Buenos días,buenas tardes,buenas noches .
De Estado de Derechos al estado del show

¿Qué es Política y Politiqueria, para las actuales generaciones?, es el tema que trata el Programa Jóvenes en Linea de Hechos Ecuador con la conducción de Dario Robinzon.
Al panel están invitados Alejandro Vanegas, Sub Director Nacional de Unión Progresista - UP, Pamela Aguirre, Parlamentaria Andina de la Revolución Ciudadana y Daniel Granja,Comunicador Popular.
Los esperamos hoy VIERNES || En el programa #JóvenesEnLínea por el Medio Digital Hechos Ecuador, bajo la conducción de Dario Robinzon Ribera, a partir de las 12h00 del medio día.
#Tema: ¿Qué es Política y Politiqueria, para las actuales generaciones?
#INVITADOS:
Alejandro Vanegas
Sub Director Nacional de Unión Progresista - UP
Pamela Aguirre
Parlamentaria Andina de la Revolución Ciudadana.
Daniel Granja
Comunicador Popular.
🗣️ Porque Jóvenes En Línea, es el espacio de tus luchas. ✊🏼🇪🇨

¿Se hará justicia en el caso de los periodistas asesinados del diario El Comercio de Ecuador?
El lente de Zoom a la Noticia está enfocado en el equipo periodístico del diario ‘El Comercio’, secuestrado y posteriormente asesinado en abril de 2018.
13 Ago 2020 17:57Por: Ntn24.com
Más de dos años después del crimen, los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, La Fundación para la Libertad de Prensa y Fundamedios, denuncian que no se ha hecho justicia. El juzgado primero penal municipal de Tumaco, en Colombia, concedió libertad, al menos en papel, a Gustavo Angulo, alias ‘Cherry’, integrante de las disidencias de Las FARC y quien está acusado de ser el responsable del plagio del equipo de El Comercio. ¿La razón? la defensa del acusado alegó vencimiento de términos y el juzgado lo aceptó. Sin embargo, hay que aclarar, que alias ‘Cherry’ no está libre. La Fiscalía indicó que la investigación de los periodistas continúa activa y que seguirá detenido por otro caso, lo vinculan con la muerte de tres agentes del CTI.
Por eso preguntamos: ¿Habrá justicia para los familiares de los periodistas asesinados del diario El Comercio de Ecuador?, la asesora legal de la FLIP, Ángela Montenegro dijo que hay un riesgo de impunidad en el caso, “no se están adelantando los juicios de una manera oportuna”. Y aseguró que, si alias ‘El Cherry’ no estuviera inmerso en otra investigación, estaría en libertad. Entre tanto,Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, manifestó su indignación y asegura que “más allá de ser apresados se dilatan los procesos para efecto de que cumplan los términos y salgan en libertad”.
Redacción Zoom a la Noticia. 
 Fuente: Zoom a la Noticia

La Comisión de Fiscalización y Control Político, que preside Johanna Cedeño Zambrano, sesionará este viernes, 14 de agosto, para recibir a las autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito, quienes informarán sobre la supuesta venta de licencias en la Escuela de Capacitación para Conductores Profesionales regentada por el Sindicato de Choferes Profesionales de Balzar, así como sobre la utilización y distribución de los recursos del Fondo para el Pago de Accidentes de Tránsito (Fonsat).
La sesión virtual 117, que está prevista para mañana, a las 15h00, iniciará con la exposición de Cristian Salinas, director Ejecutivo subrogante; luego, intervendrá Elizabeth Asimbaya, subsecretaria subrogante. De inmediato, será recibido Israel Preciado, director Jurídico; y, finalmente, Pedro Abril, coordinador de gestión de la Agencia Nacional de Tránsito.
La primera inquietud de la mesa está relacionada con la denuncia formulada el pasado 5 de febrero, sobre la emisión de una licencia tipo “C” por la Escuela de Capacitación para Conductores Profesionales regentada por el Sindicato de Choferes Profesionales de Balzar, a favor de un ciudadano que supuestamente se encontraba en el exterior, en el período que coincidía con la duración del curso de conducción.
Así mismo, le interesa al organismo conocer sobre la aplicación de lo dispuesto en el art. 98, inciso segundo, en el sentido que “(...) El conductor al que le hubieren suspendido la licencia por más de cuatro ocasiones según lo dispuesto en el inciso precedente, perderá el derecho a renovarla. El conductor que no haya sido sancionado en al menos un año, contabilizado desde la última infracción sancionada, gozará de dos puntos extras que se incrementarán automáticamente a su licencia de conducir para el siguiente año.(...)”.
EG/cz

Ante la situación que enfrentan los pacientes de enfermedades catastróficas, raras o huérfanas para acceder a sus medicamentos, los asambleístas resolvieron, con 121 votos a favor, hacer seguimiento para garantizar, controlar y verificar el cumplimiento en la entrega de los mismos.
En atención a esta resolución, el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, deberá informar ante el Pleno de la Asamblea, las medidas y protocolos aplicados durante la pandemia derivada del Covid-19, para garantizar la atención y provisión de medicamentos para las personas que padecen dichas enfermedades.
En el documento se solicita al presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Iess), Jorge Wated, el cumplimiento efectivo en la entrega de medicamentos a personas que padecen enfermedades catastróficas, en especial atención a su condición de doble vulnerabilidad más aún durante la actual crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
La Comisión de la Salud de la Asamblea Nacional, en un pazo de 30 días entregará el informe de seguimiento de esta y demás resoluciones aprobadas sobre este particular; así como el cumplimiento a la resolución del 20 de junio de 2017, que han dado los miembros del Sistema Nacional de Salud en favor de pacientes que sufren enfermedades catastróficas.
En el documento resolutivo, aprobado con 121 votos afirmativos y dos abstenciones, se solicita a los legisladores, la apertura para tomar las decisiones necesarias con respecto a la necesidad de modificar el sistema de cuadro básico de medicamentos y su aplicabilidad en el tratamiento de enfermedades raras, huérfanas o catastróficas.
Se argumenta que actualmente se ha demostrado que la configuración del mismo limita seriamente la posibilidad de incorporar los medicamentos requeridos para estos tratamientos de manera eficiente y por ende la protección a la vida de las personas afectadas, garantizando como ordena la Constitución su atención prioritaria en el Sistema Nacional de Salud Pública.
Lourdes Cuesta, proponente de la resolución, subrayó que lo que se trata es que los pacientes, con este tipo de enfermedades, no tengan que seguir trámites engorrosos que muchas veces no alcanzan a cumplir. Que no tengan que depender de la actualización de un cuadro de medicamentos, ir al juez, llenar formularios, depender de la buena o mala gestión de un funcionario público, para la adquisición de un medicamento, sino que la receta médica sea orden suficiente para que sistema de salud del país pueda proveer de medicamentos a este tipo de pacientes, detalló legisladora.
Explicó que no es justo que las personas que padecen enfermedades catastróficas tengan que trasladarse hasta la justicia para que se le reconozca un derecho constitucional, al recalcar que el derecho a la salud lo tienen todos los ecuatorianos y es labor y deber de las autoridades facilitar este tipo procesos. Mencionó que en el cuadro básico no consta este tipo de medicamentos necesarios y urgentes para la vida de cada uno de los pacientes.
Recordó que en el 2017 la Asamblea aprobó una resolución para que se tenga en cuenta el cumplimiento de la entrega de medicamentos y del tratamiento que se estaba dando a las personas que sufren este tipo de enfermedades catastróficas.
William Garzón, presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, compartió la preocupación de los pacientes de enfermedades catastróficas y ratiticó el compromiso de apoyar las acciones encaminadas a respetar y profundizar los derechos de las personas, especialmente el derecho a la salud.
Recordó que el artículo 363 de la Constitución señala que en toda la cadena de suministros de medicamentos no pueden olvidarse tres variables fundamentales: calidad, seguridad y eficacia. Y en el acceso a medicamentos los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales, indicó el asambleísta Garzón quien insistió en la aprobación del Código de Salud, que a su juicio, se ha cumplido con total responsabilidad y lo único que falta es su votación.
De su lado, René Yandún, hizo alusión a varios artículos de la norma suprema en donde se garantiza el acceso a la salud en todos los niveles. Sostuvo que esta desatención no es solo por la pandemia, sino que viene desde mucho tiempo atrás.
Expresó la necesidad de solucionar los problemas de carácter humanitario como los que enfrentan los pacientes de enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, al afirmar que es deber del Estado garantizar el derecho a la atención especializada y gratuita. “No se han tomado los correctivos administrativos indespensables para estandarizar y transparentar los procedimientos contractuales y precontractuales para adquirir los medicamentos, así como los equipos o dispositivos médicos”, aseguró.
Israel Cruz, coincidió en la pronta aprobación del Código de Salud y destacó la importancia de la resolución tendiente a exigir que se provea de medicamentos a pacientes de enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, ya que se trata de garantizar la salud y la vida de los ecuatorianos. Mientras que Fernando Flores, tras recordar que la Constitución garantiza a quienes adolecen de enfermedades raras y catastróficas, atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, por lo que pidió sanciones para las autoridades que no cumplen con la Ley.
RSA/ea

Un Nobel verdaderamente merecido

Un grupo de importantes personalidades ha lanzado la iniciativa de pedir el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a las brigadas médicas cubanas que combaten la covid-19 en 27 países y que a lo largo de los años han intervenido heroicamente en el enfrentamiento a numerosos desastres naturales y epidemias alrededor del mundo.
La idea es muy justa y oportuna, pues los médicos internacionalistas cubanos son, en estos tiempos de pandemia, desigualdad extrema e insoportable injusticia social, un paradigma difícilmente igualable de solidaridad humana y entrega a la causa de salvar vidas. Ello, en marcado antagonismo con el desenfrenado egoísmo de America First, enarbolado por Donald Trump, cuando la Casa Blanca expone la salud y la vida de millones de estadounidenses en el altar de “business are business”, gatillando la propagación desbocada del virus y la muerte, como si fueran pocas las gravísimas violaciones a los derechos humanos que comete sistemáticamente, dentro y fuera de sus fronteras.  
Si el Nobel ha de ser un galardón a quienes buscan el bien común, la justicia y la cooperación internacional, estos candidatos son sus merecedores, pues como afirmó Noam Chomsky ningún país ha tenido una actitud internacionalista como la de Cuba ante la pandemia*. Chomsky es precisamente uno de quienes aboga por la entrega del galardón a los galenos cubanos junto a los Premios Nobel Adolfo Pérez Esquivel y Alice Walker, el líder del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil, Joao Pedro Stédile, el periodista Ignacio Ramonet, los actores Danny Glover y Mark Ruffalo, los músicos Chico Buarque, Silvio Rodríguez y Tom Morello, los escritores Luis Britto y James Early y los realizadores Oliver Stone y Pedro Costa. Una campaña de apoyo a la iniciativa ha sido lanzada en Brasil por el teólogo Leonardo Boff y el capítulo brasileño de la Red En Defensa de la Humanidad y existen convocatorias semejantes en Francia, Argentina e Italia.
El movimiento se expande velozmente mientras desde Washington, con Pompeo a la cabeza y un odio irrefrenable, se vierten veneno y amenazas contra la cooperación médica cubana un día sí y el otro también. Es natural que a un grupo filo fascista, como el que hoy detenta el gobierno en la potencia del norte, le provoque rabia una actividad de tan hondo contenido humanista y totalmente contraria a la lógica del mercado. Se trata también de privar a Cuba de su primera fuente de divisas, ya que, aunque en países pobres la cooperación de Cuba es casi gratuita, hay otros muchos que sí dan una contraprestación.
La mitad de los 6250 médicos de que disponía Cuba en 1959 desertó poco después del triunfo de la Revolución. Pero en 1960, La Habana envió una brigada médica a asistir a las víctimas del mega terremoto que asoló a Chile. En 1963 envió una brigada de 55 médicos a la Argelia recién independizada. A partir de entonces, fue común encontrar galenos cubanos en África. En 1970 despachó una brigada médica a Perú para atender a las victimas del terremoto de Áncash.  La visión y la voluntad política de Fidel Castro hizo que muy temprano se emprendiera un programa de formación de personal de salud que ha llevado a que hoy existan 13 universidades médicas y a que Cuba sea uno de los países que posee más médicos por habitantes en el mundo. También condujo a la creación del gran complejo de centros de investigación biomédica, que ha sido imprescindible para producir medicamentos de punta, a pesar del cada vez más asfixiante bloqueo yanqui, proteger a la población de muchas enfermedades infecciosas y producir nacionalmente ocho de las vacunas que se administran anualmente.
Desde 1963 más de 600 mil trabajadoras y trabajadores de la salud cubanos han brindado sus servicios en más de 164 países. Más de 2000 combaten el coronavirus en 28 naciones, alrededor de 700 en México. En el Caribe lo hacen más de 600.
En 2005, a raíz del paso del huracán Katrina por Nueva Orleans, Fidel propuso al gobierno de Estados Unidos el envío de una importante fuerza médica para asistir a los damnificados. Con Bush en la presidencia, la respuesta fue negativa, pero el hecho dio lugar a la creación por el Comandante del Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve. Reeve fue un joven de Brooklyn que murió combatiendo en las filas independentistas cubanas, donde por su valor y capacidad ganó muy joven el grado de brigadier y una gran admiración y cariño de los cubanos.
Desde su creación, el Contingente ha actuado ante terremotos (Paquistán, 2005; Indonesia, 2006; Perú, 2007, China, 2008; Haití, 2010; Chile, 2010; Nepal, 2015; Ecuador, 2016), lluvias intensas (Guatemala, 2005; Bolivia, 2006; México, 2007; El Salvador, 2009; Chile, 2015; Venezuela, 2015), emergencias médicas (cólera en Haití, 2010; ébola en Sierra Leona, Guinea Conakri, Liberia, 2014) y huracanes (Dominicana, 2015; Islas Fiji, 2016; Haití, 2016).

* Para apoyar la propuesta, firmar en www.CubaNobel.org

Por el presunto delito de delincuencia organizada, la Fiscalía General del Estado inició una instrucción fiscal de noventa días al expresidente de la República, Abdalá B. O., y a tres funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).
La audiencia de formulación de cargos se desarrolló en la Unidad de Flagrancia en Quito, y por vía telemática con Guayaquil, la madrugada de este 13 de agosto de 2020.
La Jueza dictó medida sustitutiva a la prisión preventiva (por ser mayor de 65 años) para el ex Mandatario: arresto domiciliario con vigilancia policial las 24 horas del día.
Mientras que para los tres funcionarios de la AMT, Klever Stalin A. H., Jhony Samuel O. T. y Leandro Germán B. R., ordenó prisión preventiva.
Los ciudadanos habrían conformado un grupo estructurado para planificar actividades delictivas entre noviembre de 2019 y agosto de 2020 (en Quito y Guayaquil). Una de estas fue la obtención de beneficios económicos, varios de ellos en el contexto de la comercialización de pruebas para Covid-19 y de mascarillas, en medio de la emergencia sanitaria.
Según Fiscalía, la presunta delincuencia organizada en este caso se habría estructurado porque existirían “una serie de delitos que se están investigando como enriquecimiento privado no justificado, estafa, uso doloso de documento público, evasión tributaria, incluso, presuntamente, delitos contra la vida”.
Más de treinta elementos de convicción presentó la Fiscalía, como informes del Servicio de Rentas Internas (SRI), Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa), seguimientos y vigilancias, la denuncia de un presunto afectado, versiones de agentes investigadores, pericias forenses-informáticas de la información obtenida de fuentes abiertas, parte informativo de la investigación, reportes bancarios, entre otros.
Los cuatro fueron detenidos en seis allanamientos simultáneos, en cooperación con la Policía Nacional, ejecutados en Guayas y Pichincha, la madrugada del 12 de agosto de 2020.
Dato de interés
La investigación del presente caso inició en mayo de 2020, por la posible relación de los cuatro ciudadanos –ahora procesados– con los israelíes detenidos en Santa Elena.
Estos últimos fueron posteriormente encausados por Fiscalía, bajo los presuntos delitos de enriquecimiento privado no justificado y falsificación y uso de documento falso.
Uno de ellos fue asesinado en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, señaló este 12 de agosto que abrirá las puertas a todas las misiones de observación electoral tanto de organismos internacionales como de la sociedad civil de otros países "para que el mundo sea testigo de la transparencia del proceso 2021".
Explicó que el CNE, en coordinación con el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) y los gobiernos locales, adoptan las medidas necesarias para garantizar la salud de los observadores internacionales que visitarán el país el 07 de febrero del próximo año, fecha de la primera vuelta electoral donde se elegirá al binomio presidencial, los asambleístas nacionales, provinciales y del exterior, así como parlamentarios andinos.
Durante el seminario virtual "Gestión de los Centros de votación durante la pandemia, enfoque especial en Sudamérica" organizado por el Centro Internacional para Estudios Parlamentarios, Diana Atamaint, destacó la importancia de la observación electoral para fortalecer las democracias en la región. "Es fundamental la participación de observadores electorales de otros países porque juntos podemos lograr superar estos desafíos para que las democracias de nuestros países no se vean afectadas", puntualizó.
La presidenta del CNE señaló que espera que una misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) asista a los próximos comicios y pueda participar antes, durante y después del día de las elecciones. Recordó que desde hace diez años, esa organización no participa como observador internacional en nuestro país.
Alberto Guevara Castro, anfitrión del evento y director general de Relaciones Internacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, felicitó esta iniciativa del CNE de Ecuador. "Nos da tranquilidad que el liderazgo del órgano electoral ecuatoriano esté pensando en este tipo de situaciones para incentivar la observación electoral", puntualizó.
Durante su conferencia, Diana Atamaint, recordó que el CNE tuvo que repensar la planificación para el proceso electoral de 2021 y muchos servicios electorales se ejecutaron en línea como la campaña de cambios de domicilio electoral; el padrón pasivo; el registro de extranjeros; reclamos administrativos; y la emisión de documentos electorales, entre otros.
Finalmente, explicó que el CNE espera que para las elecciones de febrero de 2021 el control de la Covid-19 ya esté estabilizado especialmente en las provincias de Guayas y Pichincha, esta última al momento epicentro de la pandemia en Ecuador, para que los niveles de ausentismo no sean significativos.

La Comisión de Soberanía, Seguridad y Relaciones Internacionales, presidida por el legislador Fernando Flores, ante los hechos generados en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil, el pasado 3 de agosto de 2020, receptó las versiones de la Ministra de Gobierno, María Paula Romo; Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (Snai); y, de Héctor Reyna, director de la Penitenciaría del Litoral.
Los Comisionados consultaron sobre los hechos en la Centro de Rehabilitación 1 de Guayaquil, donde se registró un enfrentamiento entre Personas Privadas de la Libertad (PPL), que dejó como saldo 16 heridos, entre ellos policías, así como 11 fallecidos. Frente a esta situación, mediante Decreto Ejecutivo el presidente Lenín Moreno expidió Estado de Excepción para generar nuevas acciones en los centros carcelarios, que fueron también abordadas por los comisionados y los comparecientes.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, tras repasar la normativa vigente en el país sobre los Centros de Rehabilitación, informó las competencias del Grupo de Seguridad Penitenciaria y la Policía Nacional. Dijo que la situación delictiva registrada en las cárceles del país, específicamente en la Penitenciaría del Litoral, responde a un problema integral que debe ser solucionado en el mediano y largo plazo.
Agregó que el modelo penitenciario consta en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este modelo no es un asunto de personas ni de reformas o de estados de excepción, sino de cambios estructurales, dijo la ministra Romo. Sobre el Decreto Ejecutivo de Estado de Excepción, expedido por el Presidente de la República, detalló que se busca el apoyo operativo de Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
Informó que la Policía Nacional, según el artículo cuatro del Decreto, reforzará el control interno de las cárceles así como la seguridad de los perímetros, con el objetivo de precautelar y garantizar la vida así como la convivencia de los PPL. La Policía Intervendrá, de ser el caso, en estricto respeto a la normativa y declaratorias de Derechos Humanos, enfatizó.
Edmundo Moncayo, principal del Snai, dijo que ha disminuido el porcentaje de hacinamiento. Señaló que dentro de los Centros de Rehabilitación para adultos y adolescentes, han adecuado la infraestructura y sobre la situación describió que las acciones merecen cambios estructurales, así como reformas legales, específicamente de los cuerpos de seguridad penitenciario contenidos en el Código de Entidades de Seguridad del Estado (Coescop).
Al ser consultado sobre la situación carcelaria en el marco de la emergencia sanitaria derivada por el Covid-19, indicó que se registraron 779 PPL positivos para coronavirus. De ese dato, el mayor número de contagios se registró en el Centro de Rehabilitación de Ambato. Informó que se han realizado 4 mil pruebas especialmente a quienes presentan sospecha. Logramos contener la pandemia en las cárceles también con apoyo y coordinación del Ministerio de Salud Pública (MSP), con médicos, enfermeras, insumos y medicinas, expresó.
Orlando Jácome, subdirector de Rehabilitación Social del Snai, detalló los hechos registrados el 3 de agosto de 2020. Manifestó que tras una advertencia de conmoción interna, los agentes de seguridad penitenciaria procedieron a contener las acciones de los grupos de PPL de los pabellones, hasta que miembros policiales intervinieron en los hechos. Indicó que se trata de pugnas internas entre las bandas conocidas como Los Choneros y Los Lagartos. Frente a los hechos, reconoció que existen falencias dentro del centro carcelario, básicamente por la falta de personal capacitado.
Por su parte, el director del Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil o Penitenciaría del Litoral, dijo que los problemas del sistema carcelario van desde limitaciones legales, hasta disminución de recursos. En ese centro de rehabilitación existen 9000 presos y desde hace nueve meses, no se había registrado conflictos por las acciones internas ejecutadas afirmó.
Señaló que ese trabajo ha permitido desarrollar procedimientos para evitar las pugnas entre bandas, con acciones y movimientos estratégicos de seguridad que han brindado excelentes resultados, informó. No es hasta el pasado 3 de agosto que se registraron hechos delictivos y violentos que demuestran la fragilidad del sistema penitenciario, afirmó.
Al final de las comparecencias, los legisladores solicitaron al principal del Snai que se remita, a la Comisión, un listado de requerimientos y necesidades, así como propuestas del sistema carcelario del país para mejorar el sistema: También, el Snai deberá remitir a la mesa el Plan de Acción del Servicio Nacional.
Postulantes a la Academia Diplomática
En otro punto del orden del día, la Comisión recibió a cuatro postulantes del concurso a la Academia Diplomática para ingresar a la sexta categoría del Servicio Exterior ecuatoriano, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Luis Enrique Ortiz dijo que cumplió con los requerimientos de postulación, sin embargo demandó que se tercerizó el proceso de reclutamiento con una empresa externa, además de problemas derivados por personal de la Cancillería en relación al cuestionario de las pruebas escritas.
Michelle Cárdenas, por su parte, indicó que a través de redes sociales se publicitó un curso de preparación para postulantes así como la comercialización de cuestionarios que vincula a funcionarios de la Cancillería, generando así un conflicto de intereses. La forma cómo se calificó, la gestión de la empresa y la Cancillería perjudicó a los postulantes, señaló. También, Felipe Asanza dijo que el reglamento que norma el concurso es ilegal porque no se sujetaría a lo que establece el Código Orgánico Administrativo (COA). Se desprenden irregularidades en el proceso que anularía el proceso, insistió.
Por su parte, Emilia Carrasco expresó los inconvenientes en la aplicación de las pruebas psicométricas y las evaluaciones de conocimiento en el proceso del concurso. Ante esta situación solicitó a la Comisión que se investigue a profundidad el proceso de propiedad intelectual de las pruebas aplicadas en el concurso a los postulantes.
Aprobación de Moción
Ante las circunstancias presentadas por los postulantes, por moción del legislador Dennis Marín, se aprobó, con ocho votos a favor, que se disponga a la Academia Diplomática se suspenda el concurso para ingresar a la sexta categoría del Servicio Exterior ecuatoriano. También la Comisión decidió que la Contraloría General del Estado inicie un examen especial al concurso.
EA/cz

Marco López Narváez, representante del Presidente de la República ante la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, informó acerca de la aplicación de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19.
López, tras explicar cómo funciona este organismo, que depende de la Función Ejecutiva y mantiene total independencia respecto de las instituciones de control, como las superintendencias, indicó que hasta junio del presente año el total de cartera restructurada alcanza los 10 mil ochocientos millones de dólares, con un total de dos millones de operaciones, en el sistema financiero privado.
En el caso de la banca pública, las operaciones de restructuración suman 16 mil, por un total de 2832 millones de dólares, mientras en el sector de la economía popular y solidaria se registran 905 mil 419 operaciones, por 7170 millones de dólares.
Recordó que, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Apoyo Humanitario, la restructuración o refinanciamiento de las obligaciones crediticias debían responder a acuerdos puntuales entre los clientes y las instituciones financieras. Por ello, la Junta Política ha dado las directrices necesarias para que se cumplan las disposiciones de la referida ley.
Aseguró que la entidad ha tomado los arbitrios necesarios, desde el primer momento en que se registró la crisis sanitaria, para aliviar la situación de los clientes de la banca, tanto pública, cuanto privada, mediante el diferimiento de los pagos, primero por tres meses y, luego, se extendió dicho plazo.
Control
De su lado, Ruth Arregui, superintendenta de Bancos, aseveró que el trabajo del organismo se enmarca en tres pilares fundamentales: reformas al marco legal regulatorio; supervisión financiera eficaz, con transparencia y rendición de cuentas; y, contar con sistemas financieros inclusivos.
Indicó que, desde el inicio de la emergencia por la pandemia, la Superintendencia de Bancos dispuso una serie de medidas de integralidad, partiendo de procurar el alivio financiero, vía restructuración y refinanciamiento, sistemas de tasas de interés, mediante la reducción de los segmentos. Se estableció un fondo de apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mypimes).
“No hemos dejado de controlar al sector financiero; hemos emitido 12 resoluciones relacionadas con la aplicación de la Ley Humanitaria, entre ellas una relacionada con mejorar la gestión de los defensores del cliente”, dijo, al subrayar que en estos meses de la pandemia se ha producido un importante crecimiento de las atenciones, a través de la banca virtual.
Recuperación de cartera
Entre tanto, Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria, presentó cifras que demuestran una importante recuperación del sector, ya que al momento se ha captado el 50 % de la cartera, lo cual demuestra la capacidad de resiliencia de este segmento económico y, a la vez, 437 entidades reguladas han colocado nuevos créditos por 434 millones de dólares, lo cual representa el 72 % de lo que se ejecuta en tiempos normales.
Según la funcionaria, se estableció un Plan de Contingencia para enfrentar la crisis, que incluye, entre otras, acciones de control, gestión comunicacional y gestión normativa, con la emisión de manuales técnicos e instructivos. En este marco, uno de los aspectos más relevantes del trabajo de este organismo es la capacitación permanente a todas las organizaciones sujetas a su regulación. 
Añadió que la Superintendencia ha garantizado la operatividad del sector, se han flexibilizado los horarios de atención de las entidades, se ha optimizado el uso de canales virtuales para la atención al público y se ha mantenido una coordinación permanente con la Defensoría del Pueblo.
Luis Pachala, quien dirigió la sesión, agradeció a las autoridades por la información entregada, tanto en forma oral, cuanto escrita. A la vez, comprometió a las titulares de las dos superintendencias para que participen de una mesa de trabajo para analizar las alternativas de reactivación de uno de los sectores más golpeados por la crisis, como es el caso del transporte.
EG/cz

Louis Macias

Cualquier verdadero estudioso de Ciencias Económicas, puede fácilmente explicar que no es la inversión de capitales golondrinas la que determina un verdadero desarrollo local. Cuando Álvaro Noboa o Lucio Gutiérrez, ofrecen incrementar la “inversión Internacional”, simplemente están mintiendo ya que existen 2 factores por los cuales el Ecuador es poco atractivo para la inversión internacional. Primero. - La de densidad poblacional, 15 millones de habitantes de los cuales apenas 7 son consumidores, no es atractivo para las grandes multinacionales. Porque la India tiene cerca de 700 multinacionales operando en su territorio, es sencillamente por su densidad poblacional (780 millones) Segundo. - El otro factor que hace atractiva la inversión internacional es la “flexibilidad laboral” y el monto del salario mínimo. Mientras más bajo sea el salario mínimo, mejor rentabilidad para la “inversión” Esto explica de sobra porque, Perú tiene mayor inversión internacional (capitales golondrinas) porque su salario mínimo es de 150 dólares y los trabajadores carecen de protecciones laborales y sociales. Esto asegura menos gasto de operación y mayor rentabilidad.

La falacia del libre Mercado y la Ley de Oferta y Demanda
EL mito de que la Ley de la Oferta y la Demanda regula el mercado es solo una falacia. El mercado se puede manipular mediante diferentes formas, una de ellas es mediante la creación de la escasez. Si creo escasez manipulo el precio del mercado y creo en función de ello lo que se denomina como “demanda infringida” que consiste en crear de manera artificial escasez cíclica.

USA y China son diferentes y representan polos opuestos
Esto no es cierto. A nivel ideológico mantienen diferentes perspectivas, pero a nivel económico ambos sistemas funcionan bajo el mismo fundamento. Ambas economías se sustentan y se fundamentan bajo el sistema financiero internacional. La única diferencia entre las naciones es el grado de intervención estatal en sus economías El 90% de la industria norteamericana y europea “Heavy” (alto impacto ambiental) se encuentran funcionando en territorio chino. La razón es muy sencilla, reducir gasto operacional. Wall Mart, Mattel, Fisher Prices, Mango, Nike Addidas etc. Tienen sus principales fábricas en China. Esto explica de sobra porque el 98% de lo que usamos es de origen chino.

Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Una simple pelea ??

Así luce un país que hasta hace tres años y algunos meces era el orgullo de los ecuatorianos.
Con detenidos por aquí, detenidos por allá en fin.
La pregunta es qué está pasando.
Amanecimos con la noticia que Solo Teleamazonas tuvo la exclusividad de la detención del expresidente Abdalá Bucaram Ortíz. La policía nacional allanó su casa donde se encontraba durmiendo con su esposa.
La otra pregunta es:
Si estaba con un grillete, porque semejante escándalo de allanar su domicilio, no era más práctico entrar y llevarlo donde tenían que llevarlo.
Ahora su me entró el síndrome de Alvarito: Qué está pasando parece que todo está patas arriba.
Aquí algunos twits que dan la verdad de lo que ocurre

#AHORA | El expresidente Abdalá B. y un funcionario de la AMT son detenidos en allanamientos simultáneos ejecutados por #FiscalíaEc, en #Guayas y #Pichincha. Se los investiga por presunta delincuencia organizada (noticia en desarrollo). pic.twitter.com/uj17Dyerlh

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 12, 2020

Además del ex Mandatario, este caso involucraría a su hijo, Jacobo B. P. y a 3 funcionarios de la AMT, contra quienes se inició una investigación en mayo de 2020, por la presunta relación con los israelíes detenidos en #SantaElena. pic.twitter.com/91vTUnLEH1

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 12, 2020

#ACTUALIZACIÓN | La audiencia de formulación de cargos, por presunta delincuencia organizada, contra Abdalá B. O. y un funcionario de la AMT, detenidos durante los allanamientos ejecutados esta mañana, será en las próximas horas, en #Quito. #FiscalíaContraElDelito pic.twitter.com/R83EaCf9gb

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 12, 2020

De conformidad con lo señalado en el artículo 194 del Código Orgánico Administrativo y el Consejo Nacional Electoral (CNE) como instancia administrativa electoral y conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la resolución de No. PLE-CNE-1-19-7-2020, de 19 de julio, el Pleno del órgano electoral, el 11 de agosto, aprobó iniciar un periodo de prueba de 30 días, para que se valide los elementos probatorios de los movimientos Fuerza Compromiso Social, Podemos, Justicia Social y Libertad es Pueblo.
Para el debido proceso, se remitirá el expediente a la Coordinación Nacional Técnica de Participación Política, la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas y la Coordinación Nacional de Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos Electorales del CNE, para que emitan un informe técnico suscrito en conjunto, con la documentación debidamente certificada, con el respectivo análisis y recomendación expresa para conocimiento y resolución del Pleno.
Asimismo, por disposición del Pleno, la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral elaborará un expediente físico y digital para los cuatro movimientos con la finalidad que se mantenga un registro, custodia y un manejo de la información documental recibida por las organizaciones políticas, y de la pruebas que se generen dentro de la tramitación, para la elaboración del informe correspondiente y que será puesto en conocimiento al pleno del CNE para que resuelva la situación de las cuatro organizaciones políticas.
En este sentido el Pleno del CNE garantiza el debido proceso administrativo a las cuatro organizaciones políticas, para que con base a lo establecido en la Ley sean revisadas las pruebas de descargo.

La planificación establecida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las Elecciones Generales del 2021 avanza de acuerdo al calendario electoral establecido. Este 11 de agosto, el Pleno del órgano electoral por unanimidad aprobó dos reglamentos: Reglamento para la Inscripción y Calificación de Candidaturas; y Reglamento sobre Personas Naturales o jurídicas realicen Pronósticos Electorales.
El reglamento para la inscripción de candidaturas, norma a los partidos, movimientos y alianzas electorales que aspiran participar en los procesos electorales convocados por el CNE, para la inscripción y calificación de candidatos a las dignidades de elección popular. Asimismo, como los requisitos e inhabilidades que las organizaciones deben cumplir para su calificación y puedan terciar en los comicios 2021.
Entre los requisitos, la normativa garantiza la equidad de género y juventud en las candidaturas, como la conformación de listas encabezadas por mujeres en los términos de los porcentajes dispuestos en el artículo 99, reformado, Código de la Democracia. También, en las elecciones pluripersonales de las circunscripciones seccionales, deberá aplicarse la regla para la inclusión de jóvenes entre 18 y 29 años, asignando al menos el veinticinco por ciento (25%) de los puestos, conservando las reglas de paridad y secuencialidad.
Para la inscripción de las candidaturas las organizaciones políticas podrán realizar en línea, a través del portal web institucional, de acuerdo a los procedimientos específicos o protocolos establecidos, también podrán hacerlo de forma presencial con las debidas medidas. Para el efecto el CNE implementará este servicio vía web. De igual forma el Pleno del órgano electoral, aprobó el reglamento que regula los procesos de inscripción, actividades, actuaciones e informes realizados por personas naturales o jurídicas, respecto de la realización y difusión de encuestas y pronósticos electorales que realizarán para los Elecciones Generales 2021.
La normativa establece que para ejercer esta actividad, deberán inscribirse y registrarse previamente en el CNE y deberán sujetarse a las normas que este expida. El incumplimiento de la inscripción impedirá su participación en el proceso electoral, así como la publicación o difusión de los resultados de las encuestas y pronósticos electorales, en los medios de comunicación social.
Para la construcción de estos reglamentos, el CNE socializó previamente la normativa con las organizaciones políticas, los cuales presentaron sus observaciones y sugerencias, las que en varios casos fueron acogidas por el Pleno del órgano electoral.

Este jueves 13 de agosto, a  partir de las 09h30 será abierta al público la oficina o Casa Legislativa de la provincia de Los Ríos. La inauguración contará con la presencia del presidente de la Asamblea Nacional y representante de esa localidad, César Litardo Caicedo.
La sede legislativa estará ubicada en las calles Quinta y Bolívar, frente al parque central. Este será un espacio en el cual las personas tendrán un contacto directo con sus representantes, podrán conocer, de primera mano, las leyes en trámite o aprobadas; socializar propuestas legislativas y tratar los problemas propios de su entorno.
Esta política de territorialidad tiene como meta fomentar una relación franca y directa con la ciudadanía y su participación en la construcción de las leyes. Los legisladores, desde sus localidades, atenderán las demandas ciudadanas.
En este acto inaugural se firmará el convenio de comodato de las instalaciones, entre Asamblea Nacional y el GAD Municipal de Quevedo; para lo cual estará presente el alcalde de Quevedo, Jhon Salcedo Cantos. Con el tradicional corte de la cinta quedará formalmente inaugurada la sede Legislativa en la provincia de Los Ríos.
La oficina estará abierta de lunes a viernes por lo que los ciudadanos riosenses ya no tendrán que viajar a Quito, sino que harán sus gestiones directamente en Quevedo. Aquí se establecen mecanismos tecnológicos modernos para mantener los contactos que sean necesarios y cumplir con sus mandantes de forma oportuna y eficaz.
Con la Casa Legislativa de Quevedo, suman 26 los núcleos de la Asamblea Nacional en todo el territorio ecuatoriano.
RSA/cz

“No podemos seguir el juego de lo tibio que deja a la justicia ecuatoriana como si fuese otro artículo ofertado a la venta. Los ecuatorianos esperamos que con esta acción la señora Fiscal responda por la falta de celeridad que ha tenido con los graves casos de corrupción INA Papers y la Consulta Mañosa”, mencionó el legislador de la Bancada de la Revolución Ciudadana, Ronny Aleaga, esta mañana tras pesentar una denuncia por la indebida actuación de Diana Salazar en estas denuncias de acción pública por la no aplicación del principio de celeridad y oportunidad.

La denuncia tiene como finalidad que se le abra un Sumario Administrativo, a fin de que sea sancionada por lo señalado en la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Función Judicial.

Aleaga resaltó a varios medios de comunicación que hoy más que nunca tiene la certeza de que la “justicia” va direccionada a los adversarios del régimen de Lenín Moreno, pues cuando se denuncia al Presidente de la República o a sus allegados, no existe respuesta alguna.

“Nuestros niños y jóvenes están creciendo, ven las noticias, cómo se llevan la plata de los hospitales, insumos médicos, bolsas de cadáveres, kits de alimentación; y así mismo cómo han desviado los fondos públicos para promocionar campañas electorales sin que estas personas hasta el día de hoy respondan por sus actos”, dijo el asambleísta por Guayas.

Además explicó que en el caso INA Papers, las asistencias penales internacionales tanto de Suiza como de Panamá ya se encuentran en el país. Entre julio y diciembre del año 2019. “No hemos visto nada en comparación con casos similares: ni allanamientos, ni personas detenidas, ni con grilletes. Hasta hoy no tenemos ninguna acción”, comentó.

“Estaré vigilante y dentro del marco de mis competencias seguiré las acciones correspondientes contra la Fiscal General del Estado. La justicia así como el amor a la patria no tienen precio y no deberían venderse”, concluyó.
BAJE LA DENUNCIA AQUI

El Taurópata Odiador

Autoridades del MIES Zona 3 entregaron kits de alimentos a una familia afectada por una explosión en el cantón Pelileo.
El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) entregó ayuda humanitaria a una familia que fue víctima de la explosión de material pirotécnico, en la comunidad Quinchibana, del cantón Pelileo, en la provincia de Tungurahua.
José Antonio Romero, coordinador zonal 3 (Tungurahua, Pastaza, Chimborazo y Cotopaxi) del MIES junto al personal del área de Trabajo Social de esta cartera de Estado, acudieron hasta el sitio para entregar kits de alimentos y evaluar la situación, con el fin de atender a la familia mediante los servicios de protección social que brinda el MIES.
“Es nuestro deber asignar todo tipo de ayuda, más aún cuando la tragedia afectó a los padres de dos menores de edad. La magnitud del siniestro es grave y nos corresponde como entidad proveer los insumos necesarios para superar la situación alrededor de los afectados”, destacó el coordinador zonal.
La explosión destrozó el taller artesanal que servía de fuente de ingreso de la familia y que cobró la vida del padre. Al momento, se prevé la asistencia humanitaria con alimentos y vituallas y se coordinará con otras entidades públicas para una ayuda integral con seguimiento adecuado.

Las asignaciones a ligas cantonales se efectuó la tarde del viernes.
Quito (Pichincha).- Las asignaciones económicas por parte de la Secretaría del Deporte junto al Ministerio de Finanzas, continúan siendo entregadas a diferentes organismos deportivos.
Esta vez, las asignaciones fueron para 67 ligas deportivas cantonales, quienes recibieron su respectiva asignación mediante el Plan Operativo Anual (POA) de gasto corriente, cuyo valor asciende a USD. 575.239,63.
Durante esta semana, la máxima autoridad deportiva del país, Andrea Sotomayor, informó que se realizaron asignaciones a federaciones deportivas, cuyos recursos fueron destinados al pago de sus respectivos equipos multidisciplinarios, entrenamientos y concentrados de deportistas y necesidades básicas de los organismos deportivos.
Con este nuevo desembolso, se ha entregado más de un millón y medio de dólares a diferentes organismos del sistema deportivo nacional, como parte del compromiso del Gobierno Nacional del presidente Lenin Moreno.

Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud Pública, visitó, este 10 de agosto, el Hospital Básico Pelileo, en Tungurahua, para entregar equipos médicos, entre ellos un ventilador mecánico y un ecógrafo, con una inversión superior a los USD $ 68 mil, de parte del Gobierno Nacional y el MSP.
Este apoyo y contingente sanitario, sin duda, fortalecerá los servicios y ampliará la cobertura para garantizar una atención oportuna a favor de la ciudadanía de la Sierra-Centro.
Asimismo, en el recorrido, junto con autoridades del nosocomio, verificó los flujos de atención y contención de pacientes con sintomatología respiratoria y, además, inspeccionó las áreas de farmacia y bodega para constatar el stock de medicamentos y prendas de protección personal.
También las autoridades recorrieron el lugar donde se construirá una extensión hospitalaria que servirá exclusivamente para contener y atender a pacientes positivos de COVID-19, con el apoyo del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pelileo. Luego, esta edificación, será optimizada para el funcionamiento del Centro de Salud Tipo A Pelileo.
Durante la agenda de trabajo, el ministro Zevallos resaltó los esfuerzos y la gestión durante la emergencia sanitara a escala país. “Con la implementación de los equipos médicos se garantiza la eficacia de los diferentes tratamientos que son aplicados en esta casa de salud. (…)  El Gobierno Nacional, a través del MSP, ha invertido para potenciar la prestación de servicios”, aseguró el secretario de Estado.
Esta actividad contó con la participación de la gobernadora de Tungurahua, Gabriela Rodríguez; de la directora Distrital, Diana Carrasco; el director Médico del Hospital, Edison Paredes y el equipo técnico de la Coordinación Zonal 3 Salud.

Las Naciones Unidas celebraron este lunes un evento virtual para informar sobre la situación humanitaria de Líbano tras la trágica explosión del martes pasado en Beirut, que causó más de 150 muertes, un número indeterminado de desaparecidos y miles de heridos, además de destruir el principal puerto del país, numerosas viviendas y otra infraestructura.
El Secretario General de la ONU expresó su solidaridad con el pueblo libanés y adelantó que las reverberaciones económica y social del estallido se seguirán sintiendo en los meses por venir y agregó que para aliviar las necesidades inmediatas de la población, el sistema de las Naciones Unidas ha emprendido un amplia respuesta que incluye el suministro de pertrechos médicos y humanitarios, así como financiamiento para otras provisiones urgentes.
“La explosión vino en un momento de por sí difícil para Líbano, que ya encaraba adversidades económicas y el impacto del coronavirus. Aún así, el pueblo libanés ha mantenido su generosidad acogiendo a los refugiados palestinos y sirios”, dijo António Guterres, destacando el espíritu solidario de los libaneses.
Ahora, la comunidad internacional debe mostrar su solidaridad con Líbano, agregó Guterres y agradeció a los países que se apresuraron a aportar apoyo financiero y material tras el desastre.
“Urjo a los donantes a actuar con rapidez y generosidad”, puntualizó.
Enojo de la ciudadanía
Con respecto a las protestas registradas en los últimos días en la capital libanesa, señaló que en medio de la tristeza y la frustración prolongada, es palpable el enojo del pueblo de Líbano. “Sus voces deben ser oídas”, añadió.
En este sentido, instó a iniciar una investigación “creíble y transparente que determine la causa de la explosión y conduzca a la rendición de cuentas que claman los libaneses”.
“También es importante que se implementen reformas para abordar las necesidades a largo plazo del pueblo libanés”, apuntó el Secretario General para concluir su intervención aseverando que “Líbano no está solo” y que contará con el respaldo de la ONU en lo inmediato y a lo largo de su recuperación.

Habitantes de Beirut limpian los escombros tras la explosión que devastó la capital libansa.
Inversiones públicas y privadas
En el evento participó el coordinador de Asuntos Humanitarios, quien, indicó que la respuesta hasta ahora ha sido extensa y veloz; sin embargo, advirtió que la recuperación y reconstrucción requerirá miles de millones de dólares tanto del sector público como del privado.
Mark Lowcock explicó que habrá que responder a la crisis socioeconómica que ya había en Líbano antes de la explosión y que se había exacerbado con la pandemia de COVID-19.
“Las explosiones del martes tendrán repercusiones mucho más amplias de las que tenemos ahora frente a nosotros. Las instituciones financieras internacionales y la comunidad internacional deben unirse y empujar”, subrayó.
Sostuvo que la mejor forma de ayudar a los libaneses es una respuesta colectiva. “Estas explosiones arrasan con cualquier pretensión de que todo está bien en Líbano”, enfatizó.
Deuda con un pueblo generoso
La coordinadora residente y de la ONU en Líbano, Najat Rochdi, quien se encontraba en Beirut durante la explosión, sumó su voz al Secretario General y la responsable de la Asistencia Humanitaria.
“En nombre de la generosidad, en nombre de la solidaridad, todos debemos apoyar al pueblo de Líbano. Esa gente que ha acogido a los refugiados palestinos y sirios con los brazos y el corazón abiertos durante años merece nuestro respaldo sólido. (..) Se lo debemos al pueblo libanés”, enfatizó.
Por su parte, la directora ejecutiva del Fondo de la ONU para la Infancia(UNICEF), recalcó el costo humano del desastre aunado al costo económico que ya pesaba en el escenario libanés, que también registraba un creciente número de casos de COVID-19.
 “Las explosiones hicieron añicos muchos de las de por sí frágiles estructuras de las que dependen los niños y sus familias”, alertó Henrietta Fore.

Un equipo de la misión de búsqueda y rescate trabajando en un barco destruido en el puerto de Beirut, Líbano
Esfera política
En cuanto a la arena política libanesa, el portavoz de las Naciones Unidas dijo en su encuentro diario con la prensa, que la Organización está al tanto de las informaciones que reportan la renuncia del gabinete libanés.
Stephane Dujarric añadió que el primer ministro del país, Hassan Diab, dará un mensaje a la ciudadanía más tarde. Será entonces cuando tendremos un panorama más claro de la situación, acotó, y se refirió a la resiliencia y fortaleza del pueblo libanés, reiterando el apoyo completo de la ONU a Líbano en la emergencia y en la reconstrucción.

Bajo estricto apego al Código de la Democracia, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, (CNE) en sesión extraordinaria, el 10 de agosto de 2020, una vez cumplido el debido proceso de descargo y el derecho a la defensa, resolvió negar las peticiones de impugnación del partido Adelante Ecuatoriano Adelante, Movimiento Emergente de Transparencia y Acción (META) y Movimiento Salud y Trabajo.
En el caso del partido, Adelante Ecuatoriano Adelante, no cumple con lo que determina el artículo 327, numeral 3 del Código de la Democracia que establece que las organizaciones políticas deben tener: el 4% de los votos válidos, la representación del 8% en dignidades electas de alcaldes, tres representantes a la Asamblea Nacional y por lo menos un concejal de al menos el 10% de los cantones. El informe jurídico ratificó el incumplimiento con las condiciones para su subsistencia.
Sobre la solicitud de veeduría que realizó Adelante Ecuatoriano Adelante para su proceso de democracia interna, la presidenta el CNE, Diana Atamaint, aclaró que la ausencia de veedores fue una situación de carácter técnico y dispuso a Secretaría General y al área de Sistemas Informáticos realizar una investigación. "El CNE no actúa por intereses de grupo, se hace cumplir la ley. Seguiremos trabajando en estricto cumplimiento de la constitución", aseguró.
Asimismo, luego del correspondiente análisis de los informes jurídicos, el Pleno del CNE resolvió negar los recursos de impugnación del Movimiento Salud y Trabajo; y del Movimiento Emergente de Transparencia y Acción (META), ambos con ámbito de acción en la provincia del Guayas.
El Pleno ratificó las resoluciones hechas el 30 de julio y 4 de agosto de 2020, en las que se determinó la cancelación del Registro Permanente de Organizaciones Políticas y se negaron las peticiones de corrección, luego de que las organizaciones presentaran alegaciones de descargo que no modificaron los elementos técnicos jurídicos de su situación.

En el marco del tratamiento del Código Orgánico de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes, el Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de la Niñez, Adolescentes y Jóvenes, este lunes 10 de Agosto, efectuó el seminario web: “Niñez Primero: Relaciones Familiares, Patria Potestad, Tenencia y Régimen de Protección Económica”.
En la cita virtual, que concitó el interés de más de 600 participantes, estuvieron como ponentes, expertos, académicos, legisladores, juristas y representantes de la niñez y adolescencia. Fue el legislador Franklin Samaniego, presidente del Grupo Parlamentario, el encargado de enfatizar la labor de estos ciclos de conferencias con la participación de actores involucrados en las distintas temáticas que tratan puntos relevantes contenidos en el Código.
El coordinador de la Maestría en Derecho de Familia e Infancia de la Universidad de Barcelona (España) y presidente de los Congresos Mundiales por la Infancia, Carlos Villagrasa, fue quien abrió esta jornada de ponencias y se refirió a la diversidad familiar, la tenencia como un derecho de la niñez. Señaló que este grupo poblacional sigue siendo vulnerable, de este modo, la norma debe ser más clara y específica.
La legisladora Verónica Arias, miembro de la Comisión Ocasional para atender temas y normas de Niñez y Adolescencia, habló sobre el trabajo de la Comisión en lo que respecta a la generación del nuevo Código Orgánico que fortalecerá el sistema de protección de la niñez y adolescencia en el Ecuador. El instrumento normativo es de avanzada, sentenció la legisladora al referenciar la situación actual de los menores en el marco de la pandemia.
Sobre la tenencia compartida dijo que en el país existe, a través un acuerdo mutuo entre los progenitores y por acción judicial, si no se da ese acuerdo, se establecen otras acciones que no perjudiquen los derechos de los niños y adolescentes. El ejercicio de la tenencia no es lo mismo que el régimen de visitas, aclaró. El Código prevé, promover el acuerdo entre los progenitores a través de reglas claras y no por imposición judicial.
Sobre el tema de protección económica, manifestó que dentro del debate en la Asamblea Nacional, este tema fue ampliamente discutido, al aseverar que existen las garantías para que la protección sea ampliada hasta los 24 años o mientras cursen sus estudios secundarios o superiores. La legisladora explicó que las pensiones alimenticias, de casi un millón de niños, el 84 % recibe pensiones alimenticias por debajo de los 120 dólares, por ello se deben cumplir con lo que manda el interés superior del niño.
Solanda Goyes, del Consejo de la Judicatura y directora Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, dijo que dentro de los operadores de justicia, si bien es cierto la norma es perfecta para ciertos casos, la casuística podría presentar sesgos así como otras interpretaciones por la gran cantidad de procesos existentes.
Dijo que es necesario el cambio de los patrones de comportamiento adultocentristas y las desigualdades sociales existentes deben ser traducidos en la legislación para tener una norma más clara y de fácil aplicación por parte de los operadores de justicia.
Isaac, adolescente de 15 años, se refirió al conflicto parental como un perjuicio a los niños y adolescentes. Señaló que el sistema de protección económica es un derecho para este grupo poblacional por lo que esta debe ser garantizada.
Por su parte, Romel Paguay, colaborador del Laboratorio Jurídico de la Universidad Indoamérica manifestó que los planteamientos del Código son beneficiosos para la niñez y adolescentes. Sobre la pensión alimenticia, en relación a las cifras, dijo que se debe mejorar la aplicación de las mismas para que esta asistencia sea adecuada para el niño y adolescente.
Finalmente, Juan Martín Pérez, coordinador de la iniciativa regional Tejiendo Redes Infancia, recogió los aportes de todos los ponentes. Señaló que al conflicto parental como un canalizador de acciones violentas y que afectan psicológicamente e implican problemas en los menores. Manifestó que debe existir la responsabilidad ética, legal y humana de la paternidad y separar el conflicto de pareja, estas acciones están por sobre el vínculo materno y paterno, en favor de los hijos e hijas.
EA/cz

El titular del Parlamento, César Litardo Caicedo, convocó para este jueves 13 de agosto, a las 11h00, a la continuación de la sesión 679 del Pleno de la Asamblea, que consta de ocho puntos.
En primer lugar, la Legislatura conocerá el informe para primer debate del proyecto de Ley de Modernización a la Ley de Compañías, preparado por la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.
La Academia de Derecho Societario, Superintendencia de Compañías, Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Cuenca, Universidad Católica de Guayaquil, Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas, Cámara de Industrias y Producción, Estudio Jurídico Pérez Bustamante Ponce, la Cámara de Comercio de Quito presentaron aportes a la normativa, de iniciativa del parlamentario Esteban Albornoz, en el marco del proceso de socialización.
En el documento se menciona la necesidad de que el ordenamiento jurídico ecuatoriano se actualice en el ámbito societario con estándares internacionales y corrientes contemporáneas, ya que la actual Ley fue promulgada en al año 1964, por tanto, sus figuras y principios legales deben renovarse.
Además, precisa que se debe tomar en cuenta la situación económica que se ha visto seriamente afectada debido a la emergencia sanitaria mundial por el Covid-19, por lo que resulta emergente contar con una norma que permita reactivar el sector empresarial y adaptarse a las nuevas condiciones que demanda la sociedad y la economía.
Tratado internacional
Posteriormente, se abordará el informe respecto al pedido de aprobación del Tratado para el Traslado de Personas Sentenciadas entre los Gobiernos de Ecuador y Cuba.
Reforma penal en materia de tránsito
También, se dará paso al tratamiento del informe de primer debate del proyecto de reformas del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en materia de Tránsito, definido por la Comisión de Justicia, que contempla la revisión de sanciones a daños mecánicos previsibles en transporte público; conducción de vehículo con llantas en mal estado; conducción de vehículo bajo efecto de sustancias estupefacientes, psicotrópicas; conducción de vehículo en estado de embriaguez; contravenciones de primera hasta séptima clase; entre otros aspectos.
Resoluciones
Adicionalmente, en el orden del día constan varias resoluciones: para garantizar, controlar y verificar el cumplimiento en la entrega de los medicamentos necesarios para el tratamiento de enfermedades catastróficas y raras o huérfanas; de reestructuración de la Comisión de Fiscalización; fiscalización de la renegociación de la deuda externa del Ecuador.
La comparecencia de algunas autoridades del gobierno central para que informen el presupuesto existente para la liquidación de los funcionarios de las Empresas Públicas en proceso de extinción y liquidación; y, la comparecencia de autoridades para que respondan sobre las transferencias que no están siendo realizadas a los beneficiarios del programa de becas Senescyt y la póliza de seguros de embarcaciones de casco naval y aéreo de las Fuerzas Armadas, son los últios puntos a tratar en esta sesión.
MG/cz 

El Tcnl. de Policía de EM. Dr. Andrés Fabricio Erazo Marín recibió del Alcalde de Chone la Condecoración al Mérito GAD Chone, por el trabajo desplegado sus funciones comandando la Policía Nacional especialmente en tiempos de pandemia y atendiendo todas las necesidades de seguridad a las instituciones y ciudadanía, asesorando con plus agregados en los organismos de toma de decisiones pero trabajando además en la necesidad de la gente en el día a día de las calles.

Los resultados de la gestión arrojaron una reducción significativa de las incidencias delictivas en más del 46% con relación al año anterior. También se redujeron las muertes violentas en más del 38%.

Varias organizaciones delictivas fueron desarticuladas, se aprehendieron más de una cuarentena de personas, armas de fuego de diferentes calibres, armas blancas, sustancias sujetas a fiscalización. Más de 100.000 dosis salieron del mercado de consumo de drogas.

Y acompañada a esta actividad contra el delito se hicieron acciones en beneficio de la comunidad que acompañan una versión diferente del trabajo policial, integrando estrategias preventivas como la consolidación del trabajo de varias instituciones como la Jefatura Política y sus Tenencias, Comisaría Nacional y Municipal, Policía Municipal, FFAA, otros actores estratégicos como la Banca, Ganaderos y la comunidad organizada.

Por ejemplo, para lograr bancarizar las parroquias rurales que no tienen acceso a estos servicios como Convento, Eloy Alfaro, la franja de comunidades desde Garraparilla hasta Puerto El Mate, levantaron información de personas que pueden abrir bancos del barrio y socializaron con el Banco Pichincha, el MIES para el pago de bonos.
Las personas que cobran un bono de 60usd deben pagar en traslado 15usd por su traslado y les queda 45usd para el mes. "Nos sensibilizó ese castigo social y el riesgo de contagio que corren nuestros hermanos que tienen que salir de sus espacios para cobrar su dinero", mencionó.
Así mismo integró trabajo con las comunidades en la zona rural para llevar servicios del estado. Pedro Minaya, Dirigente de las Comunidades de Carrasco y Brigadas de Seguridad mencionó con lágrimas que nadie había trabajado como él, nadie los había atendido tanto, que serían capaces de recoger firmas e ir ante cualquier autoridad para que se quede. Quedan trabajos inconclusos por nuestra gente.

Potenció la creación de la 8va. parroquia rural, un anhelo histórico en la franja de Garrapatilla hasta Puerto El Mate, gestionando atención de las Autoridades del Estado Central a través del Jefe Político y del Gad Municipal a través del Alcalde.

Recibió además reconocimientos de los Ganaderos de Manabí que a través de la CORPOGAM lo hicieron miembro de honor por su atención a los problemas y soluciones a más necesidades del sector ganadero.

Trabajó con población de las comunidades de Edgy María, Puerto Arturo, 30 de marzo, Unidos Venceremos, la Camilo Giler y la Gallardo, llevando reuniones y mensajes de mejoramiento.

También de la Intendencia, Jefatura Política y Tenencias Políticas le hicieron un reconocimiento.
Los Gads en las parroquias rurales generaron sus agradecimientos en el refuerzo a la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica. Tiene reconocimiento y presencia en la ruralidad mencionó Kenia Lucas, Tenienta Política de Convento.

Su acercamiento a la comunidad deja un legado de trabajo efectivo en beneficio de los ciudadanos, al integrarlos en equipo con las instituciones de estado para lograr cambios positivos que los benefician.

Las nuevas funciones serán como Jefe de Operaciones de la provincia de Manabí.

Éxitos y Chone le tendrá siempre las puertas abiertas a nuestro Comandante Andrés Erazo Marín.

El 10 de agosto de 1809, marcó el inicio del proceso de Independencia del Ecuador. Ese día fue destituido el Presidente de la Real Audiencia de Quito, Manuel Urriés Conde Ruiz de Castilla, instalándose una Junta Soberana de Gobierno, teniendo como autoridades a Juan Pío Montúfar en el cargo de Presidente de la Junta, José Cuero y Caicedo como Vicepresidente de la Junta. | Hechos Ecuador siempre mantiene la ética comunicacional para decirle la verdad Acto de asenso realizado en Ecuador

A través de licitaciones internacionales en nombre de los Estados, adquirió, además, protectores faciales, guantes, gafas, batas, mascarillas y respiradores por casi 15 millones de dólares, asegurando un suministro continuo de equipos de calidad 
Washington, DC, 6 de agosto de 2020 (OPS) - La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha utilizado su Fondo Regional para Suministros Estratégicos de Salud Pública para adquirir y distribuir millones de kits de diagnóstico para COVID-19, equipo de protección personal (EPP), y otros suministros de salud esenciales a países de la región de las Américas, indica un informe de OPS.
El Fondo Estratégico adquirió alrededor de 75 millones de dólares en pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para COVID-19 para países de América Latina y el Caribe, y ha trabajado con proveedores para comprar, entregar y distribuir los suministros. Hasta el momento, se han enviado más de 10 millones de pruebas de PCR a seis países de la región. También adquirió equipos de protección personal (EPP), incluidos protectores faciales, guantes, gafas, batas, mascarillas y respiradores para 26 países, por un valor de 14,6 millones de dólares.
La cooperación técnica y la adquisición conjunta son parte importante de la respuesta de la OPS a la pandemia por COVID-19, que se ha extendido a los 54 países y territorios de las Américas y ha dado lugar a más de 9,9 millones de casos confirmados y más de 372.000 muertes hasta la fecha.
El Fondo Estratégico de la OPS se estableció en 2000 para mejorar el acceso a medicamentos esenciales y suministros estratégicos de salud pública y ha facilitado la adquisición de millones de tratamientos que salvan vidas para una variedad de enfermedades, incluidas la infección por el VIH/sida, tuberculosis, malaria, hipertensión y hepatitis C.
Actualmente, 34 países y territorios en las Américas participan en el Fondo Estratégico, que está ayudando a los países a adquirir medicamentos esenciales y suministros de salud pública de calidad a precios competitivos mediante los procesos de licitación internacional transparente, para aumentar el acceso a productos de salud de calidad para los Estados Miembros.
"Cada vez se presentan más emergencias de salud por lo que programas como el Fondo Estratégico de la OPS son fundamentales para garantizar sistemas de salud resilientes a los brotes y otras amenazas para la salud pública", afirmó la Directora de la OPS, la doctora Carissa F. Etienne.
El Fondo Estratégico ayuda a los países de las Américas a “hacer frente a los nuevos desafíos y garantizar el suministro continuo y eficiente de medicamentos esenciales y tecnologías sanitarias para enfermedades transmisibles y no transmisibles en áreas prioritarias", agregó.
"Dada la eficacia del Fondo Estratégico para facilitar una mejor gestión de la cadena de suministro de insumos fundamentales para la salud pública, hemos firmado acuerdos de participación con 34 países y territorios, y establecimos nuevas asociaciones con reconocidos organismos de salud", dijo la directora del organismo regional de salud.
Este mecanismo de la OPS adquiere medicamentos y suministros que figuran en la Lista Modelo de la OMS de Medicamentos Esenciales para fortalecer los programas de salud pública prioritarios para las enfermedades transmisibles y no transmisibles, y las enfermedades tropicales desatendidas.
Junto con el Fondo Estratégico, el almacén regional para donaciones basado en Panamá administró la distribución en 2019 de 235.840 tratamientos para la enfermedad de Chagas en nueve países y 119.920 tratamientos para la malaria en 16 países, a fin de fortalecer los programas de salud pública. Mediante esfuerzos interprogramáticos, el Fondo también ha lanzado iniciativas de aumento de la capacidad para proyectar la demanda y gestionar los inventarios y la cadena de suministro por parte de los Estados Miembros.

La Fiscalía, junto con la Policía Judicial, allanó el Pabellón Consular, en la Penitenciaría del Litoral, donde se encontraba el extranjero fallecido, e incautaron terminales móviles, tarjetas de memorias teléfonicas, documentación y varios objetos contundentes, utilizados presumiblemente para acabar con la vida del procesado.
Guayaquil (Guayas), 09 de agosto de 2020.- Fiscalía inició las investigaciones por la muerte del ciudadano israelí Sheinman Tomer, ocurrida la madrugada de este sábado 8 de agosto al interior de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, en la que también resultó herido su compatriota Oren S.
A ambos se los vincula a una presunta red dedicada a la venta de insumos médicos de manera ilegal durante la emergencia sanitaria por Covid-19.
Fueron procesados en Santa Elena, por un presunto delito de enriquecimiento ilícito privado y uso doloso de documento público, tras haber sido detenidos el pasado 1 de junio de 2020, en la vía La Libertad-Salinas. En su poder se encontraron 320.000 dólares en efectivo y documentos de identificación adulterados.
El fiscal a cargo de las investigaciones, Víctor González, indicó que se constituyó horas después del hecho en el centro penitenciario, junto a Criminalística, Policía Judicial y Dinased, para levantar los primeros indicios y recabar información preliminar.
El ciudadano extranjero presumiblemente falleció en horas de la madrugada del sábado, al haber sido atacado e impactado con un objeto contundente en la cabeza, cuando se encontraba en su celda, en el Pabellón Consular. Mientras que su compatriota resultó herido con golpes de puño en cabeza y tórax, por lo que fue trasladado a una casa de salud en Guayaquil.
El Servicio de Atención a personas Privadas de Libertad (SNAI) confirmó tanto la muerte de Sheiman Tomer, como las agresiones sufridas por su compañero de celda, Sheiman O.
En el transcurso de la mañana de este día, se procedió al allanamiento de las celdas del Pabellón Consular, donde se incautaron veinte terminales móviles de diferentes marcas y modelos, tarjetas SIM y microSD, libros con varios manuscritos, una hoja de papel con varios manuscritos y números de teléfonos, sustancias sujetas a fiscalización, dos armas blancas y cargadores de celulares.
Además, se encontró una pesa artesanal con su respectivo tubo y dos discos de concreto, objeto con el que se presume atacaron al ya fallecido.
El director del centro reclusorio, Erick V., junto al jefe de guías y dos agentes de seguridad penitenciarios fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia Cuartel Modelo, donde se les receptó las versiones, mientras que un grupo de personas privadas de libertad fue entrevistado en las oficinas administrativas de la Penitenciaría.
Personal especializado de Fiscalía y Policía Nacional continúan realizando diligencias que permitan esclarecer los hechos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) en cumplimiento a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas Código de la Democracia, que establece que los candidatos deberán ser seleccionados mediante procesos de democracia interna, el órgano electoral acompañará y vigilará la legalidad y transparencia de dichos procesos, así como el cumplimiento de la ley, reglamentos y estatutos.
De acuerdo con el Reglamento para la Democracia Interna de las Organizaciones Políticas, las elecciones primarias se realizarán entre el 9 y el 23 de agosto de 2020, periodo en el que los partidos y movimientos deberán inscribir sus directivas y presentar sus precandidaturas.
Asimismo, la normativa establece que la solicitud de asistencia técnica y de supervisión para los procesos electorales internos, puede presentarse al CNE o las delegaciones electorales, con 10 días de anticipación a la fecha de inicio de periodo para la elección de precandidaturas
Ante la emergencia sanitaria, el Pleno del CNE resolvió que el desarrollo de los procesos electorales internos de las organizaciones políticas podrá realizarse a través de medios electrónicos, con la vigilancia del órgano electoral para garantizar el cumplimiento de la ley.
Para este proceso, las organizaciones políticas deberán considerar los principios de paridad, en la participación de hombres y mujeres, cuyo encabezamiento de listas pluripersonales del 15% está garantizado por la ley electoral, asimismo la inclusión del 25% de jóvenes en las listas pluripersonales, de acuerdo con las últimas reformas electorales.
Por su parte, el CNE tiene a su cargo la realización de todas las etapas de los procesos electorales internos, incluidas la convocatoria, la inscripción de los candidatos, el cómputo de los votos o la verificación del quórum reglamentario, la proclamación de los resultados y la resolución de las impugnaciones, de acuerdo con el artículo 344 del Código de la Democracia.