La delicia de los platos típicos de nuestra provincia se muestra al mundo en la Maratón Gastronómica Manabita. Este evento, que reúne a 16 chefs de los cantones Portoviejo, Chone, Manta, Tosagua, Bolívar y Rocafuerte, expondrá la preparación de más de 20 platillos.
Mariscos, tonga, pan de almidón, seco y caldo de gallina criolla, entre otros serán los protagonistas de este acontecimiento que se realizará el domingo 28 de junio desde las 09h30 y será transmitido por Facebook Live en la cuenta del Gobierno de Manabí en esta red social. 

Este evento, organizado por el área de turismo de la Dirección de Fomento Productivo de la Prefectura, en colaboración con los chefs y organizaciones gastronómicas, busca destacar la riqueza que tienen nuestras preparaciones. El evento forma parte de la agenda de actividades por el Mes del Manabitismo y los 196 años de provincialización. 

Conoce a continuación los 16 chefs que prepararán los siguientes platos: 
Portoviejo
1.Carlos Villacís - Encebollado mixto
2.Leonardo Pinargote - Bollo de pescado y corviche
3.Angelita Vargas - Hayaca
4.Mauricio Castillo - Ceviche de Jipijapa
5.Fernanda Buzeta - Viche
6.Narcisa Santana - Torta de choclo, torta de plátano con pescado
7.Soraya Macías - Morcilla y longaniza
8.Angie Pichucho - Rompope
9.María García - Empanada de verde
10.Betty Solórzano - Pan de almidón y pastelillos
Chone
11.Teresa Mendoza - Chame Frito, Caldo y Seco de gallina criolla. 
12.Fredy García - Suero blanco 
Calceta: 
13.Henrry Valencia - Carne punzada, hornado de chancho y tigrillo vegetariano
Tosagua:
14.Fanny Vergara - Tonga y salprieta
Rocafuerte: 
15.Hondina Delgado. Rombos, troliches y alfajores
Manta: 
16.Enma Estrada - Arroz marinero y camotillo

La fiscal general del Estado, Dra. Diana Salazar Méndez, participa en la audiencia de juzgamiento en contra de la exasambleísta Norma V., por su presunta participación en el delito de concusión. En esta primera jornada, Fiscalía presentó doce pruebas testimoniales, siete documentales y seis acuerdos probatorios en relación a pericias.
Al inicio de la audiencia, que se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia, en su alegato de apertura, la Fiscal General manifestó que este es un caso que afecta a la eficiencia de la administración pública y que ocurrió entre mayo de 2017 y noviembre de 2018, en la Asamblea Nacional.
Según Fiscalía, Norma V., en su calidad de asambleísta de Pichincha –abusando de su cargo– habría ordenado y exigido la entrega de contribuciones mensuales a quienes conformaban su equipo de trabajo. Las cantidades oscilaban entre los 150 y 1.000 dólares en efectivo, como requisito para permanecer en sus puestos.
A través de los aportes entregados, la exfuncionaria pública se habría beneficiado de aproximadamente 20.305 dólares, que habría sido utilizado para cancelar deudas personales, gastos de su despacho, pagos de eventos y para hacer aportes al movimiento Alianza PAIS.
Nueve excolaboradores de la procesada dieron su testimonio, uno de ellos desde el Consulado de Ecuador en Barcelona. Varios mencionaron que en la entrevista de trabajo se les habló de los aportes a favor de Alianza PAIS, dependiendo del cargo que iban a ocupar, mientras que a otros se les había comunicado posteriormente. Incluso, uno señaló que hizo notar su inconformidad en reiteradas ocasiones, razón por la cual fue desvinculado.
También confirmaron que les pedían el dinero a través de un chat de la aplicación WhatsApp. Una de sus exasesoras agregó que llevaba un archivo en Excel en el que registraba los aportes de sus compañeros.
Todos coincidieron en que accedieron a pagar estos rubros para mantener su trabajo.
Además, testificaron una funcionaria de una entidad bancaria, quien confirmó las transferencias realizadas a la procesada desde las cuentas de sus extrabajadores; un policía que elaboró un informe de análisis telefónico y un asesor jurídico de Alianza PAIS, quien indicó al Tribunal que dicho movimiento se mantiene con aportes que “no son obligatorios”.
La jueza ponente, Dilza Muñoz, suspendió la audiencia a las 14:30 y convocó su reinstalación para mañana, 26 de junio, a las 12:00.

La tarde de este jueves 25 de junio de 2020, la Comisión Multipartidista que investiga las denuncias contra el legislador Daniel Mendoza sesionó a fin de conocer la sustanciación de las acusaciones y el descargo correspondiente. En este segunda sesión se tenía prevista la participación de las legisladoras Verónica Guevara y Tanlly Vera, así como del asambleísta Daniel Mendoza y su asesor, Carlos Benavides.
Desarrollo de la sesión
La legisladora Verónica Guevara fue la primera en rendir su versión como demandante. Indicó que para garantizar el debido proceso se debe contar con la presencia del demandado. En ese marco, solicitó la constatación y certificación de la presencia del legislador Mendoza quien, a través de su abogada patrocinadora, informó que se difiera en tres días hábiles su participación, con el propósito de preparar su defensa técnica y jurídica.
Entre tanto, Maritza Ribadeneira, directora del Centro de Rehabilitación Social Quito, No. 4; manifestó que se entregaron las facilidades para la comparecencia del legislador, a través de mecanismos telemáticos. “El asambleísta expresó que a través de su abogada notificó a la Comisión sobre el diferimiento de su presencia”, indicó la funcionaria.
Los legisladores de la Mesa indicaron que respetarán el debido proceso y la defensa del asambleísta Mendoza. Este argumento fue acogido por la legisladora denunciante, Verónica Guevara, quien agregó que comparecerá cuando el procesado se encuentre en la sesión virtual o a su vez su defensa, criterio coincidente con el de la legisladora, Tanlly Vera.
Aprobación de la moción
El legislador Héctor Yépez mocionó que el próximo lunes 29 de junio de 2020, se reciba a las partes y a todos los actores, funcionarios, asambleístas y ciudadanos que deseen rendir su versión, en el marco de la investigación al asambleísta Daniel Mendoza. La moción fue respaldada por unanimidad. Agregó que, es decisión de la parte demandante no comparecer sin la presencia del demandado, lo cual se encuentra sujeto en derecho.
Lectura de comunicaciones
Uno de los primeros puntos abordados en el orden del día tuvo relación con las comunicaciones, en primera instancia, del Consejo de Administración Legislativa (CAL), y de los documentos remitidos por las legisladoras Vera y Guevara.
Solicitaron que, además de las personas que comparecerán en el marco de la investigación, este organismo legislativo reciba a los periodistas de investigación Fernando Villavicencio y Anderson Boscán; al presidente de la Comisión Anticorrupción (CNA) núcleo de Manabí, Jorge Chávez. También, a Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), así como representantes de la delegación provincial del CNE en Manabí.

Una unidad médica del Distrito de Salud se trasladará este sábado a la parroquia rural Chibunga ante la alerta de posibles casos de coronavirus. Esa fue una de las resoluciones que adoptó este jueves el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal de Chone. 

También estarán los técnicos del municipio para identificar y generar conciencia en los habitantes a través de la campaña comunicacional con mimos, entre otros que conlleven a seguir los protocolos de seguridad. Se hará la entrega de mascarillas confeccionadas por artesanos chonenses.

De acuerdo al reporte de la mesa técnica 4 del COE, se han entregado 29.586 mascarillas entre las zonas urbana y rural del cantón, beneficiando a 7.825 familias. Este viernes se lo hará en la parroquia rural Canuto.

Asimismo, se estableció que la próxima semana se dará servicio de salud primaria a los grupos prioritarios en la zona urbana y rural a través de la clínica móvil municipal, en casos que no sean COVID-19. Se prestará atención bajo un convenio interinstitucional entre el GAD y el Ministerio de Salud Pública (MSP). 

“Debemos seguir cuidándonos. La emergencia no ha sido superada y el virus nos sigue asechando en las calles. La única forma de seguir adelante es cuidándonos y dando cumplimiento a las normas de bioseguridad”, afirmó el alcalde Leonardo Rodríguez, presidente del COE Cantonal.

En la Sesión Solemne de Provincialización por los 196 años de vida política de esta jurisdicción, se realizó el reconocimiento al Pueblo Manabita con la Condecoración General Eloy Alfaro al Mérito Ciudadano.
El pleno del Consejo Provincial de Manabí resolvió que en esta fecha cívica se haga un homenaje público a todos los ciudadanos de esta tierra por su entrega, lucha y unidad durante la pandemia del COVID-19.
La sesión, presidida por el prefecto Leonardo Orlando y realizada de forma presencial y virtual simultáneamente, contó con la asistencia de autoridades provinciales y cantonales.
Allí, Orlando destacó la fortaleza y entrega que la provincia ha mantenido para enfrentar la crisis sanitaria. Hizo énfasis en el agradecimiento a todos los servidores de la salud y demás que siguen en primera línea de defensa contra la enfermedad.
Desde la Prefectura, destacó, se han atendido más de 112 mil personas en puntos de salud estratégicos, se contrataron 30 médicos y 30 enfermeras para fortalecer el sistema sanitario, y con las brigadas domiciliarias se han visitado más de 82 mil familias manabitas.
Orlando destacó que se lleva adelante un intenso Plan de Reactivación, no sólo retomando grandes obras viales sino fomentando la producción para ayudar al sector agrícola, empresarial y de emprendimiento.
“La unidad manabita es la base de nuestra fortaleza. Quiero agradecer a los Alcaldes y los Presidente Parroquiales por la firme voluntad de trabajar de forma articulada”, dijo.
“Ser manabitas sobrepasa 196 años de creación, es un sentimiento con el que nacemos. Hablar de Alfaro es un orgullo que representa a Manabí y al Ecuador. 
Ser Manabita es símbolo de unidad, en esta sola palabra están incluidas los 22 cantones, 55 parroquias rurales, y miles de comunidades dispersas en sus más de 19 mil kilómetros cuadrados”, dijo el Prefecto en un emotivo discurso.
Orlando resaltó la visión de justicia y desarrollo que lleva adelante su administración. “Si al campo le va bien a la ciudad le irá bien”, resaltó al señalar cómo se priorizan las obras para apoyar a los sectores que han sido históricamente olvidados.
Durante la Sesión Solemne también se realizó un homenaje a las víctimas del COVID-19, y entre ellos, a los dignatarios que han fallecido durante la emergencia: la exconcejala de Manta, Violeta Ávila; y el exalcalde de Santa Ana, Ramón Mieles. Familiares de ellos recibieron las placas de reconocimiento.

Con el objetivo de mejorar la calidad de los procesos digitales y contribuir en la construcción de la sociedad del conocimiento, establecemos vínculos técnicos para viabilizar el intercambio de información de nuestra gestión jurisdiccional. A través de los sistemas informáticos del Consejo de la Judicatura y de la Corte Constitucional, desarrollamos un servicio web que admitirá la transferencia de información acorde a los criterios de búsqueda determinados en los formatos de interoperabilidad dentro de un sistema unificado.
Con la firma de un convenio interinstitucional enlazamos las plataformas informáticas de Consejo de la Judicatura y de la Corte Constitucional, para que la ciudadanía acceda a canales de consulta más completos en los que se publique la información de las causas provenientes de nuestras instituciones.
De esta manera, fortalecemos la coordinación e intercambio de información para: tramitar acciones extraordinarias de protección y consultas de norma; enviar sentencias de garantías jurisdiccionales de los jueces de instancia; y, dar agilidad, transparencia y exactitud a la información que ingresa cuando proviene de la institución de origen.
Este proyecto es un gran paso para proveer a la ciudadanía, así como al Consejo de la Judicatura y a la Corte Constitucional de herramientas ágiles y simples con las cuales se podrá acceder a la verificación de los procesos que se sustancian en nuestras instituciones.

3 informes con indicios de responsabilidad penal en contratos del área salud
La Contraloría General del Estado aprobó 3 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP). Los análisis de auditoría se efectuaron sobre la adquisición de bolsas para cadáver adulto en los Hospitales de Los Ceibos y Guasmo Sur. El tercer informe relata las anomalías identificadas en el contrato de construcción del Hospital Básico de Pedernales de 30 camas, celebrado en el Servicio de Contratación de Obras, SECOB, por USD 15’780.166,77. 
En Manabí, los funcionarios del SECOB encargados de revisar la documentación no verificaron la validez legal de las garantías de buen uso de anticipo y de fiel cumplimiento del contrato para la construcción de la obra, emitidas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “La pequeña empresa de Pastaza”. 
El asesor legal de la financiera certificó que TIPPMANN S.A. -la contratista- no es su cliente y no ha adquirido ninguno de sus productos; que las garantías por USD 789.008,34, para avalar el fiel cumplimiento del contrato, y por USD 7 890 083,39, otorgadas a favor del SECOB, no fueron suscritas por la cooperativa. 
En septiembre de 2019, a través de un informe, la administradora del contrato puso esta información en conocimiento de las autoridades del SECOB y recomendó que se deje sin efecto la solicitud de la transferencia del anticipo, con el fin de salvaguardar los intereses del Estado. Sin embargo, en contra de lo establecido en la ley, el ex director general de SECOB dispuso que se conceda 5 días para que el representante de la empresa entregue las garantías, permitiendo que se mantenga suscrito un contrato sin que los recursos a desembolsar estén garantizados.
Por otro lado, en los hospitales de Guayaquil las bolsas para embalar cadáveres se adquirieron con una diferencia de, al menos, USD 137 cada unidad. En los valores globales se observan sobrevaloraciones porcentuales de 1.283 % en el Hospital del Guasmo Sur y 1.311 % en el Hospital Los Ceibos, por 144 y 4.000 bolsas, respectivamente. Los informes penales permiten concluir que la suma de ambas adquisiciones no debía superar los USD 46.910, pero da como resultado USD 614.917.
En los dos casos se señalan irregularidades en la fase precontractual, que beneficiaron a los contratistas. En los Ceibos, los funcionarios responsables no justificaron por qué no se buscó a otros proveedores del Estado, para garantizar calidad y mejores costos. No se consideró que en el portal de compras públicas constan adquisiciones realizadas por otras entidades con precios muy inferiores a los propuestos por el proveedor.
En el Guasmo Sur se invitó a participar directamente a un proveedor que no está registrado en el Clasificador Central de Productos con el código para ofertar esos insumos médicos. Tampoco ha realizado pagos del Impuesto a la Renta. 
Estas contrataciones evadieron los procedimientos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Se limitó la participación de otras compañías, no se elaboraron estudios de mercado ni especificaciones técnicas de los productos, para conocer precios referenciales. 
La falta de diligencia en la administración de los recursos públicos se pondrá en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, para que continúe con las investigaciones pertinentes. Previamente se remitieron informes con indicios penales por la adquisición de insumos y dispositivos médicos en el IESS y por la compra de kits alimenticios, en el Servicio Nacional de Riesgos y Emergencias. 

Fiscalía procesó al ex juez de Garantías Penales del Guayas, Gonzalo David V. B., por el presunto delito de prevaricato. La audiencia de formulación de cargos se desarrolló, a través de videoconferencia, la mañana de este miércoles en la Corte Provincial de Justicia de Guayaquil.
La fiscal del Guayas y Galápagos, Yanina Villagómez Oñate, presentó diez elementos de convicción recaudados en la fase de investigación previa, que determinarían la participación del ex Magistrado, en calidad de autor directo.
Entre estos constan: la denuncia presentada por el director nacional de Asesoría Jurídica, Andrés Peñaherrera, delegado de la Dirección General del Consejo de la Judicatura; copias certificadas del juicio penal por narcotráfico seguido a los cuatro procesados, la certificación de la acción de personal del ex Juez investigado, así como su versión rendida ante Fiscalía; y, copias certificadas de su resolución emitida en la audiencia de régimen semiabierto, en la que determinó la reducción de la pena impuesta.
Fiscalía consideró que existen suficientes elementos para imputar a Gonzalo David V. B., por lo que formuló cargos por el delito de prevaricato, que es sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años, y solicitó prisión preventiva para el procesado.
El presidente de la Corte Provincial del Guayas, Alfonso Ordeñana, acogió el pedido de Fiscalía en todas sus partes. Además, dispuso de un plazo de noventa días para el cierre de la instrucción fiscal y solicitó oficiar a la Policía Judicial para que proceda con la ubicación, localización y captura del procesado.
Antecedente
Gonzalo David V. B., ex juez de Garantías Penales del Guayas –según investigaciones de Fiscalía– habría modificado la sentencia ejecutoriada por el Tribunal de alzada contra Germán A. L., Juan A. R., Eduardo V. E. y Mauricio A. V. Ellos fueron sentenciados por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tras haber sido detenidos en un operativo ejecutado por Fiscalía y Policía Antinarcóticos, en Milagro, el 17 de julio de 2017, en el que se incautaron 405 kilos de clorhidrato de cocaína.
El Tribunal de Garantías Penales de Milagro los sentenció a trece años de pena privativa de libertad. Luego, el caso subió a apelación a una de las Salas de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, el 15 de agosto de 2018. Los jueces rechazaron en parte este recurso, ratificando la sentencia contra tres de los procesados y modificándola para Germán A. L., a quien le impusieron una pena de cincuenta y dos meses de cárcel. Los procesados no fueron a casación, por lo que la sentencia se encontraba ya ejecutoriada.
Sin embargo, el 10 de julio de 2019 presentaron una acción de garantías penitenciarias. Fue entonces que el exjuez Gonzalo David V. B. modificó la sentencia ejecutoriada y la redujo a veinticinco meses de pena privativa de libertad para tres de ellos y a veinte meses para German A. L.
El mismo ex Magistrado dictó y emitió las boletas de excarcelación que beneficiaron a los sentenciados por narcotráfico.

Fuente: teleSUR - egv - FLR
El Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap) reportó este jueves que solo quedan en el país 63 casos activos, la cifra más baja desde el 25 de marzo.
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Al respecto el jefe nacional de Epidemiología, doctor Francisco Durán, destacó que el país avanza de manera positiva hacia la recuperación, cuando queda solo una provincia por entrar en la desescalada.
Al cierre de este miércoles, se encontraban ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 155 pacientes. Asimismo permanecen otras 170 personas que se monitorean en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.
Con solo dos casos positivos en la jornada, el número de altas otorgadas fue de 41, por lo que la nación acumula 2171 recuperados de la enfermedad. Además, el número de fallecidos en el país se mantiene en 85 personas.
De los pacientes que permanecen ingresados, una se reporta en estado crítico, mientras los demás muestran evolución clínica estable.
Aunque la mayor parte del país avanza en la fase uno de la desescalada, no cesan los pesquisajes activos en las comunidades, como columna vertebral de la estrategia frente a la pandemia.
Sobre el tema, el ministro de Salud informó que más de 3.633.000 cubanos y cubanas han sido pesquisados, incluso en los territorios que no reportan casos en 15 días.

Foto archivo web
A través de un pronunciamiento oficial, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), manifestó total respaldo hacia la parlamentaria ecuatoriana Pamela Aguirre, víctima de violencia política por parte de la Oficina de la Representación del Parlamento Andino en Ecuador.
En el documento, se prevé que: “de acuerdo a lo establecido en la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política”: a) Se habría discriminado a la parlamentaria en el ejercicio de sus derechos políticos, por encontrarse en estado de embarazo y puerperio;  b) Se habrían restringido los derechos de la parlamentaria (...) al no otorgarle la licencia de maternidad y los permisos de lactancia; c) Se habrían generado, en redes sociales, expresiones degradantes contra la parlamentaria en ejercicio de sus funciones políticas (...) d) Se habría limitado el uso de recursos inherentes al cargo político que ocupa la parlamentaria, impidiendo el ejercicio de su cargo en condiciones de igualdad. “Se configurarían diversas manifestaciones de violencia política de acuerdo a lo establecido en la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política” reza el pronunciamiento.
Por lo expuesto, el Comité de Expertas solicita, entre varios puntos, una investigación exhaustiva sobre los hechos, que se revise el Reglamento General del Parlamento Andino con la intención de asegurar el reconocimiento de los derechos de las mujeres durante el estado de embarazo, parto, puerperio y lactancia e insta a que se respeten los derechos de la parlamentaria en condiciones de igualdad en relación a sus homólogos parlamentarios.
Este organismo realiza el seguimiento al cumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada en 1994, que reconoció por primera vez que la violencia contra las mujeres constituye una violación a los derechos humanos. Este pronunciamiento refleja un precedente positivo para las parlamentarias de la región, quienes en algún momento han sido víctimas de violencia política.

Link del pronunciamiento: https://t.co/rBHBlXR4Ul?amp=1

Por unanimidad, Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, conformado por los jueces Iván Saquicela, Daniella Camacho y David Jacho, rechazó el recurso de apelación a la prisión preventiva interpuesto por el asambleísta Daniel M. y dos personas más, procesados por el presunto delito de delincuencia organizada.
Daniel M., Jennifer C. y Tania S. fueron detenidos la madrugada del 5 de junio, en un operativo liderado por la Fuerza de Tarea multidisciplinaria de la Fiscalía General del Estado (FGE), con el apoyo de la Policía Nacional, en el que se ejecutaron varios allanamientos en Portoviejo y Bahía de Caráquez.
En su intervención, la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, solicitó al Tribunal que ratifique la medida cautelar en contra de los procesados, al considerar que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), referente a la prisión preventiva, ya que existen elementos de convicción suficientes que determinarían la existencia del delito que se les imputa, con la agravante de que lo habrían perpetrado en calidad de funcionarios públicos.
La Fiscal General agregó que en la audiencia de formulación de cargos del pasado 5 de junio, se solicitó la prisión preventiva en contra del asambleísta Daniel M., la coordinadora zonal 4 del Servicio de Contratación de Obras (Secob), Jennifer C., y Tania S., cónyuge del contratista José V. (procesado por lavado de activos), con el fin de garantizar su presencia en las demás etapas procesales, el cumplimiento de una posible pena y garantizar –de ser el caso– el pago de una reparación integral a la víctima, que en este caso es el Estado ecuatoriano.
A finalizar la audiencia, el Tribunal acogió el pedido de Fiscalía y ratificó la medida cautelar en contra de los procesados.
Según las investigaciones de Fiscalía, los procesados formarían parte de una estructura de corrupción en el proceso de construcción del Hospital Básico de Pedernales.

Con siete votos afirmativos y cinco en contra, la Comisión de Régimen Económico aprobó el informe no vinculante por el cual sugiere al Pleno allanarse a 15 de las 16 observaciones planteadas por el Ejecutivo al proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, en virtud de que se enmarcan dentro de la normativa constitucional y respeta lo sustancial de los textos aprobados por la Asamblea Nacional.
El proyecto, entre otros aspectos, establece un esquema de reglas fiscales coherentes con la realidad del país, pero al mismo tiempo ajustada a los estándares internacionales. Se fortalece y garantiza la autonomía de las instituciones de la seguridad social con patrimonio y fondos propios, distintos a los del fisco, es decir, no forman parte del Presupuesto General del Estado, con lo cual el Gobierno Central no podrá utilizar sus fondos.
En la sesión virtual, la asambleísta Pinuccia Colamarco mocionó que la mesa legislativa se allane en las primeras 15 observaciones del Ejecutivo y que se ratifique en la Décimosexta que guarda relación con la progresividad de la disminución y los plazos de la deuda pública.
Al reflexionar el voto los asambleístas Patricio Donoso, Luis Pachala, César Solórzano, Juan Carlos Yar, indicaron no estar de acuerdo con la ratificación de la objeción parcial 16, pero votaron a favor para que el informe no vinculante llegue al Pleno para conocimiento de los otros 124 legisladores.
Ratificación
La Comisión sugiere ratificar el texto aprobado por la Asamblea Nacional sobre la Disposición Transitoria Vigésimo Sexta, del artículo 45, que establece que para alcanzar el cumplimiento de la regla de deuda y otras obligaciones en el plazo establecido, el Ministerio de Economía y Finanzas debe tomar en cuenta el crecimiento de largo plazo de la economía, expresado en valor nominal y un parámetro estabilizador de deuda en el mediano plazo. Para lo cual en el plazo de 90 días el ente rector de las finanzas públicas emitirá la normativa correspondiente.
Allanamientos
Sobre la reducción de CETES, se precisa que dentro de los primeros 90 días del ejercicio fiscal 2021 se presentará la estrategia para reducir y eliminar los saldos de CETES que hayan sido colocados hasta el 31 de diciembre de 2020 y con aprobación del Ministerio de Finanzas, permitiendo tener un plan viable para su manejo. En cuanto a las Notas del Tesoro, el Ejecutivo propone una modificación para aclarar su temporalidad a partir del 1 de enero de 2021.
En torno a techos y límites de gasto de las instituciones públicas, la propuesta del Ejecutivo especifica que el Ministerio de Finanzas también establecerá los techos presupuestarios de las empresas públicas de la Función Ejecutiva. Sobre la priorización de programas y proyectos de inversión, se propone que los planes de inversión, además de garantizar y observar la eficiencia del gasto también se ciñan al techo institucional, respetando autonomías y garantizando el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.
En cuanto a los programas de capital se precisa que son un instrumento que permite al Estado tener una planificación de acciones que permita refinanciar o mejorar los niveles de endeudamiento en beneficio de los ecuatorianos, en busca de mantener y preservar el capital del Estado. Dichos programas deben necesariamente observar condiciones financieras y económicas favorables para el Estado, sin perder de vista el objetivo que toda intervención pueda generar impactos sociales positivos, como parte fundamental para la toma de las decisiones de aplicación de los mencionados programas.
Respecto de la modificación del Presupuesto General del Estado (PGE), se señala que permitirá separar los procedimientos en los casos de aumento o disminución para porcentajes mayores al 5 % y normarlos correctamente en función de la situación de fuerza mayor como el que Ecuador está viviendo actualmente por causa de la pandemia del Covid-19.
Sobre la objeción al artículo 20, el organismo legislativo menciona que en ningún caso el Ministerio de Finanzas podrá intervenir en el manejo propio del negocio central de cada Empresa Pública, el objetivo se lo plantea en función de tener una vinculación directa de seguimiento y corresponsabilidad. Sobre la formulación de proformas institucionales, la objeción busca mantener uniformidad en conceptos utilizados en el presente cuerpo normativo en cuanto a gasto corriente y de capital, por gasto permanente y no permanente.
En cuanto al endeudamiento público se indica que el artículo aprobado por el Parlamento generaba confusión, mientras que el texto enviado por el Ejecutivo aclara y establece de manera expresa la particularidad de que el Banco Central del Ecuador tenga las opciones de acceder de manera directa a financiamiento para liquidez, como lo establece el Código Monetario y Financiero

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, y los consejeros, José Cabrera y Esthela Acero, ratificaron este 23 de junio que no han sido destituidos por la Contraloría General del Estado.
Denunciaron que el informe final del ente de control presentado el pasado viernes 19 de junio incluyó recomendaciones que en el informe borrador de 2019 no constaban, como la eliminación de cuatro organizaciones políticas. "Nosotros cumplimos con la recomendación de vigilar el estatus de las organizaciones, pero en un segundo momento viene una segunda recomendación; es decir, sobre el mismo asunto la Contraloría hace dos recomendaciones  distintas", puntualizó la titular del órgano electoral.
La presidenta Atamaint advirtió que de acuerdo con el Código de la Democracia, el CNE tiene competencia privativa sobre el estatus de los movimientos y partidos políticos, al tiempo que recordó que ya está en marcha el proceso electoral de 2021, por lo que no descartó aplicar sanciones a las autoridades que pretendan interferir en el mismo.
La titular del CNE recordó que la inscripción de los movimientos políticos Fuerza Compromiso Social (FCS), Juntos Podemos (MNP), Justicia Social (MJS) y Libertad es Pueblo (LEP) se concretó en otras administraciones, por lo que dijo que si la investigación apunta a los procesos de inscripción y otorgamiento de personería jurídica a estas organizaciones políticas, serían las ex autoridades las que deberían dar explicaciones al respecto.
Diana Atamaint reveló que incluso luego del informe borrador el movimiento Juntos Podemos del ex Prefecto del Azuay, Paúl Carrasco, solicitó ser recibido por la Contraloría pero este organismo aclaró que las organizaciones políticas no son las auditadas sino el sistema informático y de verificación de firmas del CNE.
La presidenta del CNE recordó que cumpliendo la Constitución y la ley, el Pleno del CNE recibió los descargos de estas organizaciones políticas y no hubo un solo voto en contra de esos argumentos sino tres a favor, una abstención y una ausencia, con lo que se dio ya cumplimiento a las recomendaciones de la Contraloría.
El consejero José Cabrera recordó que de los análisis técnicos y jurídicos de estas cuatro organizaciones se desprendió que era necesario mantener su derecho de inscripción, toda vez que esos actos se encuentran "en firme" y no se encuadran en ninguna de las causales de extinción de las organizaciones políticas establecidas en el Art. 327 del Código de la Democracia.
La consejera Esthela Acero dijo que sus actuaciones en el Pleno del CNE siempre se han enmarcado en el respeto irrestricto de la Constitución y el Código de la Democracia.

“Ya me veo sentada en las bancas, ver correr a mi hijo y disfrutar al aire libre en cada atardecer”, se proyectó Cristhel Pinargote en referencia a los trabajos realizados en la Plaza Cívica Elio Santos Macay. 
Cristhel está convencida de que la regeneración de la Plaza Cívica permitirá a los chonenses tener un lugar donde disfrutar en familia. “Aquí tendremos al monumento al Montuvio, ícono de nuestra identidad”, afirmó la joven madre.
Por esta escultura se prevé que la obra sea una de las más visitadas por propios y extraños. En ese sentido, Jacinto Zambrano, de 58 años, considera que ésta aportará con embellecimiento al ornato de la ciudad, “lo que es muy importante y positivo, ya que los chonenses deseamos mejores días", dijo.
Además, con estos trabajos se reactiva la economía local con plazas de empleos y locales comerciales que abastecen con materiales. La obra se reinició el 25 de mayo pasado y adoptando los protocolos de bioseguridad por el COVID-19. 

Javier Paredes, director municipal de Obras Públicas, afirmó que la obra tiene un avance de 50,22%. Básicamente los trabajos de ductería y soterramiento están concluidos; asimismo, se ha fundido la totalidad de las losas, donde se colocará el adoquín ornamental y todos los elementos mobiliarios de regeneración urbana.

También habrá una rampa en la plataforma del monumento al Montuvio, la explanada tendrá mobiliario de regeneración como bancas e iluminación LED; el escenario será renovado acorde a la infraestructura moderna, y el área verde estará conformado con especies típicas del cantón, aseguró Paredes sobre esta obra, cuyo contratista es Paulo César Muñoz.

Ahora puedes adquirir tu dispositivo Peajexpress previa cita en línea Para el efecto, los usuarios deberán seguir estos sencillos pasos:
El Gobierno de la Provincia de Pichincha ha implementado desde este 22 de junio el agendamiento de citas para la adquisición e instalación de los dispositivos Peajexpress en la Autopista General Rumiñahui, a fin de evitar filas y reducir el tiempo de atención a la ciudadanía.
1. Llenar el formulario de registro que se encuentra en www.pichincha.gob.ec peaje express.
2. Verificar que los datos y las fotos subidas de la matrícula y cédula del propietario del vehículo, sean las correctas previo a enviarlo.
3. Seleccione la opción “Cerrar y Tomar su turno”. Si el usuario solo desea acogerse a la modalidad post pago debe cerrar la página sin tomar esa opción.
4. Recibirá un mensaje en su teléfono y un correo electrónico con la confirmación de su cita.
5. En día de la cita, deberá acudir 10 minutos antes de la hora señalada. No es necesario llevar copia de cédula y matricula. El valor del dispositivo Peajexpress es de 7 dólares. El usuario puede hacer recargas desde 3 dólares.
Las citas aplicarán para quienes desean acudir al peaje de la Autopista General Rumiñahui. En los otros dos puntos de venta habilitados: peaje Intervalles y Edificio del
Gobierno de la Provincia de Pichincha, seguirán atendiendo sin previa cita.
Se recuerda a los usuarios que podrán hacer las recargas del dispositivo en:

1.Sucursales de farmacias Fybeca.
2. En línea, en la página web www.pichincha.gob.ec – peaje express para pago con tarjeta de crédito.
3. Débito bancario o tarjeta de crédito, mediante trámite de autorización que se lo hará personalmente y por única vez en las oficinas de los peajes Autopista General Rumiñahui e Intervalles.

MENSAJE ANTONIO GUTERREZ

1. 1 Protección inmediata a los trabajadores, las empresas, los empleos y los ingresos en riesgo para evitar los cierres, la pérdida de trabajos y la reducción de recursos

2. 2 Prestar atención tanto a la salud como a la actividad económica una vez que se flexibilice el confinamiento para que los lugares de trabajo sean seguros y se respeten los derechos de las mujeres y las poblaciones en riesgo

3. 3 Echar a andar una recuperación inclusiva, ecológica, sostenible y centrada en el ser humano, que aproveche el potencial de la nuevas tecnologías y genere empleos decentes para todos, además de sacar partido de las formas creativas en que se han adaptado a la emergencia las empresas y los trabajadores

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 78 del Código de la Democracia, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), el 19 de junio, en Sesión de Pleno, aprobó la entrega del Registro Electoral a las organizaciones políticas habilitadas para las Elecciones Generales 2021; así como su publicación.
Tras la decisión del Pleno del CNE, los partidos y movimientos políticos legalmente inscritos podrán solicitar de acuerdo a su jurisdicción, a través de correos electrónicos de las secretarías de las delegaciones provinciales electorales o de la Secretaría General, la entrega de ambos registros; este trámite también lo pueden realizar de manera presencial. Una vez que hayan sido notificadas por Secretaría General del CNE con la resolución de entrega, las organizaciones políticas deberán adjuntar, en un plazo máximo de 72 horas posteriores a la notificación, el acta entrega-recepción, el acuerdo de confidencialidad y el formato de solicitud, que les serán remitidos oportunamente por el órgano electoral.
El Registro Electoral es el listado de personas mayores de dieciséis años, habilitadas para votar en cada elección, es elaborado por el CNE con base en la información que remitió el Registro Civil. Asimismo, esta se complementa con la inscripción que voluntariamente realicen las y los extranjeros residentes legalmente en el país por más de cinco años y mayores de dieciséis años para poder ejercer su derecho al sufragio.
El registro se actualizó con los datos provistos por la entidad encargada, con corte al 30 de mayo de 2020, y se incluyó información sobre los cambios de domicilio electoral, la inscripción de extranjeros, y el Registro Electoral Pasivo y será publicado en el portal web de la institución, donde preliminarmente constan 13 128 829 de electores habilitados para sufragar el próximo año.

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Luego de más de siete horas de audiencia de formulación de cargos, Juez de Garantías Penales del Guayas dictó orden de prisión preventiva contra doce personas y medidas sustitutivas para otras cinco, procesadas por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada.
Fueron detenidos este jueves, 18 de junio, en cuarenta y ocho allanamientos ejecutados por la Fuerza de Tarea de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional, en las provincias de Pichincha y Guayas, con el objetivo de recabar indicios sobre una presunta estructura delincuencial que estaría operando en varios hospitales de la red pública de salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a escala nacional.
Entre los elementos de convicción presentados por Fiscalía constan los contratos, la validación de movimientos financieros del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Se presume que existiría una concertación de más de dos personas con la finalidad de formar una estructura delictiva, cuyo objetivo era facilitar, planificar y ejecutar actos de corrupción en la adjudicación de contratos en los hospitales Abel Gilbert de Guayaquil, Los Ceibos, de Durán, de Milagro y Eugenio Espejo de Quito.
Según las investigaciones, los procesados habrían adquirido insumos médicos con sobreprecio, favoreciendo con contratos a funcionarios públicos y otras personas que formarían parte de esta estructura.
Sobre los allanamientos
La Fuerza de Tarea efectuó cuatro allanamientos en Samborondón, dos en Daule, quince en Quito y veinticinco en Guayaquil.
Entre los indicios levantados se incluyen documentos, como contratos y facturas; medicinas, insumos médicos, teléfonos celulares, sellos de hospitales de todo el país, entre otros.

A pesar del pedido de Fiscalía, de dictar prisión preventiva contra los dos procesados por presunto fraude procesal, la Jueza de Garantías Penales –en la audiencia de formulación de cargos– acogió esa medida solo para Daniel S. B., mientras que para Jocelyn M. Z. resolvió dictar presentación semanal ante la autoridad judicial, prohibición de salida del país y uso obligatorio de un dispositivo electrónico.
En la diligencia, que se desarrolló en la Unidad Judicial Florida Norte de Guayaquil, el fiscal Joffre Velasco Solís presentó como elementos de convicción: la documentación entregada por la Dirección de Aviación Civil, con el registro de las personas que abordaron una aeronave con presunto destino a la Isla Puná, el registro del plan de vuelo inicial de salida y retorno de la avioneta, y el nombre del piloto a cargo del viaje; además de la información periodística emitida por medios de comunicación. A esto se sumaron los videos de salida de la aeronave, el día del suceso; las versiones receptadas al Director de la Aviación Civil en Guayaquil y las versiones del detenido, Daniel S. B., una vez que fue trasladado a esta ciudad desde Perú y asistido por personal médico y un defensor público, tras el accidente aéreo suscitado la mañana del lunes 8 de junio, en el sector fronterizo de Zarumilla.
Según Fiscalía, Daniel S. B. pretendió inducir a engaño a las autoridades judiciales, con su intento de fugarse del país utilizando otro nombre, luego de conocer que sobre él pesaba una orden de detención por otros casos que investiga la Institución, relacionados con peculado y la venta de insumos médicos con presunto sobreprecio a varios hospitales en Guayaquil.
La instrucción fiscal durará noventa días.
Dato jurídico
La Fiscalía inició este proceso por el delito de fraude procesal, con base en el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal (COIP): la persona que con el fin de inducir a engaño al juez, en el decurso de un procedimiento civil o administrativo, antes de un procedimiento penal o durante él, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) abre las puertas a más organismos internacionales especializados en la  Observación Electoral, con  el objetivo de transparentar cada fase del Calendario Electoral. En este contexto, el Pleno del organismo, este 19 de junio, aprobo  invitar a: Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral - IDEA Internacional, al Centro Carter, a Transparencia Electoral y a Transparencia Internacional. El acompañamiento será antes, durante y despues de los comicios.
Estas entidades se sumarán al acompañamiento técnico que brindará  la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y la Asociación Mundial de Organismos Electorales (AWEB, por sus siglas en inglés),  petición que ya fue requerido por el CNE.
La decisión del órgano electoral se enmarca en su compromiso de transparentar la preparación de las Elecciones 2021, en los que se elegirán presidente y vicepresidente de la república, asambleístas nacionales y parlamentarios andinos. Además, al tratarse de observación electoral en modalidad independiente, el acompañamiento de esas entidades no implicará erogación de recursos por parte del Consejo Nacional Electoral.