Recorrer las calles de Chone durante estas fechas permite constatar el aumento del comercio, como resultado de las festividades.
Renelfo Vera, presidente del Pasaje Comercial San Cayetano, afirma que sus ventas han mejorado en un 60% y que ha recibido clientes provenientes de diversas ciudades, que se acercan por los bajos costos y la calidad en sus prendas de vestir. “En navidad se vio movimiento y todos realizamos nuestras ventas”, afirmó.
Asimismo, María Luisa, de Súper Moda, mencionó que gracias al servicio brindado cuentan con clientes de Flavio Alfaro, El Carmen, Santo Domingo, Bahía de Caráquez, Tosagua y Calceta. 
“Incluso nos visitan desde Bahía, pues a pesar de que allá está el shopping vienen acá porque les gusta el trato. Este año nos ha ido excelente, Chone es muy activo en el comercio. En comparación al año pasado nos fue mejor”, mencionó. 
Por otra parte, Tatiana Cedeño, de Estilo Propio, expresó que para ella las ventas han mejorado en un 100% y aspiran que el próximo año sea más.

El Abogado Eduardo Franco Loor, expresó en una entrevista en HechosEcuador, que este es un gobierno que no ha cumplido con lo que ofreció en campaña; por lo tanto, es un gobierno deslegitimado indicó, al tiempo de ser critico con quienes están en el poder toda vez que cometen los peores errores de la Historia aseguró. De otra parte Franco Loor es el líder de la Coalición Nacional por la Patria que se va a convertir en la esperanza en la luz para la salvación del pueblo - manifestó - con la aglutinación de los movimientos de izquierda y progresistas. Solo no llegamos a ningún lado indicó el jurista que hoy mantiene conversatorios con líderes de izquierda para hacer una gran batalla contra la derecha fascista.

María Paula Romo, ministra de Gobierno,  junto a Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en Ecuador, José Dávalos, jefe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en el país, y el comandante General  de la Policía, Nelson Villegas, entregó el Plan de Acción Contra la Trata de Personas 2019-2030, a las instituciones que conforman el Comité para la lucha contra este flagelo.
Esta herramienta construida con base en la protección y cumplimiento de los  Derechos Humanos, busca combatir a la trata en todas sus manifestaciones. La Ministra de Gobierno, señaló que este es un flagelo que ofende la dignidad de las personas, de allí la importancia de que el Estado trabaje de forma articulada.
“Por primera vez contamos con un plan articulado, interinstitucional y multisectorial”, aseguró la titular de Gobierno y recordó que esta herramienta era una deuda con el país. La Ministra explicó que el Plan cuenta con un enfoque de derechos humanos, movilidad y género, y que las principales víctimas de este crimen, alrededor del mundo, son mujeres.
Asimismo, la secretaria de Estado aseguró que durante su gestión, 330 víctimas de trata fueron rescatadas y más de 65 sospechosos fueron detenidos por la Policía y puestos a órdenes de la justicia. “La Policía tiene una unidad que trabaja en esta materia. Entre 2014 y 2016 el 8 % de casos registrados fueron por trata internacional, esto quiere decir que, el 92 % son mujeres ecuatorianas captadas en Ecuador con fines de explotación dentro del país.
La titular de Gobierno recalcó que “esta es una política integral orientada hacia el 2030, que incluye metas para cada institución del sector público, con el acompañamiento de organismos internacionales para su seguimiento. “Es un instrumento que da cuenta de la prioridad de este Gobierno para combatir este delito” afirmó.
Michael Fitzpatrick, declaró que con el Plan se reafirma un compromiso para el combate a este crimen que ataca al mundo entero. “El Plan va a fortalecer la cooperación interinstitucional definiendo las líneas de trabajo para eliminar este flagelo”, mencionó. Añadió que el Gobierno de Estados Unidos brinda asistencia a las ONG con 1.8 millones de dólares a proyectos nacionales y regionales. Además felicitó al Gobierno ecuatoriano por su compromiso continuo para combatir la trata y proteger a las víctimas.
Por su parte, José Iván Dávalos, explicó que este es un flagelo con matices que cambian a cada momento. Recordó que luego de 13 años, el Estado, a través del Ministerio de Gobierno y gracias al financiamiento de Estados Unidos, se trabaja en conjunto para dar continuidad a este proceso.
La construcción del Plan de Acción Contra la Trata de Personas 2019-2030, prioriza la protección integral de la víctima, sus derechos y busca garantizar la judicialización del delito. Esta herramienta recoge insumos de la sociedad civil, organizaciones internacionales, Estado y sobrevivientes de este crimen.

El Banco Central del Ecuador (BCE) avanza en la planificación de las actividades que se realizarán durante el próximo año con el fin de impactar positivamente en la salud de la economía nacional y en el fortalecimiento de la dolarización. Estas acciones se agrupan alrededor de varios hitos encaminados en profundizar la gestión realizada por la institución en 2019. Estos son:
1. Fortalecimiento de la dolarización:

• • En 2019, A través del proceso de conversión del oro no monetario adquirido a los pequeños mineros y los mineros artesanales en oro monetario, por USD 235 millones, se fortaleció la Reserva Internacional. El BCE buscará la continuación de este tipo de operaciones en 2020.

• • El BCE continúa recuperando sus inversiones. Hasta octubre de 2019, en inversión doméstica se recuperaron USD 515,43 millones en capital e interés. Adicionalmente, en inversiones de títulos emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se recuperaron USD 112,29 millones (intereses).

• • En 2019, entre otras acciones, el BCE se adhirió a los Principios de Empoderamiento de las Naciones Unidas (WEPs) e impulsó encuentros en el territorio como el de Mujeres Líderes por la Equidad de Género, que se reprodujo en siete ciudades, con una audiencia aproximada de cinco mil personas y las exposiciones de más de 20 lideresas de las distintas localidades. En 2020 se realizarán acciones de seguimiento al cumplimiento de los Principios WEPs, así como nuevos encuentros en el territorio sobre la equidad de género.

• • Con el apoyo de múltiples actores públicos, privados y populares y solidarios, además del apoyo del Banco Mundial, el Banco Central inició la construcción de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, esperando que esta se plasme en políticas públicas durante 2020.

• • Paralelamente, la educación financiera adquiere un protagonismo cada vez mayor en las acciones institucionales. Por ello, en 2019, se organizó el Primer Encuentro Internacional de Educación Financiera. En 2020 se impulsarán talleres en el territorio enfocados, sobre todo, en niños y jóvenes.

• • La atención ciudadana se centró a mediados de 2019 en la puesta en circulación del billete de dos dólares. Posteriormente, en el último trimestre del año, se concretaron talleres en el territorio sobre la detección de billetes falsos, visitando 23 provincias. Estos recorridos por el país continuarán durante el próximo año.

• • En 2019 continuó el proceso de construcción del Cambio de Año Base, un hito clave para actualizar la medición de la dinámica de la economía ecuatoriana.

• • El Micrositio de Información Económica continúa como el espacio más visitado dentro de la página web de la institución. Así, en 2019, el lugar recibió 1.516.496 visitas. Para 2020 se proseguirá con la generación de información según un calendario estadístico que incluye más de 450 publicaciones durante el año.

La decisión se tomó luego de realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa pública. Las acciones posteriores se realizarán de acuerdo a los cuatro ejes de trabajo, anunciados en días anteriores por el Ministro de Energía, José Agusto. 
Cumpliendo la disposición del Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, José Agusto, este 24 de diciembre se reunió el Directorio de la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad (ARCONEL) para dar paso a la intervención de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP).
El Secretario de Estado informó que para arrancar oficialmente con este proceso, se hizo un diagnóstico que permitirá intervenir en las áreas más críticas de la empresa y que, en los próximos días, ARCONEL asignará al interventor, por lo que se está gestionando la participación de una entidad internacional, que cuente con el aval técnico y la experiencia necesaria, para que apoye y brinde soporte al proceso de intervención.
De acuerdo a la evaluación realizada a la estatal eléctrica, en aspectos técnicos y financieros, el organismo de regulación encontró varias falencias que deberán ser atendidas durante este proceso. Entre ellas están: la ejecución del plan de Proyectos de Calidad de CELEC EP, en el período analizado (De 2017 a septiembre de 2019), que es restringida en relación a los recursos aprobados anualmente por el Directorio de la ARCONEL.
A ello se suman, los inconvenientes en los proyectos delegados a CELEC EP: Quijos (provincia de Napo), Toachi – Pilatón (ubicado entre las provincias de Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas) Mazar Dudas (provincia del Cañar), que se originaron por reiterados incumplimientos de los contratistas, lo que determinó terminaciones unilaterales en los contratos suscritos por parte de CELEC EP; ocasionando a su vez, procesos legales y mediaciones. Esta secuencia de eventos ha generado la indefinición de la entrada en operación comercial de los proyectos Quijos y Mazar Dudas.
Además, se tomaron en cuenta los resultados obtenidos de la ejecución de los proyectos de expansión de CELEC EP, particularmente en la Unidad de Negocio TRANSELECTRIC, que evidenciaron una limitada gestión en el cumplimiento de metas, reflejado en sobrecostos del sector eléctrico, sobrecarga de equipos, entre otros.
Esta decisión ministerial se enmarca en los lineamientos del Gobierno Nacional, que promueve un manejo transparente y eficiente de las empresas públicas, en beneficio de todos los ecuatorianos.

El proyecto de Ley de Emprendimiento e Innovación, procesado por la Comisión del Desarrollo Económico, será uno de los cuerpos legales que se tramitarán en los primeros días del 2020, según anunció el presidente del Parlamento, César Litardo. La iniciativa legal cuenta con informe para segundo debate. Los legisladores de la mesa aprobaron el documento por unanimidad, el pasado 23 de octubre.
La propuesta fue planteada por el presidente de la Comisión, Esteban Albornoz, y el asambleísta, miembro de la misma, César Rohon. Los legisladores buscan generar oportunidades de empleo e ingresos económicos para las familias, a través del emprendimiento y la innovación.
Con el proyecto se crea un marco legal que permita impulsar la constitución y permanencia de estas dos actividades, con mecanismos como el  financiamiento, incentivos, promoción, formación y soporte técnico.
Alcance de la norma
El proyecto regula la creación y funcionamiento del Consejo Nacional para Emprendimiento e Innovación, así como una Secretaría Técnica y la Estrategia Nacional en esta materia, que debe contener mecanismos de control, seguimiento y monitoreo.
También establece el desarrollo de un registro nacional de emprendimientos, a fin de generar algunas acciones como la promoción de los productos y servicios, a través de las oficinas comerciales del Ecuador en el exterior.
Otro de los propósitos de la iniciativa es el establecimiento de una formación teórica y práctica en emprendimiento, que permita fortalecer actitudes y aptitudes para poder adaptarse a las nuevas tendencias tecnológicas y científicas.
La norma considera otros aspectos como el acceso preferente a los servicios financieros y a los fondos de inversión públicos, capitales semillas, capital de riesgo e inversión ángel, así como la posibilidad de colocar activos intangibles como garantía para las operaciones crediticias.
Además se incluye la participación de los sectores públicos y privados para crear espacios que ayuden a mejorar el clima de negocios. Tambén, evidencia la necesidad de incorporar nuevas modalidades de tipo societario para emprendedores.
Facilita la creación, operación y cierre de emprendimientos y promueve políticas públicas destinadas al desarrollo de programas para el soporte técnico, financiero y administrativo para emprendedores.
LILA/cz

En el primer trimestre de 2020, la Comisión de Régimen Económico entregará los informes de las reformas al Código Monetario y Financiero; al Código de Planificación y Finanzas Públicas; y, de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Código Monetario
De conformidad con lo dispuesto por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), la Comisión unificó cinco proyectos de iniciativa de Daniel Mendoza, Henry Cucalón, César Carrión, César Rohón y Tito Puarchir. La Comisión elaborará el informe para segundo debate.
Se plantea reformas al Libro I para que las sucursales de entidades financieras extranjeras establecidas en Ecuador puedan realizar todas las operaciones financieras. Se propone que para la constitución de una entidad financiera, por ejemplo, deberán demostrar no tener impedimento para crear sucursales u oficinas de representación en Ecuador. Sobre el domicilio principal, que no se encuentre establecido en paraísos fiscales o jurisdiccionales de menor imposición a la del Ecuador, de acuerdo con las definiciones que establezca el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Otra iniciativa, reforma el artículo 72 del Código Orgánico Monetario y Financiero a fin de que los informes reservados de la Superintendencia de Bancos no apliquen a aquella información que tenga el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la que tendrá el carácter de pública y exigible.
Una tercera iniciativa establece los límites bajo los cuales el Banco Central podrá adquirir títulos de deuda emitidos por el Gobierno. Establecer la prohibición expresa de que el repago de tales obligaciones se haga mediante donaciones en pago o cualquier otro mecanismo que desmejore la posición de liquidez del Banco.
La cuarta propuesta prevé que los cargos por servicios financieros consten en los reportes de corte y estados de cuenta, indicando el concepto y la base legal de cada uno. En este sentido, establece como prohibición para los bancos negarse a refinanciar operaciones de crédito. Y, la quinta iniciativa que tiene como objetivo mejorar el control del sistema financiero nacional por parte de los entes de control.
Contratación pública
La mesa legislativa revisa el articulado de ocho iniciativas legislativas para estructurar el informe para segundo debate, respecto de las reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública de iniciativa de  los parlamentarios Henry Cucalón, María Mercedes Cuesta, Mónica Alemán, Absalón Campoverde, Rómulo Minchala y Juan Pablo Velín.
Las propuestas están orientadas a enfrentar posibles actos de corrupción en todo proceso que afecte al Estado, fomenta la transparencia en la gestión pública, garantiza la calidad del gasto público, mejorará la simplificación y adecuación de los procesos para alcanzar concurrencia y agilidad, también, garantiza mayor seguridad jurídica y reduce la discrecionalidad, subrayó Daniel Mendoza, presidente de la Comisión de Régimen Económico.
El asambleísta precisó que el país necesita fortalecer la capacidad institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) a fin de que realice los procesos de manera oportuna, técnica y tecnológica. Indicó que es importante hacer un seguimiento riguroso para identificar y evitar vínculos perniciosos entre los actores de la contratación.
De acuerdo a Mendoza, el Sercop entregará una propuesta integral para ser analizada en la comisión, el próximo año.
Planificación
Así mismo, los comisionados avanzarán con el tratamiento de los proyectos de reforma al Código de Planificación y Finanzas Públicas que contribuirá al fortalecimiento de la transparencia en el manejo y evaluación de los recursos estatales. Está previsto elaborar el informe para primer debate de esta iniciativa de las asambleístas María Mercedes Cuesta y Gabriela Larreátegui.
Según María Mercedes Cuesta su proyecto nace de un intenso debate sobre la necesidad de que el Estado sea mucho más eficiente, en cuanto se refiere a la asignación y ejecución de presupuestos para cumplir las diferentes responsabilidades de las instancias de gobierno. Para el efecto, es indispensable contar con mecanismos adecuados para la evaluación, antes, durante y después de la puesta en marcha de un plan o programa de inversión.
De su lado, Gabriela Larreátegui aseveró que su propuesta busca transparentar el endeudamiento público, a fin de saber con claridad cuáles son los rubros que deben constar en el cálculo del techo establecido en la Constitución y la ley, entre otros aspectos.
JLVN/cz

El Gobierno de Manabí realizó la adjudicación de los contratos para prestar el servicio de alquiler de maquinaria para el mantenimiento vial en la provincia.

Dentro de los procesos de contratación ganaron 19 oferentes mediante quienes se invertirán  5’055.312 dólares garantizando las obras y dinamizando la economía. Ellos realizaron la oferta en los denominados kits de maquinaria que incluyen motoniveladora, rodillo, tractor, tanquero y excavadora.

Con este equipamiento se hará el tendido, hidratado, compactación y más del material pétreo cuyo transporte ya ha sido previamente contratado por el Gobierno de Manabí para su distribución en la provincia. 

Se calcula que 1.100 kilómetros de vías rurales serán convertidas en rutas permanentes que permitirán la circulación hacia comunidades durante todo el año y la movilización de su producción.

Dentro de este proceso este viernes 27 de diciembre a las 09h00 en el Colegio de Ingenieros Civiles de Portoviejo se hará un acto público para la entrega de las resoluciones de adjudicación a los oferentes favorecidos.

La Comisión de Derechos Colectivos entregará a inicios del 2020 el informe para segundo debate de las reformas a la Ley de Comunicación. Por disposición del Consejo de Administración Legislativa (CAL), a las reformas al artículo 5 que buscan que la comunicación sea un derecho y no un servicio, se le unificará el proyecto orientado a controlar el abuso y el mal uso de los recursos públicos para publicidad por parte del Estado; esta propuesta es iniciativa del asambleísta Fernando Callejas.

En su momento, Callejas dijo que es si bien es cierto que existe la necesidad de informar las actividades, programas y proyectos en beneficio de la comunidad, no se puede abusar de los recursos de los ecuatorianos. Recordó que el monto asignado a la difusión de publicidad y propaganda estatal no debe superar el 0.2 % del presupuesto anual que corresponde a cada una de las funciones y entidades del Estado.
Indicó que con la formulación de este proyecto se evitaría el excesivo gasto en la difusión, así como en la utilización de los recursos públicos con fines políticos y electorales que desvirtúan el accionar de la función pública. Así también, la normativa prohibe que dichos recursos sirvan para la promoción de imagen personal, voz y nombre de los servidores públicos.
No se limita la posibilidad de informar, se evita el gasto, afirmó Fernando Callejas. Explicó que es necesario determinar que la difusión de la publicidad y propaganda estatal se refiera exclusivamente al objeto institucional, ejecución de obras y proyectos, generación de bienes y servicios públicos, información relacionada a catástrofes naturales y eventos de conmoción interna.
En la Comisión de Derechos Colectivos señalaron, entre otros aspectos, que para fijar un techo económico es necesario considerar varios factores en función de las diversas jurisdicciones del país.
JLVN/ea

Ante la declaración del estado de emergencia en materia penitenciaria, CIDH y OACNUDH hacen un llamado urgente al estado de Honduras a proteger la vida e integridad de los privados de libertad en centros penitenciarios y centros pedagógicos
Washington, D.C. – La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresan profunda consternación por la muerte violenta de al menos 37 personas y múltiples heridos, como resultado de los hechos ocurridos los días 20 y 22 de diciembre en los Centros Penitenciaros de Tela, departamento de Atlántida y del Valle de Siria, el Porvenir del Departamento de Francisco Morazán, de Honduras. 
El 20 de diciembre en el Centro Penitenciario de Tela, en el marco de hechos violentos, las autoridades confirmaron que al menos 19 personas privadas de libertad perdieron la vida y 15 resultaron heridas. Dos días después, en el Centro Penitenciario de El Porvenir perdieron la vida al menos 18 personas privadas de libertad y hubo varios heridos también víctimas de violencia. Esto se suma a los hechos de violencia registrados el 14 de diciembre en los cuales fueron asesinados 5 privados de libertad en el Centro Penitenciario de Morocelí, módulo de máxima seguridad denominada La Tolva, y luego de que 4 adolescentes fueran asesinados el 3 de diciembre en el Centro Pedagógico Renaciendo. 
Durante el mes de diciembre de este año, como consecuencia de los hechos violentos ocurridos en los Centros Penitenciarios y Centros Pedagógicos de niños, se han registrado al menos un total de 46 personas privadas de libertad fallecidas, incluyendo 4 adolescentes y múltiples heridos. 
Los hechos de este fin de semana ocurren luego de que el 16 de diciembre de este año el Estado de Honduras, mediante el decreto PCM-068-2019 del Poder Ejecutivo, declarara emergencia en el Sistema Penitenciario Nacional. En esta declaratoria, se creó una Comisión Interventora integrada por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), con facultad para intervenir por seis meses el Sistema Penitenciario Nacional, incluyendo las principales instituciones encargadas del mismo. La CIDH y OACNUDH esperan que de acuerdo al art. 2 del decreto, las instituciones que conforman el pleno de FUSINA, asuman un rol protagónico en la comisión interventora, en apego a los estándares internacionales y regionales de derechos humanos. 
Los mecanismos regionales e interamericanos de derechos humanos han recomendado a Honduras de manera sistemática reconsiderar el papel desempeñado por los militares en los Centros Penitenciarios mediante el traspaso de la gestión de los centros penitenciarios a autoridades civiles. En atención a ello, el Estado debe establecer una estrategia para la progresiva desvinculación de las Fuerzas Armadas de las funciones penitenciarias que permita el traspaso de la gestión, tanto a nivel formal como material, de los centros penitenciarios al Instituto Nacional Penitenciario. 
En este marco, la CIDH y OACNUDH instan al Estado de Honduras a cumplir sus obligaciones internacionales de derechos humanos revisando la concordancia del decreto de declaratoria de emergencia nacional del Sistema Penitenciario Nacional, a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y las recomendaciones realizadas a Honduras por órganos interamericanos e internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, la CIDH y OACNUDH instan al Estado de Honduras a la inclusión del CONADEH y de CONAPREV en la comisión interventora con el objetivo de que sus observaciones y recomendaciones contribuyan al cumplimiento de sus funciones. 
Adicionalmente, la CIDH y OACNUDH reiteran la relevancia de que el diagnóstico del sistema penitenciario, las políticas públicas y las reformas que se pudieran plantear en el marco de la declaración de emergencia, sean resultado de un proceso de análisis a la luz de los estándares para el cual ofrecen asistencia técnica y sugieren que, en dicha construcción, se propicien los mecanismos para la participación efectiva de diversos sectores que dan seguimiento a la temática. 
La CIDH y OACNUDH exhortan al Estado a realizar una investigación exhaustiva, independiente e imparcial, con el fin de lograr la sanción de los responsables individuales, las responsabilidades estatales y la reparación efectiva de las víctimas y sus familiares. El Estado se encuentra en la obligación de proteger los derechos humanos de toda persona privada de libertad, para lo cual debe tomar las medidas de prevención y garantizar la adopción de medidas de garantía de no repetición. La CIDH y OACNUDH manifiestan su solidaridad con las víctimas de estos hechos y sus familiares, recordando que parte de las obligaciones internacionales del Estado es brindar asistencia integral a las víctimas y sus familiares. 
En este contexto, es fundamental facilitar la labor que desempeñan las personas defensoras de derechos humanos y las instituciones nacionales de protección de derechos humanos y de prevención de la tortura, por lo que el Estado debe garantizar que las mismas lleven a cabo su labor en un entorno propicio que garantice el desarrollo de su trabajo, las cuales incluyen la protección a su integridad personal. 
Finalmente, la CIDH y OACNUDH, reiteran la disposición de brindar asistencia técnica al Estado de Honduras para el cumplimiento de sus compromisos internacionales y los estándares interamericanos e internacionales en la materia. 
El 4 de mayo de 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Gobierno de la República de Honduras firmaron un acuerdo para establecer una Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el país. Con el fin de mejorar el goce de los derechos humanos, la oficina monitorea de manera independiente la situación de los derechos humanos en Honduras, asesora a las instituciones del Estado y a las organizaciones de sociedad civil y difunde información sobre los derechos humanos. 
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia. 
No. 334/19

En 2020 el trabajo de la Asamblea Nacional se iniciará con la aprobación del proyecto de Ley de Emprendimiento e Innovación, así lo dio a conocer el presidente del Parlamento César Litardo Caicedo, durante una entrevista radial. En ese mismo espacio se refirió a otros proyectos de ley que estarían pendientes para votación y otros para segundo debate.

En lo que respecta a la Ley de Emprendimiento la calificó como positiva dentro del marco de desarrollo, generación empleo y trabajo, eso significa que habrá nuevas reglas e incentivos para este sector importante, indicó.  La normativa establece un marco jurídico que incentive y fomente la creación, desarrollo, crecimiento y expansión de proyectos de emprendimiento, en los sectores público o privado.
También comentó que es imprescindible abordar en segundo debate la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca; destacó que uno de los principales compradores es Europa y ahora cuenta nuevas reglas entorno a las importaciones, por lo tanto, si el país no aprueba en los próximos seis meses dicha normativa caería en alerta roja y perdería el mercado. “Por eso es importante aprobarla para que el marco jurídico nuevo permita garantizar que Europa siga comprando los productos al Ecuador”, apuntó.
Otras prioridades
El titular del Parlamento anunció, además, que los legisladores se enfocarán en el Código de Salud, las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, reformas a la Ley de Tránsito, y reformas laborales, sobre este último punto indicó que están a la espera de que el Ejecutivo envíe el proyecto, señaló que trabajarán en consensos y acuerdos para dar un marco jurídico en temas laborales, garantizando los derechos y conquistas alcanzadas por los trabajadores.
SV/cz

Con la presentación de más de veinte medios probatorios, Fiscalía demostró la responsabilidad penal y la materialidad de la infracción.
Guayaquil (Guayas), 26 de diciembre de 2019.- El secuestro, robo y violación que Jessica Carina P. L., de 24 años, sufrió a bordo de un taxi público fue juzgado el pasado lunes 23 de diciembre por el Tribunal de Garantías Penales del Guayas.
Las quince pruebas testimoniales y ocho documentales presentadas por Fiscalía contra Hamilton Jair P.P., en la etapa de juzgamiento, demostraron su responsabilidad penal y la materialidad del delito de violación, mientras ofrecía ese servicio en el norte de Guayaquil.
La fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Yoli Pinillo, explicó que la pericia de audio, video y afines, de las cámaras de seguridad de dos empresas ubicadas en las calles que transitó el taxi amarillo, fue fundamental en la identificación de las placas del vehículo, así como de su propietario, quien señaló al hoy sentenciado como el conductor al que le alquilaba su automotor.
Este recorrido coincidía con el señalado por la denunciante en su testimonio rendido en Cámara de Gesell, mientras que la comparecencia del taxista –en ese sentido– resultó contradictoria.
El nexo causal fue demostrado por la Fiscal con la pericia ginecológica, que evidenció que los fluidos corporales (líquido seminal) hallados en la víctima correspondían a los del agresor, pruebas que lo ubican en el tiempo y espacio del hecho investigado.
A estos medios probatorios se sumaron otros que convencieron a los jueces Marlon Castro, Carlos Churta y Guedis Cevallos, entre estos la pericia psicológica practicada a la víctima, que demuestra los “síntomas y signos de un evento traumático de agresión sexual” y que además identificó al taxista mediante un álbum de fotografías. Con esta abundante prueba, el Tribunal Penal dictó sentencia condenatoria de veintinueve años y cuatro meses, y el pago de una indemnización de 5.000 dólares como reparación integral.
Hechos
Este hecho ocurrió el 23 de octubre de 2018 al interior de un taxi amarillo, luego de que la joven abordara el vehículo en el exterior de un centro comercial. Durante el recorrido, la mujer fue sometida con un arma por varios minutos, mientras era despojaba de sus pertenencias. Tras el robo, se trasladaron a un lugar oscuro, donde fue ultrajada sexualmente y golpeada por el conductor ante la mirada de un cómplice, para posteriormente ser abandonada y amenazada de muerte.
Existen otras dos denuncias que se investigan en las fiscalías de Violencia de Género del Guayas contra Hamilton Jair P. P., por las similares características en el modus operandi, recorridos e incluso con los mismos patrones físicos de las víctimas.
Dato jurídico
Fiscalía procesó este caso con base en lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el artículo 171, inciso 1, numeral 2: cuando se hace uso de la violencia, amenaza e intimidación.
Este mismo cuerpo legal señala como sanción una pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años, más las agravantes del artículo 48, numeral 2 (al encontrarse la víctima en un medio de transporte), que impone la pena máxima para este tipo penal, aumentada en un tercio.

Pese a la argumentación de la Fiscalía Provincial de Pichincha para que se mantengan las medidas cautelares sobre los acusados de rebelión, la presidenta subrogante de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Patlova Guerra, aceptó la revocatoria de prisión preventiva solicitada por Paola P., Virgilio H. y Christian G.
Los tres deberán presentarse los lunes ante la Fiscalía Provincial, tienen prohibición de salida del país y les colocarán el dispositivo de vigilancia electrónica.
Asimismo, en la mañana, el Fiscal Provincial reformuló cargos en contra de los cuatro procesados por presunto delito de rebelión (Art. 336, inciso primero, COIP).
La Fiscalía Provincial de Pichincha expuso elementos de convicción respecto a que los procesados habrían participado en un presunto desconocimiento de la Constitución e intento de derrocar al Gobierno a través de actos violentos.
Cronología
⁃ El 15 de octubre de 2019, la Fiscalía General del Estado inició una instrucción fiscal de noventa días a Paola P., Christian G. y Pablo D., por el presunto delito de rebelión. Para los dos primeros se dictó prisión preventiva y para el último, medidas alternativas de prohibición de salida del país y de presentaciones periódicas. Además, la inmovilización de sus cuentas y la prohibición de enajenar sus bienes.
⁃ El 5 de noviembre de 2019, la Fiscalía vinculó al exasambleísta Virgilio H. a la instrucción fiscal, por lo que se amplió por treinta días más, es decir, a ciento veinte días. Quedó con prisión preventiva, prohibición de enajenar bienes y bloqueo de sus cuentas bancarias.

Los recuerdos retornaron a la mente de Wilfrido Muñoz sobre aquel monumento en la intersección de la avenida Carlos Alberto Aray y la calle 7 de Agosto. Era la figura de un montuvio, que para este comerciante de 64 años de edad es la imagen de Chone, aquella que se prevé vuelva y esté en una renovada plazoleta Elio Santos Macay, en 2020.
“Chone necesita tener su representatividad con el monumento al montuvio… Estamos identificados”, mencionó Muñoz, quien tiene su negocio en el entorno y que miraba como maquinaria iniciaba los trabajos de regeneración urbana de la plazoleta, donde será ubicada esta estructura junto con jardinería, pileta y asientos que mejorarán el ornato del sector.
Justamente la vecina Judith Espinel felicita al alcalde Leonardo Rodríguez por preocuparse del ornato de la ciudad; entonces, consideró que será positivo ese cambio que tendrá la plazoleta a través de esta regeneración urbana, que recomendó cuidarla y no ensuciarla.
Jean Montesdeoca, director municipal de Obras Públicas, indicó que el plazo de cinco meses que tiene la obra ya arrancó. Explicó que esta regeneración nace de la necesidad de ubicar el monumento al montuvio que identifica a la ciudadanía chonense; además, le da valor agregado al ornato de la ciudad y se recupera la plaza sin perder su característica como tal.
Con este proyecto se prevé un plan piloto de parqueo tarifario en el entorno, en pro del crecimiento de una ciudad ordenada; asimismo, se elabora un plan ambiental para reubicar los árboles a otro lugar en estudio y con condiciones que permitan su conservación.

La fiscalía de ecuador de acuerdo a un comunicado emitido no está de acuerdo con las medidas sustitutivas aplicadas a Paola Pabón y otros, ante lo que reaccionó el abogado defensor a través de su cuenta de twitter.

Dijeron armas y financiamiento de grupo armado, 70 días después ya no hay armas y no hay financiamiento de grupos armados, reformulan ustedes mismos y ahora amenazas a la jueza??? @CIDH @CorteIDH @ONU_es la @FiscaliaEcuador como actor político en Ecuador!!! https://t.co/YGku3EGBuE

— Fausto Jarrin Teran (@Sandinin) December 25, 2019

La vida se la van a seguir haciendo de cuadritos al no haber logrado los objetivos que era precisamente sacar del paso a Paola Pabón quien se ha convertido en una lideresa auténtica por la misma razón de Lowfare o judicialización de la política que se viene aplicando en el Ecuador.

Han sido 70 días duros dijo la prefecta de Pichincha Paola Pabón al Salir en libertad a los medios digitales que estaban apostados en las afueras de la casa de refugio para mujeres.

LAS EMPRESAS QUE NO CUMPLAN CON EL PAGO OPORTUNO DEL SEGURO PATRONAL, “ES MEJOR QUE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS LAS CIERRE”. ASÍ LO PUNTUALIZÓ EL EMPRESARIO INMOBILIARIO OMAR QUINTANA BAQUERIZO.

La Quinta Thalía fue el escenario donde durante el fin de semana se dio la clausura del taller de capacitación para 40 líderes comunitarios de la zona urbana y rural de Chone, con una duración de 16 horas y con la finalidad de fortalecer la participación ciudadana y control social.
Alberto Vélez, director municipal de Servicios Comunitarios, manifestó que estas capacitaciones son la apertura de la Escuela de Líderes de Chone, proyectada para el 2020.
Dijo que este taller fue un trabajo articulado entre la municipalidad y la empresa Politikonsul. Los temas tratados fueron Política, sociedad, Estado y democracia; Liderazgo transformacional y marco legislativo, y mecanismos de participación ciudadana y control social.

Con la finalidad de organizarlos y definir su identificación, 30 vendedores establecidos en muros de vías de los sitios Bejuco y Sesme, y 7 guías turísticos del humedal La Segua, recibieron indumentaria por parte de la dirección municipal de Desarrollo Económico y Turismo.
Tulio Vera, titular de esta dirección, mencionó que además de la identificación la indumentaria tiene un fin importante: cuidar la salud de estas personas para protegerlas del sol.
“Lo importante es que se está apoyando en la organización de ellos y fortaleciendo las agrupaciones, como la Asociación Humedal, y crear una asociación de vendedores”, dijo.

Lupercio Barberán, propietario del restaurant El Típico, se mostró complacido y contento al recibir un botellón metálico por parte de la municipalidad, en calidad de préstamo, para la implementación de una campaña ambiental de reciclaje de plásticos.
“Esto para mi negocio es bastante importante. Están trabajando por el bien de Chone y sigamos con pie derecho hacia adelante, pues con este joven administrador que tenemos Chone tiene que resurgir”, señaló sonriente Barberán.
Joselito Alcívar, presidente de la Asociación de Comedores 20 de Abril, indicó que esta acción municipal es oportuna, ya que los usuarios tendrían un lugar donde depositar los desperdicios. “Es una campaña positiva, una idea genial”, acotó este dirigente de los propietarios de los locales ubicados en el patio de comidas Los Almendros.  
De esta forma, la subdirección municipal de Control Ambiental ha entregado los primeros 10 botellones, para implementar esta campaña de separación y aprovechamiento de residuos sólidos reciclables, explicó su titular, Alberto Santisteban.
Hasta el momento los locales beneficiados son restaurant El Cangrejal, Soda Bar Triviño, Restaurant El Eclipse, Encebollados La Polla, Comedor El Típico, Patio de Comidas Los Almendros, restaurant El Gitano, Pico Rico y Santa Alitas.
Jorge Zambrano, gerente de encebollados La Polla, señaló que es una magnifica acción del Alcalde, porque la gente debe sensibilizarse y debe de botar los plásticos en estos recipientes, para tener un orden perfecto, y el bienestar del negocio y de la comunidad chonense.

“En medio de tiempos turbulentos y difíciles todos los pueblos del mundo deben permanecer unidos en paz y armonía”, dijo el viernes el Secretario General de la ONU tras una audiencia con el Papa Francisco en el Vaticano, a quien agradeció su fuerte apoyo a la Organización mundial.

CP/RES. 1142 (2268/19)

(Aprobada por el Consejo Permanente en la sesión ordinaria celebrada
el 18 de diciembre de 2019)

EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,

TENIENDO EN CUENTA los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y aquellos de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA);

TENIENDO PRESENTE que las convenciones internacionales y hemisféricas sobre derechos humanos contienen los valores y principios de libertad, igualdad y justicia social que son intrínsecos a la democracia;

DESTACANDO la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuyo artículo 1 establece que “[l]os indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos”; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de Naciones Unidas, y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas [AG/RES. 2888 (XLVI-O/16)], cuyo artículo XII afirma que “[l]os pueblos indígenas tienen derecho a no ser objeto de racismo, discriminación racial, xenofobia ni otras formas conexas de intolerancia. Los Estados adoptarán las medidas preventivas y correctivas necesarias para la plena y efectiva protección de este derecho”.

TOMANDO NOTA de las profundas preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos, incluida la violencia racista y discriminatoria, expresadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en sus observaciones preliminares del 10 de diciembre de 2019, tras su visita a Bolivia;

TOMANDO NOTA TAMBIÉN de las conclusiones de la CIDH de que se produjo una ola de violencia luego del proceso electoral y de que se formularon graves denuncias sobre violaciones de los derechos humanos, incluidas detenciones y arrestos arbitrarios, matanzas y asesinatos, lesiones a la población civil, criminalización y persecución de opositores políticos, y violaciones de la libertad de expresión;

RECORDANDO la “Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en las Américas” [AG/DEC. 79 (XLIV-O/14], la cual reafirma que avanzar en la promoción y protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas de las Américas es una prioridad para la OEA;

RECORDANDO TAMBIÉN el artículo 9 de la Carta Democrática Interamericana que establece que: “[l]a eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana”;

RECONOCIENDO que, a pesar de las mejoras producidas durante la última década, los pueblos indígenas de Bolivia han sufrido injusticias históricas como consecuencia de la colonización y el despojo de sus tierras, territorios y recursos, entre otros, lo cual les ha impedido ejercer plenamente, en particular, su derecho al desarrollo en consonancia con sus necesidades e intereses propios;

DESTACANDO QUE los derechos inherentes de los pueblos indígenas de Bolivia, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales, así como de sus culturas, tradiciones espirituales, historias y filosofías, especialmente sus derechos a sus tierras, territorios y recursos, deben ser respetados y promovidos;

REAFIRMANDO que los pueblos indígenas, en el ejercicio de sus derechos, deben estar libres de todo tipo de discriminación;

CONSIDERANDO la importancia de eliminar todas las formas de discriminación racial o de violencia que derive de éstas que afecten a los ciudadanos de las Américas, especialmente a los pueblos indígenas, y tomando en cuenta la responsabilidad de los Estados de combatirlas;
 AFIRMANDO que toda doctrina, política y práctica que se base en la promoción de la superioridad de pueblos o personas basándose en el origen nacional, racial, religioso, étnico o en las diferencias culturales en Bolivia, es racista, científicamente falsa, jurídicamente inválida, moralmente condenable y socialmente injusta; y

ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO el acuerdo firmado entre las autoridades bolivianas y la CIDH para instalar un grupo independiente de expertos internacionales para investigar los actos de violencia ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019,


RESUELVE:

1. 2. … con el apoyo de Brasil.

La encuesta Fraser de este año abarcó 83 jurisdicciones (provincias, estados, países) del mundo que considera y valora la medida en que las políticas gubernamentales promueven la inversión minera.
Ecuador creció un 15% como uno de los países más atractivos para los inversionistas en materia minera de la Región y del mundo, alcanzando una puntuación del 59,79% según la encuesta anual del Instituto Fraser de Canadá, publicada en 2019.
La encuesta situó al país en el puesto 56 entre 83 jurisdicciones con mayor interés para invertir en el sector minero, un crecimiento mayor al obtenido en la publicación del 2018, donde se ubicó en el puesto 70 entre 91 naciones. El informe anual del Instituto Fraser con las estadísticas del 2019, se publicará en el primer trimestre del 2020
El Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, José Agusto, dijo que esta percepción internacional es reflejo de cifras positivas que ha alcanzado el país, en base a su prospección minera, pues hasta el tercer trimestre de 2019, Ecuador, por concepto de inversión extrajera directa, recibió más de USD 427 millones; donde el 62% de esa cifra, corresponde a  inversiones destinadas a la minería.
Es importante destacar que el Gobierno Nacional ha generado confianza en cuanto a captación de inversiones al consolidar fortalecimiento institucional, estabilidad tributaria, jurídica, administrativa y en mostrar su interés oficial para adherirse a la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), lo cual proyecta al Ecuador como un país minero atractivo para los inversionistas.
El Centro de Estudios canadiense Fraser es una organización informativa y educativa encargada de investigar cómo las políticas estatales fomentan la inversión minera; además, evalúa cómo las dotaciones de minerales, los factores de la política pública, cómo los impuestos y la incertidumbre regulatoria, afectan la inversión minera en exploración.

Diversas organizaciones y gobiernos que participan en el Octavo Período de Sesiones de la Conferencia de los Estados Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, CNUCC, están interesados en conocer la experiencia ecuatoriana en materia de participación ciudadana, como un mecanismo válido para evitar y luchar contra la corrupción.
Así lo informó el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, Christian Cruz, quien preside la delegación ecuatoriana presente en el evento en Abu Dhabi que inició el lunes 16 de diciembre y se clausura este viernes.
En la búsqueda de acuerdos de cooperación e intercambio de experiencias sobre el impulso de la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción, el presidente del CPCCS mantuvo varias reuniones con representantes de varios países. Entre las actividades se reunió con con el Dr. Harib Al Amimi, presidente de la autoridad estatal de auditoría de los Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de lograr acuerdos de cooperación internacional para la lucha contra la corrupción.
El presidente Cruz participó activamente en la revisión del estado de implementación de la CNUCC. Además, mantuvo diálogos con delegados de diferentes países con miras a incrementar la asistencia técnica en la materia, pues el CPCCS es la entidad enlace encargada de coordinar e implementar el proceso de la CNUCC en el Ecuador.
Al cerrar el octavo período de sesiones, los Estados participantes adoptaron la declaración de Abu Dhabi, que tiene como fin mejorar de la colaboración entre las instituciones fiscalizadoras y los organismos anticorrupción para prevenir y combatir eficazmente la corrupción.

“El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia estará constituido por tres tipos de organismos. Así se plantea en las reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (Cona), que tramita la Comisión Ocasional que trata estos temas y que analiza un borrador de informe para primer debate.

La integración del Sistema es parte del Libro III de las reformas. La propuesta es que esté conformado por unos organismos que se encargarán de la coordinación, evaluación, control y sanción. De estas acciones se encargarían el Consejo Ecuatoriano para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la Dirección especializada en estos tema, de los Consejos Cantonales de Protección de Derechos.
Por su parte, otras entidades deberán impulsar la participación, protección y defensa de derechos de estos sectores vulnerables de la sociedad. En este caso, la Comisión consideró pertinente incluir a las Juntas Cantonales de Protección, la administración de justicia especializada, los consejos consultivos, las defensorías comunitarias, las juezas y jueces de paz, así como otros que pudieran crearse.
Las acciones para la prevención, atención, restitución y reparación de derechos sería otro eje de acción del Sistema. El planteamiento es que de estos planes se encarguen las instituciones públicas, privadas y comunitarias; las organizaciones no gubernamentales; y los organismos de cooperación internacional, que realizan acciones destinadas a evitar que los derechos de niñas, niños y adolescentes  sean amenazados y vulnerados.
El Sistema, según la definición, que ha propuesto el equipo asesor, es el conjunto articulado y coordinado de personas, órganos, instituciones, entidades y servicios que formulan, ejecutan y controlan el cumplimiento de todas las acciones destinadas a garantizar el pleno goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Tendrá un ente rector.
Para un mejor funcionamiento, en el documento también se propone la conformación de tres subsistemas: para la atención integral a la primera infancia, de protección especial y de adolescentes en conflicto con la ley penal.  
El próximo año, la Comisión, cuyas funciones se prorrogó hasta marzo de 2020, retomará el análisis, a fin de aprobar el informe para primer debate.
LILA/ea

Hasta febrero, se prevé que la Comisión de Gobiernos Autónomos tramite los proyectos sobre vivienda de interés social, de legalización de la tenencia de tierras y la regularización a las expresiones gráficas callejeras urbanas. Los tres se encuentran en proceso de socialización para la elaboración del informe para primer debate.

Vivienda 
Diego García planteó el proyecto de Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social. En su propuesta argumenta que la Constitución reconoce el derecho de las personas a una vivienda adecuada y digna. Además, recuerda la obligación que tienen todos los niveles de gobierno de elaborar, implementar y evaluar políticas de acceso a este derecho.
El representante de Imbabura aclaró que el acceso a la vivienda no se reduce a la propiedad de un bien, sino que todos los habitantes tengan un techo y servicios básicos para una adecuada calidad de vida.
En el proyecto se define los tipos de vivienda de interés social; aclara las competencias de cada nivel de gobierno para impulsar este derecho; y, establece incentivos para la construcción y mejora de la vivienda. Entre otros beneficios, también plantea mecanismos que eliminen trabas y faciliten el desarrollo de este tipo de proyectos.
Legalización de tierras
El proyecto de Ley Orgánica reformatoria a la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras de los Moradores de los cantones Guayaquil, Samborondón, el Triunfo y Monte Sinaí lo presentó el parlamentario Héctor Yépez, ahora titular de la Comisión.
Su argumento es que Monte Sinaí es uno de los sectores más populosos de Guayaquil donde viven más de 133 mil personas, en 39 cooperativas. Sin embargo, siguen viviendo sin legalización de tierras.
Yépez aclara que esta propuesta es de iniciativa ciudadana, con aportes como legislador. Indicó que el objetivo es proteger la posesión, tenencia y todos los derechos adquiridos por los moradores de ese sector de Guayaquil.
Expresiones gráficas
En tanto, Eliseo Azuero, es el autor del otro proyecto. Explica que frente a la vida urbana, que se encuentra sometida a una serie de manifestaciones que van desde la expresión artística legítima hasta las manifestaciones vandálicas, que atentan contra la propiedad patrimonial y privada, es necesario plantear el proyecto de Ley Orgánica Regulatoria a las Expresiones Gráficas Callejeras Urbanas.
Por tanto, su propuesta busca regular las manifestaciones artísticas lícitas y desincentivar las no autorizadas, a través de la tipificación de la conducta como un delito específico.
LILA/ea