Washington D.C. – Entre los días 28 y 30 de octubre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a invitación del Estado, visitó Ecuador con el objeto de observar, en el terreno, la situación de los derechos humanos en el país tras las protestas sociales registradas entre el 3 y el 13 de octubre de 2019. El presente comunicado contiene las observaciones de la CIDH sobre dicha visita. 
En primer lugar, la Comisión agradece la invitación del Estado de Ecuador para la realización de la visita y expresa su gratitud por la asistencia prestada para la organización y desarrollo, incluyendo logística en temas de seguridad y transporte. Asimismo, valora la apertura y receptividad de las autoridades para abordar los temas de interés de la CIDH, así como el compromiso del Estado con el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Además de su invitación y apoyo en la realización de esta visita, reconoce el reiterado compromiso del Estado ecuatoriano que ha sido reflejado, en los últimos años, en la participación de audiencias, reuniones de trabajo y el envío de insumos para la preparación de los informes anuales de la Comisión Interamericana. 
Según información pública, en respuesta a la violencia y saqueos que se produjeron de manera concomitante a las protestas iniciadas tras las medidas económicas de suspensión de los subsidios a los combustibles anunciadas por el gobierno nacional, el Presidente de la República emitió el Decreto No. 884 en el que declaró estado de excepción por 60 días a nivel nacional fundado en las circunstancias de grave conmoción y alteración del orden público, en el que además suspendió los derechos de reunión y asociación. La Corte Constitucional emitió un dictamen positivo de control constitucional al Decreto No. 884, aunque redujo la vigencia del estado de excepción a 30 días. Posteriormente, el 8 de octubre, emitió el Decreto No. 888, por medio del cual ordenó el traslado de la sede de gobierno a Guayaquil, limitó el de derecho a la libertad de tránsito en todo el territorio nacional, en los casos que se atente contra los derechos y garantías del resto de personas; y reafirmó que, ante agresiones contra los derechos de propios y terceros, toda actuación de las entidades de seguridad ciudadana y sus servidores se realizaría en estricto apego a los derechos humanos, garantías constitucionales e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado de Ecuador. 
Asimismo, información de público conocimiento indica que, en dicho contexto, la respuesta del Estado generó actos de protesta que, en determinados casos, fueron reprimidos mediante el uso excesivo de la fuerza, principalmente, en contra de integrantes de comunidades indígenas que se sumaron a las manifestaciones en Quito y en sus territorios ancestrales. Sin embargo, la Comisión también tomó nota de que, en determinadas circunstancias, grupos de personas que se manifestaban provocaron graves desmanes durante algunas protestas, arrojando piedras y objetos contundentes contra la policía, protagonizando saqueos, incendios, y otros tipos de agresiones, inclusive, contra la prensa. Al respecto, el Estado indicó que el estado de excepción se decretó con el fin de contrarrestar acciones violentas, agresiones y saqueos por parte de manifestantes. 
Durante su permanencia en el país, la CIDH recibió abundante información y testimonios sobre actos de violencia, la respuesta del Estado y el desarrollo del proceso de diálogo entre las distintas partes involucradas. Para tal fin, la delegación de la Comisión se dividió en cuatro equipos, repartidos en igual número de ciudades, en las que visitaron instalaciones estatales, centros de detención, así como algunos de los lugares a donde ocurrieron las protestas. 
En dicha ocasión, la Comisión sostuvo reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado y de las autoridades de control, como la Corte Constitucional. Además, se reunió con un amplio grupo de personas y organizaciones de diversos sectores de la sociedad, incluyendo organizaciones de pueblos indígenas, en las ciudades de Quito, Cuenca, Guayaquil y Latacunga; gracias a este esfuerzo, recibió un importante número de testimonios de las personas que indicaron haber sufrido violaciones o que fueron afectadas por las protestas –de manera directa o indirecta–, así como por la política de contención implementada por el Estado. 
Para el cabal desarrollo de la visita la CIDH contó con todas las facilidades brindadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Gobierno y otras entidades del Poder Ejecutivo, así como con el valioso apoyo de la Defensoría del Pueblo. 
En ese orden, la Comisión se reunió con autoridades de la Presidencia de la República, los Ministerios de Gobierno, Defensa, Relaciones Exteriores, Derechos Humanos, Cultura, Educación, Inclusión Económica y Social, Salud Pública, Ambiente y Agua, Energía y Recursos no Renovables y la Controlaría General del Estado. Así como con la Corte Constitucional, la Fiscalía General del Estado, Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En provincias, se reunió con representantes de la Alcaldía de Guayaquil, Prefectura y Gobernación del Guayas, Alcaldía de Latacunga, Prefectura de Tungurahua y Prefectura de Cotopaxi, Alcaldía del Cuenca, Prefectura de Zamora Chinchipe, Prefectura del Azuay, Gobernación del Azuay, y Alcaldía de Quito. Asimismo, visitó el Centro de Detención Provisional de Quito “El Inca” y el Centro de Privación de Libertad Regional Sierra Centro Norte Cotopaxi; el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; y el edificio de la Contraloría General, que fue destruido por un incendio producido en el contexto de las protestas. 
De igual forma, en el curso de su misión la Comisión se reunió con representantes de organizaciones de la sociedad civil, movimientos indígenas, transportistas, empresariado, gremios del sector privado, representantes de universidades y hospitales, y periodistas, y representantes de la fuerza pública. Adicionalmente, la CIDH visitó la sede de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).
Durante la visita, la CIDH entrevistó a un total de 439 personas y registró 380 testimonios que reclaman ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos o de otras afectaciones en el contexto de las protestas. En esa línea, las denuncias incluyen la falta de consulta y participación en la adopción de medidas que afectan derechos sociales de la población, irregularidades en la presentación de denuncias y acciones de protección de garantías constitucionales; falta de información a familiares respecto de personas detenidas y fallecidas; obstaculización a la prestación de servicios médicos en hospitales públicos; hostilidad y alegados actos de agresión contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y trabajadores de distintos medios de comunicación privados, comunitarios y digitales; así como la utilización del sistema penal en contra de manifestantes, líderes sociales y de oposición. 
Al respecto, la Comisión destaca que utilizó el enfoque intercultural para tomar los testimonios de la población indígena. Desde el saludo inicial hasta la despedida, el equipo técnico de la CIDH buscó resguardar un clima de confianza y respeto por los tiempos y necesidades requeridos por cada asistente. Asimismo, hubo apertura para la recepción de testimonios colectivos y, junto con organizaciones de la sociedad civil, se dispusieron redes de asesoría lingüística para brindar la atención pertinente en caso de que se necesitara el apoyo de intérpretes o traductores. 
Por otra parte, la Comisión también recibió información relativa a diversos tipos de afectaciones por acciones violentas sufridas por agentes del Estado que podrían constituir delitos, como el disparo de armas caseras y bombas incendiarias, el secuestro de más de 400 agentes de la fuerza pública –muchos de los cuales denunciaron haber sufrido malos tratos, como, por ejemplo, violencia sexual contra policías mujeres. Asimismo, apedreamiento de ambulancias y obstaculización a bomberos; agresión a comerciantes en medio de saqueos y vandalismo; desalojo violento de trabajadores para bloquear el trabajo de instalaciones industriales; bloqueos de carreteras en varias provincias del país que provocaron desabastecimiento de medicinas y alimentos a miles de personas; sabotaje del suministro de agua potable que dejó sin servicio a centros poblados; incendio de edificios públicos que pusieron en riesgo al vecindario; ataques a medios de comunicación como intento de incendiar una televisora y un diario mientras que había personas dentro de las instalaciones; y ataques a periodistas, entre otras. La Comisión también recibió información sobre cuantiosos perjuicios económicos y materiales sufridos tanto por el Estado como por algunos de los sectores económicos productivos del país. Dentro de estos, pueden mencionarse daños a los medios de comunicación, cuarteles de la policía, una base militar y ambulancias, que sufrieron destrucción o daños como consecuencia de acciones violentas, saqueo e incendios deliberados. Según lo relatado, la Comisión tomó conocimiento de que estos hechos generaron situaciones de caos y zozobra a lo largo del país. 
En cuanto al desarrollo de la visita, la CIDH destaca el hostigamiento que sufrió la delegación durante su visita a la cárcel de Latacunga, por parte de los agentes de seguridad de ese establecimiento, quienes prohibieron a la delegación tomar imágenes y videos y le impidieron realizar su trabajo en ese lugar. La CIDH recuerda, en consonancia con su Reglamento, que la invitación a una visita de observación por parte de un Estado incluye necesariamente el acceso a lugar donde se mantengan personas privadas de libertad. Al respecto, la Comisión toma nota de las disculpas extendidas por la Cancillería, que manifestó que “el gobierno del Ecuador ha brindado todas las facilidades a la misión de la CIDH para que realice su trabajo con total independencia (…), facilitó el transporte, seguridad y el acceso a todos los lugares requeridos por la Comisión, sin excepción alguna. En la visita al Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi –CRS- se produjo un lamentable malentendido respecto del cumplimiento de los protocolos de seguridad para el ingreso al mismo, lo cual será motivo de un prolijo análisis a fin de que esto no se repita, en caso de que la CIDH considere realizar una nueva visita a dicho Centro”. 
Las presentes observaciones están divididas en los antecedentes que resultaron en las protestas, el desarrollo de estas, así como las principales violaciones de derechos humanos observadas. Al final, la Comisión hace una serie de recomendaciones al Estado para que dichas violaciones puedan ser reparadas y garantizar que no se repitan. 
ANTECEDENTES Y CONTEXTO 
A. Marco cronológico de las medidas económicas adoptadas por el Estado y el desencadenamiento de las protestas 
El 1 de octubre de 2019, el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Nº 883, por el que se adoptaron una serie de medidas, entre ellas, una modificación al Reglamento que regula los precios de los derivados de hidrocarburos. Según lo indicado por el Estado, dicha modificación estableció una nueva forma de cálculo para determinar los costos de los derivados de hidrocarburos que no consideraba el subsidio que existía sobre la gasolina. Por su parte, diferentes sectores sociales indicaron a la CIDH que dichas medidas (bautizadas popularmente como “paquetazo”) incluyeron la supresión definitiva de un subsidio al combustible diésel que se aplica desde hace 40 años en el país, así como el recorte de beneficios laborales a los funcionarios públicos. Dichas medidas fueron rechazadas por distintos sectores de la sociedad, tales como los transportistas de carga, la población usuaria del transporte público, los pequeños productores, así como los pueblos indígenas y sus organizaciones. 
Las autoridades estatales y los sectores sociales que ofrecieron información sobre el tema a la CIDH coincidieron en advertir la falta de participación social y transparencia que caracterizaron estas medidas económicas. A modo de comparación, señalaron que, en una ocasión anterior, el gobierno había realizado un ejercicio de diálogo sobre la situación económica que atravesaba el país y había anunciado posibles medidas para reducir el déficit fiscal, como el aumento al Impuesto al Valor Agregado (IVA). Sin embargo, en el caso específico de la eliminación de subsidio y el recorte de derechos laborales, indicaron que les tomó por sorpresa al no haber existido un proceso de consulta y participación con los actores sociales y la ciudadanía en general. 
Tanto la información de público conocimiento como las entrevistas realizadas durante la visita, dan cuenta que estas medidas provocaron el inmediato descontento en diversos sectores de la sociedad, a pesar del apoyo manifestado por algunos de los actores empresariales. Tras la publicación del Decreto Nº 883 se produjo un paro de transporte y manifestaciones sociales, así como la progresiva llegada a la capital de movimientos indígenas. En distintos puntos del país también se produjeron ocupaciones, bloqueos o tomas de infraestructura crítica y estratégica como pozos petroleros, carreteras y plantas de agua potable. Dichas acciones, de acuerdo con la información presentada por el Estado, produjeron cuantiosas pérdidas económicas. 
Inicialmente las movilizaciones habrían transcurrido de manera pacífica, aunque afectando el tránsito y el abastecimiento de productos a varias ciudades. No obstante, durante las primeras 48 horas de protesta la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno reportaron incidentes no pacíficos y una posible escalada de violencia de las manifestaciones. En aquel contexto, el Estado ratificó que "no daría marcha atrás" con las medidas adoptadas en el decreto a raíz del cual se originaron las protestas. 
Sin embargo, según la amplia información recibida durante la visita, la respuesta de la policía a las diversas expresiones registradas durante las manifestaciones habría sido desproporcionada, tal como lo indicaron decenas de testimonios de manifestantes recibidos por la CIDH. Unos 30 periodistas y camarógrafos de medios tradicionales y comunitarios contaron a la Comisión que fueron agredidos por las fuerzas policiales cuando cubrían las protestas y en varios casos se les obligó a destruir material de registro. Videos con imágenes de algunas de las agresiones fueron exhibidas durante la visita. No obstante, en distintas ocasiones se registraron graves hechos de violencia –tales como incendios deliberados a edificios públicos y medios de comunicación y otros incidentes coordinados–-, que habrían sido protagonizados por grupos de agitación que actuaron de modo coordinado y que todavía no han sido identificados. 
Sin perjuicio de que la CIDH, tal como ya ha sido señalado anteriormente, reconoce y toma nota de que durante las protestas ocurrieron hechos o incidentes no pacíficos, con el paso de las horas, algunas autoridades desarrollaron una narrativa contra las personas manifestantes, quienes fueron tildadas como "terroristas", sin distinción alguna. Los pueblos indígenas también denunciaron, en sus testimonios a la CIDH durante la visita, expresiones racistas y de discriminación, tanto por parte de actores políticos como una parte de la prensa. Asimismo, el gobierno informó a la CIDH en la visita que hubo desinformación deliberada que aumentó el descontento de la población hacia las medidas. 
En este contexto, el 3 de octubre, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto Ejecutivo No. 884 en el que se estableció un estado de excepción, conforme atribuciones y disposiciones constitucionales, durante 60 días a nivel nacional, el cual se aplicó respecto a la "libertad de asociación, reunión y libre tránsito”, para luego profundizarlo a través del Decreto Ejecutivo Nº 888, con un toque de queda y movilización de las Fuerzas Armadas como apoyo complementario a la seguridad ciudadana, en Quito. El decreto que estableció el estado de excepción suspendió las libertades de reunión y asociación, y limitó la libertad de tránsito, a la vez que habilitó el ingreso de los militares al control de las protestas. Según lo indicado por el Estado, la fuerza pública fue llamada a desarrollar sus labores de protección de las personas, ante situaciones excepcionales en las que las medidas ordinarias fueron insuficientes para reestablecer el orden público y garantizar los derechos de las personas. 
El Estado de excepción fue revisado por la Corte Constitucional que, en su resolución, indicó que el estado de excepción demandaba de la Policía Nacional y de la Fuerzas Armadas el cumplimiento de sus deberes de proteger, prevenir la integridad y los derechos de los ciudadanos. Al respecto, la CIDH se reunió con el Presidente de la Corte, quien informó que la mayoría del pleno de la Corte había quedado convencida del argumento de la gran conmoción por el alto grado de violencia que se observaba en el país. El fallo de dicho tribunal restringió dicha excepcionalidad a 30 de los 60 días previstos en el Decreto. 
El rechazo a la emisión del Decreto Nº 883, junto con los hechos que sucedieron luego de la declaratoria del estado de excepción, exacerbaron las protestas; miles de personas indígenas se desplazaron hacia la capital con el objeto de mantener un paro. Según los testimonios recibidos por la CIDH en la visita, para el apoyo de las y los manifestantes, se establecieron zonas de paz en distintas universidades y en la Casa de la Cultura para colaborarles con alimentación y morada. Asimismo, dichos grupos exigieron la derogatoria del decreto y el cese de la represión. 
La Comisión reconoce que los pueblos indígenas que se desplazaron hacia la capital y otros movimientos sociales actuaron bajo el marco del derecho a la protesta. En especial los movimientos sociales y las organizaciones indígenas indicaron a la CIDH que su ánimo era manifestarse en forma pacífica. Según información brindada a la CIDH durante su visita, tras la negociación sostenida con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas (FEINE) y la Confederación Nacional de Campesinos, Indígenas y Negras (FENOCIN), el 14 de octubre el Presidente de la República emitió el Decreto Nº 894, que derogó el No. 883, y reiteró su llamado a la concordia, paz y reconciliación social. El artículo 2 del referido decreto estableció la inmediata “elaboración de un nuevo decreto ejecutivo que permita una política de subsidios de combustibles, con enfoque integral, con criterios de racionalización, focalización y sectorialización, que precautele que éstos no se destinen al beneficio de mayores recursos económicos, ni a contrabandistas de combustibles”. 
Al respecto, el Presidente Lenín Moreno declaró en cadena nacional, según información de la Presidencia de la República, la firma de la derogatoria del Decreto N 883, anunciando estar “listos para continuar el debate sobre uno nuevo, mejorado [decreto], tal como nos comprometimos”. En dicha intervención, también informó al país que el “diálogo sigue y sigue con todos los sectores que tengan buena voluntad”. 
La CIDH y su Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), observaron que las medidas económicas adoptadas por el Decreto Nº 883 carecieron antes de su adopción de un proceso de consulta ciudadana ni evaluación de impacto en términos de progresividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) que pudieran verse afectados, tomando en cuenta los compromisos y estándares internacionales vigentes para Ecuador, en el marco de los sistemas interamericano y universal de los derechos humanos. 
Durante la visita autoridades nacionales indicaron a la CIDH que la reforma pretendía controlar el contrabando de combustible y contenía medidas de carácter social para contrarrestar los posibles impactos de la supresión de los subsidios al combustible en las personas y colectivos más desfavorecidos; no obstante, según la información recibida las medidas no habrían sido adecuadamente consultadas ni socializadas con la ciudadanía. Asimismo, según dicha información, un sector no menor de la población habría considerado estas medidas lesivas para sus intereses y derechos adquiridos, protestando contra las mismas. En ese sentido, la CIDH y su REDESCA saludan que posteriormente la Presidencia de la República haya invitado a todos los sectores involucrados a un proceso de diálogo nacional, que inició el 13 de octubre de 2019 y contó con la participación de las Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en calidad de facilitadores del diálogo. El diálogo se mantiene hasta la fecha, a través de mesas con distintos actores, y presididas por las más altas autoridades del Estado, el señor Presidente de la República, el Vicepresidente y varios ministerios. 
Ante propuestas de medidas de austeridad o reformas económicas que puedan afectar el acceso y disfrute de los DESCA, la CIDH y su REDESCA ha llamado a los Estados “a fin de que cuando se propongan adoptar medidas de austeridad o reformas económicas que puedan afectar el acceso y disfrute a DESCA, se asegure que la ciudadanía y en especial los grupos que se encuentran en mayor vulnerabilidad sean adecuadamente informados y consultados, formando parte de los procesos de toma de decisiones. De igual manera, tales medidas o reformas deben basarse en análisis de impacto en materia de derechos humanos, considerando las obligaciones en la materia que rigen para los Estados Miembros de la OEA”.
En dicho marco, la CIDH y su REDESCA resalta los “Principios Rectores sobre la evaluación de impacto en los derechos humanos de las reformas económicas” de Naciones Unidas, como una guía orientadora para los Estados y otros interesados para asegurar el respeto y el cumplimiento de sus obligaciones en la materia. Asimismo, la CIDH toma nota de las Observaciones Finales formuladas a Ecuador el 14 de noviembre de 2019, tras el examen del Cuarto Informe Periódico de Ecuador de Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En dicho documento, el Comité expresó preocupación por el impacto de las medidas de austeridad sobre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, y recomendó al Estado, entre otros aspectos, evaluar previamente los efectos sobre los derechos económicos, sociales y culturales de cualquier medida para responder al deterioro económico, a fin de evitar que tenga impactos desproporcionados en los grupos desfavorecidos. Asimismo, orientó a Ecuador a tener en cuenta que las medidas regresivas solo son compatibles con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, si son necesarias y proporcionadas, en el sentido de que la adopción de cualquier otra política o el hecho de no actuar resultaría más perjudicial para el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales; y además, deben haber sido consultadas con las poblaciones afectadas y estar sujetas a un examen independientes. 
Conforme a las estadísticas del Ministerio de Inclusión Económica y Social del país, habría en cerca de 140.000 personas viviendo en situación de pobreza o pobreza extrema. De acuerdo con dichos datos, en diciembre de 2018 se registró en el país un 23% de pobreza y un 8,4% de pobreza extrema, lo que llevó a aumentar la inversión en programas de asistencia social y el número de personas beneficiadas por los mismos. Según información oficial del gobierno de Ecuador, a septiembre de 2019, la pobreza en el país a nivel nacional se ubicó en 23,9% y la pobreza extrema en 8,7%. En el área urbana la pobreza llegó al 16,3% y la pobreza extrema a 4,6%; en tanto que en el área rural la pobreza alcanzó el 40,3% y la pobreza extrema el 17,4%. 
En este escenario y, en línea con los compromisos internacionales asumidos por el Estado al ratificar tratados como el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o el Protocolo de San Salvador, y en la búsqueda de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030, un enfoque de derechos resulta indispensable al momento de definir las políticas económicas y fiscales del Ecuador, lo cual incluye especialmente aquellas medidas de ajuste que puedan suponer interrupciones o regresiones al desarrollo progresivo de los DESCA. Como la CIDH ha señalado en su informe sobre Pobreza y Derechos Humanos: “Está vedado al Estado adoptar políticas, medidas y sancionar normas jurídicas que, sin una justificación adecuada y convincente, empeoren la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de la población. El Estado tiene el deber de rendir cuentas sobre cómo se han movilizado, hasta el máximo, los recursos disponibles para lograr progresivamente la plena efectividad de esos derechos.” 
La Comisión también toma nota de la información que el 31 de octubre las organizaciones indígenas del Ecuador presentaron al gobierno una propuesta que busca ser una alternativa al modelo económico y se plantea “que la riqueza que es creada por todos los ecuatorianos sea distribuida de forma equitativa y que nos permita construirnos como una sociedad libre, justa, democrática, participativa y que resuelve sus conflictos desde el diálogo, la paz social y la búsqueda de consensos.” 
Por su parte, según informado por el Estado y en nota de la Presidencia de la República, el Presidente Lenín Moreno envió a la Asamblea Nacional, un proyecto de ley sobre crecimiento económico. En la nota de prensa relativa al tema, se enfatiza que en esta ocasión el Ejecutivo llegó a este proyecto tras un proceso de diálogo con diferentes sectores y subraya que “Lo que se recaude con el proyecto de Reformas Tributarias será para quienes más necesitan: el 65% de la inversión pública se destinará al sector social”. 
B. Participación de los pueblos indígenas en las protestas sociales 
Según la información recibida por la CIDH, un amplio diálogo entre el Estado y sectores de la sociedad civil estaba en curso desde junio de 2017, con el objeto de avanzar con medidas económicas para atender las dificultades que el país estaba experimentando. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) habría tomado parte en dicha iniciativa, integrando las comisiones sobre tierras y territorios, educación, justicia indígena, agraria, agua y amnistía. Tras las negociaciones entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la concesión del crédito denominado Servicio Ampliado (SAF), la CONAIE evaluó negativamente los avances alcanzados por el gobierno en materia indígena y, el 23 de agosto de 2019, decidió dar por finalizado el diálogo y el inicio de una movilización nacional progresiva en rechazo a las políticas económicas del Estado. Esta movilización se había programado para el 9 o el 14 se octubre, pero dado el contexto se activó definitivamente el martes 1 de octubre, cuando el presidente de la República anunció una serie de medidas vinculadas a un ajuste económico en el país. 
En el contexto de los paros del jueves 3 de octubre de 2019, las organizaciones indígenas a través de sus bases y de la propia CONAIE, expresaron su rechazo a las medidas económicas anunciadas por el Estado y el apoyo a los transportistas que habían cerrado carreteras en las principales ciudades del país. En los días subsiguientes, las comunidades originarias de base y representantes de las más altas entidades representativas indígenas del país anunciaron protestas en Quito y otros sectores. 
De acuerdo con la información recibida por la CIDH, durante el estado de excepción y el toque de queda decretado por el gobierno de Ecuador, efectivos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas presuntamente cometieron graves violaciones a derechos humanos en contra del movimiento indígena. La Comisión tomó conocimiento de desalojos efectuados en centros de paz o de acogida, uso de gas lacrimógeno y armas de fuego. Asimismo, la CIDH recibió información sobre la represión en contra de los movimientos indígenas y sociales, la cual se habría mantenido hasta el inicio de los primeros diálogos con el Estado en territorios como la Provincia de Azuay Cuenca/Molleturo, Provincia de Cotopaxi, Tungurahua, Imbabura, Provincia de Loja Saraguro, Provincias de Pastaza y Morona Santiago Pastaza y la Provincia de Pichincha Cayambem, además de Quito. Al respecto, el Estado indicó que durante 11 días de octubre de 2019, el Ecuador enfrentó una crisis política y de seguridad, y hubo una grave conmoción interna, por lo cual la actuación de la fuerza pública se orientó a mantener el orden público y precautelar la seguridad ciudadana; y que desarrolló sus labores de protección de las personas, ante situaciones excepcionales en las que las medidas ordinarias son insuficientes para reestablecer el orden público y garantizar los derechos de las personas. 
El domingo 13 de octubre de 2019, con la facilitación efectuada por la Organización de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, se generó un espacio de diálogo entre el movimiento indígena y el gobierno nacional. En esa mesa de negociación, como se ha indicado anteriormente, se acordó la derogación del Decreto 883, así como la instalación de una mesa de trabajo para redactar un nuevo decreto que, entre otras cosas, apuntaría a la focalización de los subsidios de combustibles. Por su parte, el presidente de la CONAIE anunció el levantamiento de las movilizaciones antigubernamentales en todo el territorio. 
C. Saqueos, perjuicio al sector privado y afectaciones a funcionarios de seguridad del Estado 
Por otra parte, la Comisión también recibió información relativa a diversos tipos de afectaciones por acciones violentas sufridas por agentes del Estado que podrían constituir delitos, como el disparo de armas caseras y bombas incendiarias, el secuestro de 430 militares y 202 policías, muchos de los cuales sufrieron abusos, inclusive mujeres policía sufrieron abusos sexuales. Al respecto, durante su visita de observación, la CIDH recibió testimonios de agentes de seguridad y sus familiares, como el caso del distrito Calderón, donde policías habrían sido secuestrados y obligados a caminar ante un grupo de 3 a 5 mil personas. 
Además de los actos hostiles sufridos por miembros de las fuerzas de seguridad, la Comisión recibió información sobre perjuicios económicos y materiales sufridos tanto por el Estado, en particular en infraestructura estratégica, cuarteles de la policía y una base militar, así como por algunos de los sectores económicos productivos del país y medios de comunicación, como consecuencia de la acción violenta de grupos. Los actos llevaron a la destrucción de bienes públicos como ambulancias y edificios, e incluyeron acciones vandálicas de saqueo e incendios deliberados que generaron situaciones de caos y zozobra a lo largo del país. 
La Comisión toma nota de la información brindada por el Estado sobre las afectaciones a empresas, industrias y consumidores. Así como cuantiosas pérdidas económicas en las cuales el Estado dejó de percibir recursos provenientes de exportación y petróleo. Sobre este, según lo relatado por autoridades a la CIDH, se habría dejado de producir 1700 mil millones de barriles lo que implica una pérdida media de 94 millones de dólares. Por su parte, de acuerdo con la información brindada el sector floricultor habría sufrido un impacto que llegaría a 20 millones de dólares, resultado que contabilizaría perjuicios con el pago de peajes para evitar la destrucción de la carga, así como el transporte aéreo de la misma. Además del impacto en sus funcionarios, que habrían tenido que caminar desde sus casas hasta el local de su labor. 
Al respecto, la CIDH fue informada sobre la destrucción y vandalismo sufridos por las gobernaciones de Imbabura, Cañar. Asimismo, según la información brindada por el Estado, las gobernaciones de Napo, Tungurahua, Bolívar, Pastaza, Chimborazo y Morona-Santiago fueron tomadas por manifestantes. En Cotopaxi hubo saqueos y destrucción de las plantaciones; mientras que en Quito se dio un ataque a la Contraloría, en la que varios pisos sucumbieron a causa de un incendio deliberado; además de registros de ataques concertados y coordinados a instalaciones estratégicas del Estado, como toma de pozos petroleros, fuentes de agua de una ciudad, y destrucción de antenas de comunicación. 
La Comisión saluda iniciativas de coordinación interinstitucional adoptadas en Latacunga, provincia de Cotopaxi, para prevenir actos de violencia dentro del territorio. La CIDH tomó conocimiento de la ocurrencia de daños patrimoniales ocasionados por los manifestantes, también recibió información acerca de las convocatorias realizadas por diversas autoridades locales, tales como presidentes de las Juntas Parroquiales; Concejales cantonales; Alcaldes Municipales; Prefecto Provincial y el Gobernador, para realizar asambleas informativas, sesiones de coordinación previas y una propuesta al gobierno central para hacer frente a los desafíos que imponían las manifestaciones sociales. 
Al respecto, la Comisión Interamericana condena todos los tipos de violencia y recuerda que el Estado tiene el deber de investigar los hechos de desmanes, incendios, saqueos, secuestros y actos de destrucción en los que han participado personas particulares, identificando, juzgando y sancionando a los responsables, en especial cuando han resultado personas heridas durante los mismos. En ese sentido, el Estado informó que mediante Resolución 055 FGE 2019, de 16 de octubre de 2019, la Fiscalía General del Estado conforma un “equipo técnico especializado, integrado por las y los fiscales de la Dirección de Derechos Humanos y Participación Ciudadana; y la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia organizada Transnacional – UNIDOT-; con la finalidad de dar una respuesta efectiva y oportuna ante las denuncias que ingresen a la Fiscalía General del Estado, respecto a posibles delitos por graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el Derecho Internacional Humanitario; y, delitos contra la seguridad pública, que se hubieren cometido entre el 3 y 13 de octubre de 2019”. 
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS 
A. Agresiones y ataques a la prensa durante protestas 
La escalada de la violencia derivó en la obstaculización del trabajo de la prensa, debido a una serie de ataques contra periodistas y medios de comunicación, tanto por parte de fuerzas de seguridad pública, como de manifestantes. Estos incidentes se habrían visto potenciados por los discursos estigmatizadores contra periodistas y medios de comunicación, diseminados durante las movilizaciones por parte de sectores radicalizados. 
La Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han manifestado su condena y preocupación respecto a los actos de violencia perpetrados hacia la prensa en el contexto de las protestas. De acuerdo a los informes recogidos, se habrían producido más de un centenar de ataques contra periodistas, comunicadores comunitarios, fotógrafos, camarógrafos y medios de comunicación, consistentes en amenazas, hostigamiento, detenciones arbitrarias, ataques físicos, impedimento de cobertura, confiscación de equipos, uso indiscriminado de agentes químicos, vigilancia, suspensión de transmisiones y allanamientos a medios de comunicación, bloqueo de sitios web y redes sociales, entre otras afectaciones a la libertad de expresión. 
Según información aportada por organizaciones de la sociedad civil, Defensoría del Pueblo y otras instituciones gubernamentales de Ecuador, se habrían contabilizado alrededor de 120 agresiones contra medios y periodistas (incluyendo fotógrafos, camarógrafos, comunicadores comunitarios); el número de medios atacados llegaría a 20, situados en las provincias de Pichincha, Guayas, Tungurahua, Chimborazo, Morona Santiago, Manabí, Azuay, Pastaza y Sucumbíos. 
Entre las denuncias de agresiones a periodistas se destacan, por su gravedad, la de Juan Carlos González, reportero del medio digital, Wambra, quien habría sido impactado por una granada de gas lacrimógeno en el rostro, en Quito; también se denunció que un agente motorizado de la Policía Nacional en Guayaquil atropelló al reportero del periódico Universal, Ronald Cedeño; además, el periodista de la radio Tomebamba, Juan Francisco Beltrán, el fotógrafo de El Comercio, Julio Estrella y el fotógrafo de la agencia API, entre otros, habrían sido rociados con gas pimienta directamente a la cara cuando realizaba cobertura. Las reporteras del portal Primicias, Adriana Noboa, y de El Comercio, Yadira Trujillo habrían sido impedidas por, al menos, 12 policías antimotines de filmar con sus celulares la represión contra manifestantes y denunciaron haber sido golpeadas (a “toletazos”) por la Policía. Se tuvo también noticia de que Los periodistas Charlie Granda, Luis Granda y Wilson de la radio comunitaria #Periférik, habrían sido agredidos por un tanque cisterna. El sábado 5 de octubre, el camarógrafo del sitio Guarmillas, David Aguiar, fue herido con una bala de goma en la parte superior derecha del toráx. El Estado indicó que se encuentra investigando los hechos ocurridos en contra de trabajadores de la prensa, a fin de determinar responsabilidades. 
Los ataques perpetrados contra trabajadores de la prensa también vinieron de los manifestantes, miembros de sindicatos y movimientos sociales que participaban en las protestas. Entre las múltiples denuncias de casos e incidentes, se encuentra la reportera de TVC Andrea Orbe y su camarógrafo Tito Correa, quienes habrían sido agredidos física y verbalmente cuando cubrían el cierre de vías en la Panamericana Norte. El mismo día, el periodista de cadena TC Televisión, Mauricio Ceballos y su camarógrafo habrían sido atacados a través de golpes con palos y piedras por manifestantes en la población Santa Lucía (Guayas). Los periodistas de Red Informativa en Quito, al igual que William Rivadeneira de Cable Mágico, Carlos López de Macas News y César Correa de radio Shalom denunciaron, agresiones físicas y hostigamiento de manifestantes en Morona-Santiago mientras transmitían en vivo. 
En esta misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial tomaron nota de que un grupo de profesionales de la comunicación fueron “retenidos” en el Ágora de la Casa de la Cultura donde se encontraba sesionando la dirigencia indígena, entre ellos algunos periodistas denunciaron haberlo sido contra su voluntad. Según información recibida, un sector de la dirigencia indígena les habría exigido a varios equipos periodísticos transmitir en vivo un acto de aplicación de “justicia indígena” en contra de 8 policías, también “retenidos” en respuesta por la muerte de manifestantes durante las protestas. Según la información proporcionada por el Estado, el Gobierno Nacional solicitó la intervención de Naciones Unidas para “negociar” la liberación de los ocho policías secuestrados en la Casa de la Cultura; asimismo, que convocó de manera inmediata al Comité Interinstitucional de Protección a Periodistas y Trabajadores de la Comunicación para abordar el secuestro de los periodistas en la Casa de la Cultura. Las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal del Ecuador actuaron como facilitadores del diálogo entre las organizaciones indígenas y el Estado. Como resultado del diálogo se logró que, alrededor de las 15:00 del mismo día, la liberación de los 27 comunicadores. 
En ese contexto, la Relatoría Especial condenó la agresión ocurrida al desplazarse en las calles circundantes a la Casa de la Cultura contra el periodista de Teleamazonas, Freddy Paredes, quien fue golpeado brutalmente con una piedra, con el resultado de la fractura de su clavícula y una contusión con herida abierta en la cabeza. Paredes presentó una denuncia en la Fiscalía por intento de asesinato; el supuesto responsable, quien habría sido identificado, se encontraría prófugo. Los indígenas que escoltaron a Paredes a la salida de la Casa de la Cultura deslindaron su responsabilidad con la agresión. 
Durante la visita realizada a Ecuador para establecer los hechos, los movimientos sociales involucrados reconocieron la situación de tensión, y sin embargo de que algunos periodistas reconocieron que no fueron retenidos, otros entrevistados insistieron en decir que interpretaron como detención el hecho de que les habrían solicitados a realizar transmisiones en vivo desde el lugar. Denunciaron, asimismo, cortes permanentes en el acceso a internet por parte de las plataformas telefónicas de las empresas Claro y Movistar. 
También se reportaron agresiones a periodistas, comunicadores comunitarios y trabajadores en la cobertura desde diferentes zonas del país. Es el caso del reportero de Ediasa en Manabi, Jose Diego Delgado, agredido con piedras por manifestantes, quienes le destruyendo su trípode, también contra el corresponsal de Teleamazonas en Mora Santiago, Elvis Nantip, quien reportó golpes y la destrucción de su cámara. La Relatoría Especial, además, registró la detención arbitraria de un grupo de periodistas en un estacionamiento en la zona de San Blas, en Quito; según denunciaron los afectados, un grupo de manifestantes no les permitieron salir durante, al menos, dos horas. 
La obstaculización en coberturas y la falta de garantías para el trabajo periodístico primó durante los días del conflicto. El 7 de octubre, fuerzas de seguridad ecuatoriana desalojaron a periodistas del Palacio Presidencial después de que el Presidente Moreno se trasladara desde la capital rumbo a Guayaquil, donde los periodistas habrían quedado sin protección de la protesta que llegaba al Palacio. En medio de esta situación fueron varios periodistas atacados, como el reportero de Teleamazonas, Fausto Yepez, el camarógrafo Alexander Herrera y el asistente Dario Zapata, quienes denunciaron, en vivo, las hostilidades contra la prensa, así como las agresiones contra el equipo de Noticias Caracol de Colombia, quienes habrían sido insultados y acusados de desinformar. El vehículo en el cual se transportaba el periodista Paúl Romero del medio de comunicación Ecuavisa recibió pedradas de los manifestantes, dejando graves daños en su equipo. Según información de público conocimiento, la CONAIE como otras organizaciones sociales denunciaron que desconocidos se habrían sumado a la protesta para cometer actos vandálicos y agredir a la prensa. 
Finalmente, el día 12 de octubre, se produjeron ataques graves y coordinados contra instalaciones de varios medios de comunicación en Quito. Así, una turba habría lanzado bombas Molotov, incendiado una antena, y dos vehículos en el edificio del canal de televisión Teleamazonas, en donde se encontraban 25 trabajadores escondidos en el cuarto de seguridad. Afuera, lanzaban piedras y palos e intentaban impedir el paso de los bomberos que iban a apagar el fuego. La Policía llegó y rescató a los trabajadores, aunque la transmisión tuvo que ser interrumpida. En diario El Comercio pasó algo similar: “Se están metiendo al periódico, aquí estamos algunos compañeros trabajando”, dijo una de sus reporteras en una nota de voz registrados en un grupo de chats de prensa, sus colegas habrían pedido ayuda a los ministerios de Gobierno y Defensa y al ECU911. 
La CIDH reitera que el Estado tiene la obligación de proporcionar la seguridad de los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública, así como garantizar que estos no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Los ataques contra periodistas y la destrucción o incautación de equipos de quienes cubren estas situaciones violan la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como colectiva. 
La Comisión y su Relatoría Especial instaron a las autoridades, a través de un comunicado emitido el 9 de octubre, a que investiguen de forma pronta y exhaustiva cualquier denuncia de violencia y establecer las sanciones correspondientes, tanto en denuncias del uso excesivo de la fuerza cometidas por los agentes de la policía y de las fuerzas de seguridad, como en hechos de agresiones y saqueos por parte de la población. 
B. Violaciones al derecho a la libertad de expresión y asociación
También en el contexto de las protestas, se recibió información sobre la detención de ocho comunicadores y la sentencia a cinco días de prisión contra la comunicadora de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Camila Martínez, condenada por una contravención de segunda clase, contemplada en el artículo 394 del Código Integral Penal (COIP) de Ecuador. Esta disposición sanciona con prisión a quien maltrate, insulte o agreda a los agentes que precautelan el orden público. Asimismo, otros siete periodistas que habrían sido aprehendidos sin debido proceso, para ser posteriormente liberados. 
El principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que: “[l]os funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como "leyes de desacato" atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”. Además, la CIDH ha sostenido repetidamente que la aplicación del derecho penal para sancionar expresiones referidas a funcionarios públicos es desproporcionada cuando se trata de un discurso protegido, como la información o expresión sobre asuntos de interés público, y viola el derecho a la libertad de expresión. Asimismo, frente a las detenciones realizadas, la CIDH recuerda de la importancia de acompañamiento de Defensoría del Pueblo para verificar el estado de las personas detenidas; además de que se les garanticen los derechos a la seguridad, integridad y debido proceso. 
El miércoles 9 de octubre, la radioemisora Pichincha Universal recibió la orden, de parte de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, para adherirse a la señal de la radio pública –de manera indefinida–, medida que luego fue sustituida por una solicitud judicial de suspensión de la emisión tramitada por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) a través de la investigación Nº170101819100814 como una medida cautelar provisional. Según información disponible, también se habría producido el allanamiento de las instalaciones de radio Pichincha Universal, por el presunto delito de “incitación a la discordia entre ciudadanos”. 
Con referencia a la suspensión de la señal de la Radio Pichincha Universal, un juez de garantías constitucionales aceptó la acción de protección presentada por su defensa y concedió una medida cautelar a favor del medio de comunicación, que estuvo fuera del aire por 16 días. La Radio denunció una campaña de “acoso judicial”, consistente en la promoción de investigaciones criminales por parte del gobierno de Ecuador. Ello, tomando en cuenta que la Fiscalía General del Estado, a través del agente Fiscal competente, de la Fiscalía de Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional, les solicitó información del personal que trabaja en dicha Radio según información oficial de la propia Fiscalía General. Además, el portal web de la radio habría sido denunciado por presuntas violaciones de derechos de autor de algunas de las fotografías que allí figuraban. 
En esta misma línea, según información de público conocimiento, la señal de televisión por cable y satélite de la cadena TeleSUR, fue retirada del aire en Ecuador durante los tres días. La Presidenta de la cadena, Patricia Villegas apuntó que el corte fue realizado sin ninguna justificación, para luego ser restituida al día siguiente. El Estado indicó que TeleSUR es parte de una concesión privada de cable y por tanto no responde al espectro de control del Estado en cuanto a telecomunicaciones. 
A través de un pronunciamiento público, diferentes medios de comunicación alternativos que realizaron la cobertura de las manifestaciones en Ecuador denunciaron al gobierno por censura tecnológica y digital e indicaron que habrían sido intervenidos y vulnerados en sus derechos. Por su parte, el Estado indicó que mantuvo canales oficiales de comunicación con la ciudadanía, a través de la Secretaría de Comunicación, solicitando a las personas informarse a través de estos medios. 
Según información denunciada por diferentes medios de comunicación, habrían salido del aire radios y canales que emiten señal en Frecuencia Modulada (FM) de las provincias de Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo; este hecho se reportó después de que el movimiento indígena se hubiera tomado el cerro Pilisurco, donde se encuentran algunas de estas antenas.
Según información recibida por la CIDH, diferentes medios comunitarios, digitales y alternativos en Ecuador denunciaron violaciones a su derecho al ejercicio a la libertad de expresión y acceso a la información, además de los ataques físicos e impedimento de coberturas como los ocurridos el 3 de octubre contra los periodistas Luisa Aguilar y José Mosquera, ambos de Wambra Digital. En la ciudad de Cuenca denunciaron que la periodista de Radio Kimsakocha, Diana Narváez habría sido impactada en su talón derecho por una granada lacrimógena. El medio digital comunitario Wambra denuncio además que autoridades del Ministerio del Interior se habrían referido al medio como "importante para difundir noticias falsas”, después de haber afirmado que dichas noticias falsas tenían parte de la responsabilidad en la violencia durante el paro nacional. 
Según información proporcionada a la Relatoría Especial durante la visita de trabajo a Ecuador por la misión de la CIDH, la Convergencia de Medios Alternativos, Comunitarios, Indígenas e Independientes creada por 23 medios a raíz del paro nacional que se vivió en Ecuador, denunció diferentes vulneraciones al ejercicio de la libertad de expresión, tales como censura previa a través de un ataque tecnológico con el bloqueo de señal telefónica y de internet en las inmediaciones del parque El Arbolito y la Casa de la Cultura en Quito y diversos ataques a las cuentas oficiales de radios comunitarias. 
Según información proporcionada por la organización NetBlocks, desde el 9 hasta el 12 de octubre, se habrían registrado cortes severos del Internet en diferentes momentos y durante varias horas, coincidiendo con los picos más altos de represión y violencia de las protestas y manifestaciones en Ecuador. 
De acuerdo a distintas organizaciones, múltiples medios de comunicación habrían reportado dificultades en sus comunicaciones y conexión a Internet durante las movilizaciones. Durante once días de movilización, se denunció que habrían utilizado inhibidores de señal, ya que en la medida que periodistas se acercaban hasta zonas de conflictos, o de enfrentamientos entre manifestantes y policías, la señal de celular decaía, de tal manera que no se podían realizar llamadas o enviar mensajes de SMS o por internet, impidiendo la cobertura. Sin embargo, al alejarse de la zona de conflicto, la señal se restablecía y volvía a la normalidad. 
En esta misma línea, la Relatoría Especial recibió información sobre un ataque DDOs que habría tenido lugar contra la página web de Wambra Medio Digital Comunitario, la cual habría impedido el acceso a correos electrónicos, a publicar nueva información y transmitir el informativo diario sobre el Paro Nacional, a través de su plataforma. Según lo informado, el ataque habría ocurrido horas después de que se publicara una entrevista al hermano de Marco Otto, uno de los jóvenes que falleció tras caer del puente del barrio quiteño de San Roque, en el contexto de la dispersión de las manifestaciones por parte de policías. 
La Relatoria Especial, asimismo, recibió denuncias sobre campañas de desinformación deliberada por parte de actores no identificados que habría tenido la intención de exacerbar los ánimos de la población inmersa en el conflicto como lo han documentado varias organizaciones de la sociedad civil. 
La CIDH y su Relatoría Especial recuerdan que los derechos humanos y, en particular, el derecho a la libertad de expresión, encuentran en Internet un instrumento único para desplegar su enorme potencial en amplios sectores de la población. La relevancia de Internet como plataforma para el goce y ejercicio de derechos humanos está directamente vinculada con la arquitectura de la red y los principios que la rigen, entre ellos el principio de apertura, descentralización y neutralidad. 
En la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet del 2011, la Relatoría Especial indica que la libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación, por lo que las restricciones y el bloqueo obligatorio de sitios web enteros, direcciones IP, puertos, protocolos de red o ciertos tipos de usos (como las redes sociales) constituye una medida extrema—análoga a la prohibición de un periódico o una emisora de radio o televisión—. Dichos bloqueos o restricciones no pueden justificarse, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional, y no pueden utilizarse como medidas de censura o como mecanismos para impedir el acceso a la información de la población. Además, dado el carácter habilitador de derechos que tiene la libertad de expresión, estas restricciones afectan también el ejercicio de otros derechos e impactan en la economía en forma importante. 
La Relatoría Especial ha sostenido que “[l]a neutralidad de la red es una condición necesaria para ejercer la libertad de expresión […]. Lo que persigue tal principio es que la libertad de acceso y elección de los usuarios de utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal por medio de Internet no esté condicionada, direccionada o restringida, por medio de bloqueo, filtración, o interferenci[a]”. 
C. Afectaciones a la integridad personal en el marco de las protestas sociales 
Durante su visita de trabajo, la Comisión Interamericana recibió información documental, material audiovisual y cientos de testimonios relacionados con las afectaciones a la integridad personal en el marco de las protestas sociales en Ecuador. Como se analiza, la información recibida da cuenta principalmente de una serie de violaciones reiteradas a este derecho que habrían sido consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza por agentes estatales en contra de manifestantes y personas que no participaban en las protestas. Entre los principales grupos afectados se encuentran niñas, niños y adolescentes; personas indígenas; adultos mayores; periodistas; así como personal médico o voluntario que prestaba asistencia humanitaria. Según información suministrada por la Defensoría del Pueblo, por lo menos 1340 personas resultaron heridas, entre ellas 458 servidores policiales, en el contexto de los hechos ocurridos entre el 3 y el 13 de octubre en el país. 
A partir de la información y los testimonios recibidos, la CIDH constató afectaciones a la integridad personal ocurridas en el marco de los operativos desplegados desde el tres de octubre y, durante la vigencia del toque de queda decretado en el país. Dichas afectaciones habrían sido ocasionadas por la actuación violenta de los agentes encargados del orden mediante la policía montada, patadas, golpes, agresiones verbales e, inclusive, mediante disparos a corta distancia de municiones de perdigón y/o bombas lacrimógenas directamente hacia las personas manifestantes o contra quienes se encontraban en las zonas aledañas. Como consecuencia, decenas de personas habrían resultado heridas, –algunas de ellas, de gravedad– debido a fracturas provocadas por el impacto de proyectiles o por perdigones alojados en diversas partes del cuerpo. Al respecto, una persona con discapacidad física que fue herida durante las manifestaciones narró a la CIDH lo siguiente: 
“El martes [8 de octubre] me encontraba por la caja seguros, el ‘trucutu’, pasaba en la calle 10 de agosto a altas velocidades. Mientras estaba en el parterre, [me] paro a media calle con los brazos en alto y la bandera de Ecuador colgada en mi cuello, al ver que no se detenía la tanqueta me hinco en la calle tratándose de esta manera que se detenga, lo cual así sucedió. Es cuando abren las puertas de la tanqueta y se bajaron tres policías, quienes me pegaron, me dieron patadas en la cara y se [me] salieron cuatro dientes fijos que tenía. Me tapaba la cara, me arrastraron al parque [el Ejido] y me pegaron en la cabeza con un tolete. Me arrimé a un árbol, me paro y los policías se alejan al ‘trucutu’. Cuando se alejan, dos policías con escudos le cubren a otro policía que tenía una carabina. El mismo me dio tres tiros [en el pecho a lado izquierdo del corazón dos impactos de bala de goma y otro impacto a lado de la ingle]. Luego me di cuenta de que habían sido balas de goma y las recojo del suelo (…). Después de eso corro al parque de El Arbolito y las motocicletas de los policías empiezan a seguirme (…). Me alcanzan las motocicletas y me rodean, no tenían nombre, los números estaban tapados. Me vuelven a pegar, me empujaron con la moto, me pateaban y me dicen que me largue. Inmediatamente me llegó mi hija, le quisieron quitar el teléfono y no se dejó, le pegaron, nos echaron bombas a los dos. En ese momento nos sueltan dos bombas lacrimógenas a los dos, luego caminamos aproximadamente una cuadra me desfallezco y caigo al piso y procede mi hija llamar al 911 comunicando que hay un herido, ellos le preguntan quién le hirió y mi hija le dice la policía, ellos le contestan diciendo que no hay ambulancia y le colgaron. Un voluntario me trasladó al hospital Carlos Andrade Marín del IESS. [Salí] aproximadamente las 22h30 de ese mismo día”. 
Luego el sábado [12 de octubre] salí al paro, llego al parque de “El Arbolito”, encuentro un cartón de refrigeradora y con eso avanzo en dirección a la Asamblea Nacional. Es ahí que desde el puente de la calle Yaguachi, la policía disparaba y me impactan en la parte frontal de mi cráneo, perdiendo en ese instante pérdida de conocimiento, volviendo a recuperarlo en una ambulancia del cuerpo de bomberos que me estaba trasladando al hospital Eugenio Espejo. Luego de unas horas procedieron a realizar una intervención quirúrgica, que posteriormente me entero de que me diagnostica trauma con fractura craneoencefálico y hendidura de cráneo. Estuve hospitalizado 12 días en neurocirugía en el Hospital Eugenio Espejo. Les pedí a las enfermeras mi historia clínica del motivo de mi ingreso y contestó “ya no podemos señor porque la ministra nos ordenó que no demos información de los heridos en las manifestaciones”.
Sumado a lo anterior, la CIDH recibió al menos diecinueve testimonios de personas que habrían perdido totalmente la visión totalmente, o parcialmente, mediante la pérdida de algún ojo, debido al impacto de bombas lacrimógenas o perdigones utilizados para la dispersión de las protestas, tanto por parte de agentes de la policía como por militares. En estos casos, la Comisión condena el empleo de tales dispositivos como proyectiles tendientes a neutralizar a quienes se manifestaban, así como las graves consecuencias permanentes que fueron ocasionadas a la integridad de las personas lesionadas. Al respecto, la CIDH recibió el testimonio de una mujer afectada por el impacto de un proyectil a quemarropa en su ojo izquierdo cuando participaba en ‘el cacerolazo’ nacional: 
“El sábado fueron a comprar en una tienda que era la única que tenía algo para comer en su barrio, que lo único que había eran tomates, fideos y gaseosas y tres atunes (…). Luego se dirigieron a la casa porque comenzaron a ver desmanes. Ella pidió a sus vecinos abastecerse de agua y cerrar las casas porque ya había disturbios en la parte alta de La Tola. A las 15:00 salieron con toda su familia con botes de agua a repartir a los vecinos que no habían recogido el líquido. Como era toque de queda se concentraron en el barrio para los cacerolazos. Se unieron entre 60 o 70 personas entre niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, todos moradores del sector. 
Bajó con una olla y cuchara de palo gritando consignas por la paz. A las 21:00 pasa un camión militar pequeño y un camión policial más grande. El camión policial se detiene y comenzaron a botar bombas lacrimógenas con gas especial que automáticamente les hacían vomitar. Ella se pone frente al camión pidiendo que ya no lancen más bombas, un policía del GOM le queda viendo y le dispara de frente una bomba lacrimógena. Una vez que puede volver a tomar aire, el policía le quedo esperando que caiga, pero ella caminaba. Los vecinos gritaban al verla, ella subió por la calle Remigio Crespo y oyó la voz de su madre. Su madre, junto a un periodista pidieron a la persona que conducía una camioneta que la lleven a un centro de salud por la pérdida de sangre. La llevó al hospital militar, pero por el ‘Coliseo Ruminahui’ los policías le impidieron pasar, ante los ruegos de la madre y hermana la ingresan al hospital. 
El doctor comprobó que perdió el ojo. Le hicieron una tomografía y el eco no pudo porque tenía el ojo colgando...Mandan a retirar a un médico que estaba en el Eugenio Espejo que es especialista cirujano de párpados dos médicos la operaron. La cirugía duro 8 horas. El domingo a las 9 le operaron y salió del hospital por miedo a una bacteria que había en el hospital a las 12h00 del lunes estuvo en su casa. Desde ahí ha tenido chequeos constantes por las lesiones en la cuenca del ojo, 8 fracturas y desprendimiento del colchón del ojo”. 
La información al alcance de la CIDH revela que las agresiones y disparos a quemarropa por agentes policiales y fuerzas militares también habría sido dirigidos contra quienes prestaban asistencia médica a manifestantes. En este sentido, un voluntario de brigadas médicas lesionado por el impacto de bomba lacrimógena mientras prestaba primeros auxilios informó lo siguiente: 
“[El 11 de octubre] cuando coordinaba con los grupos empezó una arremetida policial de bombas lacrimógenas y bombas de silencio. Desde las 10am tuvo flujo de heridos en el sector del arbolito. Con los grupos realizó un barrido de heridos. Tenían una cifra de heridos de 40 a 60 en menos de media hora. Tenían colapsado el equipo de médicos. Nos trasladamos a refugiarnos por tanta masividad de impactos atrás de la bola metálica de El Arbolito para mirar lo que estaba sucediendo ya que todo estaba oscuro (…). Escuchamos “menor caído”. Levantamos una bandera blanca en señal de paz y nos trasladamos al 12 de octubre. Ahí estaban los manifestantes con escudos. Estaba el menor de edad con impacto de bomba en el abdomen. Lo atendieron e inmovilizaron con el equipo médico. Al salir fue alcanzado por un proyectil de bomba lacrimógena en su ojo izquierdo (…). Me pasé de la calle al otro extremo de la vereda. La gente me pudo auxiliar y también mis compañeros. Le dieron primeros auxilios y trasladaron a la casa de Bambú. Lo llevaron al Hospital Carlos Andrade Marón. Tenía pérdida del ojo izquierdo. Totalmente reventado. Nunca perdió conocimiento. Recibió tomografías y placas para revisar su estado craneal. Fue operado por ocho horas. La doctora le indicó que le extirparon todo el ojo. No pudieron recuperarlo. El proyectil vino del trucutú, en una distancia de 4 a 6 metros. No respetaron la bandera blanca de salud. No respetaron al herido que estaban atendiendo. Disparaban directamente a los manifestantes que estaban protegiéndose con latas en la vereda”. 
Por otro lado, la CIDH constata que la intensidad de la respuesta estatal habría tenido efectos desproporcionados en contra de la integridad de las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y mujeres indígenas que acompañaban las manifestaciones. En particular, de acuerdo con la información recibida, en el marco de las protestas ocurridas, las fuerzas policiales y militares habrían agredido con golpes, patadas, bastones policiales y gases lacrimógenos a núcleos familiares e indígenas, como lo ejemplifica el testimonio siguiente: 
“Nosotros llegamos a la Casa de la Cultura el lunes de noche. El martes [8 de octubre] empezamos con la marcha pacífica con dirección a la Asamblea y las personas que estaban adelante, dijeron que ya entraron, nosotros estábamos afuera. A los 20 minutos comenzaron a lanzar bombas de adentro de la Asamblea y de afuera. No respectaron ni a mujeres ni a nadie. 
Ya no podía caminar y me quede sentada en un rinconcito en la puerta de la Asamblea. Vinieron los caballos y carros antimotines. Luego de una hora me recupere y salimos de ahí como a las 17h00 y llegamos al parque del Arbolito ahí fue que me dieron ellos. Vinieron con caballos, me dispararon a pesar de que les dije que estaba embarazada, perdí el conocimiento y mis amigas me ayudaron y la llevaron al centro de El Arbolito en el dispensario médico. Se recuperó a eso de las 21h00, se fue a la universidad salesiana. Los médicos la tenían controlada. 
Nuestra cultura es diferente. Los indígenas no podemos dejar solos a mi hermano y a mi papa”. 
En el contexto de lo anterior, la Comisión también recibió información respecto de agresiones ocurridas contra personas que se ubicaban en las “zonas de paz” o de asistencia humanitaria habilitadas en la ciudad de Quito durante las manifestaciones. Entre la información registrada por la CIDH, se encuentra la agresión ocurrida el 9 de octubre en la Universidad Politécnica Salesiana y la Pontificia Universidad Católica de Ecuador cuando agentes policiales y militares dispararon bombas lacrimógenas al interior de dichos recintos, mismos que estaban habilitados como centros humanitarios y de acogida para las personas manifestantes, heridas e indígenas del interior del país: 
“Estuv[e] presente en la jornada donde la PUCE fue atacada con bombas lacrimógenas durante la noche. La tarde del 09 de octubre, aproximadamente a las 18h00 la gente estaba congregada en el comedor y el área de atención médica, de pronto comenzaron los Policías a lanzar bombas al interior de la PUCE. Lo que les obligó a movilizar a los heridos al interior del Coliseo. Hubo un estado de pánico generalizado, debido a que dentro del Coliseo se encontraban los niños. Todos los asistentes, incluidos los niños fueron afectados por las bombas lacrimógenas”. 
La CIDH recuerda que el derecho a la integridad personal no solo comprende la obligación estatal negativa de no infringir sufrimiento a las personas que se encuentren bajo su jurisdicción, sino que además exige proteger y preservar tal derecho. De acuerdo con lo anterior, en cumplimiento de sus funciones de seguridad y orden público, el Estado debe minimizar cualquier riesgo a tales derechos a través de la realización de un cuidadoso escrutinio apegado estrictamente a los principios y estándares internacionales. La CIDH, asimismo, destaca que la integridad personal forma parte del núcleo inderogable de los derechos no susceptibles de suspensión enlistados en el artículo 27.2 de la Convención. 
De conformidad con la información suministrada por el Estado, El artículo 66, numeral 3 de la Constitución de la República garantiza el derecho a la integridad personal. El primer inciso del artículo 165 ibídem determina que “durante el estado de excepción la Presidenta o Presidente de la República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información, en los términos que señala la Constitución”. En razón de lo expuesto, los decretos de estado de excepción suspenden y limitan derechos específicos, y no afectan de ninguna manera los derechos fundamentales, en los que se encuentra los derechos a la vida y a la integridad personal, de conformidad con la normativa internacional que rige los estados de excepción. 
Ahora bien, por lo irreversible de las consecuencias que podrían derivarse del uso de la fuerza, la CIDH la concibe como “un recurso último que, limitado cualitativa y cuantitativamente, pretende impedir un hecho de mayor gravedad que el que provoca la reacción estatal”. Dentro de ese marco caracterizado por la excepcionalidad, tanto la Comisión como la Corte IDH, han coincidido en que, para que el uso de la fuerza se encuentre justificado, se deberán satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Esto, en términos generales, supondría que la misma se encuentre establecida en una ley y persiga un fin legítimo; que se realice una evaluación que permita verificar la existencia y disponibilidad de medios menos lesivos; y que el nivel de fuerza utilizado sea acorde con el riesgo real que representa la persona y con el nivel de resistencia, lo cual implicaría un equilibrio entre la situación que enfrenta el funcionario y su respuesta, considerando el daño potencial que podría ser ocasionado. Lo anterior con base en las obligaciones internacionales contraídas por los Estados en materia de los derechos humanos, vistos a la luz de instrumentos internacionales, tales como los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Cumplir la Ley y Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. 
De esta manera, y en concordancia con el ya mencionado principio de excepcionalidad, los Estados deberán utilizar, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza, incluidas las armas de fuego. Sin embargo, como se puede deducir, esta restricción en el uso de la fuerza no se refiere únicamente a armas letales. Entre las medidas cuyo uso debe ser controlado se encuentran también aquellas consideradas como “no letales” o “menos letales”. En esta categoría es posible englobar diferentes tipos de balas de goma, gases lacrimógenos, proyectiles de descarga eléctrica, proyectiles de caucho, camiones hidrantes, balas de plástico, dispositivos sonoros y de energía, entre otros. Como lo ha sido establecido en otras ocasiones por la Comisión, de manera general, casi todo uso de la fuerza puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte de una persona. Esto supone que, bajo ciertas circunstancias, la letalidad de un arma depende de su uso y control. 
En relación con lo anterior, la Comisión Interamericana concluye que la reacción violenta y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes policiales y militares en el contexto de los operativos de dispersión de las manifestaciones sería la causa principal del alto número de personas heridas. Como consecuencia de ello, la CIDH advierte que el Estado habría incumplido con sus obligaciones de respeto y garantía del derecho a la integridad personal, consagradas en la Convención Americana. 
D. Afectaciones a la vida en el marco de las protestas sociales
La CIDH considera que el derecho a la vida constituye la base esencial del ejercicio de los demás derechos. En el mismo sentido, la Corte Interamericana ha manifestado que dicho derecho juega un papel fundamental en la Convención Americana por ser el corolario esencial para la realización de los demás derechos. Al igual que la integridad personal, de conformidad con el artículo 27.2 de la CADH, el derecho a la vida forma parte del núcleo inderogable de derechos que no pueden ser suspendidos en casos de guerra, peligro público u otras amenazas. 
En virtud del rol fundamental que se le asigna al derecho a la vida en la Convención, la Corte IDH ha establecido que los Estados tienen la obligación de garantizar las condiciones necesarias para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable, así como el deber de impedir que sus agentes, o particulares, atenten contra el mismo. En particular, la Corte ha señalado que el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 4 de la Convención Americana, relacionado con el artículo 1.1 de la misma, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente, sino que, además, requiere que los Estados adopten todas las medidas para proteger y preservar el derecho a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción. De manera especial, los Estados deben vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quienes les está atribuido el uso legítimo de la fuerza, respeten el derecho a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción. 
En el marco de su visita de trabajo a Ecuador, la CIDH recibió información de la Defensoría del Pueblo, entidades de la sociedad civil y testimonios de los familiares de las víctimas sobre once personas que habrían perdido la vida en el contexto de las protestas sociales en el país. De este número, la información al alcance de la Comisión indicaría que, al menos, ocho personas habrían muerto de manera violenta y/o como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza por agentes estatales; asimismo, tres personas habrían fallecido como consecuencia de las lesiones sufridas por presuntas caídas o atropellamientos. El Estado indicó que la Fiscalía General continúa realizando las investigaciones pertinentes, a fin de determinar las responsabilidades. 
Por su parte, el Estado ecuatoriano inicialmente indicó a la CIDH que 9 personas habrían perdido la vida en “accidentes relacionados con los disturbios, de los cuales dos casos estarían siendo investigados como muertes violentas”. El 30 de octubre de 2019, durante la visita de trabajo al país, la Comisión sostuvo un encuentro con autoridades del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En dicha oportunidad, la información y expedientes individualizados sobre estos casos no fue puesta a disposición de la CIDH para el libre acceso y escrutinio. Posteriormente, el 22 de noviembre, la CIDH solicitó al Estado información sobre las investigaciones avanzadas para esclarecer la muerte de las once víctimas registradas u otras fallecidas en el marco de las manifestaciones sociales. Mediante respuesta del 3 de enero de 2020, el Estado precisó que "los fallecidos perdieron la vida en el contexto de las protestas, más no necesariamente como fruto de excesos de acción policial". Asimismo, el Estado ecuatoriano indicó que dos personas identificadas como fallecidas no aparecían en la base de datos del Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales -SIAF- de la Fiscalía, con acta de defunción expedida oficialmente ni entre los casos de presunta desaparición forzada denunciados ante las autoridades: José Rodrigo Chaluisa y Edwin Bolaños. 
Según el testimonio proporcionado a la CIDH por un hermano del segundo de los mencionados, Edwin Bolaños habría fallecido el 18 de octubre como consecuencia del impacto de proyectil recibido el 11 de octubre de 2019 mientras participaba en las manifestaciones en la ciudad de Quito. De acuerdo con la información, “el impacto del proyectil, perdigón, había afectado una arteria principal que lleva al corazón y no podían retirar los pedazos pues era muy peligroso”. La CIDH destaca que en este caso, según lo relatado, un agente militar habría sido identificado como presunto perpetrador de los hechos. Sin embargo, como se indicó anteriormente, el Estado expresó que “tras verificar los datos de 30 ciudadanos que llevan ese nombre, en las bases de datos del Sistema David 20i2 no existe el registro de levantamiento de cadáver de una persona con ese nombre”. En la misma comunicación, el Estado añadió que “luego de indagaciones en casas de salud y morgues a nivel nacional, realizadas por el personal de la DINASED, tampoco se halló una persona fallecida con ese nombre”. 
Sumado a lo anterior, el mismo 3 de enero de 2020, el Estado informó a la CIDH sobre la muerte de la señora Mónica Patricia Castro Sánchez y de su hija Kelly Gisella Flores Sánchez, “quienes fallecieron por un incendio en su domicilio, ocurrido el 9 de octubre de 2019”. De acuerdo con la información proporcionada “el fuego se habría originado en una barrera encendida por manifestantes para bloquear una vía pública, que se extendió a la casa de las víctimas. La señora Mónica Patricia Castro Sánchez murió calcinada al interior de su vivienda y días después, falleció su hija Kelly Gissella Flores Sánchez debido a tromboembolia pulmonar y falla multiorgánica ocasionadas por las múltiples quemaduras de grado II que sufrió en el incendio”. 
Ahora bien, en su vista al país, la CIDH recibió con consternación el testimonio de los familiares del adolescente Gabriel Antonio Angulo Bone, de 15 años, quien el 7 de octubre habría recibido un impacto a corta distancia por parte de un agente policial, en el municipio de Duran, Guayas. Según la información recibida por la CIDH, Gabriel Antonio se encontraba con seis jóvenes en el Puente de la Unidad Nacional para ver pasar a los manifestantes. Después de media hora, un grupo de personas habría iniciado el saqueo de locales comerciales en la zona, lo que ocasionó la intervención policial mediante el uso de bombas lacrimógenas: 
“[En el contexto del operativo] Gabriel cayó en un hueco por lo que se sentó en la acera para sobarse la pierna “y en eso pasaron dos policías en moto y el acompañante dispara a quemarropa la pistola de las bombas lacrimógenas, le insulta y le dijo muérete”. Aunque Gabriel se habría levantado, después de correr a una distancia cercana se desplomó. “[En este momento] comenzamos a pedir ayuda a los policías y no nos ayudaron, y como lo vimos que por un momento reaccionó comenzamos a sobarle el pecho, pero no pasaba en eso se acercó una persona identificándose como enfermero para darle los primeros auxilios y nos dijo que no tenía signos vitales, que pidamos vehículo para trasladarlo a un hospital. Luego de eso regresaron sus signos vitales y en una moto lo llevamos al Hospital Oramas González, pero cuando ingresó los doctores indicaron que ya no tenía pulso que había fallecido. Las causas de su fallecimiento fueron por hemorragia aguda interna – hemo pericardio – laceración de corazón, trauma cerrado de tórax, según el certificado de defunción”. En su comunicación del 3 de enero de 2020, el Estado informó a la CIDH que el caso se encuentra en investigación previa ante la Fiscalía Nro. 3 de Durán, siguiendo como principal línea de investigación de la muerte “golpe por objeto contundente”. 
En reiteradas ocasiones, la Comisión ha indicado que cuando el Estado se encuentra en presencia de un adolescente, además de las obligaciones señaladas para toda persona, existen obligaciones adicionales derivadas del artículo 19 de la Convención Americana. En tal virtud, el Estado debe asumir su posición de garante con mayor cuidado y responsabilidad por tratarse de un niño, y debe además tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés superior del niño. En este sentido, la CIDH condena enérgicamente el alegado abuso del uso de la fuerza por parte de agentes estatales en contra del adolescente. Al mismo tiempo, insta al Estado a investigar los hechos con la debida diligencia, en particular, mediante la consideración de las versiones tanto de los testigos presenciales como de los familiares de la víctima, así como la evidencia fotográfica y técnico científica, a fin de establecer la verdad, identificar a los autores responsables, enjuiciarlos y aplicarles las sanciones penales y administrativas correspondientes. 
Por otro lado, el mismo 7 de octubre, Edison Eduardo Mosquera Amagua, de 29 años, recibió un impacto de proyectil en la cabeza por agentes policiales en el sector conocido como La Recoleta en el centro histórico de Quito mientras participaba en las manifestaciones: 
“[Edison Mosquera] se movilizó apoyando al levantamiento indígenas, manifestándose en contra de las medidas económicas dadas por el régimen. En la zona de la Recoleta, de acuerdo a lo que pudimos observar por videos de cámaras de seguridad de hoteles aledaños, [Edison Mosquera] cae al piso en medio de la represión y tres Policías proceden a agredirles con patadas, puños, toletes, como se observa en la filmación; el queda inconsciente y según la versión de una persona que estaba junto a él, uno de los Policía que le agredieron, a corta distancia disparó un arma tipo escopeta en su cabeza, y dicho elemento policial siguió disparando a mansalva la muchedumbre. La gente que se encontraba cerca, logra sacarlo y evacuarlo hacia la parada del Cumandá del Trolebus, en ese lugar se lo puso sobre una puerta para hacer camilla y en vista que no llegaba una ambulancia fue evacuado hacia el hospital del Sur del IESS en una camioneta particular. En la noche alrededor de las 11h30, se nos llamó a la familia, indicándonos que se encontraba gravemente herido por un disparo. Una vez que llegamos al hospital, inmediatamente fue traslado al Hospital Carlos Andrade Marín, por la gravedad de sus heridas, donde permaneció por el lapso de 6 días, posterior a esto falleció por dos infartos cerebrales y un infarto cardíaco producto de la herida hecha, en la que perdió el 50 % de su cerebro, por lo que sus posibilidades de vida eran muy bajas.” De acuerdo con la información presentada por el Estado ecuatoriano, de fecha 3 de enero, el caso se encontraría en investigación previa ante la Fiscalía 4 de personas y garantías (Roca) bajo la línea de investigación “impacto de proyectil en manifestación de Paro Nacional”. 
La CIDH también fue informada sobre la muerte de dos líderes indígenas que participaban en las manifestaciones. De acuerdo con testimonios recibidos, el 9 de octubre, Segundo Inocencio Tucumbi Vega, de 50 años, habría sido impactado en la cabeza durante un operativo policial en el sector de la Universidad Salesiana, lugar habilitado como zona para el descanso de manifestantes, mujeres y niños. Según declaraciones públicas de la Ministra de Gobierno, la causa de muerte habría sido una caída. Al respecto, el 3 de enero de 2020, el Estado indicó que el caso se encontraría en investigación previa bajo la línea de investigación “hemorragia cerebral, fractura de cráneo, traumatismo indirecto, precipitación”. En segundo lugar, la CONAIE reportó a la CIDH que el 9 de octubre, José Rodrigo Chaluiza, líder de la comunidad Yanahurco-Cotopaxi, habría fallecido en las inmediaciones del parque El Arbolito en Quito, por asfixia y arrollamiento. Al respecto, el Ministerio de Gobierno informó que no haría logrado encontrar el nombre de esta persona en ninguna institución, por lo que podría tratarse “de un nombre repetido de la lista” en tanto coincide con el nombre y apellido de uno de los fallecidos en el puente de San Roque. El 30 de octubre de 2019, autoridades del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ratificaron a la CIDH que el caso no se encontraba ubicado “dentro de la información de los cadáveres ingresados” a dicha institución. Igualmente, el 3 de enero de 2020, el Estado ecuatoriano señaló que, según el informe ejecutivo de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros de la Policía Nacional (DINASED) “en las bases de datos del Sistema David 20i2 (Módulo Registro de Muertes Violentas), no existe registro del levantamiento del cadáver del señor José Rodrigo Chaluisa. Por otra parte, en la indagación en casas de salud y morgues, realizada a nivel nacional por el persona de la DINASED, tampoco arrojó resultados”.
El 29 de octubre, la CIDH registró el fallecimiento de Edgar Yucailla Álvarez, quien habría sido herido por un arma de fuego el 12 de octubre mientras se manifestaba en las inmediaciones de El Arbolito. La causa de la muerte sería trauma craneoencefálico. De acuerdo con el testimonio brindado a la CIDH: 
“El 12 de octubre don Edgar amaneció en la casa de la cultura, luego salió a la marcha con toda la gente, cuando estaba sentado en la esquina del Eugenio Espejo los policías y militares empezaron a bombardear. En ese momento, don Edgar se levanta y trata de escapar de los disparos y le alcanza un perdigón en la cabeza. Las otras personas no pudieron llevarlo al hospital por el bombardeo, cuando acabaron los disparos lo cogieron los paramédicos y lo trasladan inconsciente al hospital. Lo ingresan con diagnóstico de trauma cráneo encefálico grave penetrante y le hacen una cirugía donde le sacan la bala, pero no todos los cartuchos, perdigones, queda en el cráneo. La familia no sabe cuántos perdigones recibió. Estuvo en terapia intensiva. Cuando estaba en recuperaciones, se recupera un 40% porque recordaba, reconocía, comía y al siguiente día su estado de salud empeora y luego se agrava. Retorna a terapia intensiva, los familiares piden nueva cirugía, los médicos no la hacen aludiendo a la hinchazón del cráneo. Le retornan a terapia intensiva e indican que la bala que quedó en el cráneo dañó la mitad del cerebro y no se puede volver a operar. Don Edgar estaba pacíficamente en la protesta, es presidente de la organización que representa a 9 comunidades, además del dolor de la familia, 9 comunidades están quedando sin su líder”. 
Según fuera informado por el Estado, el caso se encontraría en investigación previa ante la Fiscalía 6 de personas y garantías (Roca), teniendo como línea de investigación “impacto de proyectil en manifestación de Paro Nacional”. 
La CIDH, asimismo, recibió abundante información sobre los casos de Marco Humberto Oto Rivera y José Daniel Chaluisa Cusco quienes habrían muerto como consecuencia de las lesiones sufridas después de caer de un puente peatonal durante el despliegue de un operativo policial en Quito. De acuerdo con los testimonios recibidos por la CIDH, el 7 de octubre, Marco Humberto quedó atrapado en una persecución de agentes policiales a manifestantes y habitantes del sector de San Roque. La información recibida indicaría que los agentes acorralaron a las personas contra una reja ubicada a mitad de un puente peatonal, por lo que al verse atrapadas habrían intentado escalar la misma. En ese momento, Marco Humberto habría caído del puente. Sus familiares indicaron a la CIDH que Marco no estaba participando en las protestas y, además vivía con discapacidad: 
“tenía 46 % de discapacidad de atrofia muscular, si caminaba, pero no podía controlar sus movimientos, él no sabía que había manifestaciones, no se sabe cómo llegó al puente, porque no podía correr, él tenía derechos, a la familia nos llamaron a las 23:30 horas del Hospital Carlos Andrade Marín, a informarnos que estaba grave, quiero hacer entender que él no era criminal, que se haga justicia por las personas que fueron arrojadas”. Marco Humberto falleció el 8 de octubre. La causa de muerte registrada en el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses sería “hemorragia y laceración cerebral, fractura de base de cráneo, trauma cráneo encefálico por precipitación”. 
De igual manera, José Daniel Chaluisa Cusco, de 40 años, habría caído del puente durante la persecución policial. De acuerdo con información de público conocimiento, José Daniel murió el 9 de octubre, después de estar hospitalizado tres días. La familia habría indicado que la mano de José Daniel estaría golpeada lo que sería indicativo de que la caída fue propiciada por alguien más. De acuerdo con información proporcionada por autoridades del Servicio Nacional de Medicina Legal, José Daniel Chaluisa habría fallecido el 10 de octubre, la causa oficial de la muerte sería “politraumatismo (trauma encefálico y trauma torácico). 
El 8 de octubre de 2019, mediante un comunicado oficial, el Ministerio de Gobernación informó que las dos personas que cayeron del puente fueron trasladadas al hospital Carlos Andrade Marín. Dicho traslado “se efectuó con mucha dificultad debido a la negativa de los manifestantes en el sector, que impedían que la ambulancia avanzara”. El Ministerio de Gobierno se refirió a videos sobre los hechos que circularon en las redes sociales, sobre los mismo indicó que “no se puede apreciar ni la razón ni la causa de la caída, no obstante, la Policía Nacional va a investigar lo sucedido”. Posteriormente, mediante comunicación del 3 de enero de 2020, el Estado ecuatoriano indicó que ambos casos se encontraban en investigación previa ante la Fiscalía 3 de derechos humanos y Participación Ciudadana bajo la línea de investigación “caída desde un puente peatonal en la ciudad de Quito”.
Ahora bien, tanto la CIDH como la Corte han establecido que en casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales el Estado tiene el deber de iniciar ex oficio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva. En esta misma línea jurisprudencial, relacionada con muertes sospechosas que involucran agentes del Estado, “[la] investigación debe ser realizada a través de todos los medios legales disponibles para la determinación de la verdad y la investigación, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales” 
La Corte IDH también ha establecido que en casos donde existan versiones contradictorias que involucran la privación del derecho a la vida, más allá de que se practiquen determinadas diligencias probatorias, “la debida diligencia en la investigación debe evaluarse en relación con la necesidad de determinar la veracidad de las versiones consideradas en el marco del proceso sobre lo ocurrido, es decir, si permitió un esclarecimiento judicial de los hechos y una eventual calificación jurídica de los mismos acorde con lo sucedido”. En efecto, con la finalidad de garantizar la debida diligencia en la realización de una investigación exhaustiva e imparcial de una muerte en circunstancias sospechosas que involucra a agentes estatales, la Comisión ha destacado algunos estándares del Protocolo de Minnesota como: la identificación de la víctima, la recolección y preservación de pruebas relacionadas con la muerte con el fin de ayudar en el potencial procesamiento de los responsables, la identificación de posibles testigos y la obtención de sus declaraciones en relación con la muerte, la determinación de la causa, manera, lugar y tiempo de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber provocado la muerte, la distinción entre muerte natural, suicidio y homicidio, la identificación y aprehensión de la o las personas involucradas en la muerte y la presentación de los presuntos perpetradores ante un tribunal competente establecido por ley.
La CIDH condena enérgicamente la violación al derecho a la vida de las víctimas anteriormente mencionadas, mismas que habrían ocurrido como consecuencia del uso excesivo y arbitrario de la fuerza y actos de violencia dirigidos contra quienes que no representarían una amenaza inminente a los agentes de seguridad del Estado o en el marco de las protestas. Especialmente, la CIDH advierte que la precipitación de dos personas del puente de San Roque habría ocurrido en un operativo de policial cuyas circunstancias indicarían una actuación represiva y violenta de los agentes del Estado en un contexto que pertimitía la utilización de medidas alternativas de resolución de conflictos. 
La Comisión Interamericana reitera es deber del Estado vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quienes les está atribuido el uso legítimo de la fuerza, respeten el derecho a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción. En este sentido, la CIDH destaca la desconcentración de una manifestación sólo puede justificarse en el deber de protección de las personas, por tanto, cualquier tipo de decisión relacionada con el uso de la fuerza en estos contextos exige considerar los riesgos que se incorporan y que pueden contribuir a un escalamiento de los niveles de tensión, a fin de promover un enfoque de facilitación y no de contención o confrontación. Por consiguiente, frente a los hechos descritos, el Estado ecuatoriano posee el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, apegada a los estándares internacionales con el fin de establecer las responsabilidades penales y administrativas correspondientes. 
Finalmente, la CIDH toma nota de la información recibida sobre tres personas fallecidas como consecuencia de las lesiones sufridas por caídas o atropellamientos durante las protestas sociales. El 6 de octubre de 2019, Ángel Raúl Chilpe, habría sido atropellado por un vehículo particular en el marco de las protestas ubicadas en la carretera Cuenca – Molleturo. Según información oficial, aproximadamente a las 12:10, el incidente fue reportado al Servicio Integrado de Seguridad ECU 9-1-1 por lo que una ambulancia se desplazó inmediatamente hacia el sitio. Dicha unidad no logró avanzar debido al “cierre de vías y a la negativa por parte de los manifestantes”. Finalmente, el equipo médico caminó hasta el lugar, en donde constató la muerte del señor Chilpe. El 10 de octubre de 2019, Abelardo Vega Chisaguano, habría fallecido como consecuencia de un alegado atropellamiento por parte de un vehículo de la policía. De acuerdo con información proporcionada, la causa de muerte habría sido “hemorragia aguda interna contusión y laceración pulmonar, fracturas costales suceso de tránsito”. El 11 de octubre, Silvia Marlene Mera Navarrete falleció alegadamente como consecuencia de un accidente en moto ocasionado por los bloqueos en la zona de Malchinguí. Según la información proporcionada por el Estado a la CIDH, los casos mencionados también se encontrarían en investigación previa bajo la línea de investigación “presunto accidente de tránsito”.
La CIDH llama al Estado ecuatoriano a investigar dichos casos en estricto apego a los estándares internacionales. En tal medida, la CIDH recuerda que el Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida; establecer un sistema de justicia efectivo capaz de investigar, castigar y dar reparación por la privación de la vida por parte de agentes estatales o particulares. Asimismo, frente a la discrepancia de las cifras de víctimas fatales, la CIDH recuerda que es en el Estado en quien recae la obligación de garantizar a sus familiares el acceso a la información acerca de las circunstancias que rodearon las violaciones graves de los derechos humanos. A su vez, en estos casos, el derecho a ser informado sobre lo sucedido y de acceder a la información también incluye a la sociedad en general en tanto resulta esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos. 
E. Detenciones, criminalización y estigmatización de manifestantes en el contexto de las protestas sociales
En relación con las detenciones, la Comisión advierte que, de acuerdo con la declaración pública realizada por la Ministra de Gobierno el 15 de octubre, en el periodo comprendido desde el inicio de las protestas sociales el 2 de octubre de 2019 hasta el 13 de octubre, un total de 1228 personas fueron detenidas, la mayoría de las cuales fueron puestas en libertad dentro de las primeras 24 horas de la detención. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el mayor número de personas detenidas se dio el 5 de octubre (376 detenciones), después de haberse decretado el estado de excepción, seguido del 3 de octubre (283 detenciones), día en que se decretó dicho estado. 
La Comisión expresa su preocupación respecto de la información recibida señalando que un gran número de estas detenciones presuntamente se habrían llevado a cabo de forma arbitraria o ilegal. En particular, la Comisión advierte que el Defensor del Pueblo señaló que el 76% de las detenciones fueron arbitrarias o ilegales. A este respecto, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que en el contexto de las detenciones masivas se efectuaron un gran número de las mismas sin pruebas concretas contra las personas detenidas. Por su parte, el Estado ecuatoriano aclaró que el hecho de que las personas aprehendidas hayan sido liberadas no constituye una presunción per se de que las detenciones fueron ilegales y arbitrarias
Durante su visita al país, en reuniones con órganos autónomos del Estado, organizaciones de la sociedad civil y abogados, la CIDH recibió diversa información de numerosas detenciones en las que se habría vulnerado el debido proceso. Entre otros, la CIDH recibió información de casos en los que se habrían producido irregularidades en la presentación de denuncias, detenciones colectivas por delitos de flagrancia sin debida individualización de los imputados; obtención ilegal de firmas; partes policiales con información contradictoria sobre las circunstancias de la detención, traslados a lugares no autorizados y sin notificación a los abogados, o casos en los que no se habrían registrado las lesiones de las personas detenidas. 
Asimismo, la Comisión recibió varios testimonios de personas que indicaron haber sufrido esas arbitrariedades en el contexto de sus detenciones. Entre otros, la CIDH recibió el testimonio de una manifestante que participó de las protestas se dieron el 8 de octubre en las inmediaciones de la Asamblea Nacional y que derivaron en el ingreso de los manifestantes al interior de dicha cámara legislativa. Producto de estos hechos, se produjo la detención de 83 personas, que habrían permanecido detenidas en el subsuelo de la Asamblea Nacional alrededor de 7 horas y, con el inicio del toque de queda, habrían sido trasladadas en buses hasta el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional en Pomasqui. Al día siguiente fueron puestas a disposición judicial. En testimonio recabado el 29 de octubre, la presunta víctima de detención arbitraria señaló a la CIDH: 
“Escuchábamos que nadie se quería hacer cargo como responsable de nuestra detención. Entonces nos designaron aleatoriamente a policías como responsable, a mí me pusieron a una capitana, pero ella no fue quien me detuvo. A medio día me llevaron a audiencia, no sabía que unidad era, solo dijeron que era flagrancia. En una sala entramos todo el grupo y a cada abogado público le dieron alrededor de 9 personas. Cada abogado pidió que le cuenten que había pasado a cada uno, y llevaba unos formularios con horas y hechos. La jueza determinó que la detención era irregular y nos absolvió, argumentando que los policías no se habían identificado, habían hecho uso de la fuerza y que no se había cometido delito alguno”. 
La CIDH observa que, al respecto de las detenciones en la Asamblea Nacional, organizaciones de sociedad civil denunciaron la irregularidad del procedimiento, por producirse en un cuartel policial en las afueras de la ciudad y no haber sido los detenidos conducidos directamente a la Unidad Judicial de Flagrancia de Pichincha. Al respecto, la CIDH recibió información señalando que, durante las detenciones, las personas privadas de libertad no habrían tenido acceso a asistencia jurídica, habrían estado incomunicadas y no se les habría informado los cargos que serían levantados en su contra hasta momentos antes de su audiencia ante la Unidad Judicial de Flagrancia. 
Asimismo, la CIDH advierte de los numerosos testimonios que recibió en relación con las detenciones llevadas a cabo en las dependencias de la Contraloría General del Estado el día 12 de octubre. De acuerdo con los testimonios proporcionados por familiares de algunas de las personas indígenas detenidas en la Contraloría, muchas de estas viajaban por primera vez a Quito y habrían entrado al edificio de la Contraloría buscando refugio. 
La CIDH expresa su alarma por la información recibida que señala tortura y otros tratos cueles, inhumanos o degradantes en el contexto de las detenciones. Al respecto, de acuerdo con la información proporcionada por organizaciones de la sociedad civil, así como la recibida mediante testimonios, numerosas personas detenidas fueron fuertemente agredidas verbal y físicamente; habrían sido amenazadas, golpeadas con puños, patadas y porras metálicas, rociadas con gas pimienta en el rostro y obligadas a realizar ejercicios físicos. La CIDH advierte que, de acuerdo con esta información, en algunos casos las autoridades judiciales no habrían registrado las señales físicas de golpes en la cabeza y el resto del cuerpo y tampoco habrían registrado las denuncias sobre detenciones en lugares no autorizados. 
En materia de criminalización, la CIDH recibió información sobre la utilización del sistema de justicia penal en contra de manifestantes y líderes sociales y de oposición. En efecto, según la información recibida en diversas reuniones con organizaciones indígenas y de la sociedad civil, varias autoridades indígenas que lideraron las movilizaciones habrían sido llamadas a declarar ante Fiscalía por diversos delitos, tales como terrorismo, instigación, sabotaje y rebelión. Al respecto, el Estado ecuatoriano manifestó a la CIDH que garantiza el derecho a la protesta, a la reunión pacífica y a la libertad de expresión, lo cual no implica que el sistema judicial no investigue a quienes ejercieron actos violencia durante las manifestaciones sociales; y que garantiza, el derecho al debido proceso fue respetado. 
Entre otros casos, la CIDH observa que el Ministerio de Gobierno presentó ante Fiscalía las declaraciones realizadas el 19 de octubre en la ciudad de Macas por el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, en las que llamó a “hacer nuestro propio ejército, que defienda al pueblo, nuestra propia seguridad desde nuestras comunidades”. Sobre estos hechos, el 22 de octubre la Fiscalía General del Estado señaló mediante comunicado público que, ante las declaraciones del presidente de la CONAIE, inició una investigación previa con base en el artículo 349 del Código Orgánico Integral Penal que establece el delito de grupos subversivos para quienes “promuevan, dirijan o participen en organizaciones armadas, comandos, grupos de combate, grupos o células terroristas destinadas a subvertir el orden público, sustituir las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, atacarlas o interferir su normal desempeño”. La CIDH observa que según información de público conocimiento, la Fiscalía General del Estado admitió 5 denuncias en contra de Jaime Vargas, por delitos de terrorismo, discurso de odio, promoción de grupos subversivos, secuestro e instigación a sabotaje. 
La CIDH observa que la CONAIE señaló mediante comunicado público que la formación de la guardia indígena nace de su derecho a la autodeterminación y que es parte constitutiva del pluralismo jurídico reconocido constitucionalmente en Ecuador. Asimismo, agregó que dicha guardia tiene como objetivo seguir el camino de vigilancia, control, alarma, protección y defensa de los territorios y que estas existen en diversas organizaciones y territorios. 
Asimismo, de acuerdo con información proporcionada a la CIDH, habría actualmente una denuncia presentada por el Director de Patrocinio Judicial del Ministerio de Gobierno por el delito de secuestro de miembros de la Policía Nacional en el Ágora de la Casa de la Cultura, ocurrido el 11 de octubre, en contra de Agustin Casiqueando (Presidente de la Confederación del Pueblo Kayambi), Leonidas Iza (Presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi), Jaime Vargas (Presidente de la CONAIE), Carlos Sucuzhañay (Presidente de la ECUARUNARI), Manuel Chugchilán (Ex Presidente de la FEINE), Mesías Tatamuez (Presidente del FUT), y Luis Alfonso Morales Cushcagua (Presidente de la Unión de Organizaciones Indígenas Campesinas del Cantón Cotacachi). 
La CIDH observa que, de acuerdo con información recabada por organizaciones de la sociedad civil, el 28% de los casos de criminalización de manifestantes se hizo por delito de ataque o resistencia; 17% por daño a bien ajeno; 16% por paralización de servicio público; y el 5% por delito de terrorismo. Respecto de este último delito, la Comisión advierte que inicialmente se imputó por terrorismo a 27 personas acusadas de incendiar el edificio de la Contraloría General del Estado, el día 12 de octubre. Sin embargo, en audiencia judicial el 15 de noviembre, se reformularon los cargos respecto de los imputados a sabotaje, paralización de servicios públicos y destrucción de registros, al no encontrarse elementos suficientes para el delito de terrorismo. Asimismo, pese a que la Fiscalía solicitó mantener la prisión preventiva, se ordenaron medidas sustitutivas a la privación de libertad. La CIDH advierte que previamente, el 13 de noviembre, la Fiscalía cambió su acusación a paralización de servicios públicos contra seis adolescentes que estaban libres desde el 31 de octubre, debido a un recurso de hábeas corpus presentado por la Defensoría Pública. Los menores fueron retenidos en las cercanías de la Contraloría y también acusados inicialmente de terrorismo. 
Finalmente, la CIDH observa que en varias ocasiones estos procesos de criminalización vienen precedidos y acompañados de campañas de estigmatización. Al respecto, la Comisión advierte el constante uso de medios de comunicación y redes sociales con el objeto de difundir mensajes estigmatizantes y deslegitimadores por parte de autoridades estatales y no estatales en contra de líderes de las organizaciones indígenas o de oposición en las que se les descalifica o asocia con la comisión de delitos. 
En numerosas reuniones con sociedad civil, la CIDH fue informada sobre diversas declaraciones del Ministro de Defensa, en las que se asociaría a las organizaciones y movimientos que participaron de las protestas con grupos ilegales. En particular, la Comisión fue informada sobre el discurso de 21 de octubre en las que el Ministro de Defensa destacó, en relación con la estrategia frente la situación de manifestaciones que enfrentaba el país y de la participación de la Fuerzas Armadas en el resguardo de la seguridad nacional, la necesidad de afrontar la “insurgencia” en el país. Posteriormente, el 23 de octubre, respecto del rol de los centros educativos que acogieron a quienes participaron de las manifestaciones, el Ministro de Defensa indicó frente la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional que hubo “participación de universidades y de centros que les han denominado centros de paz, pero en definitiva eran centros logísticos de abastecimiento para manifestantes y grupos que actuaban vandálicamente”. Por su parte, el 29 de octubre el director de Operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en referencia a las manifestaciones, indicó que ante esta “nueva amenaza de delincuentes, de terroristas” la misión de las Fuerzas Armadas será “identificarles, aislarles y neutralizarles para ser entregados a las autoridades competentes”. 
El 6 de diciembre la Comisión otorgó medidas cautelares a favor de Paola Verenice Pabón Caranqui, Prefecta de Pichincha; Virgilio Hernández, Secretario Ejecutivo del Movimiento de Compromiso Social por la Revolución Ciudadana; y Christian Fabián González Narváez. La CIDH, el decidir sobre el otorgamiento, señaló que entre los indicios que pueden tomarse en cuenta al momento de valorar la situación de riesgo de los propuestos beneficiarios, tras supuestas amenazas y actos de hostigamientos presuntamente relacionados con sus labores como líderes de oposición política, consideró las declaraciones supuestamente estigmatizantes de altas autoridades en las que directamente se les señala como responsables de los altercados. Sobre el cumplimiento de las medidas cautelares, el Estado informó que se celebró una reunión el 10 de diciembre de 2019 entre diversas instituciones del Estado para efectos de analizar la situación de las 3 personas beneficiarias, y el 18 de diciembre de 2019 se mantuvo reuniones con sus representantes y se concertaron las medidas adecuadas para cumplir con lo dispuesto en la CIDH. El Estado también informó que realizó las valoraciones médicas correspondientes en atención a la salud de las personas beneficiarios, y se realizaron los traslados de Christian González y Paola Pabón a otros centros penitenciarios con menor riesgo. Del mismo modo, se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para investigar los hechos referidos en la resolución que otorga las medidas cautelares. El Estado confirmó que las 3 personas beneficiarias se encuentran en libertad. 
ASILO Y REFUGIO 
La Comisión también tuvo conocimiento de que, tras la prisión preventiva de la prefecta de Pichincha, Paola Verenice Pabón Caranqui, por el delito de rebelión, Luis Fernando Molina, Soledad Buendía, Edwin Jarrín, Carlos Viteri, Tania Pauker, Leonidas Aníbal Moreno Ordóñez, Gabriela Rivadeneira y Luis Flores solicitaron asilo diplomático en la Embajada de México en Ecuador. Según información pública, estas personas que habían recibido protección y resguardo del Gobierno de México bajo investigaciones y amenazas de ejecución de órdenes aprehensión en su contra, en el marco de las secuelas de las protestas sociales, finalmente viajaron a ese país el 9 de enero de 2020. 
Al respecto, de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene el derecho a buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación nacional y los convenios internacionales. De conformidad con la respuesta del Estado a una solicitud de información de la CIDH, el Gobierno de México otorgó asilo diplomático a varios nacionales ecuatorianos. En ese sentido, con ocasión a la visita, la Comisión recomendó al Estado ecuatoriano entregar los salvoconductos a las personas que se encuentran asiladas en la Embajada de México, o en otras sedes diplomáticas, para que así puedan ejercer su derecho humano a obtener asilo y refugio, en forma tal que se preserve sus respectivos núcleos familiares. La Comisión saluda la decisión de Estado ecuatoriano de otorgar las facilidades necesarias para que esos ciudadanos salieran del país, acuerdo a sus obligaciones internacionales en materia de asilo.
CONCLUSIONES 
Durante su visita a Ecuador, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudo observar los distintos impactos de las protestas sociales en Ecuador. Al tiempo en que recibió información que da cuenta de que, en determinadas circunstancias, grupos de manifestantes provocaron graves desmanes durante algunas manifestaciones, atacando infraestructuras críticas, reteniendo a miembros de la fuerza policial, arrojando piedras y objetos contundentes contra la policía, protagonizando saqueos y otros tipos de agresiones, inclusive contra la prensa. También toma nota con preocupación sobre la actuación de las fuerzas de seguridad, que no tomaran en cuenta los protocolos interamericanos e internacionales establecidos para la actuación en dichas ocasiones, como demostrado por la utilización indiscriminada de gas lacrimógeno, incluso en espacios en los cuales madres estaban reunidas con sus hijos y por las distintas muertes registradas en el periodo. 
Al respecto, la Comisión rememora que los operativos de seguridad del Estado deben ser planificados de forma cuidadosa bajo protocolos de actuación claros que garanticen el uso de armas adecuado menos letales, progresivo y proporcional, con absoluto apego a los derechos humanos, y favorezcan al diálogo entre las partes. Además, resaltase que el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve violenta toda la protesta, ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza o a practicar detenciones masivas. En ese sentido, alerta que el uso de la policía y de las fuerzas de seguridad debe centrarse estrictamente en la contención de actos de violencia; así como garantizar el derecho a protestar, sin cualquier tipo represión directa o detención arbitraria de los manifestantes pacíficos. 
La CIDH insta a las autoridades a que investiguen de forma pronta y exhaustiva cualquier denuncia de violencia y establecer las sanciones correspondientes, tanto en denuncias del uso excesivo de la fuerza cometidas por los agentes de la policía y de las fuerzas de seguridad, como en hechos de agresiones y saqueos por parte de la población. 
Por otra parte, la CIDH condena enérgicamente todo acto de violencia, y recuerda que la protesta social es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica. Al mismo tiempo, recuerda al Estado que las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y protestas y aislar a los manifestantes que recurren a la violencia, y someterlos a los procesos judiciales correspondientes.
Por su vez, la CIDH ha registrado un alto número de aprehensiones que suelen producirse de manera y bajo circunstancias que podrían sufrir cuestionamientos en cuanto a su legalidad bajo un sistema democrático de derecho. Al tanto, la CIDH y su Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión recuerdan que el Estado debe actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público. Además, urge al Estado a que garantice el derecho a la seguridad, integridad y debido proceso a todas las personas detenidas, incluso por medio del acompañamiento de abogados particulares y de la Defensoría del Pueblo.
Además, sobre las medidas económicas adoptadas por Ecuador mediante el Decreto Nº 883, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudo notar que carecieron de un proceso previo de consulta ciudadana, transparente y participativo; así como de una evaluación de impacto en términos de progresividad. En ese sentido, la CIDH y su Relatoría sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales hacen un especial llamado a Ecuador, a fin de que, en toda adopción de posibles medidas de austeridad, como de reformas económicas o fiscales que puedan afectar el acceso y disfrute a DESCA, asegure que la ciudadanía y en especial los grupos que se encuentran en mayor vulnerabilidad sean adecuadamente informados y consultados, formando parte de los procesos de toma de decisiones y participando de las políticas de implementación y evaluación del impacto de las medidas avanzadas. La Comisión Interamericana y su REDESCA se ponen más una vez a disposición de Ecuador para coadyuvar en la implementación de los estándares internacionales en la materia. 
En lo relativo a los derechos de los pueblos indígenas y originarios, la CIDH reconoce la importancia de abordar los fenómenos contextuales de tensión como expresiones de la violencia estructural en que viven los pueblos indígenas, por esto, hace un llamado al Estado a favorecer la activa participación e intercambio de ideas de los diversos sectores de la sociedad ecuatoriana, relevando el diálogo intercultural permanente entre organizaciones indígenas y el Estado. 
La Comisión considera que cualquier salida a la situación de discordia social y política, para ser compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe priorizar el respeto a los derechos de la persona humana y avanzar en la inversión de la manutención del diálogo nacional amplio y respetuoso. Finalmente, la CIDH expresa su reiterado compromiso de cooperación con el Estado Ecuatoriano en el seguimiento de la situación general de Derechos Humanos en el país y, específicamente, en la implementación y seguimiento de las recomendaciones que se presentan a continuación. 
RECOMENDACIONES 
Con base en sus observaciones y a la luz de las normas que rigen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CIDH recomienda al Estado de Ecuador: 
a. Respetar y garantizar el goce pleno de los derechos a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población. En esa misma medida, asegurar que los operativos de seguridad con respecto a protestas y manifestaciones se ejecuten según protocolos de actuación que sean congruentes con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza por los agentes encargados de hacer cumplir la ley. 
b. Establecer un plan de atención inmediata y reparación integral para las víctimas de las protestas y sus familias. 
c. Garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de conformidad con los estándares interamericanos, en particular, mediante la protección de los periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios frente a persecuciones, intimidaciones, hostigamientos, agresiones de cualquier tipo, y mediante el cese de acciones estatales que intervengan con el libre funcionamiento de los medios de comunicación. En relación con éstos últimos, el Estado debe garantizar el respeto de la independencia de los medios y abstenerse de aplicar formas directas o indirectas de censura. 
d. Garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Su material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas. La protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los y las periodistas puedan cubrir hechos de notorio interés público como los referidos a las protestas sociales. 
e. Mantener, desde el más alto nivel del Estado, un proceso nacional de diálogo que permita consultar y brindar información a las personas afectadas por las decisiones económicas asumidas por las autoridades.
f. Fortalecer las medidas adoptadas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas. 
g. Diseñar instituciones que promuevan y que no inhiban o dificulten la deliberación publica, incluyendo el desarrollo de protocolos de protección y seguridad con enfoque intercultural para que las fuerzas policiales y demás entidades provenientes del Estado realicen su labor ajustándose a derecho; 
h. Adoptar todas las medidas a fin de garantizar el derecho de los niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores a participar en manifestaciones sociales con la debida protección de su derecho a la libertad de expresión y de reunión. La CIDH recuerda que, en los pueblos indígenas, el vínculo y acompañamiento entre las generaciones y grupos etarios constituye un elemento de su cosmovisión necesario para el traspaso de la herencia cultural y proyección del colectivo como pueblo;
i. Mantener el llamado a la paz y al diálogo, a fin de evitar estigmatizaciones y propiciar un ambiente de diálogo con todos los sectores de la sociedad; y abstenerse de hacer declaraciones que estigmaticen, criminalicen o generen un ambiente de intimidación hacia líderes y lideresas indígenas. La CIDH advierte que, por sus características económicas, sociales y culturales, en el caso de lideresas y líderes indígenas, la criminalización y la estigmatización pueden tener consecuencias negativas en los valores, usos y costumbres de la comunidad o comunidades donde ejercen su liderazgo; 
j. Avanzar las investigaciones correspondientes a las muertes de personas indígenas ocurridas en el marco de las manifestaciones, de manera diligente, efectiva e independiente que conduzcan al juzgamiento y sanción de los responsables, así como a obtener las medidas de reparación individuales y colectivas correspondientes a las víctimas y sus familiares, comunidades y nacionalidades indígenas; 
k. Con la participación de las organizaciones indígenas, capacitar en materias de derechos humanos e interculturalidad a los servidores públicos encargados de tareas de mantenimiento del orden público. 
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 008/20

Debido al impacto de conflictos comerciales prolongados, la economía mundial ha experimentado su crecimiento más bajo en una década, solamente un 2,3 % en 2019, según se desprende de los datos presentados este jueves en Nueva York durante el lanzamiento del informe Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2020.
Pero no todo son malas noticias. El estudio elaborado por el Departamento de Asuntos Económicos de la ONU (DESA) apunta a la posibilidad de que se llegue a producir un crecimiento económico del 2,5% durante este año, aunque destaca que una serie de elementos, como la reactivación de las tensiones comerciales, la inestabilidad financiera o la intensificación de las tensiones geopolíticas, podrían frustrar dicha recuperación.

En caso de producirse un escenario negativo, se estima que el crecimiento global se ralentizaría a un 1,8%.
“Una fragilidad prolongada de la actividad económica mundial puede provocar importantes retrocesos para el desarrollo sostenible, incluidos los objetivos de erradicación de la pobreza y creación de empleos dignos para todos. Además, las desigualdades predominantes y el agravamiento de la crisis climática están alimentando el creciente descontento en numerosas partes del mundo.”
Esta insatisfacción popular también la percibe el Secretario General de las Naciones Unidas, quien advirtió que “estos riesgos podrían infligir daños graves y duraderos a las perspectivas de desarrollo”, y añadió que “amenazan con fomentar una mayor preponderancia de las políticas orientadas hacia adentro en un momento en el que la cooperación global resulta fundamental”.
Por otro lado, el estudio indica que el aumento de los aranceles y los rápidos cambios en las políticas comerciales frenaron el crecimiento del comercio mundial a 0,3% -su nivel más bajo desde 2009- y que las inversiones se redujeron significativamente.  
En lo que respecta a la renta per cápita, prevé que la economía mundial crezca un 1,5% en 2020 y, aunque se proyecta una modesta aceleración del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en muchas regiones en desarrollo, los ingresos per cápita se estancarían o disminuirían en uno de cada cinco países.  

Empleada de una fábrica de impresión en la ciudad de Kyoto, Japón
Panorama mundial: Asia oriental es el motor
El informe indica que la reciente reducción de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos puede comportar “un cierto apoyo a la actividad económica”. Sin embargo, destaca que “la constante incertidumbre política, la débil confianza empresarial y el decreciente estímulo fiscal” vaticinan una desaceleración del PIB estadounidense, que pasaría del 2,2 % de 2019 a un 1,7 % en 2020.
Además, señala que el comercio bilateral entre Estados Unidos y China se ha desplomado más de un 13%, provocando “importantes trastornos en las cadenas de suministro mundiales”, y detalla que las industrias electrónica y automovilística se han visto duramente afectadas.
En la Unión Europea se prevé un modesto crecimiento del PIB, que pasaría del 1,4 % de 2019 a un 1,6 % en 2020, en parte gracias a un aumento estable del consumo privado, pese a que la incertidumbre global continuará frenando al sector manufacturero.
En este escenario, la región del mundo que crece a un mayor ritmo y contribuye más al crecimiento global es Asia Oriental.
El crecimiento del PIB en China se mitigará paulatinamente del 6,1 % de 2019 a un 6,0 % en 2020 y a un 5,9 % en 2021 apoyada en “políticas monetarias y fiscales más acomodaticias”.
Además, se espera que la economía de otros países emergentes como Brasil, India, México, Rusia y Turquía “adquiera cierto impulso en 2020”.
Crecen los niveles de pobreza en América Latina

La recuperación de la economía de #AméricaLatina será "lenta y desigual"

2020 - 1,3%
2021 - 2,0%

La región sigue siendo vulnerable a un frenazo del comercio mundial.

Más datos del informe de @UNDESA
➡️https://t.co/eBeODeNcLi pic.twitter.com/XQ3WjX7VIr

— Noticias ONU (@NoticiasONU) January 16, 2020

En América Latina y el Caribe las previsiones de crecimiento económico tampoco son demasiado optimistas y “se mantienen débiles” a causa de “unas difíciles condiciones externas y una gran incertidumbre política”.
De este modo, se prevé una recuperación “lenta y desigual” durante los próximos dos años, tras un crecimiento del 0,1% en 2019. El avance podría aumentar hasta un 1,3% en 2020 y un 2% en 2021.
“La actividad económica se verá respaldada por una política monetaria expansiva y un repunte en la demanda interna en Brasil y México. Pero incluso esta modesta recuperación estaría sujeta a importantes riesgos, como un mayor deterioro del comercio mundial, una renovada volatilidad financiera y una mayor incertidumbre política”.
El estudio indica que durante 2019 la renta per cápita se estancó o descendió en muchas de las economías de la región, incluidas las de Argentina, Brasil y México, y que el PIB promedio per cápita actual es un 4 % inferior al de 2014.
“Entre una renta promedio inferior y una desigualdad persistentemente elevada, los niveles de pobreza han aumentado”, destaca el informe.
Las perspectivas iniciales para este año en América del Sur prevén un tercer año de recesión, “aunque a un ritmo menor que en 2019”, mientras que en América Central y México se espera “una lenta recuperación de la actividad económica, después de que el crecimiento ha alcanzado su punto más bajo en los últimos diez años en 2019”.
El fundamentalismo sobre el crecimiento del PIB
Otro de los puntos destacados del informe indica que el crecimiento general del PIB pasa por alto aspectos cruciales de la sostenibilidad y el bienestar y que, a nivel global, “la calidad de vida continúa muy por debajo de los niveles adecuados en medio de la crisis climática, el aumento de los niveles de inseguridad alimentaria y subnutrición, y las persistentes y elevadas desigualdades de ingresos y oportunidades que sustentan profundas discriminaciones sociales”. 
Apoyó esta visión el subsecretario general de desarrollo económico y economista jefe de la ONU, Elliot Harris, quien subrayó la necesidad de favorecer la inversión en desarrollo sostenible, en vez de buscar únicamente un aumento del PIB.
“Los responsables de formular políticas deberían ir más allá de una visión limitada y enfocada únicamente a fomentar el crecimiento del PIB; en cambio, deberían aspirar a mejorar el bienestar en todos los sectores de la sociedad. Esto requiere priorizar la inversión en proyectos de desarrollo sostenible para fomentar la educación, la energía renovable y una infraestructura resiliente.”

La comunidad Chullpia en Perú ha desarrollado paneles solares para suministrar electricidad en los proyectos de irrigación.
Cambio climático: se minimiza la urgencia de la transición energética
En relación con el cambio climático, el estudio destaca que la respuesta a las crecientes necesidades energéticas se debe atender mediante fuentes de energía renovables o con bajos niveles de emisiones de carbono.
Este escenario precisará de “enormes ajustes en el sector energético”, al que se responsabiliza de producir “tres cuartas partes de las emisiones globales de efecto invernadero”.
También señala que se sigue minimizando la urgencia de la transición energética y se toman decisiones “de escasa perspectiva”, como la ascendente inversión en prospecciones de gas y petróleo y la producción de electricidad mediante plantas de carbón.
“Esto no solo deja expuestos a numerosos inversores y Gobiernos a pérdidas repentinas, sino que también plantea considerables riesgos para los objetivos relacionados con el medio ambiente. Cualquier dilación de medidas decisivas que promuevan la transición energética podría duplicar los futuros costes. La transición hacia una matriz energética más limpia no solo traerá consigo beneficios ambientales y de salud, sino oportunidades económicas para muchos países”, pronostica el estudio.

El informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2020(WESO) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) será presentado por el Director General de la OIT, Guy Ryder, el lunes 20 de enero. El informe analiza los principales desafíos del mercado laboral, tales como el desempleo, el sub empleo, la subutilización de la mano de obra, la pobreza de los trabajadores, las desigualdades salariales y los factores de exclusión del mundo del trabajo. Incluye además algunas nuevas proyecciones, así como estimaciones revisadas de la proporción del ingreso laboral que va a la fuerza de trabajo del mundo.  Copias electrónicas, bajo embargo, del informe WESO y del material de prensa asociado pueden ser puestas a disposición de los periodistas, previa solicitud, a partir del jueves 16 de enero, poniéndose en contacto con newsroom@ilo.org .  Una herramienta de búsqueda en línea (Data Finder) perfeccionada también estará a disposición y permitirá consultar los datos del informe por país y por tema.  EMBARGO: El informe y todos los materiales asociados estarán bajo estricto embargo hasta las 21:00 CET (20:00 GMT) del lunes 20 de enero 2020.  Para los corresponsales acreditados ante la ONUG: Una rueda de prensa sobre el informe tendrá lugar el lunes 20 de enero a las 10:00 CET en la Sala de Prensa I del Palais des Nations.  Para obtener más información y planificar entrevistas para la prensa, por favor póngase en contacto con el Departamento de Comunicación de la OIT: newsroom@ilo.org , +4122/799-7912. El estudio TV de la OIT así como una línea ISDN pueden ser reservados para la transmisión de las entrevistas a través de la Unidad de Radio y TV: multimedia@ilo.org  +4122/799-7935.

La construcción de una letrina sanitaria comunal en el recinto Unión Balsareña de la parroquia General Farfán de la provincia de Sucumbíos y la construcción del camerino ubicado en el estadio de la parroquia fueron vigiladas por los moradores del sector, mediante veedurías ciudadanas, para verificar el correcto uso de los recursos públicos en dichas obras. 
Según los veedores, la letrina sanitaria, que representó un costo de 21.998,22 dólares, se cumplió dentro de los plazos estipulados en el contrato y a satisfacción de los moradores beneficiarios. En su informe final manifestaron que su ejercicio de control social permitió que se pueda detectar oportunamente cualquier inconveniente e informar a la autoridad observada para que se tomen los correctivos correspondientes.
El camerino ubicado en el estadio de la parroquia, que tuvo un costo de 48.534,83 dólares, se entregó cumpliendo las especificaciones técnicas del proyecto, de acuerdo al informe de los veedores. Quienes también agradecieron al GAD parroquial por haber brindado el acceso y facilidades a los ciudadanos que realizaron la veeduría.
Mientras que en la provincia del Pastaza, los ciudadanos conformaron una veeduría para vigilar la implementación del proyecto de asfalto de las calles 24 de Mayo y Unión y Progreso de la parroquia Tarqui.
Después de realizar su trabajo de control social, los veedores concluyeron que el proceso se realizó con normalidad, tomando en cuenta las especificaciones del contrato. Reconocieron la apertura que brindó el GAD parroquial de Tarqui, quien entregó la información requerida para el análisis por parte de los  veedores y además acompañó al recorrido en la obra para que se pueda contrastar lo planificado con lo ejecutado.
El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, resolvió remitir copias de los informes de las veedurías a las autoridades de las parroquias donde se realizaron para que conozcan los resultados y, con apoyo del CPCCS, promuevan el empoderamiento de la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos de participación y control social.

En Chone, Manabí, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, asistirá a la sesión de graduación de los primeros 150 emprendedores de la Escuela Financiera, que se desarrollará este sábado 18 de enero del 2020, a partir de las 09:00. Esta será la primera actividad en territorio de la máxima autoridad parlamentaria en este 2020
La Escuela Financiera para Emprendedores, liderada por la asambleísta Karina Arteaga, tiene como objetivo incentivar a las mujeres a mejorar su capacidad en la toma de decisiones durante el proceso que conlleva generar un emprendimiento exitoso. La Escuela inició el 06 de octubre del 2019, con emprendedores cuyas edades oscilan entre 18 y 65 años de edad, de los cuales el 90 % fueron mujeres.
El acto culminará con la feria “Emprende y Desarróllate” que tendrá lugar en el auditorio “Cinco de Mayo” de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí - Extensión Chone.

Capacitación

Liderazgo político de las mujeres

Empoderamiento económico de las mujeres

Programas de desarrollo socioeconómico

La presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña Pacheco, confirmó que de acuerdo a conversaciones mantenidas con el titular del Parlamento, el próximo martes 21 de enero de 2020 entrará a conocimiento y resolución definitiva del Pleno de la Asamblea Nacional, el informe no vinculante sobre la objeción parcial al proyecto de reformas al Código de la Democracia.
También anunció que el jueves 23, en cambio, se daría paso a la votación del proyecto de nuevo Código Orgánico de Salud (COS).

Recomendación

Circunscripciones

Alianzas

Hechos de octubre

El Consejo de la Administración Legislativa (CAL), se pronunció la mañana de este jueves 16 de enero de 2020, sobre la situación de los cuatro legisladores asilados en México. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, en un diálogo con los medios de comunicación, indicó que la resolución del CAL es ratificarse en no pagar remuneraciones, así como en la principalización de los asambleístas alternos de Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri y Soledad Buendía.

Con esta resolución del máximo organismo de la Asamblea Nacional, los mencionados asambleístas que viajaron a México en días pasados, no percibirán ninguna remuneración pero tampoco perderían su condición de Asambleístas. Por ello, indicó que ante esta situación de ausencia y para garantizar el trabajo legislativo de la Asamblea Nacional, los asambleístas principalizados cuentan con las garantías para realizar su trabajo.
También, el CAL resolvió solicitar información al Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Canciller José Valencia, quien deberá informar de manera documentada respecto a la existencia de comunicaciones por parte del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el estatus legal y migratorio de los parlamentarios.
“Es importante señalar que la decisión del CAL está fundamentada en la Ley de la Función Legislativa y la Constitución y ratificamos que actuaremos en el marco de la ley y apegados en derecho”, puntualizó el principal del Parlamento.

BanEcuador B.P., y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional CPN, establecen un trabajo conjunto e inician el año con la firma del Convenio de Cooperación para operaciones de banca de segundo piso, por el cual, el banco público otorga financiamiento a la CPN para que pueda desarrollar y otorgar nuevos servicios de crédito para sus socios.
Sobre las ventajas del Convenio de Participación, la Econ. María Cecilia Benítez, Subgerente General de Operaciones de banca de segundo piso de BanEcuador, explicó que la Cooperativa Policía Nacional dispone de un cupo inicial de USD 25 millones de dólares que se incrementará para que brinde mejores servicios a sus socios, en términos de: plazos adecuados, periodos de gracia y líneas de desarrollo, lo cual repercute en la creación o fortalecimiento de nuevos negocios que requieren microcrédito.
En la firma del convenio, el Ing. Milton Lascano, Gerente General de la Cooperativa Policía Nacional, manifestó que el financiamiento que BanEcuador ha otorgado a la CPN, permitirá mejorar la calidad de vida de sus socios, quienes accederán a microcréditos y créditos pymes, además esto ayudará a la activación de más plazas de empleo en el país.
La Cooperativa Policía Nacional tiene una larga trayectoria de trabajo que se inició en el año 1976, con una filosofía de ayuda mutua y solidaria en beneficio de los policías ecuatorianos; hoy con más de 43 años de experiencia, se ha convertido en una de las instituciones financieras más grandes del país con productos y servicios para policías, sus familias y el público en general y que además cuenta con cobertura en todas las provincias del país.

El año 2019 fue el segundo año más cálido registrado después de 2016, según el análisis de los principales datos internacionales recopilados por la Organización Meteorológica Mundial.
Promediada, la temperatura global anual en 2019 fue de 1,1 grados centígrados más que el promedio de 1850-1900, utilizado para representar las condiciones preindustriales.
De esta forma, 2016 sigue siendo el año más cálido registrado debido a un evento de El Niño muy fuerte, que provocó una subida de las temperaturas inusual, y al cambio climático a largo plazo.
En el camino actual de las emisiones de dióxido de carbono, nos dirigimos hacia un aumento de la temperatura de 3 a 5 grados centígrados para finales de siglo.
Pero las temperaturas medias tanto del último quinquenio con como de la última década han sido las más cálidas de la historia desde que se tienen registros y, desde 1980, cada década ha sido más cálida que la anterior, confirmando que el cambio climático está en marcha, como han observado los científicos.
El calentamiento global no se detiene

La Organización Mundial de la Salud corroboró este martes la presencia en China de un nuevo coronavirus, una enfermedad respiratoria con 41 casos confirmados y una muerte hasta la fecha.
El organismo señaló que continúan las investigaciones sobre la enfermedad y que las agencias de salud se preparan para un posible brote.
La OMS define al padecimiento como “una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS) y el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS)”.
Su portavoz, Tarik Jašarević, indicaba hoy que se detectó una nueva variante del padecimiento (técnicamente conocida como "nuevo coronavirus" o "nCoV", que es una nueva cepa que no ha sido identificada previamente en humanos) tras el ingreso de un paciente en un hospital de la ciudad de Wuhan, “con lo que las autoridades chinas actualizaron los casos confirmados a 41”.
Entre las más de cuatro decenas de afectados se reportó un fallecido, seis casos graves y siete pacientes fueron dados de alta.
La OMS informó que los cuadros y síntomas clínicos reportados son principalmente fiebre, con algunos casos con dificultades respiratorias, y radiografías de tórax que muestran inflamaciones neumónicas invasivas en ambos pulmones.
Los pacientes fueron aislados y reciben tratamiento en las instituciones médicas de Wuhan, de acuerdo con las autoridades chinas.
Transparencia informativa con los casos
Ante este escenario, Jašarević indicó que "las autoridades chinas compartieron la secuencia genómica completa con la OMS y con el público", y destacó la relevancia de compartir esta información “para que otros países lo utilicen en el desarrollo de herramientas de diagnóstico específicas”.
De acuerdo con las investigaciones epidemiológicas preliminares, la mayoría de los casos están relacionados con personas que trabajaban en el sector alimentario o eran manipuladoras de alimentos y visitaban frecuentemente un mercado de mariscos en Wuhan. No obstante, uno de los casos confirmado afecta a una mujer que viajaba de Wuhan a Tailandia.
"Las investigaciones epidemiológicas están en marcha y estamos a la espera de los resultados, pero sí, es ciertamente posible que la transmisión entre humanos sea limitada", dijo la doctora Maria D Van Kerkhove, jefa de la Unidad de Enfermedades Emergentes y Zoonosis de la OMS. 
La experta destacó que no hay ninguna prohibición de viajar a Wuhan en estos momentos, y que dará a conocer más información a medida que continúen las investigaciones.
La experiencia previa, clave para combatirlo
Van Kerkhove añadió que los Estados miembros están preparados ante esta situación debido a las experiencias previas con la enfermedad.
"Esto es algo para lo que la comunidad mundial se ha preparado y todos los dispositivos están listos para activar nuestros planes y utilizar los materiales que desarrollamos para el SARS, para el MERS, y adaptarlos a nuestra situación actual", dijo.
Del mismo modo indicó que se ha elaborado una guía técnica sobre el nuevo coronavirus y que se seguirá actualizando a medida que se disponga de información adicional.

Esta tarde, en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el Dr. Wilson Toainga, fiscal General del Estado, subrogante, presentó dictamen acusatorio en contra de los jueces Aurelio Q. y Bolívar T., como autores directos del presunto delito de cohecho.
Al inicio de la audiencia, la defensa del procesado Aurelio Q. pidió que se le aplique el procedimiento abreviado, solicitud que fue negada por la Fiscalía, por cuanto no se cumplían los requisitos establecidos en la Ley.
Posteriormente, tras analizar los posibles vicios de procedimiento y procedibilidad, el juez nacional David Jacho declaró la validez de la causa, pues consideró que se han observado las garantías del debido proceso.
En la segunda parte de la audiencia, la Fiscalía fundamentó su acusación en casi cincuenta elementos de convicción, como informes de inspección ocular técnica, versiones, certificaciones del Consejo de la Judicatura, informes periciales de audio, video y afines, pericias documentales, análisis de llamadas telefónicas, entre otros.
Es así que, por considerar que existen suficientes indicios de su participación en esta infracción, la Fiscalía solicitó al Juez que acoja el dictamen acusatorio y dicte auto de llamamiento a juicio en contra de los procesados.
Además, el Fiscal General subrogante hizo el anuncio de las pruebas testimoniales, periciales y documentales que presentará en una posible audiencia de juzgamiento.
El Juez Nacional suspendió la audiencia, misma que se reinstalará este 17 de enero, a las 14:15 para dar a conocer la resolución.
El caso
Este proceso penal inició con base en la denuncia presentada por el juez de la Corte de Pastaza Jhon Álava, quien formaba parte del Tribunal que conocería, en apelación, la acción de protección negada en primera instancia por Aurelio Q., en el caso conocido como Río Piatúa.
Según el denunciante, Aurelio Q. le ofreció beneficios administrativos y económicos a fin de que ratifique la sentencia dictada en el caso. Es así que el 3 de septiembre, en un restaurante de la ciudad de Puyo, el juez Aurelio Q. habría entregado a Álava, dinero en efectivo que llevaba en el interior de una caja de licor. Además, habría existido otra funda con 18.000 dólares, que al parecer era para Bolívar T., quien también formaba parte del Tribunal que conocería la apelación.
El delito de cohecho está tipificado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Uno de los proponentes, Bairon Valle, recordó que el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social modificó la base de cálculo de las pensiones y cambió la fórmula matemática que representa el promedio de las 60 mejores remuneraciones, por una fórmula geométrica. Esto, a decir del legislador, significó una reducción de las pensiones en al menos el siete por ciento.
Por ello propone que en primer lugar el tema no quede a discreción del Consejo Directivo, que conste en la Ley de Seguridad Social y que se retome la fórmula matemática que brinda seguridad a los jubilados y pensionistas.
La propuesta fue respaldada por Antonio Pazmiño, vicepresidente de la Federación de Jubilados y Pensionistas del Ecuador, quien propuso además una reforma para que un representante del sector forme parte del Consejo Directivo del IESS.
Planteó que el representante de los jubilados sea un profesional de tercer nivel y seleccionado mediante concurso, que podría ser evaluado por un organismo ciudadano como la Comisión Nacional de Control Cívico de la Corrupción o por la Asamblea Nacional.
También sugirió reformar la Ley de Seguridad Social en lo que se refiere a las pensiones jubilares, de modo que el incremento anual sea de manera equitativa y con mayor incidencia en aquellos que ganan menos, que en ningún caso sea menor al aumento del salario básico unificado de los trabajadores amparados en el Código del Trabajo.
La legisladora Cristina Reyes propuso conformar equipos de trabajo y convocar a todos los actores para tratar la reforma a la Ley Seguridad Social, para generar consenso y rescatar al IESS, garantizando pensiones dignas y servicios de calidad.
La presidenta de la comisión, Karina Arteaga, informó que el tema será tratado con todos los actores públicos y privados involucrados en el tema, para lo que tienen previsto realizar talleres en territorio.
Asambleísta por un día
En el debate participó Jonatan Choloquinga, como asambleísta por un día. Él es representante de los jóvenes de la provincia de Cotopaxi. Destacó la apertura de la Legislatura para permitir la participación de todos los actores en la construcción de las leyes. La generación de empleo es una de sus inquietudes frente a la preparación del nuevo Código Laboral.
PV/cz
Más fotografías:

El Pleno de la Asamblea Nacional desarrolló,  por más de cuatro horas, el juicio político en contra de Raúl Pérez Torres, exministro de Cultura y Patrimonio, durante  la sesión 650, de este 15 de enero de 2020.
Sin embargo, la moción de censura planteada por los interpelantes Juan Cristóbal Lloret y Lira Villalva, no tuvo los votos necesarios. Se registraron 59 votos afirmativos y 23 abstenciones. Para proceder a la censura del funcionario se requería el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, esto  es 91 votos, como establece el artículo 131 de la Constitución de la República. 
Al funcionario le plantearon juicio político por haber desobedecido la Ley de Cultura y su Reglamento en lo que respecta a la asignación del presupuesto para la sede y los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) Benjamín Carrión. Según los interpelantes, el 50 % del mismo se concentra en la sede nacional de Quito.
Luego de que Raúl Pérez ejerció su derecho a la defensa, por el lapso aproximado de 45 minutos, sobre las acusaciones imputadas en su contra, el Pleno escuchó los argumentos  de los interpelantes, Juan Cristóbal Lloret y Lira Villalva. 
El asambleísta Juan Cristóbal  Lloret  se refirió a los argumentos técnicos, jurídicos y políticos para evidenciar el incumplimiento de funciones del mencionado exfuncionario. Destacó falencias de carácter administrativo y dijo que estas devinieron en un incumplimiento de funciones al no asignarse los recursos necesarios a los diferentes núcleos de la CCE del país.
Insistió que hay una afectación importante a la cultura, a los gestores y actores culturales, sobre todo en las provincias. Se ha reflejado exclusión y falta de asignación de recursos con sujeción a la ley, enfatizó. Sobre la concentración centralista de los recursos económicos reveló que de 15.8 millones de dólares, 7.7 millones se quedan en Quito; 7.4 millones para los  23 núcleos provinciales y 640 mil dólares para Pichincha. Sobre esta gestión de los recursos económicos de la cultura se ha producido un retroceso importante en materia de desconcentración y descentralización, afirmó Lloret. 
Recalcó que la ley obliga al Ministro de Cultura a determinar la fórmula de distribución de los recursos en base a las variables establecidas en la Ley de Cultura, con criterios de justicia, equidad y corrección de las asimetrías, mismas que a su juicio no se cumplieron.
“Lamentablemente el exministro de Cultura no tuvo la posibilidad de cumplir y hacer cumplir las leyes y nuevamente se dio un proceso discrecional de entrega de recursos por la inacción del funcionario” enfatizó el legislador.
Al cierre de su intervención propuso la censura del ex ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, argumentando que existe una serie de negligencias en la aplicación de la Ley de Cultura y su Reglamento.
Por su lado, la asambleísta Lira Villalva expresó que el juicio político al ex ministro de Cultura, se cumple desde el ejercicio de la función fiscalizadora que la Constitución otorga a los legisladores, tras señalar que éste no es un asunto personal, ni tiene que ver con ideologías políticas, peor con el pensamiento de Raúl Pérez, quien como Ministro de Cultura estaba obligado a cumplir y hacer cumplir la ley.
Coincidió con que el exministro no definió la fórmula para la asignación de recursos a los núcleos provinciales de la CCE y más bien trabajó para dar de baja el Reglamento a la Ley de Cultura. Resaltó que Raúl Pérez incumplió la Constitución en la parte que dispone que el Estado ejerza la rectoría a través del órgano competente y garantice los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política cultural.
Por último, señaló que con el juicio político se evidencia que hay un manejo cuestionable del talento humano de la Casa de la Cultura, que debe ser investigado por el Ministerio de Trabajo y la Contraloría y, por tanto, procede su censura.
Debate
El en debate, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Johana Cedeño, defendió el trabajo de la Comisión y dijo que actuó con apego a la ley, alejada de posiciones políticas, con respeto a los derechos constitucionales y el debido proceso. Comentó que el propio exministro Raúl Pérez declaró que no estaba de acuerdo con el Reglamento a la Ley de Cultura, pero pese a ello, tenía la obligación de cumplir sus disposiciones.
Por su lado, la asambleísta Lourdes Cuesta recordó que el Pleno dispuso a la Comisión de Educación investigue la distribución de rentas para la cultura, que nació de una preocupación de gestores culturales y del núcleo del Azuay de la CCE, frente a la asignación de recursos.
RSA/ea

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por la asambleísta Ximena Peña, recibió al Pleno del Consejo de la Judicatura, el cual, a través de su presidenta, María del Carmen Maldonado, presentó varias observaciones y propuestas al proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial.

Maldonado expuso la necesidad de armonizar las disposiciones constitucionales con el Código, a fin de especificar que el período de los notarios sea de seis años y con posibilidad de una sola reelección, evitando que se conviertan en cargos indefinidos, vitalicios y hereditarios.
Además, propuso que la sanción por el cometimiento de un error inexcusable esté debidamente motivada y lo resuelva un juez superior, para descartar cualquier tinte de persecución; también que por ley se establezca la vacancia judicial y se clarifiquen los conceptos de dolo, manifiesta negligencia, entre otras figuras. Habló de suspender, con pérdida de remuneración, al los servidores de la Función Judicial en casos graves y urgentes, en el ejercicio de sus funciones, por el tiempo máximo de 90 días.
Inquietudes
Los comisionados se mostraron partidarios de que en el proceso de renovación de notarios se efectivicen los estándares de rendimiento, los concursos de oposición y méritos, así como las evaluaciones, donde prevalezca la disposición constitucional respecto a la permanencia en funciones.
Así mismo, que se aclare la denuncia de un probable tráfico de influencias para ocupar este tipo de puestos; que se den respuestas a destituciones que se habrían dado al margen de la ley; y, que se implementen, a la brevedad posible, los juzgados especializados en materia de niñez y familia, en cumplimiento del mandato constitucional. 
La asambleísta Kharla Chávez, vicepresidenta de la mesa, dijo que es fundamental convocar al concurso para llenar las vacantes de jueces y conjueces nacionales de justicia, que hoy lo ejercen jueces temporales desde hace meses, lo que constituye una evidente preocupación de la ciudadanía y los usuarios.
Denuncia falsa
La presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, aseguró que la denuncia de tráfico de influencias para los cargos de notarios es falsa, más aún cuando las firmas de los denunciantes fueron suplantadas, por lo que pidió la intervención de la Fiscalía y Contraloría.  
MG/cz

Un convenio entre el Gobierno de Manabí y la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad CAS permitirá garantizar el servicio gratuito en estudios médicos para siete mil pacientes en la provincia.

Este martes se firmó el convenio que, en el marco de la “Operación Justicia Social” de la Prefectura, ofrecerá servicios de rayos X, ecografía, exámenes de laboratorio y prueba de Papanicolaou a pacientes de brigadas médicas en la zona rural y urbano marginal.

El prefecto Leonardo Orlando resaltó que llegarán con estudios de alta calidad a quienes más lo necesitan. "Contamos con un equipo de primera para realizar ecografías y exámenes médicos, tendremos equipos portátiles y de última tecnología en nuestras brigadas”, dijo Orlando.

La autoridad provincial resaltó la importancia de esta alianza en aspectos como el cuidado durante el embarazo, prevención de la diabetes, detección temprana de enfermedades y más. La inversión en este proyecto es de 140 mil dólares.

Jennifer Arteaga, de 20 años, en representación de las jóvenes embarazadas que han sido atendidas en el CAS agradeció por la iniciativa. "Nunca olvidaré todo lo que significamos para usted señor Prefecto al realizar este convenio que nos da tranquilidad a las mujeres embarazadas que no tenemos los recursos y acceso a ecografías y exámenes pagados", señaló.

Margarita Álava, directora ejecutiva de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad CAS, también resaltó la visión del Gobierno de Manabí a favor de los más vulnerables.

Adultos mayores de Portoviejo, que conforman el grupo folklórico "Bailando por la vida", pusieron el toque de color y alegría al evento que contó con la participación de los presidentes parroquiales de Riochico, Crucita, Chirijos, concejales de Portoviejo, entre otros.

Durante el evento, jóvenes de la capital provincial, que participan en el proyecto de arte y cultura “Manabí te cuenta una historia”, pintaron en lienzo hermosas imágenes sobre los vientres de las mujeres embarazadas.

• Seguro de vida, boleto de avión, trámite de visa y el mismo salario que el de un profesional estadounidense, son algunos de los beneficios que otorga el Programa de Intercambio Cultural Participe Learning.

• Las inscripciones, para quienes deseen postular al proceso de selección de maestros para el nuevo ciclo escolar, estarán abiertas durante el mes de enero y febrero.

Docentes ecuatorianos tienen la posibilidad de impartir clases a niños de preescolar y primaria en Estados Unidos, gracias al Programa de Intercambio Cultural Participe Learning.
La oportunidad está dirigida a profesionales que buscan opciones de empleo fuera del país para mejorar sus ingresos. Quienes tengan familia, también pueden aplicar, puesto que el Programa contempla la gestión de visas para el núcleo familiar durante los años que permanezca el educador en su labor de enseñanza. Los educadores elegidos podrán incorporarse al próximo ciclo educativo y desempeñarse en su puesto de tres a cinco años.
El Programa de Intercambio Cultural Participe Learning tiene 32 años de experiencia en Estados Unidos y tiene como propósito fomentar una educación global. Esta iniciativa, año a año, convoca a profesores de distintos países para que vivan una experiencia académica y cultural única.
Para Ronald Ramírez, Coordinador de Reclutamiento en Latinoamérica para Participate, esta iniciativa ha tenido mucho éxito en Ecuador, tanto a nivel profesional y cultural. Los beneficiarios, durante su estadía en Estados Unidos, reciben capacitaciones de actualización profesional y durante el proceso cuentan un acompañamiento continúo para garantizar el desarrollo de sus capacidades y talentos.
“El sistema educativo americano nos está capacitando. Hemos aprendido nuevas estrategias. Ellos tienen una manera diferente de enseñar y nosotros aprendemos todo eso. Además, Participate nos capacita constantemente y nos ayuda a través de todos los procesos”, destaca Abigail Briones, una de las docentes participantes del programa.
Abigail junto a su esposo Carlos Baquerizo, ambos guayaquileños, comenzaron en el programa en el año 2018 y actualmente dictan clases en una escuela primaria en Carolina del Norte. En el país, 110 profesores han sido parte de esta experiencia, que comenzó en el año 1987. Actualmente hay 30 docente activos tomando en cuenta los 7 que iniciaron el año pasado.
“Esta experiencia laboral nos da un plus como educadores. Vamos a ser profesores de habla inglesa con una práctica en un país extranjero. Además, hemos encontrado aquí una excelente oportunidad, para estudiar una maestría. Es decir que, aparte de la experiencia que llevamos como docentes, regresamos a nuestro país con un nuevo título”, menciona Carlos Baquerizo.
Entre los beneficios que reciben los docentes están un salario igual al de un profesional de la educación estadounidense, seguro de vida, boleto de avión, tramite de visa e inducción durante su periodo de radicación. A esto se suma la posibilidad de convertirse en embajadores de las diferentes culturas del mundo en el país norteamericano e intercambiar conocimientos que pueden aplicarse en sus países de origen.
“Lo que quiero hacer con este aprendizaje es mejorar la educación en mi país. Quiero llevar diferentes estrategias, diferentes ideas. Quiero ser yo la pionera de esta nueva actualización del ámbito educativo en Ecuador”, expresa Andrea Mancheno, docente ecuatoriana que ya comenzó su quinto año como educadora y ahora es maestra de quinto grado en una escuela también en Carolina del Norte.
Los requisitos para aplicar son: hablar inglés fluido, contar con título universitario en docencia, tener al menos dos años de experiencia laboral a tiempo completo en una escuela o colegio y poseer licencia de conducir y experiencia al volante, debido a que los maestros reclutados deben desplazarse en automóvil a su lugar de trabajo.
Los interesados podrán inscribirse a través del portal http://go.participatelearning.com/ec201901. Para mayor información, pueden comunicarse por correo electrónico a info@participatelearning.com, contactarse al WhatsApp (+506) 8715-3222, o escribir chat ubicado en la esquina inferior derecha del sitio web www.participatelearning.com.

En las parroquias rurales Crucita, Calderón, y Riochico de Portoviejo, 150 personas que han sido víctimas de violencia recibirán apoyo y podrán emprender negocios que aporten a la economía local.
La iniciativa será posible gracias a un convenio entre el Gobierno de Manabí y la Young Men's Christian Association, "YMCA Manabí", quienes invertirán $88.800 y $37.240 respectivamente. El monto total es de 126.040 dólares.
De manera indirecta se beneficiarán 600 familias de las personas atendidas. El proyecto incluye la asistencia de un equipo de mentores, facilitadores, psicólogos, psiquiatra y médico familiar.
Se busca fortalecer a los beneficiarios, desarrollando espacios para la implementación de iniciativas innovadoras, que generen ingresos y aporten a la economía popular local.

Este proyecto, que es coordinado por la Dirección de Desarrollo Humano de la Prefectura, se cristalizará con la firma del convenio entre Gobierno de Manabí y YMCA Manabí. El evento se realizará el jueves 16 de enero a las 17h00, en la casa comunal Las Gilces, de la parroquia Crucita.

Chone apunta a ser un “pueblo mágico”. Esa es la perspectiva que tienen la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), en su extensión de este cantón, y la municipalidad a través de una alianza estratégica para impulsar un proyecto que incluye varias propuestas, como por ejemplo un parque lineal.

“Chone tiene hechos históricos y cumple las condiciones para ser un pueblo mágico con su historia, cultura y arte. Hemos tomado iniciativas en traer escuelas de arte, música, danza y se proyectan carreras técnicas en gastronomía y arqueología, para darle sustento al proyecto”, dijo Marcos Zambrano, decano de la ULEAM Chone, en reunión con técnicos municipales.

Insistió en que debe existir la unidad comunitaria, donde el municipio es la entidad rectora de aspectos como ordenanzas, temas turísticos, fomento productivo y cultural. El otro actor es la universidad donde se prepara el talento humano.

“Es una alianza donde cada institución aportará con sus facultades para desarrollar el proyecto de esparcimiento familiar, resaltar la cultura, promover emprendimientos, y que Chone se constituya en un destino turístico del Ecuador”, afirmó Zambrano.

Respecto al parque lineal, iniciará en el puente Santa Martha y seguirá por el malecón del río hasta la Unidad Educativa Aristos, en el barrio La Grecia. “La idea es realizar eventos para impulsar el tema socio económico y cultural del cantón”, indicó Tulio Vera, director municipal de Desarrollo Económico y Turismo.

Asimismo, lo cultural es el eje principal del proyecto. En el corredor turístico las casas deberán ser engalanadas a través de los murales, además de los eventos con artistas de la universidad y el municipio, los fines de semanas, señaló José Luís Román, subdirector municipal de Cultura.

Entonces, se establecen cronogramas de actividades conjuntamente con los técnicos del municipio. “Tenemos tres meses para socializar y hacer los proyectos, y tres meses para iniciar la construcción. El objetivo es que en las festividades de julio tengamos ese gran atractivo”, aseguró Zambrano.

“Había mucho peligro. Los carros no nos respetaban. Ahora nos sentiremos más seguros y eso está muy bien”, coincidieron Wendy Vargas y Jhonny Zambrano, estudiantes del décimo año de la Unidad Educativa Raymundo Aveiga, mientras los técnicos de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial señalizaban la parada de buses frente a esta institución educativa.

En sí, son 29 paradas de buses nuevas que son señalizadas vertical y horizontalmente en varios puntos de la ciudad, además de cinco paradas de taxis.

Para el efecto, se han articulado acciones con las operadoras de buses urbanos y Policía Nacional. “Son ubicadas estratégicamente, donde hay mayor demanda del usuario como en las unidades educativas”, indicó Fabián Arteaga, técnico de la Dirección de Tránsito.

“Calificamos como muy positivo la señalización de las paradas, ya que nos ayuda a tener un espacio más seguro y el usuario va a respetarla. La idea es educar al usuario en subirse y bajarse en los puntos establecidos”, afirmó Diego Solórzano Andrade, dirigente de la compañía de buses urbanos Santa Rita.

Las dos operadoras de buses urbanos: Santa Rita y Centenario, cubren nueve rutas. Actualmente se ha extendido el servicio en dos sectores: Dos Bocas-Egdy María y en la ciudadela San Cayetano. “Nos sentimos muy agradecidos con ambas empresas de transporte”, mencionó Lenin Saltos, director de Tránsito, Transporte, Seguridad Vial y Terminal Terrestre.

“Se ve más iluminado, más bonito y más seguro, sobre todo para los niños que acostumbran a jugar en el parque”, expresó Gema Mala, ciudadana chonense que llegó a este espacio público, la noche del último domingo, junto a su esposo e hijo, quienes también vieron con agrado la instalación de nuevos postes con luces LED.

Fernando Cedeño, propietario del kiosko Siscala, señaló que con más iluminación en el parque, los comerciantes podrán extender su horario de atención en las noches, ya que aumenta la seguridad, el flujo de clientes y las ventas.

Dijo que su clientela está satisfecha por esta acción, al ofrecer un punto de encuentro seguro y confortable para las familias chonenses.

Por su parte, Jorge Sanz, director municipal de Servicios Públicos, enfatizó que el sistema de alumbrado del parque Sucre ya había cumplido su ciclo, por lo que 28 lámparas fueron remplazadas por nuevos postes de resina y luces LED. Así se cambió la imagen de este espacio, con trabajos empezados el pasado viernes y que se prevé culminen este martes .

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) municipales determinarán qué tipo de dispositivo tecnológico deberá utilizar un medio de transporte, así lo determinó la Comisión Ocasional de Tránsito de la Asamblea Nacional, al aprobar un nuevo artículo dentro de las reformas a la Ley de Transporte Terrestre. El objetivo es reducir índices de siniestralidad, causada por el exceso de velocidad, la falta de atención a las señales de tránsito, dijo Fafo Gavilánez, presidente de la mesa legislativa.

Se determina que las entidades competentes de conformidad con la Constitución y la ley podrán realizar los controles de tránsito dentro de su jurisdicción, a través de medios  tecnológicos y debidamente homologados por la ANT. La finalidad del control por medios tecnológicos es preventiva.
La norma señala que las operadoras de transporte terrestre son responsables de que los vehículos destinados a la prestación del servicio tengan instalado y en funcionamiento los dispositivos, mecanismos o instrumentos de control, acorde al tipo de transporte exigido por la ANT o los GAD, tales como el tacógrafo, limitador de velocidad u otros.
Las unidades de las operadoras deberán contar con sistema de posicionamiento global satelital (GPS) que permita que las distintas entidades de tránsito las puedan monitorear y controlar. A su vez, las entidades de tránsito y movilidad tendrán protocolos de comunicación que faciliten el respectivo enlace.
Los dispositivos y mecanismos o instrumentos de control exigidos, deberán estar debidamente homologados y calibrados y alimentarán la base de datos del Registro Nacional de Transporte Terrestre y Tránsito.
Para aprobar este articulado, se escuchó los criterios de los representantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, de la Policía Nacional y de los comisionados, quienes consideran que el uso de medios tecnológicos permitirá brindar seguridad vial y seguridad ciudadana.
En otro orden, los parlamentarios agregaron un artículo por el cual, el Estado reconoce la validez de los documentos, distintivos, licencias  de conducción, permisos internacionales de conducción, identificación vehicular y pases de aduana, emitidos en otros países y expedidos de conformidad con las normas y requisitos previstos en los instrumentos internacionales vigentes.
Los ciudadanos ecuatorianos residentes en el exterior y ciudadanos extranjeros podrán conducir únicamente vehículos automotores de servicio particular, dentro del territorio nacional, con licencias de conducir emitidas en su país de residencia, por el tiempo que dure la categoría migratoria de persona visitante temporal.
Para el caso de ciudadanos que definitivamente residirán en el país, podrán canjear u homologar su licencia con su similar ecuatoriana. En todos los casos se deberá  cumplir con los requisitos establecidos en la ley, el reglamento específico expedido por parte de la ANT. 
JLVN/cz

Las defensas técnicas, en sus intervenciones, argumentaron que el Tribunal de Apelación realizó una indebida aplicación de la normativa y se produjo una contravención expresa de la ley al no tomar en cuenta circunstancias atenuantes para su sentencia, además de que la misma no estuvo debidamente motivada.
En respuesta, la representante de la Fiscalía señaló que en la resolución, tanto del Tribunal de primera instancia como el de Apelación, se aplicó de forma adecuada el principio de favorabilidad y que la misma cumple con todos los requisitos de motivación dispuestos en la normativa ecuatoriana. Además, que los recurrentes no demostraron ningún error jurídico en la sentencia, lo cual era la finalidad de esta audiencia.
La Fiscalía investigó a estas personas por el delito de delincuencia organizada, pero el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha los sentenció por asociación ilícita, según el Código Penal anterior, pues los hechos se suscitaron desde antes de que entrara en vigencia el Código Orgánico Integral Penal (COIP), lo que fue ratificado en segunda instancia.
En la audiencia de juicio, la Fiscalía demostró que, entre marzo de 2011 y junio de 2015, los sentenciados fueron parte de una organización delictiva conformada por servidores públicos del nivel jerárquico superior en Petroecuador y que actuaron dolosamente para obtener beneficios económicos a su favor.
Esta organización estaba conformada por Alex B., quien recibía los recursos y los repartía a los otros integrantes por disposición de Carlos P. Y., exgerente de Refinación, que fungía como líder, mientras que Diego T., desde la subgerencia de Operaciones, generaba necesidades para viabilizar los contratos. De su lado, Marco C., gerente General de la estatal petrolera, daba paso a la ejecución de los contratos.
Información complementaria
Carlos P. Y. también presentó una solicitud de casación, misma que fue inadmitida previamente.
En 2017, Alex B. se sometió a un procedimiento abreviado, admitiendo su responsabilidad en los hechos investigados y recibió una pena de cuarenta meses.

Guayas.-ADNDS | Este domingo 12 de Enero de 2020, Pierina Correa fue invitada junto a su Sra. madre, Normita Delgado; por habitantes de 11 comunidades de la parroquia Taura.
Realizaron visitas por varios recintos de la Parroquia, donde les agradecieron por las obras que llevó la revolución ciudadana y entre estos recorridos los moradores de la ruralidad del Guayas, le expresaron su aprecio y alto grado de consideración y estima hacia ellas y en especial al Presidente Rafael Correa Delgado. En este sector hoy en franco abandono por las autoridades de turno.
A su vez indicaron los habitantes de este importante sector, que ellos están dispuestos a dar todo el apoyo para que regrese a recuperar la patria el Ec. Rafael Correa.
Gratitud y aprecio es lo que recibe la familia Correa, en cada agenda que cumple Pierina Correa, por los sectores rurales del Guayas. 🇪🇨
¡Abriendo caminos... Dejando huellas!

Fuente : A. D. N. Del Sur🇪🇨

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, brindó hoy en la ciudad de Guayaquil una rueda de prensa a los medios de comunicación. Dijo que el veto del Ejecutivo a las reformas del Código de la Democracia ratifica las propuestas impulsadas por la Función Electoral. En ese contexto, señaló que la institución espera la aprobación de la Asamblea y posterior publicación en el Registro Oficial para convocar a la academia, gremios profesionales, sociedad civil y organizaciones políticas a construir la reglamentación de esta Ley.
A más de cuestiones de forma, se han ratificado aspectos primordiales que fueron propuestos desde el CNE, como: paridad de género, sanción a la violencia política, control a los gastos de campaña, creación de un registro electoral pasivo, entre otros, indicó la autoridad electoral. La titular del órgano electoral calificó como positivo y un avance para la democracia la decisión, ya que estos aspectos permitirán profundizar los derechos de participación de las mujeres, la lucha contra la violencia política, mejores los controles del gasto lectoral y tener un padrón electoral depurado, puntualizó.
Para el efecto, el órgano electoral desarrollará jornadas con los diferentes actores para que en un trabajo en conjunto construir la normativa electoral interna y este pueda aplicarse con mayor efectividad, tanto en la organización de los comicios como en las labores propias del CNE. En este sentido, se hace un llamado a los diferentes actores y expertos electorales se sumen a este proceso para la elaboración de la reglamentación electoral interna, previo a la convocatoria a las elecciones generales de 2021, subrayó

En sesión ordinaria de este 13 de enero, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el Plan Operativo Anual 2020 por un total de USD. 35 millones. Ese presupuesto garantizará el trabajo permanente de las áreas técnicas durante todo el año.
El cuerpo colegiado, además, resolvió entregar en su totalidad los recursos solicitados por las 24 direcciones provinciales electorales del CNE, del modo que los organismos desconcentrados podrán desarrollar sus tareas de manera óptima. De esa manera, se garantiza el cumplimiento de los servicios que ofrece el Consejo Nacional Electoral a la ciudadanía y la preparación de los comicios del próximo año.
Desde junio de 2019, las coordinaciones y direcciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) han trabajado en la planificación, donde se fijaron los rubros requeridos por la entidad para cubrir gastos y necesidades de este año fiscal. Los montos asignados servirán para la contratación de servicios, desarrollo de proyectos, publicación de insumos electorales, pago de funcionarios, entre otros compromisos institucionales. Además, la proforma contempla las transferencias de dinero a las organizaciones políticas por concepto del Fondo Partidario Permanente.
Durante la sesión, en la que permanecieron la presidenta Diana Atamaint y los consejeros José Cabrera y Esthela Acero, se analizó las actividades que cada área técnica desarrollará, de manera que se pueda optimizar el uso de recursos públicos y se garantice la labor transparente de la institución.

El miércoles 15 de enero, a partir de las 10:00, la Comisión de Derechos Colectivos conocerá, analizará y debatirá las observaciones presentadas al proyecto de reformas al artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación, que establece a la comunicación como un derecho y no como un servicio.
Dentro del tratamiento de estas reformas, a la mesa legislativa han llegado las observaciones de los asambleístas Fredy Alarcón, Bairon Valle, Fernando Callejas, Héctor Muñoz, Marcela Holguín, Patricio Donoso, Henry Cucalón, Ángel Gende y Marcela Aguiñaga. Así mismo, los aportes de representantes de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), de los catedráticos: Romel Jurado, Gisela Dávila y Hernán Reyes.
Todos coinciden en que la comunicación es un derecho y no un servicio, conforme lo determina la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. También, los aportes precisan el significado de medios de comunicación social y sobre los medios alternativos de comunicación a través de las redes sociales.
Los parlamentarios también analizarán la propuesta de la Comisión que establece la conceptualización de los medios de comunicación social como instrumentos impresos, de servicios de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar, en forma estable y periódica, textos, sonidos o imágenes destinados a la población.
Precisan que los medios de comunicación social son de propiedad de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, organizaciones sociales o comunitarias, cuyo objeto es la prestación de servicios de divulgación o intercambio de contenidos a través de los instrumentos antes señalados.
JLVN/ea

En el marco de la sustanciación del juicio político contra Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), formulado por los asambleístas Fernando Flores y Jeannine Cruz, la Comisión de Fiscalización dio paso a la fase de recepción de pruebas de cargo.
En esta ocasión, dieron sus versiones Néstor Marroquín, auditor electoral; y, Pablo Bermeo, representante del Colectivo Yasunidos, quienes coincidieron en señalar que Atamaint incumplió funciones legales específicas en el ejercicio de su cargo. La comparecencia de Patricio Mendoza Palma, excandidato a la prefectura de Los Ríos, se desarrollaría este jueves, a las 08h00.  
Marroquín aseguró que la titular del CNE es responsable de no actualizar el registro electoral, así como de no haber convocado al consejo consultivo de los movimientos y partidos políticos para que, a través de expertos y técnicos, puedan ejercer el derecho a una auditoría integral del último sufragio de marzo de 2019, obviando lo que manda el propio Código de la Democracia.
De su lado, Pablo Bermeo dijo que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio determinó que los vocales destituidos del Consejo Nacional Electoral violentaron derechos de participación ciudadana, en particular de Yasunidos, por lo que dispuso la reparación de los mismos, especialmente con la implementación de una consulta popular. Esta lucha de más de seis años no ha tenido eco en la presidenta del Consejo Electoral, a pesar de los insistentes requerimientos del Tribunal Contencioso Electoral y la Defensoría del Pueblo, enfatizó.
Los comisionados recibieron también a Alicia Cahuiya, del pueblo Huaorani, quien expresó que se deben analizar los graves daños ambientales que causa la explotación petrolera en el sector de Yasuní, al respaldar la consulta popular.
Debido proceso:
Previamente a la instalación de la sesión, en diálogo con la prensa, la asambleísta Johanna Cedeño, presidenta de la Comisión de Fiscalización, ratificó que en este proceso se garantizará, en todo instante, el principio del debido proceso y de presunción de inocencia. Indicó que habrá más de 12 comparecencias adicionales a las previstas y sobre la base de la valoración de las pruebas se resolverá lo pertinente.
Cedeño sostuvo que la aseveración de Diana Atamaint, en en sentido de que hay una actitud de persecución política, está distante del rol de los parlamentarios, más aún cuando 43 firmas, de distintas bancadas, respaldan este proceso. El derecho a fiscalizar no puede ser cuestionado por ninguna autoridad, que además sea sujeto de control político, concluyó.  
MG/cz

Un convenio entre el Gobierno de Manabí y la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad (C.A.S.Alianza) permitirá ofrecer estudios médicos a pacientes de nuestras brigadas médicas.
Se realiza una inversión de $140.000,00 que permitirá financiar exámenes de laboratorio, rayos X, ecografías, y prueba de Papanicolaou sin costo para los pacientes que se atienden en las brigadas que ya recorren la zona rural y urbano marginal de Manabí.
Siete mil pacientes tendrán el mismo número de estudios que complementarán la atención que reciben de parte de los médicos de la Prefectura.
La iniciativa se ejecuta mediante la Dirección de Desarrollo Humano que trabaja por los grupos de atención prioritaria mediante la “Operación Justicia Social”. Niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, embarazadas y más se benefician.
Este martes 14 de enero a las 10h00, en el CAS (Junto al Templo Metropolitano Alianza) se realizará la firma del convenio que permitirá la ejecución de esta importante iniciativa.

Es común escuchar a un niño decir que cuando grande quiere ser bombero y en los hermanos Gustavo Daniel y Pierre Andrés Zambrano Zambrano, de 9 y 6 años respectivamente, se trata más bien de una pasión. Desde Puerto Arturo llegaron este sábado al Cuerpo de Bomberos de Chone con la intención de conocer de cerca el ambiente que encierra esta actividad.

El cabo José Loor Farías fue el encargado de responder las preguntas de los chiquillos; por ejemplo, en torno al manejo de los implementos de la moto bomba en caso de una emergencia. Así aprendieron que la velocidad del vehículo al acudir a un incendio es de 45 km por hora en la ciudad y de 60 a 80 km por hora en la vía, con balisas y cirenas encendidas.

Otro de los temas fue la utilización de equipos contra incendios y lo hicieron portándolos ellos mismos. Aunque les quedaron grandes, dijeron estar felices; además, que cuando cumplan los 18 años regresarán para ser bomberos voluntarios y así cumplir este sueño.

Ecuador.— Desde tempranas horas de la mañana de este sábado 11 de enero del año 2020, el cantón Vinces en la provincia de Los Ríos, fue el sitio, donde cientos de ciudadanos se dieron cita en un populoso sector de la localidad, para acompañar a Correa & Freire y presenciar el #Enlace13 con el Ec. Rafael Correa Delgado desde Bélgica.

Posteriormente, luego de finalizado el enlace digital #13 del EC. Rafael Correa, la Arq. Pierina Correa, la Ing. Vanessa Freire, junto a la Sra. Normita Delgado, realizaron un encuentro ciudadano, lugar en el cual dieron a conocer temas del acontecer político nacional del movimiento al cual pertenecen y sobre la situación económica en que vive hoy el país y especialmente el sector agrícola ganadero de la zona.

Ciudadanos del sector y dirigentes delegados del movimiento FCS por la Revolución Ciudadana también fueron parte del segmento de participación ciudadana, en donde expusieron sus inquietudes y solicitaron que las mismas sean consideradas y las futuras acciones políticas del movimiento FCS. 🇪🇨

Fuente : A. D. N. Del Sur.

Las Naciones Unidas han apoyado los derechos de las mujeres ya desde la adopción de su Carta fundacional. Entre sus propósitos, la ONU declaró en el artículo 1 de su Carta «Realizar la cooperación internacional [...] en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer di
stinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión».
Durante el primer año de vida de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social fundó la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer como el principal organismo internacional para la creación de políticas dedicadas exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Entre sus primeros logros, se encontró asegurar el uso neutro de la lengua en cuanto al género para la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Las mujeres y los derechos humanos
La histórica Declaración, aprobada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948, reafirma que «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos» y que «toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, [...] nacimiento o cualquier otra condición».
A medida que el movimiento feminista internacional comenzó a ganar fuerza durante los años 70, la Asamblea General declaró 1975 como el Año Internacional de la Mujer y organizó la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar en Ciudad de México. A instancias de esta Conferencia, se declaró posteriormente el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985) y se creó el Fondo de Contribuciones Voluntarias para el Decenio.
En 1979, la Asamblea General aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que a menudo se describe como una Carta Internacional de Derechos Humanos para las mujeres. En sus 30 artículos, esta Convención define explícitamente la discriminación contra las mujeres y establece una hoja de ruta de acción nacional para poner fin a tal forma de discriminación. La Convención se centra en la cultura y la tradición como fuerzas influyentes que dan forma a los roles de género y a las relaciones familiares. Además, es el primer tratado de derechos humanos que ratifica los derechos reproductivos de las mujeres.
En 1980, cinco años después de la conferencia de Ciudad de México, se celebró una Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer en Copenhague. El Programa de Acción resultante requería la adopción de medidas nacionales más rigurosas para asegurar que las mujeres tuvieran la posesión y el control de la propiedad, así como mejoras en los derechos de estas con respecto a la herencia, la custodia de los hijos y la pérdida de la nacionalidad.
El nacimiento del feminismo mundial
En 1985, tuvo lugar en Nairobi la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz. Se convocó en un momento en el que el movimiento por la igualdad de género finalmente había ganado verdadero reconocimiento mundial; al mismo tiempo, 15.000 representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) participaron en un Foro de ONG.
El acontecimiento fue descrito por muchos como «el nacimiento del feminismo a nivel mundial». Al darse cuenta de que los objetivos de la Conferencia de Ciudad de México no se habían alcanzado adecuadamente, los 157 gobiernos participantes aprobaron las Estrategias de Nairobi Orientadas hacia el Futuro para el año 2000. El documento sentó nuevas bases al declarar que todos los asuntos afectaban a las mujeres.
Conferencia de Beijing sobre la mujer
La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995 fue más allá de la de Nairobi. La Plataforma de Acción de Beijing reivindicó los derechos de la mujer como derechos humanos y se comprometió a llevar a cabo acciones específicas para asegurar el respeto de estos derechos.
Una Organización para las mujeres
El 2 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó unánimemente la creación de un único organismo de la ONU encargado de acelerar el progreso sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. La nueva entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres, fusionó cuatro instituciones y organismos internacionales: el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), la División para el Adelanto de la Mujer (DAM), la Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer.
Las mujeres y los ODS
Igualdad de género
Las Naciones Unidas centran ahora su labor de desarrollo a nivel mundial en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), creados recientemente. Las mujeres desarrollan un papel esencial en todos los ODS. Estos recogen numerosas metas que se centran en el reconocimiento de la igualdad y del empoderamiento de la mujer como un objetivo y como parte de la solución.
Al Objetivo 5, que busca «Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas», se lo conoce como un objetivo de género en sí mismo porque está dedicado a alcanzar estos fines. Es preciso contar con cambios profundos a nivel jurídico y legislativo para garantizar los derechos de las mujeres del mundo. Aunque 143 países, una cifra récord, habían garantizado la igualdad entre mujeres y hombres en sus constituciones en el año 2014, todavía quedaban 52 que no habían adoptado esta iniciativa.
Aún subsiste una marcada disparidad entre los géneros en la esfera jurídica y social. Pese a que se ha conseguido un cierto progreso a lo largo de las últimas décadas, las mujeres trabajadoras siguen ganando de media un 24% menos que los hombres a nivel mundial. En agosto de 2015, solo el 22% de todos los parlamentarios nacionales eran mujeres, lo que representa un ligero aumento frente al 11,3% del año 1995.
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) es el principal órgano internacional intergubernamental dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Esta Comisión desempeña una labor crucial en la promoción de los derechos de la mujer: documenta la realidad que viven las mujeres en todo el mundo y elabora normas internacionales en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres.
Eliminación de la violencia contra la mujer
El sistema de las Naciones Unidas continúa prestando especial atención al problema de la violencia contra la mujer. En 1993, la Declaración de la Asamblea General sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer recogía «una definición clara y completa de la violencia contra la mujer, [y] una formulación clara de los derechos que han de aplicarse a fin de lograr la eliminación de la violencia contra la mujer en todas sus formas». Supuso «un compromiso por parte de los Estados de asumir sus responsabilidades, y un compromiso de la comunidad internacional para eliminar la violencia contra la mujer».
En septiembre de 2017, la Unión Europea y la ONU han unido fuerzas para lanzar la Iniciativa Spotlight. Una iniciativa global y plurianual orientada a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.
En la inauguración de esta campaña mundial plurianual, se refirió a este tipo de violencia como un asunto que «no puede esperar».
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebra el 25 de noviembre.
Día de la mujer y otras celebraciones
El Día Internacional de la Mujer se conmemora cada año el 8 de marzo. La idea de un Día Internacional de la Mujer surgió, a principios del siglo XX, a partir de las actividades de los movimientos obreros en América del Norte y en toda Europa. Se trata de un día que se celebra en muchos países del mundo y en el que se reconocen los logros de las mujeres sin tener en cuenta sus diferencias, sean estas nacionales, étnicas, lingüísticas, culturales, económicas o políticas.
Además de los mencionados Día internacional de la Mujer y Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la ONU conmemora otros días internacionales dedicados a dar a conocer diferentes aspectos de la lucha por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. El 6 de febrero se celebra el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, el 11 de febrero el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 19 de junio el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, el 23 de junio el Día Internacional de las Viudas, el 11 de octubre el Día Internacional de la Niña y el 15 de octubre el Día Internacional de las Mujeres Rurales. 
Lenguaje Inclusivo en cuanto al género
Dado que el lenguaje es uno de los factores clave que determinan las actitudes culturales y sociales, emplear un lenguaje inclusivo en cuanto al género es una forma sumamente importante de promover la igualdad de género y combatir los prejuicios de género.
Por “lenguaje inclusivo en cuanto al género” se entiende la manera de expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos de género. 
Estos recursos y orientaciones se han recopilado con la finalidad de ayudar al personal de las Naciones Unidas en el empleo de un lenguaje inclusivo en cuanto al género en todo tipo de situación comunicativa (oral o escrita, formal o informal) y sirven como punto de partida útil para cualquier persona.
Recursos

• • El progreso de las mujeres en el mundo

En la semana del 13 al 17 de diciembre, la Asamblea Nacional realizará diferentes procesos en materia legislativa y de fiscalización. Así, la Comisión que lleva adelante el juicio político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, trabajará en jornadas extendidas desde el lunes 13 hasta el jueves 16 de enero, con el fin de recibir pruebas de cargo solicitadas por los interpelantes: Jeannine Cruz y Fernando Flores.
En este marco, el lunes 13 de enero, los comisionados recibirán pruebas de cargo de: Néstor Napoleón Marroquín, experto en sistemas informáticos; Pablo Bermeo, de Yasunidos;  Joffre Patricio Mendoza Palma, ex candidato a prefecto de la provincia de Los Ríos. El martes 14 de enero a los consejeros Enrique Pita; Luis Verdezoto, Esthela Acero y José Cabrera.
El miércoles 15 comparecerán Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral; Fausto Camacho, exvicepresidente del Tribunal Supremo Electoral; Mario Fonseca, presidente de la Confederación de Cabildo Ciudadano del Ecuador. Otros actores serían recibidos el jueves 16 de enero.
Trabajadores
La Comisión del Derecho de los Trabajadores, el miércoles 15 de enero, establecerá un cronograma para tratar el Código de Trabajo. Igualmente, retomará el trámite del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social para establecer una fórmula para el cálculo de las pensiones jubilares. La propuesta plantea que el cálculo de la pensión jubilar corresponda o sea igual al promedio de los cinco años de mejor sueldo o salario sobre los cuales se aportó.
Biodiversidad
La Comisión de Biodiversidad sesionará en la provincia de El Oro. El 15 de enero, a partir de las 09:00, se trasladarán al Salón de la Ciudad en el Palacio Municipal de Zaruma, con el fin de iniciar la fiscalización por la problemática que enfrentan los pobladores por el hundimiento que provoca la minería en el área urbana de Zaruma – Portovelo, afectando los bienes patrimoniales.
El jueves 16, los asambleístas se trasladarán al Salón de la Ciudad en el Palacio Municipal de Santa Rosa, para analizar la contaminación de los ríos Calaguro, Santa Rosa y Estero Medina, provocados por efectos de la explotación minera, especialmente en la zona de la comunidad Bella María. Esto ha provocado casos de cáncer en los pobladores debido a las trazas de arsénico peligrosas para la salud.
En estas sesiones de la Comisión estarán presentes autoridades competentes, con el objeto de establecer líneas de acción de trabajo conjunto.
Participación Ciudadana
El miércoles 15 de enero, la Comisión de Participación Ciudadana citó al rector de Ikiam, Jesús Ramos; así como autoridades del Consejo de Educación Superior para que informen sobre el manejo administrativo de esa institución de educación superior y algunas denuncias que han presentado varios docentes. El jueves 16 de enero, los comisionados proseguirán con el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Organizaciones Sociales que tiene como objetivo garantizar el derecho a la libertad de asociación, basado en los principios establecidos en la Constitución.
Justicia
Con el fin de elaborar el informe no vinculante del veto parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley de reformas al Código de la Democracia, que contiene 18 observaciones, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado se reúne el miércoles 15 para conocer y votar dicho informe.
Régimen Económico
Dos proyectos avanzarán su análisis en la Comisión de Régimen Económico que sesionará en doble jornada el miércoles 15 de enero. Se trata de las reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, a fin de elaborar el informe para segundo debate. En horas de la tarde harán un diagnóstico de los proyectos de reforma presentados en torno al Código Monetario y Financiero, con el fin de estructurar el informe para primer debate.
Soberanía Alimentaria
La Comisión de Soberanía Alimentaria alista el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Desarrollo del Sector Acuícola y Pesquero, con este objetivo, los comisionados sesionarán el martes 14 y miércoles 15 de enero.
Educación
Para estructurar el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Alimentación Escolar, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología solicitó la comparecencia de las principales autoridades del Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies), del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales (Congope), del Ministerio de Educación; y, expertos en alimentación escolar. Estos actores darán sus aportes a la normativa legal.
Derechos Colectivos
La Comisión de Derechos Colectivos, el miércoles 15 de enero, revisará las observaciones que han llegado a la mesa legislativa sobre el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, en lo relacionado al abuso de los recursos públicos para publicidad, por parte del Estado. El proponente del proyecto, asambleísta Fernando Callejas, señaló que conviene evitar el excesivo gasto en la difusión, utilización de recursos públicos con fines políticos y electorales que desvirtúan el accionar de la función pública, por tanto, en su propuesta se prohíbe que dichos recursos sirvan para la promoción de imagen personal, voz y nombre de los servidores públicos.
Desarrollo Económico
En la mesa de Desarrollo Económico se debaten los proyectos de reformas a la Ley de Turismo y para elaborar el informe para segundo debate los comisionados remitieron el documento a la Ministra de Turismo,  se espera que presente sus observaciones. Continuará con el tratamiento del proyecto de Ley de Fomento de Movilidad Sostenible y Desarrollo de Electromovilidad que tiene como objetivo establecer un marco legal, económico y de difusión que promueva progresivamente sistemas de movilidad sostenible.
Salud
Los proyectos de reformas a la Ley del Deporte, Recreación y Educación Física, así como de Discapacidades, seguirán su tratamiento en la Comisión del Derecho a la Salud. También está prevista la comparecencia del Presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quien deberá explicar la falta de pagos a prestadores externos de salud y las acciones para solventar la falta de servicio.
Gobiernos Autónomos
La Comisión de Gobiernos Autónomos realizará una nueva mesa técnica para revisar las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). En esta reunión estarán presentes representantes del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare), Consorcio de Gobierno Provinciales del Ecuador (Congope), Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y del Consejo Nacional de Competencias (CNC).
Así mismo, avocarán conocimiento del proyecto para la provisión de servicios de telecomunicaciones, principalmente en los sectores rurales del país; y, establecerán un cronograma de trabajo para el análisis del proyecto de reformas a la Ley de Vivienda.
Relaciones Internacionales
Para analizar la renuncia del Embajador de Ecuador en Estados Unidos, Francisco Carrión, el martes 14 de enero, la Comisión de Relaciones Internacionales recibirá al Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín; de Relaciones Exteriores, José Valencia; y, a Francisco Carrión.  El miércoles 15 de enero, avanzará con el tratamiento del Código de Seguridad del Estado y las reformas a la Ley de Movilidad Humana.
Tránsito
El martes 14 de enero, desde las 07:00, la Comisión Ocasional de Tránsito avanzará con análisis y aprobación de articulados sobre las reformas a la Ley de Transporte Terrestre. Hasta el momento, la mesa legislativa tiene estudiado el 70 % de la ley y espera entregar el informe para segundo debate a mediados de febrero.
JLVN/cz

El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, convocó a los legisladores a la Sesión 649, el próximo martes 14 de enero, a las 10:00, con el fin de recibir, por parte de diversas entidades de Estado, su informe anual de labores, de conformidad con el Art. 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La normativa señala que los titulares de la Fiscalía General del Estado, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional Electoral, Defensoría Pública, Procuraduría General, Defensoría del Pueblo y cualquier otra autoridad determinada por la Ley, presentarán ante el Pleno de la Asamblea Nacional sus informes anuales de labores, en enero de cada año.
Además, la ley establece que el Pleno podrá designar una comisión especializada para que analice los informes presentados. Una vez que conozca el informe de la comisión, en un solo debate, el Pleno de la Asamblea Nacional se pronunciará sobre el informe presentado por la funcionaria o funcionario.
En su comparecencia, las autoridades detallarán las acciones realizadas durante su gestión en 2019.
SV

Más de 2 mil personas de comunidades de San Vicente y Sucre se benefician con las vías 9 de Octubre - El Cerro Arriba y 9 de Octubre - La Puntilla; de 3 y 2 kilómetros respectivamente, que fueron entregadas en San Isidro.
El prefecto Leonardo Orlando participó el viernes de un evento con los ciudadanos de esta parroquia de Sucre en la comunidad de 9 de Octubre. Allí destacó que esta y otras obras fueron posibles gracias a un trabajo coordinado con los gobiernos cantonal y parroquial.
En San Isidro también se ha realizado la intervención conjunta de vías como: Beldaco - Pechichal 4 km; San Francisco - Calada 3 km; 5 de junio - Pechiche Arriba 2 de 5 km; 5 de Junio - Juan Vásquez 1 km.
El viernes el prefecto Orlando también visitó la parroquia Atahualpa de Pedernales en sus festividades. Allí participó de la sesión solemne y luego realizó para la entrega de vías rehabilitadas: El Peralta – El Retiro de 1.6 kilómetros y El Palmar – El Retiro – “Y” de Tropezón de 8.6 km.
“En Atahualpa reaperturamos 156 kilómetros de caminos veraneros y esta parroquia será parte del Eje Vial Norte que integra a los cantones Pedernales, Sucre, Chone, Flavio Alfaro y El Carmen. Nuestra visión es conectar a las comunidades más aisladas”, expresó el prefecto en su intervención durante la sesión solemne de Atahualpa.

“Nuestro corazón y nuestra mente está en el desarrollo de Manabí, pero sobre todo en los más humildes y vulnerables. Seguiremos haciendo mas proyectos que fomenten la producción”, expresó el prefecto Leonardo Orlando en el marco de la entrega del sistema de riego Florestal en Calderón de Portoviejo.
En esa parroquia se realizó este sábado el inicio de operaciones del sistema que beneficia directamente a 140 familias e indirectamente a miles en comunidades como Maconta en Medio, Quebrada Seca, Quebrada de Agua y otras. Autoridades locales, la viceprefecta Kelly Buenaventura y decenas de ciudadanos participaron del evento.
El sistema permite irrigar 147 productivas hectáreas y consta de una estación de bombeo, tuberías de impulsión y distribución, y un reservorio con 4.500 cúbicos de almacenamiento.
Pedro Navia, presidente del Gobierno Parroquial de Calderón, destacó el impulso productivo que dará el proyecto a la zona. “Siento alegría personal porque vengo de una familia del campo. Es hora de agradecerte Leonardo porque realmente es ahora donde se le está dando la oportunidad a quien nunca la tuvo”, resaltó.

Las seis estaciones de bombeo de aguas lluvias reciben mantenimiento y son reparadas para que mejoren su operación en la inminente etapa invernal.
Se prevé que en 45 días estén habilitadas y en óptimas condiciones en el invierno, explicó Luis Chacón, gerente de la empresa Láser, contratada por la municipalidad.
En sí, se realiza la repotenciación de los tableros. El objetivo del alcalde Leonardo Rodríguez es poner a punto las mismas, y que el invierno no afecte mucho.