El Comandante de la Policía Nacional en el Distrito Chone- Flavio Alfaro, TCRNL. Dr. Andrés Erazo Marín, propone varias estrategias para disminuir la expansión del virus y beneficiar a la población de los cantones de su jurisdicción en el marco del COE Cantonal de Chone.

BANCARIZACIÓN DE LAS PARROQUIAS RURALES
Para disminuir la movilización de las personas que buscan los centros financieros y bancarios en las cabeceras cantonales de Chone y Flavio Alfaro propuso abrir puntos de banca de barrio y posterior convertirlos en puntos de pago de temas sociales como bonos y pensiones. Ejemplificó que las personas de poblaciones vulnerables que cobran el bono de 60usd deben movilizarse por ejemplo desde la parroquia rural de Convento hasta la cabecera del cantón Flavio Alfaro pagando un aproximado de 11usd por el flete que los lleva hasta el centro de la parroquia rural hasta el Banco y viceversa. Quedando 49 usd para gastos del mes en el mejor de los casos y exponiendo a la población a contagio de COVID. En el caso de la población de la parroquia rural de Eloy Alfaro que tiene más conexión con el centro de Chone, el pago es de hasta 20usd por el flete, dejando 40usd para gastos del mes a quienes cobran el bono de 60usd. Y con un mismo riesgo de contagio del virus.
Para este fin se ha integrado con el Jefe Político del cantón Chone, las y los Tenientes Políticos de las parroquias rurales y junto a los Policías que se encuentran en territorio han levantado información de los locales comerciales que pueden lograr construirse como puntos de banca. Así también han hecho las coordinaciones con las instituciones bancarias para llevar la información de los candidatos y que puedan ser calificados. Los trabajos en este tema continúan.
La Policía Nacional se encuentra trabajando con el Jefe Político, Tenientes Políticos en el levantamiento de la información de los negocios que pueden convertirse en puntos de banca, información que posteriormente será entregada para análisis de la banca y luego de convertirse en puntos de banco de barrio se gestionará para convertirlos en puntos de pago de servicios sociales como: bonos, pensiones, entre otros; que benefician a las personas mas vulnerables. Mencionó que el traslado de personas dese Convento hasta Flavio Alfaro es de un aproximado de 11usd y de Eloy Alfaro hasta Chone es de15 a 20 usd, del bono de 60 usd que cobran las personas al mes hay un castigo a quienes se trasladan a cumplir este derecho. Mencionó que esta estrategia de prevención social permitirá a mediano plazo atender a los grupos vulnerables pero también a las personas vinculadas a la actividad comercial disminuyendo la oportunidad de ser víctimas del delito por el traslado de dinero para las actividades de comercio.

TRATAMIENTO E INSERCIÓN DE CONSUMIDORES EN PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL GAD CHONE
El Comandante también sugirió en el espacio del COE Cantonal de Chone, vincular en los proyectos de reactivación económica que el GAD Chone desarrolla, como los huertos familiares y limpieza de albarradas, para que sean consideradas las poblaciones que se encuentran en barrios periféricos donde se ha identificado el consumo de sustancias sujetas a fiscalización y que se han observado en una relativa inactividad económica. De esta manera, que puedan sembrar en terrenos ligados al Gad Cantonal y a los Parroquiales, con los insumos, la capacitación y asesoramiento técnico que el Municipio puede otorgar.
Así también solicitó que los consumidores sean asumidos por las instituciones de salud y el despliegue interinstitucional que se requiera, para el tratamiento de esta población de consumidores y la inserción a la vida económica y social de la ciudad. En el caso de huertos familiares se pueden usar espacios públicos inclusive en de uso de las instituciones públicas que sirvan para este efecto. Esto disminuiría la incidencia delictiva y la oportunidad de contagio, pues las personas que se encuentran en consumo, generalmente no están cumpliendo con las regulaciones de uso de mascarilla, distanciamiento social y se convierten en potenciales generadores de riesgo para sus familias y los sectores por donde transitan. Pero sobretodo, que existe una oportunidad de inserción económica y social que debe ser apoyada por toda la comunidad, la empresa privada y los medios.
Los productos que logren de la siembre en los huertos familiares serán posteriormente vendidos a la comunidad en una feria que se organizará para potenciar ingresos en quienes participen de este emprendimiento. O pueden usarlo para consumo familiar.

Potenciación de la creación de la 8va. Parroquia Rural
En vista de la extensión geográfica, el numérico de habitantes que aproximadamente serían más de 10.000 en más de 60 comunidades desde Garrapatilla hasta Puerto El Mate. Actualmente esta extensión territorial pertenece a la parroquia urbana de Santa Rita que va desde la parte urbana de Chone y se observa en estos territorios una caracterización rural. El Comandante solicitó retomar la creación de la 8va parroquia rural para que los servicios del Estado y los del Gad puedan llegar hasta estas poblaciones entre las que están Carrasco, San Pedro de Limón, San Pedro de Atarasco, San Pedro de Oro, La Tigra, entre otros, hasta Puerto El Mate que colinda con las poblaciones rurales del cantón El Carmen como Santa María, Santa Teresa y la Manga del Cura. Considera que en estas poblaciones también se debe lograr la bancarización y los beneficios que se puedan lograr para la población desde las instituciones públicas. En el tema de seguridad han hecho 3 intervenciones recuperando 8 motos robadas, decomiso de arma de fuego, detenidos, licor sin registro, también han sensibilizado a una parte de la población sobre la necesidad del cuidado ante la pandemia. Considera que no sólo se debe ejercer la ley sino entregar los beneficios a las poblaciones y por ello la necesidad de concretar la parroquialización.

El Jefe Policial espera lograr estas proyecciones que serán en beneficio de los ciudadanos con estrategias de prevención comunitaria, social y situacional que buscan mejores condiciones de vida y seguridad para la ciudadanía.

Fiscalía procesó, por el delito de delincuencia organizada, a Francisco Xavier O. T., uno de los directores del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Guayaquil, luego de que fuera detenido el pasado sábado en su domicilio, ubicado en la urbanización Lomas de Urdesa, en el norte de esta ciudad.
En la audiencia de vinculación, el fiscal Segundo Lucas Centeno presentó los elementos de convicción suficientes para demostrar la presunta participación del detenido en el hecho investigado, entre estos: el parte de detención y las órdenes de allanamientos ejecutados en Guayaquil, y los informes investigativos de la Unidad de Inteligencia Anti delictiva (UIAD-G).
Además, los informes de las contrataciones entre la entidad de salud y personas naturales y jurídicas, y el Informe con Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2018.
Fiscalía pidió prisión preventiva para el procesado; sin embargo, la defensa de Francisco O. T. presentó el arraigo social, domiciliario y laboral, indicando –además– que ya cuenta con medidas cautelares en un anterior proceso. Fiscalía consideró lo alegado y reconsideró su petición, solicitando a la jueza Yesenia Hidalgo, lo establecido en el artículo 522, numerales 1, 3 y 4, del COIP.
La Magistrada acogió en parte el pedido fiscal y dictó medidas cautelares a la prisión: arresto domiciliario, el uso de dispositivo electrónico y prohibición de salida del país, por tratarse de casos especiales contemplados en el artículo 537 del Código Orgánico Integral Penal (en la diligencia, el detenido presentó un carné de discapacidad física del 40%, por una presunta afectación a su salud).
El procesado se desempeña como director de área y era quien, presuntamente, realizaba los requerimientos para la compra de los insumos médicos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, del IESS. Fiscalía investiga un presunto perjuicio al Estado en casi 12 millones de dólares, en 18 contratos ejecutados en el período de gestión del ex director Luis J. Z.
Con la detención de Francisco O. T., ya son seis los procesados en este caso, entre ellos, José B. P., Hugo V. F. y Francisco S. J., que están con prisión preventiva, mientras que, a Jeanneth P. O. y Jorge C. B. se les dictó arresto domiciliario.
El pasado 28 de junio de 2020, Fiscalía también formuló cargos contra Francisco O. T por presunto peculado. En esta causa, ya son ocho las personas investigadas. Seis de ellas fueron procesadas tras el operativo ejecutado por Fiscalía y Policía Nacional, el 3 de junio: Francisco S. J., Julio V. F., Víctor C. V., Rosa G. L., Katherine C. M. y Enrique A. M. Mientras que David Rolando C. F. fue vinculado el 15 de junio. Él se desempeñaba como proveedor de insumos en el hospital Teodoro Maldonado Carbo.
Con la vinculación de Francisco Xavier O. T., la jueza de Garantías Penales dispuso de treinta días más para el cierre de la instrucción fiscal.
Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de delincuencia organizada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Concluidas las intervenciones de las partes procesales, el Tribunal de la Corte Nacional, integrado por los jueces David Jacho, Dilma Muñoz y Wilman Terán, suspendió la audiencia de apelación para deliberar.
Durante cinco días, los veinte sentenciados por cohecho presentaron sus argumentos, solicitando nulidades del proceso y la revocatoria de la condena impuesta en primera instancia. Además, los magistrados escucharon la réplica esgrimida por la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, quien –de manera fundamentada– solicitó que se desechen los recursos presentados y que se ratifique la sentencia.
La Procuraduría General del Estado también presentó un recurso de apelación para solicitar al Tribunal que establezca la metodología que el juez de ejecución deberá seguir para distribuir el valor total de reparación y el monto que deberá aportar cada sentenciado.
Los veinte sentenciados (dieciocho fueron condenados a ocho años de prisión y dos obtuvieron penas reducidas por su colaboración con el proceso investigativo), apelaron a la sentencia, luego de haber sido declarados culpables por el delito de cohecho pasivo propio agravado.
Los argumentos expuestos por los abogados defensores fueron debatidos y refutados por parte de la fiscal general Diana Salazar Méndez, quien señaló que la sentencia se encuentra debidamente motivada, que no existe vulneración al derecho a la defensa y que fue notificada de forma íntegra.
Fiscalía, en la audiencia de juicio, demostró la existencia de aportes irregulares efectuados por empresarios, a través de dinero en efectivo o cruce de facturas, en beneficio de un movimiento político, y que dichos montos fueron recibidos por altos funcionarios del Gobierno anterior, a cambio de contratos con el Estado.
La abundante prueba documental, pericial y testimonial fue valorada en su conjunto por el Tribunal de primera instancia para emitir su sentencia.
El Tribunal suspendió la audiencia y señaló que informará oportunamente la fecha y hora para dar a conocer su decisión de manera oral.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de su Relatora Especial, Dubravka Šimonovic, felicitó al Ecuador y al Consejo Nacional Electoral, por sus logros en materia de participación política de las mujeres, así como la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia y que será de aplicación para las Elecciones Generales 2021.
Dicho pronunciamiento forma parte del Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, de 20 de mayo de 2020, acerca de su vista al Ecuador. Durante su estancia en el país, Šimonovic mantuvo una reunión con la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint -quien impulsó las reformas a la Ley Electoral- y otras autoridades de las distintas funciones del Estado.
"No cabe duda de que el Ecuador ha iniciado el proceso de adopción de un marco jurídico progresista en materia de derechos humanos, que le permitirá responder a los importantes desafíos que enfrenta el país para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas y lograr la igualdad de género, de conformidad con sus compromisos internacionales" señala Šimonovic al referirse a las reformas al Código de la Democracia, que se introdujeron durante su visita oficial al Ecuador (del 29 de noviembre al 9 de diciembre de 2019) y se aprobaron en febrero de 2020.
Las Reformas al Código de la Democracia, cuya aprobación histórica fue impulsada por el CNE, actores sociales y políticos del país, se publicaron en el Registro Oficial el pasado 3 de febrero de 2020 y se encuentran vigentes para las Elecciones Generales de 2021. Plantean, entre otros aspectos, la sanción a la violencia política de género, así como la obligación de que las organizaciones políticas inscriban las listas para elecciones pluripersonales y unipersonales bajo criterios de paridad e inclusión generacional.

Nuevos procesos legislativos y de fiscalización siguen su trámite en la Asamblea Nacional, en la semana del 6 al 10 de julio, en materia social, política y económica. Los parlamentarios trabajan en las reformas a la Constitución, planteadas por la ciudadanía, orientadas a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que el Parlamento sea bicameral, pero también, la realización de talleres para conocer las estrategias para fortalecer el Departamento de Consejería Estudiantil, o, el tratamiento de proyectos de ley en el Pleno, como las reformas a la Ley de Tránsito, o a la Ley de Extinción de Dominio.   
Pleno
La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social aprobó el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Bienes de Origen y Destino Ilícito e Injustificado, conocido como Ley de Extinción de Dominio. Tema que podría ser parte de la agenda de trabajo del Pleno, una vez que el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, así lo disponga.
También quedaron pendientes temas de la sesión 674 del Pleno. Entre ellos, conocer el Proyecto de Resolución de Reformas Constitucionales presentada por el asambleísta Fabricio Villamar que, entre otros temas, propone la reducción del número de asambleístas, la independencia del Banco Central y el trabajo por horas.
Además, está en espera de que se conozca en el Pleno el informe para primer debate del proyecto de reformas la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social; el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 
Varios proyectos de resolución se agregaron como cambios en el orden del día y serán tratados también enos el Pleno 674, una vez que esté se retome.
Enmiendas
El lunes 6 de julio, a las 10h00, la Comisión Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales convocó a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Christian Cruz, presidente; Sofía Almeida, vicepresidenta; David Rosero, María Fernanda Rivadeneira, Graciela Estupiñán, Juan Dávalos,  y Francisco Bravo, consejeros, para que expongan su criterio sobre la propuesta de reforma a la Constitución planteada por el Comité por la Institucionalización Democrática.
La propuesta propone eliminar el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y que la función de designar autoridades de control retorne a la Asamblea Nacional. Para ejercer esta facultad, plantea que el Parlamento sea bicameral, es decir, con una cámara de representantes y otra de senadores. Así mismo, busca que la Fiscalía General del Estado se independice de la Función Judicial.
Soberanía Alimentaria
Con la llegada de la objeción parcial del Ejecutivo proyecto de Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo de la Producción, Comercialización, Extracción, Exportación e Industrialización de la Palma Aceitera y sus Derivados, la Comisión de Soberanía Alimentaria, revisará el documento a fin de elaborar el informe no vinculante respectivo.
Cabe recordar que el Parlamento, remitió al Ejecutivo el proyecto aprobado en segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, el 3 de junio de 2020. La propuesta busca dinamizar todas las etapas de la cadena productiva de la palmicultura, reactivar la siembra y producción de la palma aceitera.
Relaciones Internacionales
El miércoles, 8 de julio, la Comisión de Relaciones Internacionales, citará al ministro de Defensa Nacional, Oswaldo Jarrín; y por segunda ocasión, al director General del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) Alejandro Vela Loza; al  gerente General La Cuadra Compañía Inmobiliaria y Comercializadora S.A. Inmosolucion, Freddy Merizalde; así como, al gerente General Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) (E), Fernando Pazmiño, para que aclaren sobre supuestos procesos de corrupción en un contrato para la pavimentación de las avenidas de la capital.
También, invitarán a los concejales del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Fernando Morales y Juan Manuel Carrión, quienes informarán sobre los procesos contractuales para la “pavimentación, repavimentación vial asfáltica y pavimento rígido programa II", realizado entre la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, y la Cuadra Compañía Inmobiliaria y Comercializadora S.A. Inmosolucion - Consorcio Repavimentación Quito.
Luego, los parlamentarios revisarán el documento borrador del informe del proyecto de Ley de Navegación, Gestión de la Seguridad y Protección Marítima.
Gobiernos Autónomos
La Comisión de Gobiernos Autónomos, el miércoles 8 de julio, avanzará con la revisión de observaciones planteadas al proyecto de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, con el fin de elaborar el informe respectivo.
Participación Ciudadana
El viernes 10 de julio, la Comisión de Participación Ciudadana recibirá a representantes de la Coalición Mundial Salud y Vida, quienes expondrán las mecanismos y protocolos establecidos para el control de Covid 19.
Educación
La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología realizará un taller donde se expondrá las funciones del Consejo Nacional de Educación y el nuevo modelo del Departamento de Consejería Estudiantil, que forman parte de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
En la normativa se determina que es pertinente fortalecer como instancias neurálgicas de los procesos preventivos y de desarrollo integral, a los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE), organismos incorporados dentro de las instancias educativas que velan por la convivencia armónica y el desarrollo de habilidades para la vida.
Régimen Económico
La Comisión de Régimen Económico, avanzará con el tratamiento de las reformas a la Ley de Puerto Bolívar cuyo objetivo es incrementar de 10 % a 50 % el porcentaje de los ingresos para la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar y que estos se inviertan exclusivamente para obras y servicios públicos de la parroquia urbana.
Salud
La Comisión del Derecho a la Salud, sesionará en tres ocasiones. Retomará el tratamiento de los temas coyunturales, especialmente, los relacionados con supuesta corrupción en el sector salud, a propósito de la pandemia generada por el Covid 19. Además, continuará recibiendo observaciones de expertos en referencia a los proyectos de Ley que previenen el suicidio; y el desperdicio de alimentos.
Desarrollo Económico
La Comisión de Desarrollo Económico avanzará con el tratamiento de los proyectos de Modernización a la Ley de Compañías; y de Ley Orgánica de Economía Circular y Reciclaje Inclusivo. Cabe indicar que a la mesa legislativa llegaron observaciones de sectores vinculados con las temáticas en estudio y los parlamentarios conocerán y debatirán las mismas. 
Biodiversidad
El lunes 6 de julio, a las 09h00, la Comisión de Biodiversidad analizará el pedido de la asambleísta Brenda Flor, respecto de trasladar la solicitud de prórroga del trámite legislativo de reforma a la Ley Orgánica de Régimen Especial de la provincia de Galápagos, al Consejo de Administración Legislativa.
Derechos Colectivos
La Comisión de Derechos Colectivos, establecerá el cronograma para el tratamiento del proyecto de Geoparques Mundiales de la Unesco en Ecuador, de iniciativa del asambleísta José Chalá. En otra reunión de trabajo establecerán el cronograma para el tratamiento respectivo.
La propuesta tiene por objetivo promover la creación, gestión y conservación de los Geoparques Mundiales reconocidos como patrimonio geológico de importancia global por la UNESCO, bajo un enfoque de sostenibilidad y con la participación de comunidades y actores locales y nacionales.
Justicia
La Comisión de Justicia tiene previsto revisar y analizar el informe borrador de amnistía por aplicación de la justicia indígena. También, recibir a representantes del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Educación Superior para que den sus observaciones al proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial y revisarán las propuestas planteadas a este Código.
Está contemplada, también, la realización de mesas técnicas para revisar las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, del proyecto de Ley Orgánica para la Prevención y Combate del Contrabando y Defraudación Aduanera de Mercancías.

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En sesión extraordinaria del 29 de junio de 2020, el Pleno de la Corte Constitucional emitió el Dictamen de Constitucionalidad Nro. 3-20-EE/20, referente al Decreto Ejecutivo Nro. 1074 del 15 de junio de 2020, relativo al “estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por la presencia del COVID-19 en el Ecuador y por la emergencia económica sobreviviente (sic) a la emergencia sanitaria que atraviesa el Estado Ecuatoriano” (el Decreto). En dicho dictamen, la Corte resolvió:

1. 1 Declarar dictamen favorable del Decreto, sujeto a que, en el término de 60 días, el Presidente de la República y el resto de entes con potestad normativa, acaten las exigencias dispuestas en la presente decisión, específicamente en la sección relativa a las condiciones a cumplir para la constitucionalidad del Decreto y el régimen de transición para sobrepasar el régimen extraordinario. Para este efecto, dispuso que se observe lo siguiente:

1. 1 En cuanto a las medidas de aislamiento y distanciamiento social, para que estas sean constitucionales, las mismas no pueden interrumpir el normal funcionamiento del Estado.

2. 2 En relación a la reactivación laboral y productiva, estableció que cualquier actividad laboral o productiva que se realice debe ejecutarse en estricto cumplimiento y vigilancia de protocolos y directrices de bioseguridad. Por ende, se debe velar por que todas las personas que realicen actividades laborales y productivas que puedan ser reactivadas, las ejerzan con las medidas adecuadas para evitar contagios, siguiendo las directrices de las entidades encargadas y sin exponer su salud o de las personas que las rodean.

3. 3 La crisis sanitaria no puede ser invocada de manera ambigua o abusiva para desatender las obligaciones ordinarias que el Estado tiene con respecto a la protección y promoción de derechos. En consecuencia, la suspensión y limitación de derechos ordenada en el Decreto y las medidas de aislamiento y distanciamiento social, deben ser analizadas a partir del principio pro persona y con base en los elementos que componen una sociedad democrática.

4. 4 La suspensión y limitación de los derechos a la libertad de tránsito y a la libertad de reunión y asociación, será idónea, necesaria, proporcional, y en consecuencia constitucional, siempre que persiga combatir la pandemia causada por el COVID-19 y no afecte el normal ejercicio de otros derechos no suspendidos ni limitados, tales como el de la protesta pacífica.

5. 5 Las suspensiones y limitaciones a las que haya lugar, deberán respetar el trabajo de los medios de comunicación, de las personas que presten servicios indispensables para el tratamiento de la crisis, de las organizaciones nacionales e internacionales no gubernamentales de asistencia humanitaria y de defensores de derechos humanos.

6. 6 Las medidas de suspensión y limitación únicamente aplicarán con respecto a los derechos a la libertad de asociación, reunión y libre tránsito, así como a las requisiciones a las que haya lugar. Estas serán idóneas, necesarias y proporcionales (i) si permiten cumplir los objetivos del estado de excepción; y, (ii) si no interrumpen el normal funcionamiento del Estado.

7. 7 El Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa, en el ejercicio de las funciones militares y policiales, deberán velar por que se respeten las medidas y protocolos de bioseguridad en el actuar de las instituciones a su cargo. Esto abarca la entrega de material y equipos adecuados que impidan el contagio de personal de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y de las personas con las que tienen contacto.

8. 8 Las requisiciones a las que haya lugar serán idóneas, necesarias y proporcionales, siempre que se ejecuten “en casos de extrema necesidad y en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable” para combatir la calamidad pública, para preservar la prestación de servicios esenciales en el país y con el propósito de proteger los derechos del resto de ciudadanos.

9. 9 Recordar al Ejecutivo, a sus entidades adscritas y al resto de poderes del Estado, que en un escenario de crisis sanitaria y pandemia, no se debe afectar de forma alguna la institucionalidad democrática y el Estado de derecho. Por el contrario, como garantía de evitar abusos y arbitrariedades, es necesario garantizar la transparencia en la gestión pública.

10. 10 Toda disposición u orden emitida por el COE Nacional, será constitucional siempre que sea (i) con la finalidad de ejecutar las medidas adoptadas por el Presidente de la República en la declaratoria; (ii) en estricta coordinación con las autoridades correspondientes; (iii) con el objetivo de cumplir los objetivos y fines del estado de excepción; (iv) previo análisis de la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de sus acciones; (v) para proteger los derechos que no han sido suspendidos ni limitados y aquellos que no pueden ser intervenidos; y, (vi) previa información a la ciudadanía, por todos los medios posibles, a fin de garantizar certeza en la población.

2. 2 Declarar que la “emergencia económica” que prescribe el Decreto, no es constitutiva de ninguna de las causales que permita establecer y/o mantener un régimen de excepcionalidad en el país.

3. 3 Disponer que el Presidente de la República informe cada 30 días a la Corte, contados a partir de la notificación del dictamen, sobre las acciones dirigidas a establecer un régimen de transición a la “nueva normalidad”.

4. 4 Enfatizar que este dictamen no constituye un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de los actos normativos que fueron remitidos como anexos del Decreto.

5. 5 Recordar a las autoridades del COE Nacional, así como a todo funcionario y funcionaria pública:

1. 1 La suspensión y limitación de derechos y la adopción de medidas excepcionales solo pueden ordenarse mediante decreto ejecutivo y bajo las condiciones señaladas en este dictamen;

2. 2 Todos los derechos que no fueron suspendidos ni limitados expresamente, permanecerán vigentes durante el estado de excepción; y

3. 3 Se encuentra proscrita la posibilidad de utilizar los fondos públicos destinados a salud y educación.

0. 6 Exhortar al Ejecutivo para que, de forma coordinada con todas las autoridades nacionales y locales, tome las medidas necesarias para organizar y afrontar la pandemia de conformidad con los mecanismos jurídicos ordinarios.

1. 7 Requerir a las distintas funciones del Estado así como a las autoridades locales, para que, en el ámbito de sus funciones, trabajen de manera coordinada, para alcanzar mecanismos adecuados que permitan combatir y controlar de manera eficiente y sostenible la pandemia del COVID-19, de modo que, una vez finalizado el presente estado de excepción, se pueda organizar y afrontar la pandemia de conformidad con los mecanismos jurídicos ordinarios.

2. 8 Recalcar que el Ejecutivo y todos los entes con facultad normativa, dentro de las vías adoptadas para adecuar el sistema político y jurídico, deberán privilegiar (i) la protección y promoción de derechos y libertades de toda la población, especialmente de aquellos grupos que histórica y socialmente han sido preteridos, y que, a raíz de esta crisis, su situación pudo haber empeorado; así como, (ii) el mantenimiento y fortalecimiento del régimen democrático y sus instituciones.

3. 9 Demandar de las entidades del sector público responsables de enfrentar el COVID-19, cumplan sus funciones con estricto apego a la Constitución, en particular en preservar la salud y vida de los ecuatorianos y ecuatorianas, y cumplir los principios de transparencia y desempeño de la función pública con probidad, a la vez que acaten con su obligación de denunciar los actos de corrupción que llegaren a su conocimiento.

4. 10 Recordar la obligación establecida en el último inciso del artículo 166 de la Constitución que dispone: “(las servidoras y servidores públicos serán responsables por cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción”.

5. 11 Disponer la apertura de la fase de seguimiento del dictamen.

Durante el cuarto día de audiencia, la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, realizó la réplica a los argumentos presentados por los abogados defensores de los 20 sentenciados por cohecho, quienes, en los días previos, sustentaron los recursos ante el Tribunal de Apelación, integrado por los jueces David Jacho (ponente), Dilza Muñoz y Wilman Terán. Además, realizó su ejercicio de contradicción la Procuraduría General del Estado y la contrarréplica por parte de los recurrentes.
Los recursos de apelación fueron presentados en contra de la sentencia, emitida por el Tribunal de primera instancia, que condenó a 18 de los 20 de los recurrentes a 8 años de prisión, luego de hallarlos culpables del delito de cohecho pasivo propio agravado. Las otras dos sentenciadas recibieron una pena reducida, como resultado de su cooperación eficaz para el esclarecimiento de los hechos investigados por Fiscalía.
Durante su intervención, la fiscal Diana Salazar Méndez señaló que los abogados se limitaron (desde la audiencia de juicio) a tratar de desviar la responsabilidad de los hechos hacia otras personas, sin embargo nunca se negó la tesis de Fiscalía, es decir: la existencia de aportes irregulares realizados por empresarios, a través de dinero en efectivo o cruce de facturas, en beneficio de un movimiento político, recibidos por altos funcionarios del Gobierno pasado a cambio de contratos con el Estado.
La titular de Fiscalía refutó los argumentos que señalaban presunta vulneración al derecho a la defensa, un supuesto cambio en la calificación jurídica y errada aplicación de agravante, entre otros.
Esta tesis fue demostrada ante el Tribunal de primera instancia con la presentación de abundante prueba testimonial, pericial y documental, misma que fue referida también en esta audiencia para pedir que los recursos de apelación sean rechazados y que se ratifique la sentencia en todas sus partes.
La Procuraduría General del Estado también presentó un recurso de apelación para solicitar al Tribunal entregue o disponga parámetros claros y establezca el monto o la metodología que el juez de ejecución deberá seguir para distribuir el monto total de reparación y el monto que deberá cumplir cada sentenciado.
El Tribunal suspendió la audiencia casi a las 21:00 y anunció su reinstalación para el día de mañana, 02 de julio, a las 10:30.

Este 1 de julio, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de la Judicatura suscribieron un Convenio de Cooperación Interinstitucional de Interoperabilidad. Con ello, ambas entidades podrán agilizar en el intercambio de información requerida por el órgano electoral para la elaboración del Registro Electoral, previo a los comicios generales de 2021.
En la cita participaron la presidenta del CNE, Diana Atamaint y Pedro José Crespo, Director General Consejo de la Judicatura, quienes suscribieron el documento, que tendrá una vigencia de cuatro años, y podrá ser renovado por acuerdo mutuo entre ambas instituciones. En el encuentro también estuvo presente, Juan José Morillo, vocal de la Judicatura.
Durante ese período de tiempo, el Consejo de la Judicatura enviará mensualmente al CNE una base de datos actualizada de las personas que hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos contemplados en el Código Orgánico Integral Penal. Asimismo, entregará la información de las personas que adeudan pensiones alimenticias.

Este trabajo conjunto permitirá al órgano electoral proceder con la suspensión de los derechos políticos o de participación, conforme lo determina el artículo 14 del Código de la Democracia. De igual manera, agilizará los mecanismos de restitución de derechos a quienes, por petición del ciudadano y conforme la ley, hayan cumplido la pena privativa de libertad interpuesta. Esto permitirá tener un registro incluyente, depurado, actualizado, que garantice la legitimidad del proceso electoral y el cumplimiento de los derechos ciudadanos para el sufragio.
El trabajo coordinado con otras funciones y entidades del Estado reafirma el compromiso del Consejo Nacional Electoral de llevar adelante un proceso transparente, apegado al Estado de derechos y cuyo fin último es garantizar la voluntad del pueblo expresada en las urnas.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, aclaró este 01 de julio el estatus de los movimientos políticos Mejor y Amigo de ámbito de acción provincial y nacional, respectivamente. Descartó que la inscripción del segundo sea el resultado de un "pago de favores" con el asambleísta Daniel Mendoza y señaló que si en la integración de ambos se registraron firmas falsas, es la Fiscalía General del Estado la encargada de investigar el tema.
Así lo señaló durante una reunión virtual con la Comisión Especial Multipartidista de la Asamblea Nacional que investiga al asambleísta Mendoza.
Diana Atamaint reiteró que el movimiento Mejor y el movimiento Amigo son dos organizaciones políticas distintas que tuvieron procesos y tiempos de legalización, así como directivas diferentes, por lo que enfatizó, que para entregar la personería jurídica a las organizaciones políticas del país, el CNE se rige por el cumplimiento de requisitos y plazos establecidos en la Constitución del Ecuador y en la Ley electoral, Código de la Democracia.
La presidenta del órgano electoral explicó también que las relaciones de amistad o parentesco que podrían existir entre las dirigencias del movimiento Mejor y el movimiento Amigo no son un tema de investigación del CNE ya que no constituyen un impedimento legal, según la Constitución y el Código de la Democracia.
Recordó incluso que dos hermanos del Presidente de la República son dirigentes de igual número de organizaciones políticas y eso no es ilegal; hay casos de hermanos, primos, cónyuges que participan en diferentes movimientos o partidos, refirió la titular del CNE.
Diana Atamaint reiteró su predisposición con la Asamblea Nacional para colaborar en todas las investigaciones que esta función del Estado esté llevando adelante y sean de competencia de la función electoral.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, recibió en Comisión General a los representantes del sector del transporte: Gustavo Moya, Guido Moya, Carlos Leguisamo y Carlos Alvarado, este 1 de julio. 
Manifestaron que el sector se encuentra afectado por las medidas de restricción de circulación que se implementaron en el país, a causa de la emergencia sanitaria, por lo que no están en capacidad de realizar los pagos con los que se habían comprometido con la banca privada. Señalaron que, en esta situación, requieren con mayor urgencia el pago del Gobierno de las compensaciones económicas por los usuarios que pagan medio pasaje, las que se adeudan desde mediados del 2014. 
Al respecto, por mociones presentadas por los consejeros Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo y David Rosero, el Pleno del CPCCS resolvió:

• • Convocar al Ministro de Transporte y Obras para que indique las acciones realizadas al servicio de transporte público interprovincial y coordinar la mesa de trabajo con la ciudadanía para la reactivación económica de este sector. Se convocará también al gerente de la Corporación Financiera Nacional y a la Superintendenta de Bancos.

• • Exhortar a la Junta de Regulación Monetaria y Financiera tome medidas y no se permitan los excesos de ciertos bancos hacia los clientes en los procesos de refinanciamiento, entre otros procedimientos financieros.

• • Vigilar el proceso del concurso público de méritos y oposición para la selección y designación del Registrador de la Propiedad con funciones y facultades de Registro Mercantil del cantón Macará.

• • Vigilar la etapa precontractual y contractual del proceso de licitación de obras signado con el número R2-LICO-GAD-Manta-120, que guarda relación con la rehabilitación y repotenciación de los sistemas hidrosanitarios de diversos sectores de la ciudad de Manta.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña, informó que este miércoles se cierra la primera fase de socialización del proyecto de Ley Orgánica para la Prevención y Combate del Contrabando y Defraudación Aduanera de Mercancías.
Anunció que inmediatamente se preparará una matriz respecto de competencias institucionales; del marco normativo internacional, regional y nacional; y, legislación comparada y mejores prácticas.
Luego, se dará paso a la revisión y sistematización de alrededor de 230 observaciones que se han presentado, a fin de determinar puntos críticos que merecen un estudio más profundo en mesas interinstitucionales, dijo, al enfatizar que posteriormente se hará el procesamiento de aportes y la definición del informe borrador del articulado.   
OMS
En la sesión 095, el organismo receptó criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).  Adriana Blanco Marquizo, jefa del Secretariado del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco llamó a tomar en cuenta las disposiciones de dicho Convenio, legalmente vinculante, que surgió desde la visión de que el tema del tabaquismo es un problema global, generado por una industria que también es global.
Manifestó que la solución a la problemática requiere de una cooperación regional y mundial, de un régimen de seguimiento y revisión de las sanciones penales.
Sector privado
Entre tanto, Marco Carrión, presidente de la Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa del Ecuador (Canape), objetó que a los municipios y gobiernos descentralizados se les asigne la competencia de aprehender, decomisar y destruir mercancías ilícitas, ya que no cuentan con la infraestructura física y humana para cumplir esta tarea técnica.
Además, solicitó que en el Comité Permanente Interinstitucional para el Combate del Contrabando se incluya al sector privado, a través de gremios o una cámara nacional y que se piense en la creación de una especie de fedatarios, recogiendo la experiencia del Servicio de Rentas Internas.
Riesgo a la seguridad
Para Milton Altamirano, presidente de la Asociación de Confeccionistas Textiles (Acontex), el incremento de contrabando representa un riesgo para la seguridad del país, fomenta la cultura de la ilegalidad y distorsiona la dinámica del mercado, al obligar a las industrias que cumplen con sus obligaciones legales y tributarias a competir en condiciones inequitativas contra exportadores y comercializadores que evaden el pago de impuestos, afectando así  la sostenibilidad de la sociedad en su conjunto.
Expuso que el contrabando tiene convergencia con otros delitos: actividades relacionadas con el crimen organizado, lavado de activos, narcotráfico, financiamiento del terrorismo y corrupción.  Por ello, es necesario y urgente la expedición de una normativa específica, y que la lucha a este fenómeno se declare como política de Estado, agregó.
Precautelar la identidad
Por último, Fausto Ordóñez Almeida, director del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares (Cidap), alertó que el ingreso de miles de artículos de contrabando, desplaza la producción local, provoca el abandono del oficio, lo que rompe el tejido social comunitario de la identidad cultural.
Planteó definir mecanismos de control en el territorio, de forma periódica y permanente; que la comercialización de productos en ferias y galerías tengan una etiqueta de origen; y, que exista un proceso de certificación.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, participó este 29 de junio en una reunión virtual de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional.
Explicó el control del gasto electoral que el CNE realizó a las cuentas de campaña para la Consulta Popular de 2018 del movimiento Alianza PAIS; los avances del Calendario Electoral para los comicios presidenciales y parlamentarios de 2021; los reglamentos derivados del Código de la Democracia que se están elaborando; así como las auditorías que viene realizando la Contraloría General del Estado.
La titular del CNE aseguró que la primera vuelta electoral se realizará el 07 de febrero; y de existir una segunda vuelta el 11 de abril de 2021, una vez que el Tribunal Contencioso Electoral (CNE) ratificó que no es posible modificar el cronograma ya que eso atenta contra los derechos de las propias organizaciones políticas e incluso podría ser causal de nulidad de las elecciones.
Diana Atamaint descartó renunciar al cargo y explicó que sus actuaciones al frente del CNE no deben ser juzgadas a través de redes sociales o caricaturas de medios de comunicación, sino por las autoridades competentes, con las que siempre estará dispuesta a colaborar.
Reiteró sus argumentos respecto del informe de Contraloría sobre la situación legal de cuatro movimientos políticos que el ente de control sugiere eliminar del registro permanente de organizaciones políticas.

La Fiscalía Provincial de Cotopaxi formuló cargos contra ocho ciudadanos por su presunta participación en el delito de asociación ilícita.
Al finalizar la diligencia, el juez de la Unidad Penal con sede en el cantón Latacunga, Francisco López, dictó prisión preventiva para siete de ellos y la obligación de presentarse periódicamente ante el Fiscal, para la persona restante.
Los procesados fueron detenidos en un operativo liderado por Fiscalía, en coordinación con la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional. Se allanaron tres domicilios en Latacunga y se incautaron evidencias, como sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, teléfonos celulares, dinero, entre otros.
En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, Patricio Molina, presentó los elementos de convicción recabados mediante técnicas especiales de investigación, como seguimientos, vigilancias, videos y fotografías. Además, de manera fundamentada, solicitó se les dicte orden de prisión preventiva, pedido que fue acogido por la autoridad judicial.
La instrucción fiscal durará noventa días, tiempo en el cual se profundizarán las investigaciones.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Christian Cruz, participó, este 29 de junio, en la Undécima Sesión del Grupo de Revisión de la Implementación y Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre la Prevención de la Corrupción de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
“Cuenten con el Ecuador y sus instituciones para articular acciones conjuntas y compartir experiencias, para que la corrupción no siga empobreciendo más a nuestras golpeadas naciones” enfatizó el presidente Christian Cruz ante el grupo de Examen de la Aplicación, que busca asegurar la aplicación eficaz de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
En su intervención, señaló que el Ecuador tiene a cargo el proceso de revisión de la aplicación de la Convención en Argentina, y Costa Rica. Para lo cual conformó un grupo de 15 expertos gubernamentales de diferentes instituciones, quienes están absolutamente comprometidos con este trabajo.
Además, considerando que el Ecuador pasará el proceso de revisión el próximo año, reiteró la total disponibilidad de las autoridades nacionales para que los países examinadores (Honduras y Tailandia), lleven a cabo su trabajo de manera efectiva.
Por otro lado, lamentó que durante la emergencia sanitaria que vive el Ecuador, se evidenciaron múltiples actos de corrupción que ponen en peligro la salud y vida de la población. Enfatizó que el CPCCS ha denunciado sobreprecios en la adquisición de equipos de bioseguridad e insumos médicos en varios hospitales públicos, y que continúa investigando posibles irregularidades que afectarían a los ecuatorianos.
Destacó que su gestión, presidiendo el CPCCS, se enfoca en devolver a los ecuatorianos su confianza y su poder, para combatir la corrupción. Para lo cual se han reforzado los mecanismos de participación ciudadana y control social, desde los cuales se fiscaliza la gestión pública. Manifestó que este trabajo se realiza de manera articulada con todas las Funciones del Estado.
La sesión, que se realizó en formato virtual, desde las 4h00 (hora Ecuador), contó con la participación de 187 países. La delegación nacional también estuvo integrada por representantes de la Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico.
Esta reunión es parte de la implementación del plan de trabajo que la Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobó en su octavo período de sesiones, celebrado en diciembre de 2019. En esa ocasión, el presidente del CPCCS encabezó la delegación ecuatoriana que participó en el evento.

La Comisión de Fiscalización y Control Político, que preside Johanna Cedeño Zambrano, convocó para mañana, miércoles 1 de julio, a la continuación de la sesión 102, con el propósito de recibir del ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, un informe sobre los protocolos aplicados para controlar la pandemia por Covid-19 en Ecuador.
En el pedido de comparecencia, formulado por el asambleísta Alberto Arias Ramírez, representante de la provincia del Guayas, constan otras inquietudes como el número de médicos y enfermeras con los que se cuenta a nivel nacional y a cuántos de ellos se les ha entregado el respectivo equipo de bioseguridad, así como la cantidad de equipo de bioseguridad que se entregó al personal operativo y administrativo.
Igualmente, el secretario de la cartera de Salud, Juan Carlos Zevallos, responderá sobre cuántas pruebas de Covid-19 se han aplicado a nivel nacional, como también los protocolos que ejecuta el Ministerio en caso que se detecte una persona con diagnóstico positivo a Covid.
Cabe indicar que, con fecha 20 de abril de 2020, compareció ante el organismo el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud Javier Solórzano, quien no absolvió las inquietudes de los legisladores, razón por la cual se tomó la decisión que sea el propio titular de la cartera de Salud, Juan Carlos Zevallos, quien informe en detalle respecto de las acciones que se desarrollan para combatir el Covid-19.
La reinstalación de la sesión de la Comisión de Fiscalización y Control Político está prevista para el miércoles 1 de julio, a partir de las 10h00.
EG/ea

Mediante un convenio y trabajo articulado entre el Gobierno de Manabí y el Ministerio de Salud Pública se ha logrado la entrega de al menos 79,950 insumos de protección para hospitales y similares de la provincia.
Para el fortalecimiento del sistema sanitario y protección del personal que está en primera línea de combate contra el COVID-19, se han entregado implementos como: mascarillas, gafas, batas, trajes de bioseguridad, zapatones, guantes de látex o nitrilo, alcohol líquido y/o en gel, sabanas hospitalarias, y gorros quirúrgicos.
La cifra incluye, además de las adquisiciones propias que realizó la Prefectura, los 4.100 insumos que son parte de la ayuda entregada por la Embajada de China en Ecuador para apoyar a Manabí.
Las siguientes entidades se han beneficiado con la ayuda:
Hospital Básico de Jipijapa, Distrito de Salud 13D01 Jipijapa-Puerto López, Hospital de Rocafuerte, Hospital de Pichincha, Centro de Salud del cantón Puerto López, Hospital de IESS Manta, Coordinación Zonal 4 del Ministerio de Salud Pública, Hospital de Especialidades de Portoviejo.
El prefecto Leonardo Orlando, quien ha participado en las entregas, destacó que los insumos buscan proteger a nuestros médicos, enfermeras y demás personal sanitario que arriesgando su vida ayudan a cuidar la de todos los manabitas. Ratificó el reconocimiento y agradecimiento a todos ellos por su ardua labor durante la emergencia.

El caso judicial del ex Vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, preso político desde octubre de 2017, es un montaje legal que se ejecutó a través de una cadena de violaciones al debido proceso; pruebas ilegales, falsas y manipuladas; la aparición de un testigo falso vinculado con enemigos políticos del ex Vicepresidente; acuerdos turbios para la absolución de un funcionario corrupto confeso de Odebrecht, a cambio de su falso testimonio; manipulación y linchamiento mediático; y la consecuente presión sobre la justicia ecuatoriana por parte del Gobierno de Lenin Moreno, como nunca antes ha sucedido en la historia del país. Este caso es un ejemplo claro de la judicialización y persecución política en Latinoamérica: el LAWFARE en Ecuador.
Jorge Glas Espinel desempeñó varios cargos en el gobierno de Rafael Correa desde el 2007 al 2013. Fue elegido Vicepresidente Constitucional en las elecciones presidenciales del 2013, y reelegido en las elecciones presidenciales del 2017. Su persecución judicial inicia el 2 de agosto 2017 cuando, el entonces Vicepresidente, denuncia irregularidades en la gestión del Presidente Moreno a través de una carta pública en la que manifiesta su inconformidad y rechazo a lo que él consideró una traición al Plan de Gobierno que había ganado las elecciones. Además, denunció el pacto entre Moreno y tenebrosos personajes políticos ecuatorianos, quienes habían protagonizado continuos escándalos de corrupción y abusos de poder durante los años 80s, 90s e inicios del siglo actual. Jorge Glas vaticinó además la “construcción de un escenario propicio para la corrupción institucionalizada” en el país. Al presente día, luego de transcurridos casi 3 años de la presentación de esta carta, todo lo que denunció el Vicepresidente Jorge Glas se ha descubierto como una lamentable realidad en el Ecuador. Su valiente denuncia le significó la prisión política.
El 2 de octubre 2017 un juez dicta orden de prisión preventiva en contra del entonces Vicepresidente. Esta orden fue arbitraria, pues no contaba con una justificación legal y objetiva; su encarcelamiento anticipado tuvo como finalidad propiciar una ausencia temporal a sus funciones, que luego fue definitiva, para así poder despojarlo ilegalmente de
́ su cargo de Vicepresidente, como posteriormente ocurrió.
Luego de 2 años 9 meses encarcelado injustamente, la situación del ex Vicepresidente Jorge Glas cada vez es más crítica y peligrosa para su salud y su vida, más aún con la pandemia del CoVid19; es víctima constante de hostigamientos, tortura física y psicológica, en una cárcel de máxima peligrosidad con hacinamiento, donde cumple su pena. El poder político ecuatoriano se ha ensañado contra él y ha puesto toda su presión sobre el sistema de justicia para mantener encerrado a un hombre inocente; pese a que Jorge Glas cuenta con un dictamen de medidas cautelares a su favor otorgadas por la Comisión IDH, que constató in situ las afectaciones a sus derechos humanos.
Con el fin de que la comunidad internacional conozca sobre la persecución política a Jorge Glas y la constante violación a sus derechos humanos, invitamos a los medios de comunicación a la rueda de prensa que dará el Dr. Harrison Salcedo, Defensa Técnica; se llevará a cabo el miércoles 01 de Julio del 2020 a las 10h00 por la plataforma ZOOM.
Contacto: Ing. Sofía Espín Reyes, teléfono +593 980172215 ZOOM ID: 861 7427 3969

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) levantó una investigación y detectó un presunto perjuicio de 1’104.900.oo dólares aproximadamente para el Estado,  en dos procesos de adquisición de mascarillas quirúrgicas, realizados  por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP).
El informe de investigación de CPCCS, ha determinado inconsistencias en las etapas del proceso precontractual, adjudicando los contratos a proveedores que no cumplían con todos los requisitos institucionales como, por ejemplo, contar con el registro sanitario de los productos ofertados.
Se concluye presuntos actos de favorecimiento y abuso de recursos públicos, a favor del señor Pedro Ch., que se desprenden del contenido del contrato Nro. 00020-2020, en donde consta por una parte la adquisición de 6’840.000 mascarilla quirúrgica, elástico, tamaño estándar, a un precio unitario de USD 0,65, compra en la que existiría un presunto sobreprecio del 32,65%, teniendo como parámetro de comparación, otra oferta del mismo producto, a USD. 0,49 por unidad.
Así también se adquirieron 70.000 mascarillas quirúrgicas, tiras, tamaño estándar a USD 0,65 por unidad, con un presunto sobreprecio del 30%; teniendo como parámetro de comparación otra oferta del mismo producto, a un precio unitario de USD 0,50.
El informe de investigación fue aprobado por el Pleno del CPCCS, en una sesión reservada, el 24 de junio de 2020. Luego de lo cual se procedió a la presentación de la denuncia ante la Fiscalía, en contra de los funcionarios que participaron en el proceso de contratación en el MSP, así como del contratista.
El CPCCS también remitió el informe a la Contraloría General del Estado, Presidencia de la República, Ministerio de Salud Pública, Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria y a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado para que se tomen las medidas correspondientes en el ámbito de sus competencias.

Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, que preside Johanna Cedeño Zambrano, afirmó que no existe motivo alguno para renunciar a su cargo, al cual accedió a través de un concurso público transparente. “He actuado de acuerdo con la Constitución y la Ley”, dijo.
Aseguró que es víctima de violencia politica a través de redes sociales y de ciertos medios de comunicación, pero ese desprestigio que se busca, no solo afecta a Diana Atamaint, sino que va en contra de la institucionalidad del CNE. Pero, “como me enseñaron mis abuelos y mis padres, siempre he sabido afrontar mis responsabilidades, pese a las adversidades”, enfatizó.
Atamaint acudió con el propósito de responder siete preguntas relacionadas con la coyuntura electoral, así como el supuesto financiamiento de empresas públicas a la campaña electoral de Alianza PAIS a favor del Sí en la consulta y referéndum de 2018; y la situación de cuatro movimientos políticos, cuya aprobación es cuestionada por la Contraloría General del Estado. 
Sobre el control del gasto electoral de la campaña de 2018, indicó que Alianza PAIS, con fecha 21 de mayo de 2018, presentó el expediente. Han transcurrido dos años, que es el plazo que tiene el organismo para realizar el análisis de las cuentas, pero ese plazo, por la pandemia, se prorrogó. El pasado 27 de junio, la unidad correspondiente presentó a la Presidencia un informe del análisis de dicho expediente.
Entre los hallazgos, dijo, del total de 607 mil dólares que se reporta como total de gasto, se incluyen contribuciones de 63 personas naturales, con aportes que llegan a 10 mil, 20 mil, 30 mil y, la más alta, de 63 mil dólares. En la contrastación de la información, por ejemplo, se determina que este úlitmo aportante registra un rubro bajísimo de pago por Inpuesto a la Renta, mientras otros, no cumplen con esta obligación. Entre los aportantes no están nombres como Gustavo Baroja, Jorge Wated, Daniel Téllez o Ricardo Rhon.
En torno al consejo consultivo, Diana Atamaint dijo que el primer consejo se desarrolló el pasado 11 de junio, con la participación de 19 de los 20 movimientos y partidos políticos nacionales, quienes expusieron sus propuestas sobre un posible cambio de la fecha del proceso electoral, su negativa a la votación telemática, así como a la votación segmentada en varios días y sus puntos de vista sobre el Reglamento para las Alianzas, así como para el ejercicio de la democracia interna al interior de las organizaciones politicas.
En lo atinente a los avances en el calendario electoral, Diana Atamaint subrayó que se están cumpliendo los procesos de acuerdo con lo establecido en el calendario, por ejemplo lo relacionado con el cambio de domicilio, con un total de 55 mil casos, 3165 casos en el exterior. En el registro electoral pasivo hay un total de 607 417 personas, mientras 1275 personas han solicitado su habilitación electoral.
Respecto de los movimientos políticos sobre los cuales la Contraloría pide se revise su aprobación, por inconsistencias de firmas y que, por tanto, no debieron ser aprobados, la Presidenta del CNE subrayó que este requerimiento está siguiendo el debido proceso, puesto que tienen el derecho a la defensa y no se puede proceder a la eliminación directa, sin que se cumplan los respectivos procedimientos administrativos. Aclaró que esos movimientos fueron registrados en 2016 (presidencia de Juan Pablo Pozo), 2018 (presidencia de Nubia Villacís) y 2018 (presidencia de Gustavo Vega).
Diana Atamaint contestó las inquietudes que le formularon los asambleístas Luis Pachala, Silvia Vera, Eliseo Azuero, Carmen Rivadeneira, Ángel Gende, Pinuccia Colamarco, Alberto Arias y Johanna Cedeño.
Informe periódico
La Comisión, con voto unánime de los 10 asambleístas presentes, resolvió que la Presidenta del CNE informe, de manera presencial o por escrito, cada 21 días, los avances de ejecución de los hitos del proceso electoral 2021. Así mismo, que remita al organismo los informes de gastos de campaña de la consulta y referéndum 2018 y de las elecciones seccionales 2019; el registro actualizado de los afiliados a los partidos politicos y de los adherentes permanentes de los movimientos políticos nacionales, provinciales y cantonales.
La resolución, además, insta al Contralor General del Estado a que realice las auditorías a todas las contrataciones efectuadas y que se realicen con motivo del proceso electoral en curso.
La presidenta de organismo parlamentario, Johanna Cedeño, tras agaradecer la presencia de Diana Atamaint, destacó la responsabilidad con la cual trabaja la Comisión de Fiscalización y Control Pollítico, en respuesta a lo que demanda la ciudadanía.

Por Pedro Martínez Pírez
 
La frustración del gobierno de Donald Trump crece por días ante las enormes dificultades internas, económicas, políticas y sanitarias; el resultado de las encuestas que favorecen al Partido Demócrata, a cinco meses de las elecciones presidenciales, y los fracasos por impedir el incremento de la colaboración médica de Cuba con el mundo.
 
El pasado viernes, y a pesar de la propaganda yanqui contra la colaboración médica cubana, tres nuevas brigadas partieron para África y el Caribe para sumarse a la batalla contra la Covid-19 en Guinea Bissau, Anguila y Martinica, como parte del Contingente Internacional Henry Reeve.
 
Desde el inicio de la pandemia, y sin descuidar el trabajo en el propio archipiélago cubano, la Mayor de las Antillas ha enviado tres decenas de brigadas médicas a más de veinte paises de América Latina, el Caribe, Africa, Europa y Medio Oriente.
 
Por los positivos resultados de la cooperación médica cubana numerosas organizaciones y personalidades en el mundo se han sumado a una campaña para que sea entregado el Premio Nobel de la Paz al Contingente Internacional Henry Reeve, que fue creado por el Comandante Fidel Castro luego del gran impacto del huracán Katrina en agosto de 2005 en la costa sur de los Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Nueva Orleans. La propuesta cubana de colaboración nunca fue aceptada por la Casa Blanca.
 
En estos momentos en Estados Unidos hay más de dos millones y medio de enfermos por el nuevo coronavirus, y las personas fallecidas por la pandemia suman alrededor de 126 mil. Hay millones de desempleados y continúan las manifestaciones contra el racismo, desencadenadas desde hace un mes por el cruel asesinato del estadounidense negro George Floyd.
 
El tiempo –como diría el cantautor cubano Silvio Rodríguez—está a favor de los pequeños. Y Cuba lo está confirmando.
 
La Habana, 29 de junio de 2020.

Desde el E-mail de Bolívar Tobar

Buenos días Pedro
Gracias por éste artículo.
Es extraordinario el trabajo de las Brigadas Cubanas en el Mundo para hacer frente al COVID-19 y así salvar miles de vidas humanas.
Sobre  políticas públicas concerniendo la Salud ,la diferencia es neta  entre EEUU país Neoliberal y Cuba.
La Institución de Estocolmo que discerna el Premio Nobel de la Paz, se ENGRANDECERIA adjudicándolo a las Brigadas Médicas Cubanas" Henry Reeve" .
El Mundo no olvida que se entregó este Premio a Henry Kissinger ,quien MENTALIZO el Golpe de Estado ,CRIMINAL de Augusto Pinochet en el hermano país Chile en  Septiembre 1973.

Otra de las herencias del Comandante Fidel Castro es la Educación.
La Salud y la Educación son fundamentales para los Pueblos.

Revolucionariamente
Bolívar Tobar

El Gobierno de Manabí en coordinación con el MIES, inició chequeos médicos, de nutrición, evaluación de discapacidad y procedimientos diagnósticos en fundaciones y centros gerontológicos de la provincia.
Se busca reforzar el cuidado de personas mayores de 65 años de edad, y que tienen mayor riesgo frente al COVID-19 y complicaciones por enfermedades crónicas.

Este lunes 29 de junio, seis brigadas de salud del Gobierno de Manabí conformadas por siete médicos, dos odontólogos, dos licenciados en enfermería, y un nutricionista, asistieron a los adultos mayores del Centro Gerontológico Guillermina Loor.
Se brindó atención multidisciplinaria integral, con valoración de signos vitales, control de peso y talla, realización de estudios diagnósticos complementarios, evaluación para entrega de ayudas técnicas.
Se entregó de manera gratuita analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, antihipertensivos, hipoglicemiantes, suplemento nutricional, multivitaminas y minerales, entre otros medicamentos.
Además los adultos mayores recibieron kits de limpieza que incluyen papel higiénico, pasta dental, alcohol líquido, gel antibacterial, enjuague bucal, jabón de tocador, desinfectantes y detergente.
Las brigadas médicas del Gobierno de Manabí llegan a toda la provincia con asistencia médica, especialmente para proteger a los más vulnerables.

“Todos los vecinos somos partícipes de llevar adelante el fortalecimiento de las plantas de ciclo corto como haba, cebolla, pimiento y otras que aquí tenemos”, expresó Mayfor Freire, morador de la ciudadela San Rafael, sobre el huerto comunitario que implementan para servirse de la cosecha entre ellos y asegurar la alimentación de las familias.
Este huerto comunitario está ubicado en un terreno facilitado por una vecina, sigue contando. Esto, “para que todos en armonía cultivemos, ya que contamos con toda la asistencia técnica y los abonos orgánicos de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo del Gobierno Municipal de Chone”, manifestó.
Otra moradora del sector está de acuerdo. Se trata de la docente Amarilis Vélez García, quien indicó que tarde a tarde se reúnen entre vecinos para conservar, limpiar y regar las plantas del cercado. “También para conversar con las plantas, pues es una terapia que me ha ayudado a no estresarme y ponerme propositiva ante esta pandemia”, refirió la ciudadana. 
Además de San Rafael también tienen huertos en Barquero, Potrerillo, Los Almendros, Tacheve y en San Cayetano, donde sus vecinos señalaron que este emprendimiento comunitario les ayuda a conocerse mejor y fortalecerse. “La enseñanza de los técnicos municipales nos ha servido para que algunos contemos con plantaciones en casa”, dijo el morador Eduardo Vera. 
María José Rojas, de la dirección municipal de Desarrollo Económico y Turismo, señaló que además hortalizas de la Costa también hay especies de la Sierra como col, rábano y zanahoria, y ornamentales. Resaltó la participación ciudadana en estos huertos, en especial por incentivar el cultivo orgánico.

Por: Freddy Marcial Ramos.
27/06/2020
Respetables lectoras y lectores.

Les comunico que hace siete años publiqué parte del contenido de esta opinión; en dicho contiendo hice un análisis muy simplista sobre el rol o papel de los Medios de Comunicación, en relación al tratamiento que los editores dueños de las grandes corporaciones de la industria de la comunicación y el mercenario - palangrismo del comportamiento anti anti ético e inmoral asumido por buena parte de los Comunicadores Sociales (Fablistanes), a los cuales académica y popularmente se les conoce con el nombre de Periodistas; en el nuevo formato bélico de ataque, que el declinante imperio capitalista estadounidense y europeo, le ha venido aplicando a gobiernos y a lideres políticos gobernantes que ideológicamente no son afines a la política neoliberal capitalista; se utiliza a la industria de la comunicación, como misil balístico, para bombardear con gran eficacia la psiquis del ser humano, a objeto de covertir a las personas en sombis irracionales manipulados mediática mente, para que acepten y cooperen sin hacer resistencia alguna, la intervención e invasión militar de la extremo poderosa fuerza armada estadounidense y europea anclada en la OTAN y las diversas Bases militares de los EE.UU diseminadas en la mayor parte de la geografía del planeta tierra, con la anuencia y complicidad de los gobernantes genuflexos de ideología derechista o ultra derechista.

Para lograr tal propósito de acondicionamiento de la psiquis del ser humano, los editores dueños de medios de comunicacacion y los Comunicadores sociales o Periodistas, juegan un rol fundamental, como sujetos estratégicos de ataque al enemigo ideológico, es por ello que ahora han surgido los términos conocidos como "La post verdad" (Distorsión noticiosa o sesgo de la realidad de los hechos) y los Fake News (Falsas noticias), dichas falsas informaciones, requieren de profesionales universitarios Licenciados en Comunicación Social, de conducta inmoral y anti ética, que les sirvan de mercenarios o palangristas para que laboren en los Laboratorios mediáticos, a objeto de que planifiquen, redacten, diseñen y editen la información gráfica, cinética (Vídeos - películas), o escrita que consumirá el ser humano lector; además de lo ya descrito, las corporaciones de la industria mediatica imperiales capitalistas inventaron la Internet, medio que permite la transmisión en tiempo instantáneo, del hecho noticioso falaz o real, al consumidor a través de las diversas Redes Sociales, las cuales permiten que surja el poderosísimo ejército de Comunicadores Sociales Alternativos Populares, que informan insitu el hecho noticioso sin editar o edotado, que ha ocurrido, situación que ha permitido desmotar la mentira, desenmascarar al palagrismo y al mercenario comunicador inmoral.

Por tanto hoy cuando se celebra o conmemora el Día Nacional del Periodismo en Venezuela, surge la pregunta que se hace la sociedad ¿Sera el o la Periodista, merecedor del premio o reconocimiento que se le otorga? ¿Sera galardonado(da) esa o ese Periodista premiado o premiada por transmitir o informar contenidos que favorecen al gobernante de turno, sea de ideología izquierdista o derechista pro imperialista?, o ¿Le será reconocida su labor periodística por ser un o una profesional, que ejerce su labor comunicacional de forma veraz objetiva apegada al estamento legal que norma su función como Camunidor(ra) Social?. Se desea que esta ultima interrogante sea la que se tome como baremo para merecer el premio o reconocimiento que se le otorgue.

FELICITACIONES RESPETABLES PERIODISTAS.

En virtud de la emergencia sanitaria que vive el país, la Corte Constitucional retomará paulatinamente la jornada laboral presencial en la institución, acorde con las disposiciones de semaforización y las medidas adoptadas por el COE Nacional, el pasado 19 de junio del año en curso. En este sentido, con el propósito de brindar un adecuado servicio de justicia constitucional, ajustado a las condiciones actuales de distanciamiento social, esta magistratura informa que desde el lunes 29 de junio, entrará en vigencia la Resolución Nro. 007-CCE-PLE-2020, expedida por este Organismo. En consecuencia, se implementarán las siguientes disposiciones:
 Resolución Nro. 007-CCE-PLE-2020[1]
Artículo 1.- Reanudar los plazos y términos previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y en la Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, que no fueron rehabilitados como consecuencia de la Resolución Nro. 005-CCE-PLE-2020.
La reanudación de los plazos y términos surtirá efectos a partir del lunes 29 de junio de 2020.
Artículo 2.- Las notificaciones de las providencias emitidas por el Pleno, las Salas o las juezas y jueces de la Corte Constitucional, se realizarán a través de medios electrónicos de conformidad con el artículo 86 numeral 2 literal d de la Constitución y el artículo 8 numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Cuando no exista posibilidad de realizar la notificación por intermedio de una herramienta digital, se la efectuará mediante casilleros constitucionales y demás mecanismos físicos.
Las partes procesales e intervinientes en los procesos constitucionales de competencia de la Corte Constitucional, podrán señalar correos electrónicos para recibir las notificaciones correspondientes y presentar sus escritos suscritos electrónicamente.
Artículo 3.- La recepción y devolución física de los expedientes a los órganos judiciales de origen se reactivará a partir del lunes 29 de junio del año en curso, para lo cual se observarán las medidas de bioseguridad correspondientes.
Las sentencias ejecutoriadas en materia de garantías jurisdiccionales de competencia de juezas y jueces ordinarios, continuarán siendo remitidas a este Organismo por la vía electrónica, a efectos de cumplir con la obligación dispuesta en los artículos 86 numeral 5 de la Constitución y 25 numeral 1 de la LOGJCC.
Artículo 4.- Los expedientes físicos de las causas jurisdiccionales en las que se hubieren presentado una o varias demandas de acción extraordinaria de protección y no hayan sido enviados a la Corte Constitucional, serán remitidos a la brevedad posible de conformidad con el artículo 8 de la Resolución Nro. 005-CCE-PLE-2020.
Artículo 5.- La celebración de audiencias públicas dispuestas por las juezas o jueces sustanciadores o por el Pleno de la Corte Constitucional, se realizará preferentemente de manera telemática. Para tal efecto, la Dirección Nacional de Tecnología brindará el soporte técnico y logístico necesario a las partes y demás intervinientes.
Artículo 6.- La atención presencial a los usuarios del sistema de administración de justicia constitucional se reanudará a partir del lunes 29 de junio de 2020, en el horario de 08:00 a 13:00, para el ingreso físico de escritos y demandas.
Artículo 7.- El Sistema Automatizado de la Corte Constitucional será la única vía digital para la recepción de demandas y escritos. 
A partir del lunes 29 de junio de 2020, no se recibirán escritos o demandas a través de los correos electrónicos institucionales que fueron habilitados durante el aislamiento social. 
Artículo 8.- Las servidoras y servidores de la Corte Constitucional que cuenten con las condiciones suficientes para continuar desarrollando sus actividades mediante teletrabajo, se mantendrán en esta modalidad hasta que se establezca lo contrario.
Se reincorporarán a sus funciones presenciales quienes no puedan realizar teletrabajo y el personal indispensable para asegurar la atención presencial a los usuarios del sistema de administración de justicia constitucional, bajo el protocolo de bioseguridad establecido para garantizar la salud del personal de la Institución.
Artículo 9.- El ingreso de los usuarios externos a las instalaciones de la Corte Constitucional será excepcional y deberá estar justificado. Todo usuario externo deberá acatar las medidas de bioseguridad implementadas por este Organismo que serán difundidas por los canales de comunicación de la Corte Constitucional.
(…)
Artículo 12.- Remítase una copia de la presente resolución al Consejo de la Judicatura para la difusión a todos los operadores de justicia a nivel nacional.
DISPOSICIÓN FINAL.- La Resolución Nro. 007-CCE-PLE-2020, entrará en vigencia a partir del lunes 29 de junio de 2020, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Garantizamos la vigencia y supremacía de la Constitución de la República,
Corte Constitucional del Ecuador.
[1] Reformada mediante la Resolución Nro. 008-PLE-CCE-2020, emitida el 16 de junio del 2020.  

La fiscal general del Estado, Dra. Diana Salazar Méndez, formuló cargos contra el expresidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Gabriel M., y la abogada Silvana V. por su presunta participación en el delito de enriquecimiento ilícito, tipificado y sancionado en el artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Al finalizar la audiencia de formulación de cargos, en la Corte Nacional de Justicia, la jueza nacional Dilza Muñoz acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los dos procesados, la retención de cuentas que mantengan en el sistema financiero y la prohibición de enajenar bienes por un monto de 466.484,92 dólares, en el caso de Gabriel M., y de 1’524.551,26 dólares, en el de Silvana V.
La Fiscal General expuso cuarenta y dos elementos de convicción para sustentar la formulación de cargos, entre los que se cuentan el análisis de la información aportada por entidades del sector público y privado, durante el periodo comprendido entre 2012 y 2018.
Según Fiscalía, Gabriel M. habría realizado transferencias, depósitos y pagos de dos bienes inmuebles adquiridos con créditos hipotecarios, incluso habrían sido precancelados al poco tiempo, a través de cuentas de terceros y de compañías privadas, que fueron manejadas por la abogada en libre ejercicio Silvana V.
La Fiscal General fundamentó su acusación en un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), en el cual se detalla una serie de movimientos inusuales en cuentas bancarias y adquisición de bienes inmuebles por parte del ex Presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, lo que hace presumir un enriquecimiento ilícito, secundado por Silvana V.

Fiscalía procesó al ex juez de Garantías Penales del Guayas, Gonzalo David V. B., por el presunto delito de prevaricato. La audiencia de formulación de cargos se desarrolló, a través de videoconferencia, la mañana de este miércoles en la Corte Provincial de Justicia de Guayaquil.
La fiscal del Guayas y Galápagos, Yanina Villagómez Oñate, presentó diez elementos de convicción recaudados en la fase de investigación previa, que determinarían la participación del ex Magistrado, en calidad de autor directo.
Entre estos constan: la denuncia presentada por el director nacional de Asesoría Jurídica, Andrés Peñaherrera, delegado de la Dirección General del Consejo de la Judicatura; copias certificadas del juicio penal por narcotráfico seguido a los cuatro procesados, la certificación de la acción de personal del ex Juez investigado, así como su versión rendida ante Fiscalía; y, copias certificadas de su resolución emitida en la audiencia de régimen semiabierto, en la que determinó la reducción de la pena impuesta.
Fiscalía consideró que existen suficientes elementos para imputar a Gonzalo David V. B., por lo que formuló cargos por el delito de prevaricato, que es sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años, y solicitó prisión preventiva para el procesado.
El presidente de la Corte Provincial del Guayas, Alfonso Ordeñana, acogió el pedido de Fiscalía en todas sus partes. Además, dispuso de un plazo de noventa días para el cierre de la instrucción fiscal y solicitó oficiar a la Policía Judicial para que proceda con la ubicación, localización y captura del procesado.
Antecedente
Gonzalo David V. B., ex juez de Garantías Penales del Guayas –según investigaciones de Fiscalía– habría modificado la sentencia ejecutoriada por el Tribunal de alzada contra Germán A. L., Juan A. R., Eduardo V. E. y Mauricio A. V. Ellos fueron sentenciados por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tras haber sido detenidos en un operativo ejecutado por Fiscalía y Policía Antinarcóticos, en Milagro, el 17 de julio de 2017, en el que se incautaron 405 kilos de clorhidrato de cocaína.
El Tribunal de Garantías Penales de Milagro los sentenció a trece años de pena privativa de libertad. Luego, el caso subió a apelación a una de las Salas de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, el 15 de agosto de 2018. Los jueces rechazaron en parte este recurso, ratificando la sentencia contra tres de los procesados y modificándola para Germán A. L., a quien le impusieron una pena de cincuenta y dos meses de cárcel. Los procesados no fueron a casación, por lo que la sentencia se encontraba ya ejecutoriada.
Sin embargo, el 10 de julio de 2019 presentaron una acción de garantías penitenciarias. Fue entonces que el exjuez Gonzalo David V. B. modificó la sentencia ejecutoriada y la redujo a veinticinco meses de pena privativa de libertad para tres de ellos y a veinte meses para German A. L.
El mismo ex Magistrado dictó y emitió las boletas de excarcelación que beneficiaron a los sentenciados por narcotráfico.