrito por el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional, “el próximo gobierno podría verse enfrentado a situaciones de indignación popular mucho más intensas que en octubre de 2019”.
Fue el asambleísta Dennis Marín (PSC) quien presentó la moción para que se apruebe el informe. Votaron a favor 9 legisladores: Absalón Campoverde, Dennis Marín, Esteban Melo, Jaime Olivo, Elio Peña, José Serrano, Mercedes Serrano, Marcelo Simbaña y Bairon Valle; en contra votó Franco Romero y se abstuvo de votar Noralma Zambrano.
Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

A Carmen Solórzano le tomó de sorpresa la muestra de agua que se realizó en su restaurant, ubicado en la calle Pichincha, pero se sintió contenta y calificó como positiva la acción de la Empresa Pública Aguas del Chuno.
Tres veces por semana se hacen 20 muestras en seis puntos diferentes a nivel de la red de distribución de la ciudad, para conocer los parámetros permisibles como exige la norma INEN 1108, explicó el técnico de control de calidad y laboratorista de la institución, Jorge Luis Solórzano.  
Esto garantiza que el agua que consumen las familias chonenses es segura. 
“Cumplimos con los valores que rige la norma. Por ejemplo, se evidenció que en el último punto de la red, en la ciudadela Unidos Venceremos, salió 0,85 de cloro residual y 1,28 de turbiedad”, afirmó el técnico.
En la planta se hacen cuatro análisis diarios. Se distribuye en 1,5 como rige la norma. El punto mínimo es de 0,3. Se están cumpliendo con los parámetros establecidos y la ciudadanía puede estar tranquila, detalló el funcionario. 
También se hacen los exámenes microbiológicos en el laboratorio de la planta para conocer cómo está saliendo y cómo llega a los diferentes puntos de la ciudad. El objetivo es certificar y verificar con los resultados que se obtienen en cada punto, aseguró Solórzano.