Juez acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado (FGE), que presentó los elementos de convicción con los que solicitó la prisión preventiva contra cinco detenidos durante un operativo, en el que la Policía Nacional rescató a una ciudadana que había sido secuestrada en días pasados en el sector de Ricaurte, cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Se les formularon cargos por su presunta participación en el delito de secuestro extorsivo.
Los ciudadanos extranjeros José C., Edwin C. y Dugelio T. y los ecuatorianos Washington A. y Juan S. fueron detenidos en un operativo ejecutado por la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorción y Secuestro (Dinased), en un sector selvático conocido como La Concepción (Esmeraldas). Además, un menor de edad, aprehendido en el operativo, recibió internamiento preventivo.
La liberación se efectuó cumpliendo con una disposición fiscal, en la que -luego de técnicas de seguimiento e investigación- un equipo de la Policía Nacional conoció sobre actividades inusuales en el sector.
La investigación de la Fiscalía inició con la denuncia presentada por el esposo de la víctima, en la que reportaba el secuestro de la ciudadana y la posterior exigencia de dinero para su liberación, a través de llamadas telefónicas.
El secuestro se produjo la mañana del martes 18 de agosto, en la parroquia Calderón de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Según las primeras versiones, más de ocho personas fuertemente armadas habrían incursionado en la propiedad donde habitaban y se llevaron a la ciudadana.
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, Fiscalía presentó como elementos de convicción: la denuncia del hecho, versiones de los agentes aprehensores y también de la víctima, en la que detalló los hechos suscitados.
Además, se presentó el parte policial del operativo y el informe de levantamiento de evidencias, en los que constan varias armas, teléfonos celulares, entre otros.

El juez nacional Marco Rodríguez sustituyó –por mandato legal– la prisión preventiva por arresto domiciliario, colocación de grillete electrónico y prohibición de salida del país para el procesado Edmundo T., exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob), mientras que para Ángel A. ratificó la prisión preventiva.
Ambos son procesados por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, tipificado y sancionado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y presentaron una audiencia de revisión de medidas, que se desarrolló esta mañana en la Corte Nacional de Justicia.
La investigación de Fiscalía los señala, junto a diecisiete personas, como parte de una presunta estructura de corrupción, que habría operado en el proceso de construcción del Hospital Básico de Pedernales.
En su intervención, la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, señaló que en el caso de Ángel A. no se ha desvanecido su responsabilidad penal, por lo que solicitó se rechace la pretensión solicitar revocatoria de la prisión preventiva, ya que, por su intervención, la estructura de corrupción consiguió un beneficio económico. El procesado habría participado en la adjudicación de un contrato por un monto de 16´500.000 dólares y, gracias a su participación, se habría pagado un anticipo de 8´214.756 dólares, produciéndose un grave perjuicio al Estado.
En cuanto a Edmundo T., la Fiscal General del Estado señaló que, al haber cumplido 65 años de edad, el procesado se ubica dentro de la población de atención prioritaria (tercera edad), por lo que Fiscalía –respetuosa de la normativa legal y constitucional– no se opuso a la solicitud de sustitución de medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, solicitó el uso de grillete electrónico y prohibición de salida del país, con el fin de garantizar su comparecencia en las demás etapas procesales.
El Magistrado acogió el pedido de Fiscalía y señaló que la situación del procesado Edmundo T. varió al pertenecer al grupo de atención prioritaria, contemplado dentro de la Constitución de la República, en sus artículos 51 y 38; y en el artículo 537 del Código orgánico Integral Penal (COIP).
El juez Rodríguez, además, ordenó su vigilancia periódica, cada ocho días.

Las comisiones legislativas permanentes y ocasionales, junto a sectores vinculados en diferentes temas, trabajan en la construcción de proyectos de ley, pero a su vez, el Parlamento profundiza la fiscalización, por ejemplo, la investigación por supuestos actos de corrupción al legislador Eliseo Azuero, cuyo informe deberá ser entregado a la Presidencia de la Asamblea Nacional. En este marco, la agenda parlamentaria del 31 de agosto al 4 de septiembre se enmarca en las competencias establecidas por la Constitución y la ley, es decir, el área legislativa y de fiscalización.

Pleno
Una amplia agenda de trabajo se resolverá en el Pleno de la Asamblea Nacional. Se trata de la continuación de la sesión 680, donde los parlamentarios deberán tomar una decisión sobre el proyecto de resolución para solicitar al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, considere de manera favorable los informes de la Comisión de Verificación y Calificación de Héroes y Heroínas Nacionales, a fin de que se declare como héroes y heroínas nacionales a los excombatientes de los conflictos bélicos de 1981 y 1995.
Así mismo, conocerán dos informes preparados por la Comisión de Relaciones Internacionales sobre el pedido de aprobación del Convenio entre Ecuador y el Reino de España, en Materia de Cooperación Policial para la Seguridad y Lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional; así como del pedido de aprobación del Tratado de Asistencia Judicial en Materia Penal entre la República del Ecuador y el Reino de España.
Igualmente, en la Agenda del Pleno consta el tratamiento en primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Desarrollo de Puerto Bolívar que fue trabajado en la Comisión de Régimen Económico; y cuatro proyectos de resolución. Uno planteado por el legislador Juan Cárdenas, quien propuso la comparecencia del Ministro de Obras Públicas, Gabriel Martínez, quien deberá informar sobre una presunta pretensión de privatizar la vialidad del Austro.
El parlamentario Byron Valle, pidió que los ministros de Salud, Juan Carlos Zevallos; y, de Trabajo, Andrés Isch, expliquen sobre la desvinculación de 200 trabajadores y profesionales de la salud del Hospital Teodoro Gómez de la Torre y Los Ceibos. Mientras que, el legislador Esteban Melo solicitó se exhorte al Presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, detenga la reducción de consulados y los servicios del exterior ya que afecta a los ecuatorianos migrantes.
Por su parte, el asambleísta Tito Puarchir propuso exhortar al Presidente de la República declare el estado de emergencia vial en Morona Santiago, por efecto de las fuertes lluvias que causan graves daños en la red vial.
Comisión Multipartidista
Desde el lunes 31 de agosto, la Comisión Multipartidista de Investigación por supuestos actos de corrupción del asambleísta Eliseo Azuero Rodas, se reúne para recibir las comparecencias solicitadas por la denunciante, Amapola Naranjo, así como las pruebas de oficio planteadas por la mesa ocasional.
Los legisladores José Serrano, Franco Romero y Liliana Durán, deberán entregar el informe de la investigación de la denuncia presentada contra Eliseo Azuero, a quien le acusa de participar en hechos de corrupción relacionados con la construcción del hospital de Pedernales, además, que presumiblemente incurrió  en  las prohibiciones  señaladas  en  los artículos  127  numerales  2,  3 y 4 de  la  Constitución y 163 numerales 2, 3 y 4 de  la  Ley  Orgánica  de  la  Función  Legislativa,  esto es, ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del  Presupuesto General del Estado, así como, gestionar nombramientos de cargos públicos.
Régimen Económico
El miércoles 2 de septiembre, desde las 09h30, la Comisión de Régimen Económico, escuchará al Contralor, Pablo Celi de la Torre; al Procurador, Íñigo Salvador Crespo, quienes expondrán sus observaciones respecto del proyecto de reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Participación Ciudadana
El lunes, 31 de agosto, a las 10h30, la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social conocerá el informe de la Subcomisión para el seguimiento al proceso de extinción y liquidación de empresas públicas.
Biodiversidad
A las 09h00, del día lunes 31 de agosto, la Comisión de Biodiversidad recibirá a José Gabriel Martínez, ministro de Transporte y Obras Públicas; Alex Hurtado, presidente del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica; y, Julia Landázuri, presidente y secretaria técnica de la Circunscripción Especial Amazónica, con el fin de tratar temas de interés de la región amazónica.
Relaciones Internacionales
Tres temas serán abordados en la Comisión de Relaciones Internacionales el lunes 31 de agosto. Las reformas a la Ley de Movilidad Humana, la Ley de Datos Personales; y, los comisionados tomarán una resolución respecto del proceso de fiscalización sobre el alcance de la utilización del aeropuerto de Galápagos para operaciones de aeronaves de Estados Unidos.
Justicia
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado se reúne el lunes 31 de agosto, a las 14h00, para revisar el articulado de las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, previo al informe para segundo debate.
Educación
Con el fin de avanzar en la construcción del informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la Comisión de Educación, el miércoles 2 de septiembre, a las 10h00, analizará el articulado relacionado con la educación municipal.
Gobiernos Autónomos
El miércoles 2 de septiembre se reunirá la Comisión de Gobiernos Autónomos con el fin de avanzar con el estudio y tratamiento de las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), para elaborar el informe para segundo debate.
Soberanía Alimentaria
La Comisión de Soberanía Alimentaria se reunirá los días: lunes 31 de agosto, miércoles 2 y viernes 4 de septiembre, para iniciar el análisis del articulado del proyecto de Ley para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario, que está enfocado a establecer un régimen jurídico para el desarrollo del sector, propiciando la integralidad, la sustentabilidad del territorio nacional, en las etapas de la cadena productiva, protegiendo la salud humana, la naturaleza y garantizando el pleno ejercicio de los derechos del buen vivir, en especial de la seguridad y soberanía alimentaria.
Desarrollo Económico
Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico enfocan su trabajo en la construcción de cuatro normativas legales. Se trata del proyecto de Ley Orgánica de Economía Circular y Reciclaje Inclusivo; las reformas a la Ley de Telecomunicaciones; el proyecto de Modernización a la Ley de Compañías; y, tomarán una resolución del proyecto de Ley Orgánica sobre procesos de transferencia de inmuebles a personas naturales o jurídicas de derecho privado, reformatoria a la Ley Orgánica para el cierre de la crisis bancaria de 1999.
Trabajadores
La Comisión de los Derechos de los Trabajadores avanzará con el tratamiento de las reformas a la Ley de Seguridad Social, al artículo 28, por el cual se amplía la integración del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para asegurar los derechos de igualdad y participación. Los comisionados se reunirán el miércoles 2 de septiembre, a las 10h00.
Derechos Colectivos
La Comisión de Derechos Colectivos tiene listo el borrador del informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación, por tanto, quien preside la mesa legislativa convocará a una sesión para tomar una resolución al respecto.
Fiscalización
Dos reuniones trabajo realizará la Comisión de Fiscalización y Control Político, para tratar el caso de las denuncias sobre la presunta violación a los derechos de los trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) y de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP). La primera mesa técnica se realizará el miércoles 2 de septiembre; y la otra, el viernes 4 de septiembre, a las 09h00. 
Niñez
La Comisión Ocasional que atiende temas y normas de la Niñez y Adolescencia prosigue con el análisis de las observaciones que llegaron a la mesa legislativa sobre el Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, luego del proceso de socialización que se llevó a nivel nacional, por tanto, se reunirá el martes 1 y jueves 3 de septiembre, a las 08h00, para avanzar en la construcción del informe para segundo debate.
Enmiendas
La Comisión Ocasional de Enmiendas se reunirá para conocer y debatir el informe borrador de las reformas parciales a la Constitución que fueron presentadas por el Comité por la Institucionalización Democrática.
Grupo Parlamentario Niñez
Como todos los lunes, a las 11h00, Grupo Parlamentario por los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, junto con Tejiendo Redes Infancia, AME, Unicef, la Universidad de las Américas y organismos que defienden los derechos de niños y adolescentes, realizará una nueva reunión vía zoom, a fin de socializar el contenido del Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
JLVN/cz

Corrupción cada vez más fuerte | Esta noche Amapola Naranjo estará en Hechos Ecuador para certificarnos que están llamados a comparecer: Lenin Moreno, Santiago Cuesta, José Augusto Briones y Diana Salazar | Que hay tras de todo, cuál es la verdad oculta?
Corrupción cada vez más fuerte | Esta noche Amapola Naranjo estará en Hechos Ecuador para certificarnos que están llamados a comparecer: Lenin Moreno, Santiago Cuesta, José Augusto Briones y Diana Salazar | Que hay tras de todo, cuál es la verdad oculta?
Además Fernando Cedeño candidato a Asambleísta por la Revolución Ciudadana. Arrancamos a las 20h30 con llamadas y participación ciudadana.
Mas en https://www.hechosecuador.com
Hechos Ecuador unidos siempre por la verdad

Autoridad Portuaria de Manta y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, realizan gestiones ante el Banco de Desarrollo de América Latina -antiguamente Corporación Andina de Fomento-, con el propósito de lograr el financiamiento para la construcción de nuevos muelles en el Terminal Pesquero y Cabotaje del Puerto de Manta.
La tarde del viernes 28 de agosto, Juan Diego Hidrovo, Consultor del Banco de Desarrollo de América Latina, junto a Raúl Joniaux, gerente de Autoridad Portuaria de Manta y técnicos de la entidad realizaron un recorrido por las instalaciones del Terminal Pesquero, donde constataron in situ el espacio físico donde se va a realizar la construcción de los nuevos muelles.
El funcionario recibió información relevante de las obras, servicios y proyectos del puerto por parte del gerente de Autoridad Portuaria de Manta. Se informó sobre las obras realizadas como la Reparación y Adecuación de Accesos a Muelles Pesqueros, el dragado, la construcción del cerramiento de Autoridad Portuaria de Manta, 620 metros de vías de acceso con 13 metros de ancho, construcción de muros de contención, instalación de postes de iluminación en los 620 metros de la vía regenerada, instalación de torres de iluminación con reflectores tipo led, sistema de ductería y cajetines eléctricos de media y baja tensión, para dar suministro eléctrico a todas las instalaciones y usuarios del Terminal de Pesca y Cabotaje. Todas estas obras son el preámbulo para dar paso a la construcción de los nuevos muelles en el Terminal Pesquero.
En su recorrido por el puerto, el Consultor Juan Diego Hidrovo manifestó que la CAF, tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional en América Latina, mediante el financiamiento de proyectos de los sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica y otros servicios especializados. Resaltó la importancia del proyecto de construcción de nuevos muelles para desarrollar y mejorar la economía de la región y del país.
Raúl Joniaux, gerente de Autoridad Portuaria de Manta, aseguró que el resultado de la visita servirá para que el Banco de Desarrollo de América Latina tenga más elementos técnicos de información para evaluar la viabilidad de financiamiento del proyecto, obra que permitirá mejorar sobremanera la operación del Terminal Pesquero y Cabotaje del puerto de Manta.

“Agradezco a toda la ciudadanía por cuidar a nuestros seres queridos, pero no es suficiente, la lucha por la vida continúa. No bajaremos los brazos en ningún momento", enfatizó el alcalde Leonardo Rodríguez al presidir la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal, este viernes. 
En esta reunión se trató la finalización del estado de excepción en el país, el próximo 12 de septiembre, de lo cual el Alcalde acotó: "Seguiremos cuidando a nuestra población, hasta que los representantes de la salud pública indiquen cuándo dejemos de usar mascarilla. Solo así levantaremos las medidas”. 
En ese sentido, Mayté Arteaga, epidemióloga del Ministerio de Salud Pública (MSP), expresó la importancia de que los ciudadanos asistan a los centros de salud apenas aparezcan los síntomas, para recibir tratamiento, y no ir al hospital cuando haya complicaciones. 
Este y otros temas fueron analizados en la reunión del COE Cantonal, desarrollada en el auditorio de la Unidad Educativa Eugenio Espejo.
“En base a lo que determina la ley en el uso del espacio de la vía pública, evitaremos que se aglomeren los ciudadanos. Seguirán inhabilitadas las canchas, parques, y entre todos nos seguiremos cuidando, cumpliendo las disposiciones”, insistió el Alcalde.       

En otro proceso, el extranjero se acogió al procedimiento abreviado y fue sentenciado a veinte meses de pena privativa de libertad por uso doloso de documento falso.
En la audiencia preparatoria de juicio de este miércoles 26 de agosto, en la Unidad Judicial Penal de La Libertad, Fiscalía presentó el dictamen acusatorio contra el ciudadano israelí Oren S., por el presunto delito de enriquecimiento privado no justificado. Fue detenido junto a su compatriota Shy Dahan (+) con 312.000 dólares en su poder y con documentos falsos de identificación, en un operativo policial ejecutado en santa Elena.
En la audiencia, la fiscal del caso, Cecilia Peña Merino, presentó entre los elementos de convicción: los partes de detención, el informe de investigaciones, el de inspección ocular técnica, los de reconocimientos del lugar de los hechos y de evidencias, el movimiento migratorio de los detenidos, además de los bienes incautados, entre ellos dos vehículos de alta gama y dinero en efectivo, ingresados en cadena de custodia en la Policía Judicial.
A ello sumaron las certificaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos, de Compañías y Registro de la Propiedad, y el informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
El juez de Garantías Penales, Vicente Guillén, acogió el dictamen acusatorio emitido por Fiscalía y dictó auto de llamamiento a juicio contra Oren S., por el presunto delito de enriquecimiento privado no justificado, según lo estipulado en el artículo 297 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona este delito con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
El otro proceso
Oren S., al inicio de la diligencia judicial, se acogió al procedimiento abreviado en el proceso iniciado por el delito de falsificación y uso de documento falso (artículo 328 del COIP), por lo que fue sentenciado a veinte meses de pena privativa de libertad, ya que consideró el acuerdo de la pena entre Fiscalía y la defensa técnica del procesado, aplicando la pena mínima por este delito, considerando, además, las atenuantes demostradas, entre estas, la versión del procesado y la ampliación del informe de la extracción de la información obtenida al teléfono celular del ciudadano extranjero, siendo esto un aporte para otros procesos penales que están en curso.
Entre estos procesos penales se encuentran los de asociación ilícita y delincuencia organizada, seguidas por las unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y la de la Fiscalía Especializada en Delitos Transnacionales (Fedoti), iniciados en Quito, que investigan la presunta participación de un grupo de ciudadanos en la venta irregular de insumos médicos con presunto sobreprecio a casas de salud públicas y hospitales en Guayaquil, durante la emergencia sanitaria por Covid-19.
Contexto
El pasado 2 de junio de 2020, la Fiscalía de Santa Elena inició un proceso contra los ciudadanos extranjeros Oren S. y Shy Dahan, por los delitos de falsificación y uso doloso de documentos, y por enriquecimiento ilícito privado, luego de que fueron detenidos en un operativo policial ejecutado en la vía La Libertad-Santa Elena, donde se les incautaron 312.000 dólares en efectivo y documentos de identificación falsos.

El fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, determinó el grado de participación de cada uno: autora mediata y autores directos, respectivamente, y sustentó el dictamen acusatorio con el anuncio de 140 pruebas testimoniales y cuarenta y tres documentales.
La audiencia preparatoria de juicio –que inició 21 de agosto de 2020 y concluyó el 27– se desarrolló de forma reservada en el Complejo Judicial Norte (Quito), ante el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhayya Flor, por el fuero de Corte Provincial de la Prefecta.
Medidas
El presidente de la Corte Provincial de Pichincha mantuvo, para los tres procesados, las presentaciones semanales ante la Fiscalía Provincial, la prohibición de salida del país y el uso de dispositivo de vigilancia electrónica. Además de la inmovilización de sus cuentas y la prohibición de enajenar bienes.
Antecedente
Los hechos se remontan al 2 de octubre de 2019. Tras la adopción de medidas económicas por parte del Gobierno Nacional, se suscitaron una serie de manifestaciones de rechazo y se produjeron actos vandálicos que, además, desconocieron el estado de excepción legalmente decretado, conforme a los artículos 164 y 165 de la Constitución.
Dato jurídico
El caso se sigue por el delito de rebelión, según el artículo 336, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La audiencia preparatoria de juicio fue reservada, por tratarse de un delito contra la estructura del Estado constitucional, según el artículo 562 del COIP. Esto, debido a que el delito de rebelión está detallado en el capítulo sexto: delitos contra la estructura del Estado Constitucional.

En respuesta a la austeridad fiscal y la emergencia sanitaria que atraviesa el Ecuador, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) analizó un informe técnico sobre las alternativas para la determinación y asignación del Fondo de Promoción Electoral (FPE) proyectado para los comicios generales de 2021. El cuerpo colegiado aprobó una reducción del 52.1%. Por tal razón, los candidatos recibirán el 47.9% del máximo del fondo de promoción, con esa proyección se prevé una asignación de USD 20 327 773,68
La presidenta del CNE enfatizó la importancia de priorizar la salud de los ecuatorianos y destacó que esta es una proyección de acuerdo a la ley electoral y la Constitución. "La decisión del pleno debe tener presente la salud y la vida de los ecuatorianos", aseguró
La presidenta Atamaint recordó que en el tercer Consejo Consultivo los representantes de las organizaciones políticas reconocieron que debido a la situación económica del país, el monto del FPE debe ser menor al máximo establecido por la ley. "Las organizaciones políticas han sido sensibles a la situación, y como autoridades electorales no podemos olvidar que los recursos económicos deben dirigirse a salvar la vida del pueblo", dijo. Además, la titular del órgano electoral enfatizó que es necesario pensar en la equidad de la distribución del fondo.
En las conclusiones del informe enviado por la Dirección Nacional de Proción Electoral se establecieron cuatro proyecciones, contemplando la primera y segunda vuelta electoral, con base en los porcentajes máximos establecidos en artículo 202 del Código de la Democracia. Las proyecciones se irán actualizando conforme se ejecuten las etapas del proceso electoral.
El Fondo de Promoción Electoral comprende el gasto por todas las dignidades; binomio presidencial (en primera y segunda vuelta), asambleístas nacionales y parlamentarios andinos. Este es un derecho que consta en el artículo 115 de la Constitución de la República, que señala: "El Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas"

Con el objetivo de cuidar los fondos públicos del país, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el Plan Operativo Electoral y el presupuesto para las Elecciones Generales de 2021 con reducciones respecto al monto proyectado. El monto determinado por las autoridades, que asciende a USD 114 317 185,76, permitirá organizar los comicios, en todas sus etapas, de manera eficiente; además, garantiza la implementación de las medidas de bioseguridad requeridas para el desarrollo de la jornada electoral en medio de la propagación de la COVID-19.
Este monto incluye la innovación tecnológica para adquirir nuevos equipos y software, así como todas las actividades, procesos y procedimientos para la realización de las elecciones, como la convocatoria, impresión de papeletas, logística, auditorías, entre otros. También establece los gastos para implementar las medidas de bioseguridad dispuestas para la organización del proceso electoral y que fueron coordinadas con el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE).
Estos recursos permitirán al Consejo Nacional Electoral fortalecer no solo el proceso de 2021, sino los futuros comicios, e implicará, en el mediano plazo, un ahorro para el país. En ese sentido, los principales puntos sobre los que se ha enfocado el órgano electoral para fijar los rubros requeridos son:

Este presupuesto fue revisado por las diferentes consejerías que integran el CNE el pasado 28 de enero y a partir de esa fecha se ha ido reduciendo de manera progresiva en concordancia con las políticas de austeridad implementadas en todas las instituciones públicas ante la crisis económica.

La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Johanna Cedeño Zambrano, recibirá, mañana, viernes 28 de agosto, el primer informe periódico sobre los avances del proceso electoral 2021, de parte de Diana Atamaint Wamputsar, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Su presencia ante el organismo parlamentario responde a la resolución adoptada el pasado 29 de junio, en el marco de la sesión ordinaria virtual 105.
Mediante la referida resolución se solicita a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que informe de manera documental o presencial, con una periodicidad de cada 21días, al seno de la comisión, sobre los avances, la ejecución y el cumplimiento de los diferentes hitos y fases del proceso electoral 2021, incluyendo los procedimientos auditables del proceso electoral en curso.
Así mismo, se solicita a la titular del CNE remita a la Comisión de Fiscalización y Control Político, en medio magnético, el registro actualizado de afiliados de los partidos políticos y de los adherentes y adherentes permanentes de los movimientos políticos nacionales, provinciales y cantonales. Es decir, el registro total de afiliados a partidos políticos, adherentes (quienes suscribieron las fichas para la obtención de la vida jurídica de los movimientos políticos), adherentes permanentes (incluidos miembros fundadores) desagregado por organización política tanto a nivel nacional, provincial como cantonal.
La sesión virtual 120 de la Comisión de Fiscalización y Control Político está convocada para el viernes, 28 de agosto, a partir de las 15h00.
EG/cz

El Pleno de la Asamblea, en la continuación de la sesión 680 cumplida de manera reservada, desclasificó la información relacionada con el proceso de evaluación, valoración, desinversión, venta o “monetización” del Banco del Pacífico, declarada como reservada por el Directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN), mediante Resolución No. 061-2019 de 08 de julio de 2019.

Tras esta resolución, César Litardo Caicedo, presidente de la Legislatura, resaltó la decisión de la Asamblea de apoyar los procesos de investigación internos y externos, respetando el debido proceso, pero con firmeza y transparencia.
El documento dispone a la Comisión de Régimen Económico, Tributario, su Regulación y Control dar seguimiento a este proceso e informar al respecto periódicamente al Pleno de la Asamblea Nacional para que tome las acciones legales que correspondan, en el marco de lo que determina el ordenamiento jurídico nacional.
Según el artículo 3 de la resolución, se notificará su contenido al Presidente del Directorio de la Corporación Financiera Nacional y al Presidente del Directorio del Banco del Pacífico del Ecuador.
Entre los considerandos, la resolución reconoce como indispensable que las distintas autoridades, entidades e instituciones que forman parte del Estado ecuatoriano cumplan con los principios de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas que regula la Constitución de la República del Ecuador y demás normativa vigente en el ordenamiento jurídico, en especial sobre el manejo y administración de bienes y recursos públicos que pertenecen a todos los ecuatorianos, a fin de garantizar el derecho de los ciudadanos a una buena administración pública.
EG/cz

Con 123 votos afirmativos, la Asamblea Nacional, en la sesión virtual del Pleno 680, censuró a Daniel Issac Mendoza Arévalo, en razón de estar involucrado en actos de corrupción, específicamente en el caso del Hospital de Pedernales, por lo que, ha sido privado de la libertad, procesado penalmente y acusado de delicuencia organizada por la Fiscalía General del Estado.

La moción la expuso Héctor Yépez, la cual establece aprobar el informe de la Comisión Multipartidista que investigó el caso y censurar al exasambleísta Daniel Mendoza, al estar incurso en las prohibiciones establecidas en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa durante el ejercicio de su cargo.
También, exigir al presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, la remoción de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por reconocer, durante su comparecencia en la Comisión Multipartidista, que recibió sugerencias de nombres, por parte del exasambleísta investigado, que luego fueron designados para ejercer cargos públicos.
Igualmente, exigir al presidente de la Asamblea Nacional, que en el plazo de cuarenta y ocho horas convoque al CAL y dé trámite a las solicitudes de juicio Político que han sido presentadas y se encuentran pendientes de calificación; exigir a la Fiscalía General del Estado que investigue y procese a todos los involucrados en el Gobierno Nacional, la Asamblea, demás instituciones públicas y sector privado, sobre los escándalos en la salud pública, para lo cual deberá remitirse todo lo actuado por la comisión investigadora.
Por último, se dispone al titular del Parlamento que en la próxima sesión del Pleno No. 681, inmediatamente posterior a esta, incluya como punto dos del Orden del Día, el cambio de las y los integrantes de la Comisión de Fiscalización y Control Político.
Contenido del informe
El informe de la Comisión Multipartidista que investigó la denuncias presentadas por las legisladoras Tanlly Vera y Verónica Guevara en contra de Mendoza, determinó que este incurrió en la prohibiciones expresas de los artículos 127 y 163, numerales 2 y 4, de la Constitución y Ley Orgánica de la Función Legislativa, respectivamente.
Estas normas establecen que los asambleístas no podrán ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto General del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea; y, percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleísta.
Argumentos de comisionados
El titular de la Legislatura, ofreció el uso de la palabra, en primer término, a los miembros de la Comisión Multipartidista y las parlamentarias denunciantes.
Así, Xavier Casanova Cepeda, presidente de la mesa, precisó que el organismo respetó el derecho a la defensa y todos los principios básicos del debido proceso en la investigación de la denuncia contra Daniel Mendoza. “Es hora de demostrar que no todos los servidores públicos actúan de manera deshonesta y sancionar a quienes se ven involucrados en actos de corrupción, sin considerar el cargo ni la función que representan”, dijo.
Puntualizó que el acusado tuvo la oportunidad para exponer las pruebas de descargo, pero prefirió renunciar, en una muestra de irresponsabilidad política, al señañar que las legisladoras Tanlly Vera y Verónica Guevara demostraron que incurrió en expresas prohibiciones de los artículos 127 y 163 de la Carta Magna y la Ley de la Función Legislativa, en su orden, enfatizó.
El vocal Héctor Yépez, consideró que el caso de Daniel Mendoza ha escandalizado a todo el Ecuador, más aún cuando es evidente el reparto de hospitales, en plena pandemia. Fue el legislador que mocionó lo que posteriormente aprobó el Pleno de la Asamblea. 
Ronny Aleaga, también vocal, manifestó que personas como Mendoza hacen quedar mal a la clase política y a los jóvenes, al requerir acciones enérgicas para que el caso no quede en la impunidad.
Denunciantes
La asambleísta Verónica Guevara expresó que el informe está debidamente motivado, al solicitar que se lo acoja y censure públicamente la conducta de Daniel Mendoza, ya que incurrió en prohibiciones establecidas en la normativa legal del país. Coincidió con la inmediata remoción de la ministra Romo.
En la misma línea, Tanlly Vera reiteró que el acusado violentó gravísimas prohibiciones previstas en el ordenamiento jurídico, además la justicia le ubica como el principal sospechoso y autor del delito de delincuencia organizada, por lo que el caso demanda una posición firme de la Asamblea.
Mensaje de transparencia y autodepuración
El criterio de los parlamentarios se centró en que la Asamblea Nacional ofrezca al Ecuador un mensaje de total transparencia y autodepuración, frente a todo acto de corrupción, evitando la impunidad. Hay que dar muestras de firme decisión de sancionar a la corrupción y los corruptos, a fin de recuperar la institucionalidad del primer poder del Estado, señalaron.
Hubo planteamientos en el sentido de que se integre una comisión especial o que se proceda inmediatamente a la restructuración de la mesa de Fiscalización para analizar la denuncia del medio digital de La Posta, respecto a la supuesta participación de un grupo de legisladores en el reparto de espacios, especialmente en el área de la salud. Varios de los mencionados en el tema, se mostraron abiertos a que se les investigue, con el propósito de descubrir la verdad.
Cuestionaron severamente la conducta de Mendoza por actuar a favor del más nefasto interés personal, en lugar del interés público, utilizando el poder para negociar la entrega de hospitales públicos, en detrimento del bienestar el pueblo.
MG/cz

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) realizará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, sobre los presuntos actos irregulares cometidos por los exmiembros del Directorio de la Corporación Financiera Nacional B.P., al declarar la reserva de información sobre el proceso de desinversión del Banco del Pacífico S.A.
Durante la sesión Nro. 47, el Pleno del CPCCS, con cuatro consejeros presentes, presididos por el Ing. Christian Cruz, Mgs David Rosero, Lcdo. Juan Javier Dávalos y Dr. Francisco Bravo, resolvió solicitar a la máxima autoridad de la Corporación Financiera Nacional (CFN) que desclasifique la información de este proceso y declare la nulidad de la resolución número 061-19 que declaraba su reserva. Además, requerirá la entrega inmediata de la información pertinente a la Veeduría Ciudadana para que continúe su trabajo de control social.
El CPCCS presentará una demanda de acceso a la información ante autoridad competente y exhortará a la Asamblea Nacional a desclasificar la reserva de la información de este proceso.  Adicionalmente, con el fin de que la ciudadanía conozca sobre este tema, el Consejo publicará el informe preliminar de la Veeduría a través de la página web y las redes sociales institucionales.

José Serrano fue nominado presidente de la Comisión Multipartidista que se encargará de investigar las denuncias presentadas por la parlamentaria Amapola Naranjo, en contra del asambleísta Eliseo Alexis Azuero Rodas, por supuestos hechos de corrupción.
De conformidad con la resolución del Pleno, la mesa ocasional, en 10 días, deberá entregar el respectivo informe de este caso a la Presidencia de la Asamblea Nacional, de conformidad con lo que determina el artículo 164 de la Ley orgánica de la Función Legislativa.
En la primera sesión de la Comisión Multipartidista de Investigación, los asambleístas Franco Romero, Liliana Durán y José Serrano, avocaron conocimiento de la resolución del Pleno de fecha 25 de agosto de 2020. De inmediato, aprobó el cronograma del plan de trabajo.
Plan de trabajo
El viernes 28 de agosto, a las 10h00, convocará a la asambleísta Amapola Naranjo quien deberá presentar las pruebas de cargo contra el asambleísta Eliseo Azuero Rodas, a quien le acusa de ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del  Presupuesto General del Estado, así como, gestionar nombramientos de cargos públicos; y, percibir dietas u otros  ingresos de fondos públicos que no son los correspondientes a su función de asambleísta, para la construcción del Hospital de Pedernales, en la provincia de Manabí. Prohibiciones establecidas en los artículos 127 numerales 2, 3 y 4 de la Constitución y 163 numerales 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
El domingo 30 de agosto, a las 10h00, citarán al denunciado, parlamentario Eliseo Azuero Rodas, para que presente las pruebas de descargo. Los parlamentarios enfatizaron que se garantizará el derecho a la defensa.
Desde el lunes 31 de agosto, a las 10h00, la Comisión Multipartidista evacuará las pruebas requeridas tanto por la denunciante como por el denunciado, así como las pruebas de oficio que la mesa ocasional requiera a las diferentes instancias públicas o privadas.
Luego de este proceso, la Comisión hará la presentación del informe y su respectiva aprobación. Documento que será entregado al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, a fin de que se ponga a consideración en el Pleno del Parlamento.
La Comisión notificará el inicio del proceso de investigación a las partes, es decir, a la legisladora Amapola Naranjo, en calidad de denunciante y al asambleísta Eliseo Azuero, como denunciado.
JLVN/cz

Buenos días buenas tardes buenas noches Nuestra voz Editorial

EnPuntoConEfrénMantilla .
Hechos Ecuador.

Una linda muchacha llamada Lolita se fue al campo y le compró un burro a un viejo campesino por $ 200 dólares. El anciano acordó entregarle el animal al día siguiente.
Pero al día siguiente el campesino le dijo:

—Lo siento, Lolita, pero tengo malas noticias: el burro murió.
—Bueno, dijo Lola, entonces devuélvame mi dinero.
El vendedor replicó:
—No puedo. Ya me lo gasté.
Lola le dijo:
-Bien. Igual entrégueme el burro.
— ¿Y para qué? preguntó el anciano, ¿Qué vas a hacer con él?
—Lo voy a rifar -contestó Lola.
—Estás loca, cómo vas a rifar un burro muerto?
—Es que no le voy a decir a nadie que está muerto, por supuesto.

Un mes después de este suceso, el campesino encontró nuevamente a Lola y le preguntó:

— ¿Qué pasó con el burro?
LOLA respondió:
—Lo rifé, vendí 500 números a $ 10 cada uno y gané $ 5000 dólares
— ¿Y nadie se quejó? Preguntó el viejo.
—Solamente el ganador -le dijo Lola-, pero a él le devolví sus $ 10 dólares

Lola creció y de repente se hizo política. Hasta llegar a ser Alcaldesa, Gobernadora, Asambleísta, después Ministra, y de la misma forma usó el dinero de todos. Y ese dinero fue a parar ¡¡¡a sus bolsillos!!! y todos sabemos de qué forma… Una mujer, que durante su vida nunca trabajó como Dios manda, ni hizo nada productivo ahora es muy rica... Porque encontró muchos burros muertos en su camino y los fue rifando a mucha gente ingenua.

Pero lo mejor de esta historia es que sigue encontrando más burros muertos. (¡Quiere ser Asambleísta de nuevo!)

Hay muchos que no tienen sangre en la cara.
Tú no puedes dejar que te sigan vendiendo burros muertos.... Estemos alertas.
Abre tus ojos 👀 y mejor aún tu mente, tu criterio y mucho sentido común.
Piensa en tus hijos y tu familia.
Ustedes pueden ayudar a que paren de vendernos burros muertos compartiendo esta historia.

Autor anónimo

"Un pueblo que vota por corruptos, ladrones... No es víctima... Sino cómplice".-
G. Orwell

Con el objeto de erradicar la corrupción y promover transparencia en la contratación pública, la Comisión de Régimen Económico trabaja una nueva normativa que articula visiones de parlamentarios, del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y de especialistas en esta materia. En la jornada de hoy, los comisionados revisaron varias definiciones que se agregan en el artículo 6 en materia de anticipo, convenio marco, desagregación de componentes, mejor costo de bienes o servicios normalizados, oferta habilitada, oferta normalmente baja, contrato de compra simplificada y presupuesto referencial.

En el debate, el legislador Luis Pachala solicitó que en la definición se tome en cuenta la oferta territorial que permita dinamizar la economía local, a fin de que los pequeños y medianos productores de bienes y servicios puedan participar en ofertas de compras del Estado. De esta manera, dijo que se genera dinamismo, inclusión y transparencia en todos los procesos. Sobre este particular, la asambleísta Lira Villalba manifestó que este este tema no pasa por definición sino por regulación de forma transversal en la ley, razón por la cual, la Comisión articulará este particular en la nueva normativa.
Por su parte, la parlamentaria Gabriela Larreátegui planteó incluir en las definiciones aspectos sobre el anticipo devengable y responsable, se clarifique el texto sobre catálogo electrónico, que debe ser entendido como único y que dentro de este puede haber diferentes clasificaciones.
En cambio, el presidente encargado de la mesa legislativa, Franco Romero Loaiza, recordó que por años se ha mal utilizado el tema del anticipo para la adjudicación de contratos. Señaló que hay que impedir que las obras entren con cero anticipo porque va en detrimento de pequeñas y medianas empresas que se ven perjudicadas. Este particular fue ampliamente debatido por los parlamentarios quienes coincidieron que debe haber claridad en la definición, transparencia y sobre todo verificado por la Contraloría para ir al siguiente proceso en la contratación pública.
Al analizar la definición del convenio marco se precisó la necesidad de visibilizar las ofertas territoriales. Se señaló que es un acuerdo de voluntades entre el ente rector del Sistema Nacional de Contratación Pública y proveedores seleccionados a través del procedimiento que regule el Sercop, que tiene por objeto habilitar a los proveedores seleccionados en el registro del repertorio virtual y la oferta de bienes y servicios en los catálogos electrónicos generales.
Así mismo, los comisionados revisaron el tema del mejor costo en bienes o servicios normalizados, mismo que debe cumplir con todas las especificaciones y requerimientos técnico, económico y financiero legal y ambiental, bajo criterios de calidad y sostenibilidad exigidos en los documentos precontractuales donde se oferte precio más bajo con condiciones más ventajosas.
Igualmente, al analizar la prórroga del plazo para el cumplimiento de la obligación previsto en el contrato, la cual debe ser solicitada por el contratista, los parlamentarios consideraron que debe establecerse las causas por la que se solicita dicha prórroga.
En otro orden, la Comisión de Régimen Económico mantendrá diálogos con la mesa de Justicia para definir el tratamiento de temáticas que se encuentran en su conocimiento, en cuanto a sancionar a los proveedores que incurran en las infracciones establecidas en la nueva ley, así como establecer las causales para ejecutar la suspensión temporal del proveedor en el Registro Único.
La mesa legislativa, entre otros aspectos, también debatió respecto de la integración de la figura del “control previo”, razón por la cual, para el próximo viernes 28 de agosto, se convocará al Contralor General del Estado y por pedido de la legisladora Ana Belén Marín, se citará también al Procurador General del Estado, para que de sus observaciones a las reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública.
JLVN/cz

A la Comisión Ocasional que atiende temas y normas de la Niñez y Adolescencia llegaron un grupo de observaciones al informe de primer debate del Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes que son analizados por los comisionados. 37 observaciones presentó el Ministerio de Educación. La mesa legislativa revisó parte de ellas, razón por la cual, este jueves 27 de agosto, desde las 08h00, avanzará con el estudio de las mismas y tomará resoluciones al respecto.

En este marco, los parlamentarios analizarán las propuestas sobre regulación de visitas que se lo hace a petición del progenitor o familiar y donde el juez determinará un horario de visitas a la hija o hijo, a fin de que permita su desarrollo.
Igualmente, los legisladores analizarán aspectos sobre la legitimación procesal para demandar el derecho de régimen de protección económica a favor de niñas, niños y adolescentes, así como de personas que padezcan una discapacidad física o intelectual; el procedimiento para el aumento de pensión mensual.
Igualmente, sobre principios de la adopción de niños y adolescentes pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianas; los principios rectores de la administración de justicia especializada de responsabilidad penal de niños y adolescentes; la imputabilidad y exención de responsabilidad de niños y niñas, objetivos de investigación y de la determinación de responsabilidad.
También, motivos de la aprehensión, el cometimiento de una infracción penal durante el cumplimiento de una medida socioeducativa, programas, faltas leves, entre otros temas.
JLVN/cz

Buenos días buenas tardes buenas noches .

Jorge Elbaum

Bolivia y Ecuador están inmersos en procesos electorales que tendrán gran impacto en América Latina y el Caribe. Dado que el resultado de ambos comicios puede alterar el tablero regional, Washington viene desarrollando una intensa actividad orientada básicamente a impedir la victoria de las alianzas progresistas en Bolivia y Ecuador.

En los últimos meses, el Departamento de Estado ha desatado una ingente batería de iniciativas, en abierta coordinación con las élites locales, para interrumpir la reconfiguración de un bloque soberano de la hegemonía corporativa y financiera, apadrinada por las delegaciones diplomáticas de Washington.

En la última semana, el gobierno golpista de Jeanine Áñez se vio en la obligación de aceptar, ante las requisitorias periodísticas, el pago de 100 mil dólares –provenientes de recursos del tesoro nacional– por los servicios de la consultora CLS-Strategies, especializada en asesoramiento de seguridad e imagen institucional.

El contrato se inició en diciembre de 2019 a partir de la recomendación realizada por el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Bruce Williamson, máxima autoridad diplomática en La Paz. Entre los antecedentes de la consultora, se destacan las tareas realizadas en Honduras, entre marzo y junio de 2009, meses previos a la destitución ilegal del entonces Presidente José Manuel Zelaya.

En aquella ocasión, los honorarios fueron abonados a CLS-Strategies por un think tank liderado por el entonces presidente de la Asamblea Legislativa, Roberto Micheletti, ungido de facto por las Fuerzas Armadas el 28 de junio de 2009.

Otro cliente de CLS-Strategies fue Álvaro Uribe, el ex Presidente de Colombia, quien en la actualidad se encuentra detenido con prisión domiciliaria por orden de la Corte Suprema de su país, acusado de casos de corrupción y responsabilidad criminal en la ejecución extrajudicial de dirigentes sindicales, políticos y académicos en manos de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El CLS-Strategies tiene sede en Washington y también cuenta, entre su cartera de clientes –según datos provistos por el Departamento de Justicia estadounidense– a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y la Agencia Nacional de Inteligencia (el Department of Homeland Security, DHS).

El consultor enviado por CLS a La Paz, durante los primeros 6 meses de 2020, fue Brian Berry. Su tarea consistió en ofrecer una planificación destinada a mejorar la imagen de Áñez y socavar la del MAS. Entre sus antecedentes, Berry acredita su participación en la campaña electoral que no pudo impedir la victoria en México de Andrés Manuel López Obrador.

Una de las primeras declaraciones altisonantes de la Presidenta de facto Añez, influida por el consultor, fue en la ciudad de Sucre, a principios del año, cuando advirtió: “No permitiremos que los salvajes vuelvan a gobernar”. Como resultado inmediato de los consejos del asesor Berry, también se nombró como miembro del Tribunal Supremo Electoral a Salvador Romero, un experimentado arquitecto de formulaciones golpistas institucionalizadas, que ya había trabajado con CLS-Strategies en Tegucigalpa, en ocasión del ascenso a la primera magistratura de Micheletti.

Berry conoció a Salvador Romero en Honduras, durante los meses previos al golpe a Zelaya. Como compensación, el boliviano fue nombrado como Director del Instituto de la Democracia de Honduras, donde contrató a varios de sus ex colegas de USAID, la entidad gubernamental del Departamento de Estado que utiliza como dispositivos estratégicos la cooperación internacional y la ayuda social. Romero, además, es primo del jefe de campaña de la agrupación Comunidad Ciudadana, liderada por el ex presidente Carlos Mesa, actualmente posicionado en segundo lugar en las encuestas preelectorales.

El titular del Tribunal Supremo Electoral (T.S.E.) fue el responsable de postergar por tercera vez el calendario electoral, instituyendo su realización para el 18 de octubre próximo, bajo el pretexto de la pandemia. Berry y Romero son los encargados de desgastar al MAS, que aparece liderando las preferencias electorales.

En ese marco, los encargados de hacer el trabajo sucio de Áñez han dispuesto una batería de imputaciones y montajes judiciales contra varios de los referentes masistas, acompañados de un sostenido apoyo mediático destinado a corroer la imagen pública de sus candidatos. La última semana, se volvió a acusar al expresidente Morales de una paternidad clandestina generada a partir de una relación con una menor. La imputación fue tomada por la Justicia a partir de una denuncia anónima.

Según los analistas políticos, los gobernantes de facto consideran que de esa manera existen más posibilidades de llegar a las elecciones con ventajas sobre el MAS. En tanto la diferencia siga siendo elevada –aconsejó Berry– se deberá continuar utilizando la pandemia como justificativo de nuevas postergaciones, para ir ganando tiempo.

Mientras tanto, como declaró el ministro de gobierno de la presidenta de facto, Arturo Murillo, ante la cadena CNN el último 10 de agosto, “meter bala sería lo políticamente correcto” (en referencia a los cortes de ruta producidos por quienes exigen elecciones en la fecha prevista inicialmente).

Sus mandantes, sin embargo, fueron más claros a la hora de explicar la motivación estructural del gobierno de facto: el último 24 de julio, el empresario Elon Musk respondió personalmente una acusación respecto a su participación en el golpe contra Evo Morales. El propietario de la corporación Tesla que produce autos eléctricos –para quien el litio es el insumo básico e imprescindible– aseveró: “Nosotros derrocaremos a quién queramos”.

La ley es tela de araña

Las elecciones en Ecuador están previstas para el 7 de febrero de 2021, y la alianza formada por Rafael Correa postula para la presidencia a Andrés Arauz Galarza. El triunfante modelo impulsado por Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, quien se postuló para la vicepresidencia, ha sido –hasta esta última semana– el formato elegido por Rafael Correa para retornar al activismo activo en Ecuador, luego de la adulteración política promovida por su sucesor, Lenin Moreno. La Unión por la Esperanza (UnEs) es la organización que presentó al binomio de Arauz/Correa y que ya aparece liderando las encuestas.

El rol que cumplió Berry en La Paz ha sido replicado por Paul John Manafort en Quito. Manafort es un lobista ligado al Partido Republicano que fue jefe de campaña de Gerald Ford, Ronald Reagan y George H. W. Bush. En la primera parte de 2016, cumplió esa misma función para Donald Trump, para luego transformarse en uno de sus delegados dedicados a las operaciones especiales.

En mayo de 2017, Manafort mantuvo varias reuniones con Lenín Moreno para solicitar al primer mandatario el fin del asilo otorgado por Correa a Julian Assange en 2012. El 11 de abril de 2019, por decisión de Moreno, Ecuador retiró la nacionalidad ecuatoriana y el asilo concedido a Assange. En forma inmediata, fue detenido por las autoridades británicas –dentro de la Embajada del Ecuador en Londres– como respuesta al pedido de extradición del gobierno estadounidense.

Otro de los acuerdos supuso el auxilio de Washington respecto a la negociación de la deuda con el FMI y el compromiso por parte de Manafort de interceder ante INTERPOL para conseguir una Alerta Roja que permitiese la extradición de Rafael Correa, exiliado en Bélgica.

Estas negociaciones irregulares llegaron a ser conocidas rápidamente por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, hecho que motivó, en diciembre de 2018, que varios legisladores demócratas exigieran a Mike Pompeo un informe detallado sobre esas negociaciones irregulares. El 13 de septiembre de 2018 Manafort se declaró, ante el fiscal especial Robert Mueller, culpable de dos cargos criminales –el de conspiración y el de manipulación de testigos– consumados para beneficiar a Trump.

El último miércoles 19 de agosto, el Senado de Estados Unidos lo acusó de desarrollar transacciones reñidas con la legalidad en Ucrania y Rusia, en un informe de 1.300 páginas donde se señalan también las operaciones en Ecuador.

Para complementar la tarea de Manafort, el Departamento de Estado decidió enviar a Quito a un experimentado diplomático, Michael Fitzpatrick, que ha sido clave en el golpe institucional contra el presidente paraguayo Fernando Lugo en 2012.

El diplomático quedó expuesto en 2011 con la difusión de cables secretos –por parte de WikiLeaks– en los que informaba a sus superiores en el Departamento de Estado del golpe en ciernes, sin advertir a las autoridades constitucionales paraguayas de ese peligro y del cual fue indudablemente gestor o cómplice.

Fitzpatrick arribó a Ecuador el último 19 de junio, y su delegación diplomática se constituyó de inmediato en el cuartel general de los asesores de Edwin Moreno, candidato a presidente por la agrupación Ecuatoriano Unido y hermano de Lenin. En forma paralela, varias consultoras de Quito y Guayaquil han sido contratadas para promover la estigmatización del correísmo.

El Departamento de Estado, los medios de mayor cobertura informativa locales e internacionales y fracciones del Poder Judicial, han construido un entramado dirigido a proscribir a Rafael Correa. Se armaron causas judiciales superpuestas para evitar su candidatura, bajo el chantaje de su detención una vez que pise suelo ecuatoriano.

El ex mandatario tiene dos órdenes de prisión preventiva en su contra, dictadas por la jueza nacional Daniella Camacho, pero se encuentra interpuesta una apelación ante la Cámara de Casación que aún no ha sido resuelta. En forma paralela, desde varias consultoras financiadas por la Embajada, se dispone una ofensiva publicitaria –a través de las redes sociales– para desacreditar al joven de 35 años Andrés Arauz.

El péndulo se mueve

El urgente envío de Michael Fitzpatrick a Quito se vincula a una serie de sucesos analizados y expuestos por el analista internacional Sergio Gelfenstein:

1. El rechazo de Interpol de difundir una alerta roja contra el expresidente Rafael Correa, tal como lo había solicitado el gobierno de Ecuador.
2. La decisión de un juez del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador, que dejó sin efecto las medidas cautelares de suspensión que pesaban en contra del movimiento Fuerza Compromiso Social, liderado por Correa.
3. El triunfo de Mohammed Irfaan Alí, del Partido Progresista del Pueblo (PPP), como nuevo presidente de Guyana, luego de derrotar al candidato neoliberal.
4. La detención domiciliaria de Álvaro Uribe, acusado de soborno y fraude procesal.
5. El retiro de una de las imputaciones contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, motorizada en 2018 por el entonces juez federal Sergio Moro. El vocero del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Ricardo Lewandowski, consideró que Moro tuvo una clara motivación política.

Washington atisba con preocupación estos indicios –sumados a la alianza de Alberto Fernández con Andrés Manuel López Obrador– que contradicen la lógica de las corporaciones y la financiarización global.

Cualquier recurso es bueno (jurídico, mediático, económico y/o de inteligencia) para impedir la reconstrucción de un polo soberano en América Latina y el Caribe. Dependerá de las fuerzas sociales subalternas y de sus referentes políticos elaborar estrategias adecuadas para sortear o superar dichas variadas operaciones.

http://nicaleaks.com/2020/08/24/washington-vigila-para-que-evo-y-correa-no-regresen-como-cristina/

Estefanía García Mendoza, es en la actualidad la judoca más destacada que tiene Ecuador desde hace más de una década. A sus 32 años de edad, le ha dedicado a este deporte 23, obteniendo importantes logros para el país.
La manabita, es la primera judoca en la historia del Ecuador que obtuvo una medalla de oro en Juegos Panamericanos (Toronto 2015). Dentro de su palmarés ha sido múltiple campeona nacional en todas las categorías, sumó importantes conquistas en certámenes sudamericanos, bolivarianos, panamericanos, mundiales, gran prix y open, además de representar al país en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016.
 Ahora centra sus energías en mantener su posición en el ranking ya que actualmente está clasificada a los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Debido a la pandemia del Covid-19 se suspendieron las competencias clasificatorias a la cita ecuménica, donde aún hay puntos por disputar. Si las olimpiadas se ejecutaran la próxima semana, nuestros representantes serían Lenin Preciado, Vanessa Chalá y Estefanía García, en la disciplina de judo.
“Faltan varios torneos que otorgan puntos al ranking, debo seguir sumando y mejorar o mantener mi posición para llegar a mis terceros Juegos Olímpicos, estoy con todas las ganas”, destacó la integrante del Plan de Alto Rendimiento desde el 2013.  
La última competencia que encaró la manabita fue en febrero, en un Grand Slam, que se realizó en Alemania. A pesar de tener los dos metacarpos fracturados decidió competir bajo su responsabilidad.
“Quise arriesgar, ese combate me significaba muchos puntos para el ranking olímpico, mis padres y el entrenador de la selección, José Romero, me sugirieron que no expusiera más la mano por un combate, competí y no pude acceder a la siguiente fase, en cierta forma, lo positivo fue que no recrudeció mi lesión”, manifestó la judoca tricolor.
Con el parón obligatorio por la pandemia, Estefanía continuó desde su casa con los entrenamientos, esto bajo la supervisión del cuerpo técnico de la selección ecuatoriana de judo. Lamentablemente, en una de sus rutinas sufrió una lesión que desencadenó en una operación.
“Me lesioné entrenando, quizás hice un movimiento brusco con un giro muy fuerte y empecé a tener una molestia en mi rodilla derecha. El traumatólogo me recomendó practicarme una resonancia magnética y efectivamente tenía el menisco roto y el cartílago desgastado, por lo que me operé meses atrás y en los primeros días de septiembre estaré lista para la alta competencia”, recalcó la manabita.
Si bien, la intención primaria de la campeona panamericana es participar nuevamente en los Juegos Olímpicos, no descuida su preparación en el ámbito académico. Ahora está terminando una carrera de entrenamiento deportivo a distancia, auspiciada por la Universidad Europea del Atlántico de España y le falta un nivel para graduarse en la Escuela de Chefs de Guayaquil.
“Me gustaría ser entrenadora, cuando estoy acá en Portoviejo comparto mucho con los niños, voy a los entrenamientos y en ocasiones, bajo la venia de José Larrinaga, a quien considero como mi padre y eterno adiestrador, imparto mis conocimientos a los chicos”, comentó la múltiple campeona nacional.
Estefanía también es amante a los animales, en especial de los canes. “Desde el 2015 adopté a tres perros de la calle, sus nombres son Bronco, Malak y Hope, aborrezco el maltrato hacia los animales. Por lo general recomiendo que adopten animales de la calle, no que compren porque esos animalitos necesitan más amor y son muy fieles”, aseguró. JPD/Secretaría del Deporte

Este viernes 21 de agosto el Dr. Arturo Cabrera presidente del Tribunal Contencioso Electoral, participó como exponente en el primer congreso “Democracia y procesos electorales: En Estados de excepción”, dirigida a la comunidad académica.
El objetivo de este congreso fue examinar las dinámicas actuales de los procesos electorales en las democracias de América, Europa y Asia; así como, analizar la incidencia de los estados de excepción en el marco de los procesos electorales actuales.

Varios expertos compartieron experiencias y medidas que se adoptaron para las elecciones en países como: Corea, República Dominicana, Surinam, entre otros.
El Dr. Arturo Cabrera se refirió al tema: “Ecuador, retos de las elecciones generales 2021″ y manifestó, que a pesar de la crisis sanitaria, se han realizado acciones que permitirán cumplir con las etapas y los tiempos establecidos para las elecciones de 2021.

Presentó el Reglamento de Trámites del TCE, y la aprobación del Instructivo para viabilizar los procedimientos de recepción, sorteo y sustanciación de causas contenciosos electorales para el proceso de las elecciones generales del próximo año.
Se refirió también, a los cinco momentos del calendario electoral y la necesidad de realizarse simultáneamente, iniciando por: Democracia interna, Inscripción de Candidaturas; Primera vuelta (7 de febrero), Segunda vuelta (11 de abril) y Gasto electoral.
Finalmente el titular del TCE, respondió inquietudes de la audiencia y a nombre del Tribunal Contencioso Electoral, agradeció a los organizadores del congreso por la invitación.
Hasta el cierre del 3er panel, los expositores coincidieron en que la crisis sanitaria a causa de la pandemia ha traído cambios significativos en la sociedad y por ende en el proceso electoral, por lo que es indispensable construir un consenso político para el cumplimiento de plazos establecidos para los comicios; además de protocolos sanitarios como parte del proceso electoral, con el objetivo de garantizar los derechos electorales y el manejo adecuado de la bioseguridad durante las elecciones.

Con 128 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea calificó como reservado el análisis del segundo punto del Orden del Día de la sesión 680, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Luego, dentro de dicha sesión, se propondrá la desclasificación de la información relacionada con el proceso de evaluación, valoración, desinversión, venta o monetización del Banco del Pacífico, declarada como reservada por el lapso de 15 años por el Directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN).

Así mismo, el Pleno dispondrá a la Comisión de Régimen Económico, Tributario, su Regulación y Control dé seguimiento a este proceso e informar al respecto periódicamente al Pleno de la Asamblea Nacional para que tome las acciones legales que correspondan.
Previamente, Roberto Dunn Suárez, presidente del Directorio de la CFN, en su comparecencia ante el Pleno, aseguró que todavía no hay ningún proceso de venta de Banco del Pacífico, puesto que se trata de una negociación que toma tiempo y parte de la valoración de activos, fase en la cual se encuentra actualmente.
El funcionario explicó que hay dos procesos independientes, el primero, relacionado con la valoración de activos; y, un segundo momento, el de la venta. Estamos en la parte final del primer proceso, de valoración, en dos semanas tendríamos un informe final y veremos los resultados de la valoración, agregó.
Añadió que el proceso inició el año anterior, con la apertura de la licitación para firmas internacionales. Bank of America fue la empresa que se escogió para que lleve adelante la gestión; avanzamos en ella hasta noviembre de 2019 y se suspendió por la pandemia. Luego, el trámite se retomó en junio de este año.
Respecto de la cláusula de reserva, aseguró que esta declaratoria pretende salvaguardar los intereses de los clientes del banco, de los activos, así como de los intereses del principal accionista, la CFN y del Banco Central, que, a su vez, es accionista de la Corporación. “Nunca se habló de reserva de la información por 15 años. Hay información sensible que se maneja en este tipo de negociaciones, como la cartera de clientes, entre otros”, enfatizó.
El presidente del Directorio de la CFN aseveró que la reserva no significa que exista un impedimento para que los entes rectores accedan a la información, a la cual se puede recurrir concluida la valoración. Después, será el Ministerio de Finanzas quien determine la factibilidad de entrar o no en un proceso de venta, que no durará dos o tres meses, por cuanto este tipo de transacciones toma tiempo, considerando que la entidad contratada promociona el banco, sin identificarlo; explica las características de la institución bancaria; dónde está ubicada; y, sobre la base de las ofertas, regresa al país, se presentan las ofertas y, se da paso a la venta, si las condiciones son favorables.
Indicó que el banco fue valorado en otras dos oportunidades, pero no fue pertinente su venta. Aún falta que concluya el proceso de valoración, aún falta que el Ministerio de Finanzas determine si es el momento oportuno para desinvertir, esto se haría a nivel internacional, por tanto, no se puede hablar de un proceso de venta ni de un calendario para  proceder con la venta, solo estamos en la etapa de valoración, aseveró.
El economista Dunn informó que durante la crisis sanitaria el Banco Pacifico triplicó el alcance de sus servicios digitales y esto es reconocido mundialmente, pues recientemente se lo nombró como el mejor banco a nivel de la región.
Luis Pachala, quien solicitó esta comparecencia, subrayó que tratándose de un banco que pertenece al sector público, es necesario que el proceso de venta sea absolutamente transparente, por tanto, no cabe que haya una cláusula de reserva por 15 años, cuando el país tiene derecho a conocer cómo se procederá a su venta, cuál es el valor que se aspira obtener, quiénes son los oferentes y cuales son las ofertas.
De su lado, Juan Cristóbal Lloret, dijo que la venta de este banco no es un tema menor, porque se trata de una entidad que genera utilidades a favor de su principal accionista, la CFN, que solo entre 2018 y 2019 recibió alrededor de 200 millones de dólares de ganancia. A su vez, Lira Villalva cuestionó que se haya utilizado indebidamente una norma de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública como justificación para declarar la reserva por 15 años respecto de este proceso.
Para Esteban Albornoz, la comparecencia de Roberto Dunn deja más dudas que certezas y si las inquietudes no son satisfechas, como Primera Función del Estado, es necesario tomar otras medidas y formular un pronunciamiento firme respecto de este tema. Mocionó, declarar como reservada la sesión para resolver la desclasificación de la información sobre la valoración y el proceso de venta del Banco del Pacífico.
A criterio de César Rohon, la venta del Banco del Pacífico debe desarrollarse con total transparencia, como manda la ley. Mientras, Wilma Andrade subrayó que los ecuatorianos tenemos el interés de conocer lo que se hace en las empresas y entidades del Estado, el Banco del Pacífico es una institución que tiene importantes rendimientos.
Silvia Salgado preguntó por qué una entidad que rinde beneficios para el país, como el Banco del Pacífico, ha sido considerado para la venta, sobre la base de un proceso reservado. Entre tanto, Israel Cruz demandó que cualquier venta de activos del Estado se realice con apego a la Constitución y la ley.
El legislador Fernando Flores recordó que la reserva de información en el proceso de venta del Banco del Pacífico, sea por 15 años o por nueve meses, constituye una falta de respeto al pueblo ecuatoriano.
César Litardo Caicedo, titular de la Legislatura, anunció que este tema se retomará este jueves, 27 de agosto, en sesión reservada, de conformidad con lo resuelto por el Pleno.
EG/cz

La Asamblea Nacional, durante el Pleno 680, conformó la Comisión Ocasional Multipartidista, compuesta por los parlamentarios José Serrano Salgado, Franco Romero Loaiza y Liliana Durán Aguilar. Los legisladores se encargarán de investigar las denuncias presentadas por la legisladora Amapola Naranjo, en contra del parlamentario Eliseo Alexis Azuero Rodas, por incurrir en supuestos hechos de corrupción. 130 legisladores presentes acogieron la moción presentada por el legislador Xavier Casanova.

La Comisión Multipartidista de Investigación, sustanciará el trámite correspondiente y presentará a la Presidencia de la Asamblea Nacional el respectivo informe, en el plazo de hasta 10 días, contados desde su conformación en el Pleno, de conformidad con lo que determina el artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En este proceso Azuero podrá defenderse de las acusaciones y la mesa ocasional recomendará, o no, su destitución.
Amapola Naranjo en su denuncia juramentada menciona que Eliseo Azuero presuntamente  incurrió  en  las  prohibiciones  señaladas  en  los artículos  127  numerales  2,  3 y 4 de  la  Constitución y 163 numerales 2, 3 y 4 de  la  Ley  Orgánica  de  la  Función  Legislativa,  esto es, ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del  Presupuesto General del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional; así como, gestionar nombramientos de cargos públicos; y, percibir dietas u otros  ingresos de fondos públicos que no son los correspondientes a su función de asambleísta, para la construcción del Hospital de Pedernales, en la provincia de Manabí.
El Pleno conformó la Comisión, una vez que el Consejo de Administración Legislativa avocó conocimiento del memorando enviado por la asambleísta Naranjo, respecto de la denuncia juramentada en contra de Eliseo Azuero, calificó la solicitud de investigación por haber cumplido todos los requisitos establecidos en el artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y de igual forma con el precedente establecido en casos análogos anteriores, como lo es la diligencia de reconocimiento de firma y rúbrica.
JLVN/cz

La República Argentina no comparte las explicaciones del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en su decisión de no avanzar en el proceso de renovación del mandato del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrão, sobre la fecha del vencimiento del mismo. Al hacerlo, el Secretario General desconoce la propuesta realizada por el pleno de la Comisión el 8 y 9 de enero del corriente año, conforme el Artículo 21 del Estatuto de la CIDH y el Artículo 11 inc.3 del Reglamento de la Comisión. 
El Estatuto de la CIDH prevé mecanismos para la separación del Secretario Ejecutivo, siempre en consulta con la Comisión e informando los motivos que fundamenten dicha decisión. Queda claro que, de comprobarse algunas de las irregularidades aducidas, deberán tomarse las acciones pertinentes. No corresponde, entonces, que el Secretario General se atribuya potestades de proceder sin las consultas previstas con la CIDH.
Resulta lamentable que el Secretario General insista en basar sus acciones en sus propias afirmaciones, en este caso con referencias generales a un informe de acceso restringido. Ello denota falta de transparencia y de compromiso de diálogo con la Comisión sobre situaciones que están previstas para su tratamiento por la normativa propia de la Organización. 
Nuestro país reconoce especialmente el rol esencial que cumple la CIDH en la promoción y protección de los derechos humanos de los ciudadanos de las Américas, y estará eternamente agradecido por su papel fundamental en la historia argentina.
La Argentina manifiesta su profunda preocupación frente a una decisión que puede tener consecuencias en la legitimidad y efectividad de las labores de protección y promoción de los derechos humanos en la región del  órgano principal de la OEA en la materia e insta a que se tomen todos los recaudados necesarios para garantizar la autonomía y la independencia de  CIDH y que la misma no esté sujeta a presiones políticas en una tarea que resulta esencial para los Derechos Humanos en el hemisferio.

La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, presidida por Lenin Plaza Castillo, mañana, miércoles 26 de agosto, recibirá a Iván Ontaneda, ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, así como Andrés Arens, viceministro de Acuacultura; y, a Bernardo Hidalgo, subsecretario de Recursos Pesqueros, con el propósito de que expongan sobre los trámites administrativos y requisitos para la autorización de la actividad pesquera con arpón.
Previamente, el organismo legislativo escuchará a José Luis Saltos y Jorge Casco, de la Asociación de Pescadores Artesanales 18 de Octubre; a Gabriela Cruz, presidenta de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras Artesanales del Ecuador (Fenacopec); y, a Lorena Correia, presidenta de la Cooperativa Coarpemayo Flota Polivalente del Ecuador, quienes compartirán la realidad que atraviesa el sector pesquero artesanal.
Entre los temas que deberán tratar el ministro de la Producción y su equipo de trabajo están, también, las acciones planificadas y ejecutadas para realizar el monitoreo y control en la zona para pesca artesanal correspondiente a las ocho millas náuticas, así como el estado actual del Plan de Contingencia de la Exflota de Arrastre de Langostino (compensaciones, cupos para pesca polivalente, y demás detalles relevantes).
Igualmente, indicará los avances en la aplicación de la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, en particular sobre lo establecido en las disposiciones transitorias.
La sesión virtual 72 de la Comisión de Soberanía Alimentaria está convocada a partir de las 09h30.
EG/cz

Ante el comunicado emitido hoy por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresa que lamentablemente no se ha podido avanzar en el proceso de designación del Secretario Ejecutivo de la CIDH debido a la existencia de decenas de denuncias de carácter funcional que han sido presentadas ante los mecanismos institucionales encargados de garantizar y promover los derechos de las y los funcionarios de la Organización y de procesar en este caso las reiteradas denuncias sobre posibles violaciones de sus derechos. Lamentamos que la CIDH, a pesar de estar en conocimiento de decenas de denuncias, en algunos casos por meses, no haya dado traslado de las mismas a la Oficina del Inspector General para su sustanciación, lo cual debió ser realizado en definitiva por la Secretaría General. Esta falta de tramitación es un duro golpe a su credibilidad. Obviamente, la seriedad y gravedad de las denuncias mencionadas y la
necesidad de sustanciar las mismas no ha permitido otorgar el visto bueno correspondiente a esta designación como se hiciera en el año 2016.

La presunción de inocencia ha sido asegurada, así como que no hay impunidad ni indefensión respecto a denuncias de violación de derechos de las funcionarias y los funcionarios dentro de la CIDH ni en ninguna oficina de la Organización. No mientras sea Secretario General.

Es completamente falta de ética y repudiable pretender generar confusión respecto a lo que constituye la responsabilidad y rendición de cuentas funcional individual de uno o más funcionarios y lo que constituye la autonomía de la CIDH.

El trabajo del Secretario General ha sido asegurar la autonomía e independencia de la CIDH tanto en lo referido a la substancia de su trabajo como en el área administrativa, esto se hace y se continuará haciendo sin fallas. Asimismo, se espera se entiendan las responsabilidades institucionales del Secretario General en lo que respecta a asuntos funcionales de la organización. Agradece la voluntad de diálogo expresada y espera que el mismo pueda ser retomado luego que fuera interrumpido unilateralmente por la CIDH en el día de ayer.

La Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales recibió al viceministro de Acuacultura y Pesca, Andrés Arens, con quien trató sobre la flota pesquera china que, en los últimos meses, ha permanecido cercana a la Zona Económica Exclusiva de las Islas Galápagos.
El funcionario señaló que la presencia de esta flota no es novedad, lo que sí llama la atención, dijo, es el número de embarcaciones y los riesgos que puede representar para el país, la actividad pesquera y los recursos hidrobiológicos.
Señaló que esto no solo se trata de un problema de conservación, o únicamente de las Islas Galápagos, es una situación de derecho pesquero internacional, advirtió. “Es una actividad pesquera realizada en alta mar, en aguas internacionales en las zonas donde la Convemar y el Acuerdo de Nueva York rigen y donde la gobernanza de los océanos ya está dispuesta por la normativa correspondiente y son esas normas donde Ecuador debe acudir para defender sus derechos”.
Resaltó que si bien existe libertad de pesca en aguas internacionales esta libertad no puede ser sin límites en estas zonas, por tal motivo, indicó que como autoridades pesqueras han acudido y consultado a la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS) sobre la legalidad de las operaciones de estas embarcaciones, las características y detalles de la actividad que realizan, por ejemplo, qué artes de pesca utilizan y qué recursos tienen autorizado capturar.
El viceministro informó, además, que el año pasado, el Gobierno en colaboración con el Legislativo ratificó el Acuerdo de Medidas Estado Rector del Puerto, este instrumento busca mitigar, eliminar y desalentar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, expresó. Así también, ratificó que ninguna de las embarcaciones chinas ha ingresado a la Zona Económica Exclusiva.
Solución al problema
El viceministro Arens indicó que al ser un problema de derecho pesquero internacional la única solución que existe es la presentación de propuestas ante las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera, en ese marco, el planteamiento de Ecuador será la prohibición de transbordo, la posibilidad de poner una veda espacial y temporal, la obligación de mantener observadores virtuales y abordo para conocer qué recursos son los que se capturan y qué artes de pesca se utilizan.
Estas medidas de control serán expuestas en enero de 2021, durante la reunión de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS).
Cámara de Pesquería
A la Comisión también acudió Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, quien dio una visión del sector pesquero ecuatoriano e indicó que este sector le entrega al Ecuador 1600 millones de dólares por exportaciones.
Sobre el control de la flota asiática sostuvo que el problema no se solucionará con la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos, la creación de un corredor marino, entregar el control de la soberanía a una ONG o salir de la Convemar, para Leone la solución está en fortalecer la institucionalidad del sector pesquero, prohibir los trasbordos, así como los barcos suministradores, y la implementación de una política pública para desarrollar la pesquería de calamar gigante.
La Comisión continuará con el análisis de esta problemática y posteriormente elaborará un informe que será conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional.
SV/cz

EDITORIAL

De acuerdo con el reglamento de Democracia Interna de Organizaciones Políticas, culminado el proceso de elecciones primarias, los partidos y movimientos deberán proceder con aceptación de sus precandidaturas en un plazo de 10 días de efectuada la elección, es decir hasta el 3 de septiembre. La normativa electoral indica que la aceptación de la candidatura es "expresa, indelegable y personalísima" en las oficinas de la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas tratándose de dignidades nacionales; en las delegaciones provinciales electorales, para el caso de dignidades locales; y en las oficinas Consulares en el Exterior, para asambleístas en el exterior.
La organización política deberá realizar la proclamación de las candidaturas y el candidato deberá aceptar su nominación ante un delegado de la Coordinación Nacional Técnica de Participación Política del Consejo Nacional Electoral (CNE). El órgano electoral emitirá un informe sobre la transparencia y legalidad del proceso electoral interno para la calificación de candidaturas.
Asimismo, el CNE verificará el cumplimiento de paridad, alternabilidad, secuencialidad y encabezamiento de mujeres en listas en los procesos electorales internos, norma establecida en las últimas reformas al Código de la Democracia. En caso de que la organización política incumpla con la ley, el órgano electoral notificará a la organización política para que subsane la inobservancia, o de encontrar sustento técnico, podrá ordenar a la organización política repetir el proceso electoral. Además, hasta el 3 de septiembre, los partidos y movimientos políticos podrán registrar sus alianzas.
En el caso de establecer alianzas, quien ejerza la representación legal de la organización política, esta podrá registrase en línea a través del portal web institucional www.cne.gob.ec, de acuerdo con los procedimientos específicos o protocolos que el Consejo Nacional Electoral establezca para el efecto.

El movimiento Centro Democrático oficializó sus candidaturas tras realizar las elecciones primarias vía telemática, y de forma representantiva, con la votación de los miembros del Comité de la Dirección Ejecutiva
La mañana de este sábado, 22 de agosto de 2020, Andrés Arauz y Rafael Correa fueron ratificados en las elecciones primarias de Centro Democrático, que es parte de la coalición Unión por la Esperanza (UNES), como el Binomio Presidencial y Vicepresidencial. La dupla electoral concursará en las elecciones del 7 de febrero de 2021 y lo hará con el apoyo de una gran cantidad de sectores que agrupa a mujeres, hombres, jóvenes, estudiantes, trabajadores, empresarios, servidores públicos, emprendedores, indígenas, afrodescendientes.
Por la vía de elecciones representativas, la agrupación política efectuó sus primarias de forma telemática, y con el sufragio del Comité de la Dirección Ejecutiva, en el marco de un profundo ejercicio democrático y colectivo, Centro Democrático definió las candidaturas de asambleístas nacionales, provinciales, parlamentarios andinos y del binomio presidencial; mujeres y hombres que le apuestan a la recuperación de una Patria que garantice los derechos de todas y todos y que labre el camino hacia mejores días.
Pierina Correa Delgado encabezará la lista de asambleístas nacionales y estará acompañada por Ricardo Ulcuango, Raisa Corral, José Agualsaca, Paola Cabezas, Bolívar Armijos, Liliana Durán, Kintto Lucas, Jhomayra Gavilanes, Nanki Saant, Katherine Chalá, Pablo Romero, Jéssica Diaz, Yajaira Chimbo y Carlos Barcía. Una lista plural y diversa, con mujeres y hombres, mestizos, indígenas y afrodescendientes, jóvenes y adultos, que garantizará la legislación y fiscalización para todas y todos.
A nivel provincial y con la misma lógica se integraron las listas que serán lideradas por Juan Cristóbal Lloret, por Azuay; Paulina Fuentes, Bolívar; Blasco Luna, Cañar; José Luis Vallejo, Carchi; Silvia Núñez, Chimborazo; Ana Herrera, Cotopaxi; Carlos Zambrano, El Oro; Lenin Lara, Esmeraldas; Édgar Navas, Galápagos; Sofía Espín, Ronny Aleaga, Alexandra Arce y Xavier Jurado, por Guayas; Pamela Aguirre, por Imbabura y Johanna Ortiz, por Loja.
Humberto Alvarado, por Los Ríos; Luisa González y Katisuca Miranda; por Manabí; Ángel Sagbay, por Morona Santiago; Flavio Grefa, por Napo; Mariuxi Sánchez, por Orellana; Nancy Ramírez, por Pastaza; Marcela Holguín, Jhajaira Urresta, Pabel Muñoz y Fausto Jarrín, por Pichincha;  Lenín Mera, por Santa Elena; Viviana Veloz, por Santo Domingo de los Tsáchilas; Comps Córdova, por Sucumbíos; Rosa Mayorga por Tungurahua; y Héctor Valladarez, por Zamora Chimchipe.
Por Canadá y Estados Unidos, Mónica Palacios; por el Europa, Asía y Oceanía, Gustavo Mateus, Guillaume Long, y Eduardo Zambrano. Mientras que Verónica Arias, Virgilio Hernández, María Moreira, Alex Pomaquero y Amaranta Santamaría integran la lista de Parlamentarios Andinos.
Enrique Menoscal, director nacional de Centro Democrático, explica que está lista, que es la de la coalición Unión por la Esperanza, es una apuesta para recuperar la Patria. “Es una lista que tiene mujeres y hombres con sobrada y demostrada capacidad, coherencia, inteligencia y compromiso con el país. La gran tarea es sacar a Ecuador del bache en el que se encuentra y garantizar un futuro para todas y todos”.
¿Deseas conocer más?

Este martes  25 de agosto, a las 11h00, el Pleno de la Asamblea Nacional continuará con la sesión 592, en modalidad virtual, para conocer y resolver el informe para segundo debate del proyecto de nuevo Código Orgánico de Salud. 
Este cuerpo jurídico amplía, de manera importante, lo relativo a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad; recupera las normas en materia de salud sexual y reproductiva de la norma vigente, con el propósito de evitar cualquier retroceso en el ámbito de derechos;  crea una sección específica para el tratamiento del cáncer, dentro de la atención de enfermedades catastróficas.
Aborda, también, factores como la contaminación ambiental, la alimentación y el agua, que son parte esencial del derecho a la salud. Para lo cual, se ha realizado la correcta coordinación con las leyes que rigen las materias de: ambiente, agua, gobiernos autónomos descentralizados y sanidad agropecuaria.
Incluye grandes avances en materia de talento humano, tales como la carrera sanitaria, el reconocimiento a las jornadas especiales de trabajo y remuneración justa para los profesionales de la salud. Determina, además, con claridad, el ámbito del ejercicio profesional de la salud y la formación profesional. 
Pleno 680
En tanto, a 15h00, de este mismo martes, se instalará la sesión 680, que consta de ocho puntos. El primero se trata de la comparecencia de Roberto Dunn Suárez, presidente del Directorio de la Corporación Financiera Nacional, a fin de que informe sobre el proceso de valorización y eventual venta del Banco del Pacífico.
Igualmente, conocerá y resolverá sobre lo dispuesto en la Resolución CAL-2019-2021-323, emitida por el Consejo de la Administración Legislativa de 03 de agosto de 2020.
Caso Mendoza
Según la agenda, también, conocerá y resolverá el informe no vinculante de la Comisión Multipartidista de Investigación de las denuncias presentadas en contra del Daniel Mendoza Arévalo.
Héroes 
Se dará paso al proyecto de resolución para solicitar al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que considere de manera favorable los informes de la Comisión de Verificación y Calificación de Héroes y Heroínas Nacionales, para que se declare como héroes y heroínas nacionales a los excombatientes de los conflictos bélicos de 1981 y 1995. 
Igualmente, están los informes del pedido de aprobación del Convenio de Cooperación Policial para la Seguridad y Lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional, así como el Tratado de Asistencia Judicial en Materia Penal entre Ecuador y España; y, el tratamiento del informe de primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Desarrollo de Puerto Bolívar.
MG/cz

En una entrevista que sostuviera el día domingo en Ecuador en línea edición extraordinaria, en el canal Hechos Ecuador, Richard Intriago Pre - Candidato a Presidente de la República por las organizaciones sociales, denunció que han sido vulnerado sus derechos y los derechos de participación electoral por el movimiento que lo auspiciaría solicitándole la suma de UN MILLON TRESCIENTOS MIL DOLARES Y DOS CAMIONETAS tema que no lo pudo aceptar dijo porque en su candidatura está la gente de a pie, los pobres económicamente pero los ricos en inteligencia y en espíritu patriótico para levantar al país.
Nos han quitado el anhelo de servir a la patria desde la presidencia, pero no el espíritu para seguir luchando - manifestó . al tiempo que expresó que hoy recién empieza la lucha que las organizaciones sociales van a salir a las calles a protestar pacíficamente para hacer sentir su fuerza ante el Gobierno Nacional, Consejo Electoral, y ante el Movimiento que le quitó los sueños al pueblo.
Así mismo señaló que todos su candidatos que ya fueron electos en la primarias en las diferentes provincia, van a deponer masivamente sus candidaturas en solidaridad con quien les representaría debido a que ellos en su organización son orgánicos indicó para Hechos Ecuador.

El Estado es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Esta organización política se constituye en un determinado territorio y tiene el poder de ordenar y administrar la vida en sociedad. También se denomina Estado al conjunto de instituciones que tienen la finalidad de administrar los asuntos públicos.
De esta definición se desprende lo siguiente: En primer lugar, el Estado somos todos, ya que el Estado no es una entelequia institucional formada tan solo por instalaciones o edificios, la definición explica que el estado es “una forma de organización política” y como es una forma de organización política, se entiende que está conformada por seres humanos, y una gran parte del financiamiento de ese Estado, proviene de ingreso fiscal corriente, es decir de los impuestos que pagamos todos.
La ineficiencia operativa del Estado ha estado estrechamente ligada a la influencia política y a la administración neoliberal que por más de 40 años domino la administración pública y a quienes la ineficiencia del Estado resulta muy funcional ya que con esta excusa privatizan sectores estratégicos de la nación.
Un Estado bien administrado es y puede ser eficiente y esto ya se demostró durante los 10 años de la administración del presidente Correa, y también lo podemos ver en los países escandinavos. Esto explica también, que incluso en países capitalistas desarrollados e industrializados, el tamaño del Estado está estrechamente ligado con la regulación y control de los sectores estratégicos de las naciones, por esta razón podemos ver que aun en los Estados Unidos país capitalista, la educación, el servicio postal, el Departamento de bomberos son administrados por el estado.
Por tanto, aquella idea que trata de posicionar la prensa corporativa de que el “Estado es ineficiente y obeso” están sosteniendo una falacia posicionada por intereses políticos y privados, ya que el tamaño del Estado debe estar correlacionado con la densidad poblacional y el Ecuador aun no cumple con los estándares internacionales determinados por las Naciones Unidas en cuanto a número de policías por habitante, numero de servidores de la salud por habitante, numero de servidores públicos por habitante, lo cual demuestra de manera técnica que cuando el Señor Lasso, Nebot, Noboa etc le dicen a la población que el problema del Ecuador es el excesivo tamaño del Estado, simplemente le están mintiendo.
¿Cuál es el interés que se esconde detrás de la idea de la reducción del Estado?
Una de las funciones concomitantes al Estado es la regulación y control. A menor tamaño del Estado menos control y regulación. Esta falta de regulación y control del Estado fue precisamente lo que faculto que el sector financiero no fuera controlado y creara una burbuja inmobiliaria al financiar empresas vinculadas, se hicieran auto prestamos con tasas de interés preferencial y este mal manejo financiero fuera asumido por el Banco central del Ecuador lo que derivó en un feriado bancario. (Lo mismo aconteció en Argentina, Grecia, Irlanda y España) “Corralito financiero”.
La desregulación y control del Estado, es el verdadero interés detrás de esta idea. ¿Y el ciudadano común se puede preguntar y esto en que me afecta a mí? Esto nos afecta a todos ya que transforma a él Estado en una institución inútil a merced de los poderes facticos. Al perder su capacidad de fiscalización y regulación, simplemente se dan procesos de privatización y venta de activos del Estado que nos costaron a todos (Banco del Pacifico) y que se ferian a precio de gallina enferma, añadiendo a esta estrategia que el empresario ecuatoriano, históricamente no ha sido precisamente creador o generador de empleo, ha sido más bien parasitario del Estado que tanto critican, ya que el 90% de los contratistas y proveedores son del sector privado. Cabe recordar que el “empresario oligarca” no es generador de desarrollo, ya que no reinvierte en el país, manda todas sus utilidades a paraísos fiscales y se ha caracterizado por NO ser innovador, sobre todo a nivel tecnológico, sino más bien evasor de impuestos. Un ejemplo elocuente de esto son las empresas de Noboa que evaden cientos de millones de dólares en impuestos, tiene precarizado a la mayoría de sus empleados y ha sido denunciado internacionalmente por esclavitud infantil.

A nombre de todos los integrantes del Consejo Nacional e Internacional para la Comunicación Popular (CONAICOP) en los cinco continentes, expresamos nuestra total solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela y su gobierno legítimo encabezado por el camarada Nicolás Maduro Moros, ante esta nueva intentona encabezada por la administración de uno de los individuos más inmorales y criminales en la historia del gobierno de aquél país, conocido por su larga lista de invasiones e intervenciones en contra de varios países de nuestra América y el mundo.
Sin duda alguna, con la ayuda de la traidora oposición venezolana, el delictivo gobierno norteamericano ahora trama, junto con el ovejuno e indigno gobierno colombiano, una invasión a esa gran nación sudamericana cuyo pueblo ha resistido con valentía y gran dignidad la ininterrumpida guerra multifrontal dirigida contra el valiente pueblo de Chávez y que busca deshacer todos los grandes avances logrados por el inolvidable Comandante Eterno y continuados por el Presidente Maduro.
Ante el riesgo de que Trump intente mejorar su debilitada posición con miras a la próxima elección, y decida una agresión armada contra la República Bolivariana de Venezuela, los que desde siempre hemos reconocido la grandeza de aquella nación hermana y su enorme importancia para la consolidación de la Patria Grande redoblaremos esfuerzos para defenderla y desde ya expresamos nuestro repudio hacia el gobierno norteamericano y sus lacayos dentro de la oposición venezolana y manifestamos nuestro absoluto apoyo incondicional al pueblo bolivariano-chavista y su gobierno.
#FueraManosdeVenezuela
#TodosSomosVenezuela
#ChavezViveLaLuchaSigue

Rubén Suárez
Secretaria internacional

Patricia Barba
Secretaria Caribe y México

Alcides Martínez
Secretaria General

Geraldina Colotti
Secretaria Europa

Agosto 2020