Hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social presentan irregularidades en la adquisición de medicamentos, dispositivos e insumos médicos. Además, se identificaron productos caducados y deterioro de fármacos por ruptura de cadena de frío.
La Contraloría General del Estado examinó el cumplimiento de la normativa vigente en los procesos de adquisición de medicamentos e insumos médicos en 31 unidades médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS. Como parte de la auditoría, también se verificó la validez de la documentación que sustenta la recepción, distribución y utilización de los productos en las bodegas de los hospitales del IESS, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018.
En total, el equipo de control analizó existencias por USD 24’888.228,73. El informe No. DNA7-0040-2019 señala que en 16 casas de salud (entre las cuales constan los hospitales Carlos Andrade Marín, Teodoro Maldonado Carbo y José Carrasco Arteaga) no se realizaron los trámites de canje de 334.879 medicamentos caducados, cuyo costo asciende a USD 1’536.060,56.
También se identificaron 834.926 insumos y dispositivos médicos caducados. Los productos debían destinarse a tratamientos oncológicos, cardiológicos, úlceras gástricas y duodenales, VIH y SIDA, entre otros. Su costo en el mercado suma USD 14’570.715,39.
En 10 unidades médicas la falta de constataciones físicas originó faltantes en las bodegas. Las pérdidas se establecieron en 146.033 fármacos por USD 131.119,27 y 338.808 unidades de insumos y dispositivos médicos por USD 5’119.858,86, elementos necesarios para tratar dolencias como hiperplasia prostática, traumatología, anestesiología, urología y odontología.
Por otro lado, en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo los medicamentos almacenados en la cámara de frío se deterioraron, debido a que no se observó el buen uso y adecuado funcionamiento de los equipos e instalaciones. Tampoco se aplicaron procedimientos para precautelar la vida útil de 41.669 unidades de medicamentos para pacientes que requieren tratamientos cardiológicos, oncológicos, hiperglucemia, esclerosis múltiple, glaucoma, anemia, etc. Las pérdidas para el hospital suman USD 3’210.101,55
Finalmente, no se efectuaron estudios o informes en los cuales se definan las cantidades reales requeridas de medicamentos. Esto originó el dispendio de recursos, puesto que 312.887 unidades por USD 318.921,08 no fueron utilizadas.
Ante estas irregularidades y con el fin de mejorar la administración de los recursos públicos, la Contraloría dispuso a las autoridades de los hospitales y unidades médicas del IESS que verifiquen las fechas de vencimiento de medicamentos e insumos, para solicitar el canje a los proveedores. 
Deberán conformarse comisiones que efectúen constataciones físicas periódicas -al menos una vez al año-, para determinar los posibles faltantes en bodegas y realizar su reposición. El organismo de control requirió a la Coordinación General Administrativa del Hospital Teodoro Maldonado Carbo que establezca un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y equipos de la cámara de frío, a fin de garantizar la conservación de los medicamentos.  
Además, los requerimientos de medicamentos, insumos y dispositivos médicos contarán con sustentos técnicos del cálculo de cantidades. Así, las adquisiciones responderán a necesidades reales, optimizando el uso de los recursos del Seguro Social.

A continuación, se muestran en detalle los resultados de la auditoría por cada casa de salud:

En síntesis: casas de salud examinadas

Medicamentos e insumos médicos caducados

Medicamentos, insumos y dispositivos médicos no disponibles para tratamientos

Cantidades adquiridas no justificadas en el Hospital Carlos Andrade Marín
Se adquirieron 312.887 unidades de medicamentos por USD 318.921,08, sin contar con estudios que justifiquen las cantidades. La ausencia de criterios técnicos ocasionó que, hasta la fecha de corte del examen, los fármacos no sean utilizados por los pacientes, según el siguiente detalle:

Con el afán de asegurar la salud integral de los ecuatorianos, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Cruz Roja Ecuatoriana firmaron el convenio de cooperación Interinstitucional, con el objetivo de garantizar la provisión de componentes sanguíneos para beneficio de los pacientes que utilizan los establecimientos de salud en todo el país.
La provisión permanente de componentes sanguinos consta en la Ley Orgánica de Salud, donde los artículos 6 y 70 definen la responsabilidad de esta cartera de Estado de regular, controlar y distribuir de manera correcta la sangre segura con sus respectivos componentes a todos los ciudadanos.
En tal virtud, la ministra Catalina Andramuño y la presidenta Nacional de Cruz Roja Ecuatoriana, Victoria Albán Torres renovaron el convenio por dos años más, donde el MSP invierte USD 11 millones.
Antes de estampar la firma, la máxima autoridad de salud destacó el trabajo conjunto con la Cruz Roja. “Para el MSP y el Gobierno Nacional es una prioridad el aprovisionamiento de componentes sanguíneos, así garantizamos la dotación oportuna y de calidad de la sangre”, aseguró.
De esta manera, la institución doblega esfuerzos para continuar entregando una atención de calidad, en las 24 provincias del país.

Los gases de efecto invernadero (GEI) se producen de manera natural y son esenciales para la supervivencia de los seres humanos y de millones de otros seres vivos ya que, al impedir que parte del calor del sol se propague hacia el espacio, hacen la Tierra habitable. Pero después de más de un siglo y medio de industrialización, deforestación y agricultura a gran escala, las cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera se han incrementado en niveles nunca antes vistos en tres millones de años. A medida que la población, las economías y el nivel de vida crecen, también lo hace el nivel acumulado de emisiones de ese tipo de gases.
El Informe proporciona una evaluación exhaustiva del aumento del nivel del mar y sus causas a lo largo de las últimas décadas. También calcula las emisiones acumuladas de CO2 desde la época preindustrial y ofrece una estimación sobre futuras emisiones de CO2 con el objetivo de limitar el calentamiento a menos de 2 ˚C. En 2011, ya se había emitido aproximadamente la mitad de esta cantidad límite. El informe encontró que:

• • De 1880 a 2012 la temperatura media mundial aumentó 0,85 °C.

• • Los océanos se han calentado, las cantidades de nieve y hielo han disminuido y el nivel del mar ha subido. De 1901 a 2010, el nivel medio mundial del mar ascendió 19 cm, ya que los océanos se expandieron debido al hielo derretido por el calentamiento. La extensión del hielo marino en el Ártico ha disminuido en cada década desde 1979, con una pérdida de 1,07 × 106 km2 de hielo cada diez años.

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• • Debido a la concentración actual y a las continuas emisiones de gases de efecto invernadero, es probable que el final de este siglo la temperatura media mundial continúe creciendo por encima del nivel preindustrial. Así, los océanos se calentarán y el deshielo continuará. Se estima que el aumento del nivel medio del mar será de entre 24 y 30 centímetros para 2065 y de 40 a 63 centímetros para 2100 en relación al periodo de referencia de 1986-2005. La mayoría de los efectos del cambio climático persistirán durante muchos siglos, incluso si se detienen las emisiones.

• • IPCC - Quinto Informe de Evaluación

• • La Cumbre del Clima 2019 

• • Objetivo de Desarrollo Sostenible 13: Acción por el Clima

Con el fin de fortalecer el trabajo conjunto con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, GAD, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, aprobó la suscripción de tres convenios interinstitucionales con los GAD municipales de Tulcán, San Pedro de Huaca y Montúfar.
El presidente del CPCCS, Christian Cruz, destacó la importancia de trabajar con los gobiernos locales y la decisión de las autoridades del organismo de intensificar esta labor. “Incluso si el Ministerio de Finanzas no entrega los recursos necesarios, los consejeros del CPCCS autofinanciaremos las gestiones que se necesitan en las provincias para fortalecer la participación de la ciudadanía en la gestión pública” aseveró.
El objetivo de los convenios es establecer compromisos para fortalecer la democracia y transparencia de la gestión pública, implementando políticas, instrumentos, mecanismos de participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
En ese sentido, se implementarán mecanismos para la institucionalización de prácticas transparentes de gestión, se desarrollarán procesos de formación y capacitación a los servidores públicos así como a la ciudadanía, para la promoción de una cultura de participación, ética pública y transparencia basada en el ejercicio de derechos y responsabilidades.

Más de 500 campesinos, representados en la Confederación Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino - Coordinadora Nacional Campesina (Confeunassce-CNC), llegaron hasta la Asamblea Nacional para presentar su propuesta de reformas a la Ley de Seguridad Social, cuyo propósito es concretar y efectivizar sus derechos.
Aspectos como, tener representación en la integración de la Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Iess), la incorporación de nuevos afiliados y beneficiarios de acuerdo a la demanda de los campesinos y pescadores; importancia de la mujer en el sector agrícola; derechos a las prestaciones que ofrece la seguridad social; combate a la corrupción en el sector campesino, son entre otros, sus planteamientos.
Esta delegación fue reciba por la presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, Karina Arteaga Muñoz, quien dijo estar consciente de que la seguridad social necesita cambios urgentes y que estos garanticen calidad en sus prestaciones, con proyecciones sostenibles en el tiempo. A decir de la legisladora, el tratamiento de estas propuestas constituyen una prioridad en la comisión legislativa.
También informó que asuntos como la conformación del directorio del Iess, los fondos provisionales, y la forma de cálculo de las pensiones jubilares son temas que se debaten dentro de las reformas. Al mismo tiempo, afirmó que cada una de las propuestas receptadas en este encuentro, serán analizados y tratados con celeridad en el pleno de la Comisión. Por último, aseveró que continuarán, en un proceso sostenido, impulsado por trabajadores y afiliados, como instrumento para conseguir las metas propuestas.
Por su lado, el presidente de la Confeunassce, Rómulo Quimis Pincay, habló de la importancia del Seguro Social Campesino, como parte del desarrollo del país. “Nos reivindicamos con los incrementos de la pensión jubilar, lo que hemos ganado ha sido a través de toda una vida de entrega y sacrificio en el campo; producimos y abastecemos los mercados; contribuimos al desarrollo y a la economía y alimentación”, señaló.
Yrma Domiguez, representante de las mujeres rurales de la Confeunassce, tras reafirmar la importancia de la agricultura familiar campesina e indígena de base agroecológica, enfatizó que el Seguro Campesino debe favorecer a todas las personas inmersas en la agricultura y pesca artesanal, y no solo a los que realizan estas actividades en las zonas rurales. Dijo que con ello se asegurará de que las mujeres y jóvenes tengan el acceso a la tierra y al agua, garantizando la recuperación de los territorios por parte de los pueblos originarios y afrodescendientes.
Reiteró su pedido para que se proteja a la familia contra la contingencia en la vejez, invalidez, montepío, muerte; y que esta garantice la jubilación para ambos cónyuges. Detalló que la incorporación de nuevos afiliados y beneficiarios debe ser de acuerdo a la demanda de los campesinos y pescadores artesanales mediante la planificación de la institución del Seguro Social Campesino.
De su lado, Luis Pilaló, presidente de la Federación Única de los Afiliados al Seguro Social Campesino (Feunassc), planteó que se establezcan disposiciones para combatir actos de corrupción. Pedro Panchala, presidente de la Confeunasece - CNC, recalcó la necesidad de reformar la Ley de Seguridad Social para que el Consejo Directivo de Iess se integre con representantes de cada gremio campesino, quienes darán a conocer sus necesidades.
RSA/ea
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A fin de elaborar el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, la Comisión de Régimen Económico, inició con el estudio de las observaciones planteadas dentro del primer debate en el Pleno y las que han ingresado en la mesa legislativa. La Comisión se reunirá el próximo miércoles 15 de enero con este propósito.
En horas de la tarde, los comisionados harán un diagnóstico de los proyectos de reforma presentados en torno al Código Monetario y Financiero, con el fin de estructurar el informe para primer debate.
Contratación Pública
Las reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública están orientadas a enfrentar posibles actos de corrupción en los procesos que afecten al Estado. Así también, fomentan la transparencia en la gestión pública, garantiza la calidad del gasto público, mejorará la simplificación y adecuación de los procesos para alcanzar concurrencia y agilidad, garantiza mayor seguridad jurídica y reduce la discrecionalidad, subrayó Daniel Mendoza, presidente de la Comisión. Estas declaraciones las realizó durante el primer debate en el Pleno, el pasado 26 de septiembre de 2019.
Mendoza precisó que el país necesita fortalecer la capacidad institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), a fin de establecer los procesos de manera oportuna, técnica y tecnológica. Indicó que es importante realizar un seguimiento riguroso para identificar y evitar vínculos perniciosos entre los actores de la contratación. Finalmente, enfatizó en la importancia de recuperar la naturaleza del Régimen Especial como procedimiento de compras públicas.
Reformas Ley de Desarrollo de Puerto Bolívar
Por otra parte, la Comisión avocó conocimiento del proyecto de reformas a la Ley de Desarrollo de Puerto Bolívar, de iniciativa de los legisladores Franco Romero, Patricia Henríquez y Mercedes Serrano. Esta propuesta fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y está orientada a la actualización de la norma ya que se cita instituciones públicas que han perdido sus funciones o competencias y en otros casos ya no existen.
De esta manera se propone incrementar el porcentaje de los ingresos totales de forma técnica, equitativa y ponderada, como señala el artículo 1 de la Ley.
Sobre este particular, la propuesta establece que la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, el 15 de diciembre de cada año, hará conocer su presupuesto general, en el cual se anexarán las cédulas de ejecución de gastos e ingresos a detalle dentro del ítem presupuestario del programa institucional enviado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Con este elemento, se prevé que el 50 % de los ingresos totales de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar sean transferidos directamente, en partes iguales, y liquidados trimestralmente a favor del GAD de Machala y del Gobierno Provincial de El Oro.
También, se determina que los recursos se destinarán a obras y servicios públicos de acuerdo al plan de desarrollo económico y productivo de la parroquia urbana de Puerto Bolívar; mientras que el GAD Municipal de Machala invertirá en obras y servicios de establecidos en la Constitución y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).
En la propuesta legal, se clarifica que dichos recursos entregados al GAD no podrán ser destinados a gasto corriente o para financiar obras y servicios que no sean exclusivamente de la parroquia urbana de Puerto Bolívar.  
JLVN/ea
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El Grupo Parlamentario que atiende temas de frontera presentó y aprobó el informe de cumplimiento de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo. Durante la exposición, la asambleísta Silvia Salgado, titular de la mesa, dio cuenta de los avances, conclusiones y recomendaciones para la implementación de la ley y su reforma, conforme a lo establecido en la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional aprobada el 30 de julio de 2019.
En su intervención, mencionó que durante las sesiones de trabajo el ente parlamentario recibió a siete ministros de Estado, ocho delegados ministeriales, dos secretarías, tres direcciones nacionales y una agencia nacional, quienes explicaron las labores realizadas en zonas de frontera.
Conclusiones
El grupo estableció 13 conclusiones, entre ellas: que no existe un plan de inversiones ni evaluación de las políticas que se aplican en la zona; además, que la política pública en frontera no es planificada ni articulada desde el Gobierno Central con los gobiernos locales; tampoco existe articulación de La Ley de Desarrollo Fronterizo con otras normas conexas como el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), Código de la Producción, Ley de Fomento Productivo y Ley Amazónica.
Otra conclusión fue que no se contempla la vulneración a los derechos humanos y territoriales de la frontera para desarrollar lineamientos de un modelo económico fronterizo, y no se prioriza los recursos de cooperación en todo el cordón de frontera.
Recomendaciones
El ente legislativo recomendó que la Asamblea Nacional y las asociaciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) impulsen un proceso de socialización de la Ley. Así también se propuso que el Parlamento priorice una reforma integral y participativa de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, en ese marco, sugirieron que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) disponga que una Comisión Especializada Permanente o una Comisión Ocasional haga seguimiento de las conclusiones y recomendaciones del presente informe.
Se planteó reformar el objeto, fin y objetivos de la ley, incluyendo un enfoque preferencial, intercultural, transfronterizo, ruralidad, de género, diversidad y derechos humanos. Además, que la ley garantice mayor eficacia para el funcionamiento de comités nacionales y territoriales de frontera; que la Secretaria Técnica Planifica Ecuador sea el órgano rector encargado de velar por planes, programas, políticas y recursos preferenciales; y que la Asamblea Nacional mantenga su rol de control político para el cumplimiento del presupuesto y políticas fronterizas.
“Proponemos impulsar un proceso de reforma a la ley que escuche y recoja las voces de todos los actores y se aplique de manera efectiva”, expresó la asambleísta Salgado.
SV/ea

Los asambleístas Fernando Flores y Jeannine Cruz, interpelantes de Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), sustentaron ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Johanna Cedeño Zambrano, las pruebas con las cuales demostrarían el incumplimiento de funciones de la máxima autoridad del organismo electoral.
El incumplimiento de funciones, según Fernando Flores, se evidencia en cuatro actuaciones de Diana Atamaint: la serie de irregularidades del proceso electoral seccional en Los Ríos; la falta de convocatoria a las organizaciones políticas para ejercer la auditoría en las diferentes etapas del proceso electoral; la negación del derecho de participación al grupo Yasunidos; y, la inacción frente a las denuncias sobre las actuaciones irregulares del exdirector de procesos electorales, Luis Loyo.
Flores explicó que, en los Ríos, el exdirector de la delegación provincial, Luis Páez, clausuró de manera ilegal la audiencia de escrutinios, sin dar paso a las demandas de las organizaciones políticas que participaron en las elecciones de 2019. Luego, el CNE cesó en funciones al director y al secretario de dicha delegación y nombró en su reemplazo a Xavier Márquez, quien reinstala la sesión de escrutinios.
Consecuentemente, la presidenta Atamaint puso en conocimiento del Pleno del Consejo una impugnación y sorprendió a los consejeros, quienes votaron a favor. Después, el Tribunal Contencioso Electoral resolvió la apelación y sancionó a Atamaint por haber dado paso a la referida impugnación, por lo cual ordenó que la Junta Provincial de Los Ríos reinstale la audiencia de escrutinio en Quito.
Otro incumplimiento sustentado por Flores se relaciona con la falta de convocatoria a las organizaciones políticas para ejercer auditoría a los procesos electorales. Era una obligación de la presidenta del CNE incluir en el orden del día que se establezca el respectivo Plan, para que se ejecuten las veedurías y garantizar la transparencia de las elecciones.
De su lado, Jeannine Cruz subrayó que Atamaint incumplió con la Ley al negarle el ejercicio de derecho de participación al colectivo Yasunidos, pese al pedido del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio para que dé paso a la iniciativa popular de una consulta sobre el Yasuní.
Igualmente, dijo que Diana Atamaint, pese a dos denuncias que presentaron por escrito los consejeros Enrique Pita y Luis Verdesoto, jamás dispuso la investigación o que se proceda a verificar la actuación de quien fuera director de procesos electorales, Luis Tarquino Loyo. Es más, cuando se le consulta en entrevistas sobre este tema, luego que este ciudadano fue detenido en el operativo Emperador, acusado de tráfico de influencias, Diana Atamaint dice que se le debe reconocer el derecho a la presunción de inocencia.
Los interpelantes pidieron que la Comisión de Fiscalización emita un informe contundente y veraz, de acuerdo con los argumentos presentados.
EG/cz
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En un acto público se realizó la entrega de resoluciones de adjudicación para la construcción de seis puentes de hormigón armado, un puente metálico, trabajos de mantenimiento vial y obras de drenaje para Chone, San Vicente, Flavio Alfaro, Santa Ana, Montecristi y 24 de Mayo.
Del evento participaron el prefecto Leonardo Orlando, la vice-prefecta Kelly Buenaventura, alcaldes, presidentes de gobierno parroquiales, así como los contratistas que ejecutarán los trabajos.
“Este día es un hito histórico para decenas de comunidades que se benefician con estas obras. Son puentes que unen sueños y esperanzas para aquellos que estaban incomunicados ¡Estamos construyendo juntos la revolución vial más grande de Manabí!”, expresó el prefecto Leonardo Orlando.
En su intervención la vice-prefecta Kelly Buenaventura pidió a los contratistas hagan las obras con amor pero sobre todo con calidad. Les digo a mis hermanos campesinos que aquí está el Gobierno Provincial y que vamos a estar trabajando siempre por el campo.
En el evento se destacó la amplia y transparente participación de los constructores. En el caso de los seis puentes y las obras de drenaje, se recibieron 161 ofertas que evidencian la confianza de los proveedores en la administración provincial.
 

Detalles de las obras:

1. 1.  Puente sobre El Estero

Cangrejo, Sitio Muchique 1, parroquia Eloy Alfaro (Chone) $268,187.73

1. 2. Puente sobre el Río

1. 3. Puente sobre el Río Mata Plátano, vía Río Plátano - Las Lozas - La Segua (Santa Ana)  $291,038.89
2. 4. Puente sobre El Río Monse, vía Chibunga-Barbudal, parroquia Chibunga (Chone)  $265,722.23
3. 5. Puente sobre el Río Mongolla, sitio Hojas Blancas, parroquia Novillo (Flavio Alfaro) $287,159.79
4. 6. Puente sobre El Río Bravo, comuna Bajo de La Palma (Montecristi) $461,378.45
5. 7. Obras drenajes para la vía Bonce Afuera - Bonce Adentro de la parroquia La Unión (Santa Ana) $310,041.31

Obras adjudicadas con recursos propios:

• • Puente metálico sobre el estero San Pablo en el sector de Zapote, en el límite de las parroquias

• • Mantenimiento en la vía que une Sucre de 24 de  Mayo- Noboa - El Encuentro - Sixto Durán Ballén

Los chonenses tienen otra alternativa para consultar los valores a pagar para aportar con Chone. Son dos puntos de atención en la ciudad: uno en la esquina de las calles Bolívar y Atahualpa, y otro en Santa Rita. 
En estos espacios los ciudadanos acuden y con el número de cédula o RUC, el personal municipal al instante le entrega la información requerida. 
Otras opciones son la averiguación directa en la municipalidad, mediante una aplicación online y las redes sociales.

140 familias de las comunidades Maconta en Medio, Quebrada Seca y Quebrada del Agua, pertenecientes a la parroquia Calderón de Portoviejo, se benefician con el Sistema de Riego “Florestal” construido por el Gobierno de Manabí.
Este proyecto, que incluye la distribución en toma parcelaria e irriga 147 productivas hectáreas, será entregado a la comunidad este sábado 11 de enero, a las 15h00, en un acto a realizarse en la Casa Comunal de Maconta, con la presencia del prefecto Leonardo Orlando.
El sistema consta de 142 tomas parcelarias; 2,40 kilómetros de tuberías de impulsión; y 10,77 kilómetros de tuberías de distribución. Además funciona con una estación de bombeo que mediante dos bombas de impulsión de 125 HP con capacidad de  40 litros por segundo, llena un reservorio ubicado en una zona alta con un almacenamiento de 4 mil 500 metros cúbicos.
“Aquí en Maconta estamos muy felices porque ya tendremos agua para riego durante todo el año, gracias al prefecto Leonardo Orlando. La gente de Florestal está agradecida con esta gran obra”, señaló Ángel Miguel Bazurto, agricultor del sitio Maconta de Calderón, cantón Portoviejo.

“Están muy bien los trabajos. Antes vivíamos en el lodo. No había empedrado. Ahora la situación mejorará”, afirmó Jorge Solórzano sobre el mejoramiento de la vía principal de Dos Bocas, Egdy María y otros sectores.
Aseguró que lleva tres años viviendo en la ciudadela Egdy María. “El Alcalde está cumpliendo su compromiso de mejorar la vía y eso nos deja muy contentos”, refirió además de proyectar la aspiración de que el servicio de buses urbanos se amplíe al sector.
Javier Zambrano, vendedor de helados, también calificó como positiva la acción municipal. “En mi carrito (triciclo) se me dificultaba transitar por estos sectores, pero ahora se observa muchísimo mejor la vía”, argumentó.
Los trabajos forman parte de la planificación de la dirección municipal de Obras Públicas y se extenderá hacia otros sectores de la ciudad.

Seis puentes de hormigón armado y una obra de drenaje, se construirán en los cantones Chone, San Vicente, Flavio Alfaro, Santa Ana y Montecristi,  generando desarrollo y mejorando vidas en el sector rural de Manabí.
Estas siete obras serán adjudicadas mediante acto público, este jueves 09 de enero del 2020, en el salón de actos del Gobierno de Manabí, a las 11h00; y contará con la presencia del Prefecto, Leonardo Orlando.
Estos trabajos se financian mediante un crédito del Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) por un total de 3 millones 215 mil 405 dólares para la construcción de 13 puentes y una obra de drenaje.
Los otros seis puentes ya fueron contratados y se encuentran actualmente en construcción con un avance global que supera el 30 por ciento.
Detalle de los puentes y obra de drenaje:

Hay Invitación:

A diciembre de 2018, 61 de cada cien ecuatorianos adultos tenían acceso a productos y servicios financieros. Esto corresponde a 6,8 millones de adultos incluidos en el sistema financiero nacional, de los cuales 3,7 millones son hombres y 3,1 millones son mujeres.
Estos datos de inclusión financiera son parte de la información que desde el 3 de enero de 2019 se presenta en la plataforma Business Intelligence (BI), misma que se encuentra en el Micrositio de Información Económica de la página web del Banco Central del Ecuador (BCE).
El enlace de acceso a este sitio es:  https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Administracion/bi_menuInclusionFinanciera.html.
La información de inclusión financiera disponible tiene datos y cifras anuales (2015 – 2018) y trimestrales (2016 – 2018), y se elabora sobre la base de los datos remitidos por los sistemas financieros privado, público y popular y solidario, mismos que permiten conocer el estado de la inclusión y profundización financiera con el siguiente detalle:

• • A escala nacional.

• • A escala provincial.

• • A escala cantonal.

• • Desagregado por sexo.

• • Desagregado por grupos de edad.

• • Sobre empresas que acceden al sistema financiero nacional.

En el tercer día de audiencia de juzgamiento, la Fiscalía General del Estado solicitó al Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, que María Alejandra V., exvicepresidenta de la República, sea sentenciada como autora directa del delito de concusión.
Además, pidió al Tribunal que la sentencia contemple una reparación integral, la respectiva multa y que el fallo sea publicado en un medio de comunicación nacional y en los medios de comunicación de la Asamblea Nacional.
La tarde de este 8 de enero, las sujetos procesales presentaron los alegatos de clausura. En su intervención, el fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, expresó que -a través de las pruebas presentadas- se demostró que la exlegisladora, abusando de su cargo, exigió y recibió dinero de su excolaborador Ángel S., a cambio de proporcionarle estabilidad laboral en la Asamblea Nacional.
Según indicó el Dr. Toainga, con esta actuación, la procesada vulneró el bien jurídico protegido que es la eficiente administración pública, siendo el Estado ecuatoriano la víctima directa y Ángel S, la indirecta.
Agregó que María Alejandra V. trasgredió los principios de eficiencia, ética y transparencia que deben regir la actuación de los servidores públicos, según lo determina la Constitución de la República del Ecuador. “La Ley no contempla exigir o recibir dinero de los subalternos, bajo ningún concepto”, enfatizó.
La Fiscalía probó que María Alejandra V. recibió transferencias bancarias de sus tres asesores: 23.300 dólares de Ángel S., de Karla O., 14.650,04 dólares; y, de Diego R., 5.345 dólares.
Estas aportaciones mensuales solicitadas a sus excolaboradores habrían sido para el financiamiento del movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), hecho que no se pudo corroborar.
El juez ponente, Marco Rodríguez, informó que notificará a las partes procesales la fecha de reinstalación de la audiencia, para dar a conocer el fallo.
Dato jurídico
María Alejandra V. es procesada por el delito de concusión, según el artículo 264 del Código Penal vigente a la fecha en que ocurrieron los hechos.
Información de contacto:
Dirección de Comunicación Social
comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec
Teléfono: 3985800 Ext. 173123

La Comisión de Biodiversidad está a punto de concluir con la construcción del informe para segundo debate de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Régimen Especial de la provincia de Galápagos. Con el fin de continuar con la revisión del articulado y recibir observaciones al mismo, se reunió la mañana de este miércoles 8 de enero.
En este marco, los legisladores recibieron al asambleísta César Rohón, quien dio su criterio sobre la referida Ley. Respecto a la propuesta de ampliación de reserva marina de 40 a 80 millas, señaló que se convierte en una alarma, pues el problema de Galápagos es la pesca ilegal, no la actividad pesquera formal.
Según el asambleísta, la reserva marina de Galápagos debe tener un tratamiento técnico. Actualmente es la segunda más grande del mundo y ampliar este territorio afectaría gravemente la actividad pesquera, la industria atunera, el empleo de miles de familias (principalmente de la línea costera) y por ende el desarrollo nacional.
Para tomar una medida de esa magnitud es necesario tener estudios técnicos, científicos y académicos, señaló César Rohón. El desarrollo sustentable es una línea muy fina, equilibra el cuidado de la naturaleza y el desarrollo del hombre, del trabajo y en este caso del sustento de nuestro país.
La Comisión acordó analizar de manera técnica y con el aporte de otros actores este tema, lo que les permitirá valorar la pertinencia de la propuesta de ampliar la reserva marina. En este sentido, el legislador Juan Cárdenas consideró que la Armada del Ecuador debe ser parte importante dentro del análisis y debate de la Ley Galápagos, para que dé sus aportes por el conocimiento que tiene respecto a la realidad en las Islas.
Revisión del articulado
La comisión continuó con la revisión de los artículos del informe, una vez concluido el procedimiento, este será difundido a los actores y sectores involucrados, para el posterior tratamiento de observaciones o recomendaciones, antes de concluir con la versión final del documento.
Visita a Zaruma y Santa Rosa
Como parte de la sesión, los asambleístas revisaron los detalles logísticos de las sesiones que desarrollarán los días 14, 15 y 16 de enero de 2020, en la provincia de El Oro. Los cantones visitados serán Zaruma y Santa Rosa.
Durante la agenda, los integrantes de la comisión constatarán el estado de los territorios frente a la problemática generada por la explotación minera.
CZ/ea

La Comisión de Desarrollo Económico continúa con el tratamiento del proyecto de Ley de Fomento de Movilidad Sostenible y Desarrollo de Electromovilidad, cuyo objetivo es establecer un marco legal, económico y de difusión pública que promueva progresivamente sistemas de movilidad sostenible, utilización de vehículos y otras alternativas de movilidad en territorio nacional, tendientes a generar un impacto positivo o al menos sostenible.
El titular de la comisión, Esteban Albornoz, mencionó que este proyecto se complementa con la Ley de Eficiencia Energética. Asimismo, apuntó que una vez que ya han comparecido expertos en temas de electromovilidad y han receptado observaciones de varios asambleístas es pertinente elaborar el informe para primer debate.
De su parte, la asambleísta Doris Soliz propuso que sería necesaria la comparecencia de las autoridades de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) ya que tienen competencia del transporte, a este criterio se unió el legislador Rubén Bustamante, pero agregó que en el caso de requerir a nuevos actores se los convocará más adelante.
Ley de turismo
Durante la sesión, los miembros de la Comisión también discutieron sobre la elaboración del informe para segundo debate de las reformas a la Ley de Turismo. En ese marco, señalaron que sería viable enviar el documento a la Ministra de Turismo para que presente sus sugerencias u observaciones.
La legisladora Soliz indicó que en las reformas se deben mejorar las competencias entre el Ministerio y los gobiernos locales. También, mencionó que se deberían crear organismos de gestión de destinos, así como establecer la medición correcta de cuánto aporta el turismo al país y la tipificación adecuada de las modalidades de turismo.
La Comisión realizará un taller sobre el tema turístico donde intervendrán los ministros de Comercio Exterior y Turismo. “El Ejecutivo debe entender que el turismo es estratégico y debe ser implementado como política pública a largo plazo”, apuntó el asambleísta Guillermo Celi.
SV/ea

La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad del Estado, aprobó por mayoría (9 votos) la conformación de las subcomisiones para el tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico de Seguridad del Estado (COSE). Los 11 asambleístas miembros de la mesa legislativa conformarán las subcomisiones para el tratamiento de los cuatro libros con los que cuenta la norma.

El asambleísta, René Yandún, explicó que los subcomisionados tramitarán los aportes y observaciones de especialistas y profesionales por cada tema específico que aborda cada cuerpo del código. La información procesada será entregada al seno de la comisión en un informe preliminar, hasta el próximo 12 de febrero, para su análisis y discusión en el pleno de este organismo legislativo.
Para el procesamiento del Libro I, sobre la Defensa Nacional, la subcomisión estará conformada por los parlamentarios: René Yandún, Fernando Flores y Augusto Espinoza. El Libro II, que trata sobre el Sistema de Seguridad y Orden Público, contará con los asambleístas: César Carrión, Fafo Gavilánez y Lexi Loor. Por su parte, los legisladores Fabricio Villamar, Encarnación Duchi y Nelly Andrade, tratarán el Libro III sobre Inteligencia del Estado; y, finalmente, el libro IV sobre el sistema Descentralizado de Gestión de Riesgos, estará conformado por los parlamentarios Dennis Marín, Esther Cuesta y Pedro Curichumbi.
Así mismo, el legislador Yandún, comentó que el tratamiento del COSE es importante para el país ya que urge la necesidad de actualizar el marco  normativo sobre el Sistema de Seguridad del Estado. A este criterio se sumó el del asambleísta César Carrión, quien expresó que la norma debe ser tratada de manera prioritaria por la comisión y debe contar con el aporte de especialistas y la academia.
Convocatoria a Canciller y Ministro de Defensa
Finalmente, para conocer los pormenores en torno a la renuncia del Embajador de Ecuador en Estados Unidos, Francisco Carrión, la Comisión aprobó convocar al Ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia; al Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín; y el exembajador, luego de las distintas versiones generadas sobre el tema.
EA/cz

Dieciséis testigos y siete pruebas documentales presentó la Fiscalía General del Estado, en la audiencia de juzgamiento contra María Alejandra V., por su presunta participación en el delito de concusión, tras haber recibido “contribuciones voluntarias” por parte de sus excolaboradores, en sus cuentas bancarias personales.
En este segundo día de audiencia dieron su testimonio, ante el Tribunal Penal, cinco personas más, entre las que constan militantes del movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), quienes corroboraron que ésta es una organización de hecho que no lleva contabilidad ni tiene Registro Único de Contribuyentes (RUC).
Asimismo, presentó su testimonio una perito que hizo una experticia contable financiera, la cual determinó que durante el período 2011-2016, los ingresos netos de la exlegisladora alcanzaron los 590.628,99 dólares, pero ella solo declaró 401.045,20 dólares ante el Servicio de Rentas Internas (SRI), es decir la diferencia no declarada es de 189.583,79 dólares.
Además, la perito indicó que una de las conclusiones de su informe es que el movimiento ABA no tiene un registro contable de ingresos y egresos. Se refirió también a las transferencias realizadas a María Alejandra V. por sus tres asesores: 23.300 dólares de Ángel S., de Karla O., 14.650,04 dólares; y, de Diego R., 5.345 dólares; dando un total de 43.295,04 dólares.
Sin embargo -explicó la testigo-, no es posible determinar el destino de ese dinero, puesto que no hay un manejo contable por parte de la procesada.
Posteriormente, el fiscal general del Estado, subrogante, Wilson Toainga, presentó la prueba documental, que consistía en copias certificadas de documentos enviados por la Asamblea Nacional, Consejo Nacional Electoral y del SRI.
Por su parte, la Procuraduría General del Estado también expuso sus elementos probatorios.
El Tribunal Penal suspendió la audiencia a las 19:40 y convocó su reinstalación para este miercoles 8 de enero, a las 11:00, para que la defensa de la procesada continúe con la presentación de las pruebas de descargo.
El caso
Según Fiscalía, durante los períodos 2009-2013 y 2013-2017,  María Alejandra V., en su calidad de asambleísta por la provincia del Guayas, trasgrediendo la normativa legal, habría solicitado el pago de aportaciones mensuales a sus excolaboradores para el financiamiento del movimiento ABA.

La Comisión del Derecho a la Salud, presidida por William Garzón, retoma sus actividades del año 2020 con el tratamiento de las reformas a la Ley de Discapacidades, previo a la elaboración del informe para segundo debate.
Para recibir más aportes y observaciones, citó a la ministra de Educación, Monserrat Creamer; al director General de Aviación Civil, Anyelo Acosta Arroyo; y, a la directora Ejecutiva de la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas en el Ecuador (Arlae), Patricia Miño. La convocatoria es para este miércoles 8 de enero de 2020, a partir de las 09:00.
Una de las propuestas, que incluye esta reformatoria, garantiza los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Sobre salud reproductiva, establece que las personas con discapacidad tengan derecho a una atención especializada que les permita decidir cuándo y cuántos hijos e hijas tener.
Al existir un subregistro en temas de violencia sexual de las personas con discapacidad y para que sus derechos sexuales y reproductivos sean visibilizados, se plantea que en las agendas que guardan correlación con las discapacidades, los entes rectores de educación y salud trabajen conjuntamente. El objetivo es que exista una adecuada información a este grupo vulnerable de la población, en los diferentes lenguajes y a través de los medios de comunicación, para que éstas puedan asumir sus derechos sexuales y reproductivos, de manera certera y correcta.
También se plantea la necesidad de que este sector sea tratado en un marco de confidencialidad y que se le brinde atención especial en el sistema escolar.
RSA/cz
 

Dos temas constan en la agenda de trabajo de la Comisión de Régimen Económico. En la primera jornada, que inicia a las 10:00, los parlamentarios realizarán un taller para analizar las perspectivas de trabajo de esta mesa legislativa en el año 2020. La actividad contará con la participación del economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de las Américas (Udla), quien actuará como expositor.
En la segunda sesión, a las 15:30, el organismo legislativo revisará las observaciones planteadas en el Pleno al proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, orientadas a mejorar el control de la contratación pública, promover la inclusión y eficiencia del sistema, establecer con claridad el régimen especial, situaciones de emergencia, las nuevas atribuciones del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), el fortalecimiento del Registro Único de Proveedores y Contratantes, así como fomentar la participación de la producción nacional.
Sobre esta propuesta de ley, la Comisión unificó siete iniciativas legislativas y para su análisis recibió las observaciones y sugerencias de diversos actores de los sectores público y privado, por tal razón los parlamentarios deberán elaborar el informe para segundo debate.
JLVN/ea

El titular de la Asamblea Nacional, César Litardo, firmó un acuerdo interinstitucional que permitirá establecer lazos de cooperación mutua en materia legislativa y diplomacia parlamentaria. Como contraparte, Juan Ponce, director de la sede en Ecuador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), suscribió el documento y lo calificó como un hecho importante.
La vigencia del instrumento legal entre la Asamblea Nacional y Flacso Ecuador es de dos años y representa un significativo paso para el trabajo en conjunto entre la Facultad y la Legislatura, dijo César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional. Así mismo, resaltó que en la generación de leyes y políticas públicas es fundamental la evidencia científica y empírica generada por la academia.
La labor de Flacso ha sido importante en la ejecución de actividades y eventos para el desarrollo de las ciencias sociales, por lo que sería fundamental contar con el apoyo de esta institución en el marco del Primer Congreso de Presidentes de los Parlamentos que se desarrollará en el país en los próximos meses, aseguró el principal del Legislativo.
El objeto del convenio permitirá promover la investigación científica y académica, a fin de generar literatura de interés para el Estado e información que incremente el conocimiento en estos temas. Así también, la realización de eventos de capacitación o educación continua, la posibilidad de promover y realizar eventos internacionales y regionales con la finalidad de posicionar los avances que tiene el Ecuador en materia legislativa. Compartir información relevante para las dos instituciones, en sus respectivos ámbitos de gestión, es otro de los propósitos del acuerdo.
EA/cz

El servicio preventivo de la Policía Nacional acantonado en el sector de Flavio Alfaro, con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y reducir los índices delictivos, mientras realizaban un "OPERATIVO ANTIDELINCUENCIAL", proceden a detener la marcha del vehículo marca Chevrolet, tipo Station Wagon, modelo Rodeo 4x4, color rojo, mencionado vehículo reflejó la alerta como robado, razón por la cual el personal policial procede a la aprehensión de los 2 ciudadanos quienes viajaban en el automotor en mención, no sin antes hacerles conocer sus Derechos Constitucionales estipulados en el Art. 77 numerales 3 y 4 de la Constitución de la República del Ecuador.
El vehículo recuperado fue ingresado al patio retención vehicular Ricaurte en calidad de retenido.
De igual manera se contactó con la propietaria del vehículo mediante llamada telefónica, la misma que indicó que el vehículo fue robado en la ciudad de Guayaquil aproximadamente hace 22 años y nunca había sido recuperado.

APREHENDIDOS:

• • SANTOS BIENVENIDO ZAMBRANO VÉLEZ CON C.C. 1309725230 DE 41 AÑOS DE EDAD.

• • ORDOÑEZ ESPINOZA JOSÉ GILHUMBERTO CON C.C. 1310232325 DE 40 AÑOS DE EDAD.

EVIDENCIAS:

• • VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, TIPO DE VEHÍCULO STATION WAGON MODELO RODEO 4X4 DLXT/M A/C 2.6L DE PLACAS GJZ-0672 COLOR ROJO.

La Policía Nacional del Ecuador, firme a sus principios e ideales institucionales, continúa trabajando en beneficio de la sociedad ecuatoriana, representada en este prestigioso sector de nuestro país por la comunidad Manabita.

De acuerdo a boletin de prensa mediante llamada telefónica la Policía Nacional llega a tener conocimiento sobre el cometimiento de un robo de ganado en el Sector de DISLABON de la Parroquia Eloy Alfaro, por lo que de manera inmediata las Unidades Policiales tanto del Distrito Chone Flavio Alfaro como del Distrito Sucre, acudieron al lugar, observando e identificando a varios sujetos que se encontraban cometiendo de manera flagrante un presunto delito de ABIGEATO, sustrayéndose varias cabezas de ganado a bordo de una camioneta MARCA NISSAN, TIPO CAMIONETA, MODELO, JUNIOR, DE PLACAS APB2087, COLOR CELESTE, quienes al notar la presencia policial, intentaron huir del sector, por lo que gracias a la rápida actuación policial, se aprehendió en primera instancia a 4 presuntos infractores de la ley, intentando darse a la fuga e internándose en la vegetación del lugar 2 individuos más, quienes fueron neutralizados y aprehendidos momentos después de una persecución ininterrumpida con la colaboración de personal preventivo, investigativo y el helicóptero policial (fénix), quienes acudieron al lugar con la finalidad de respaldar y contribuir el operativo policial que se estaba desarrollando en esos momentos, producto del cual al terminar éste operativo se obtuvo como resultado la aprehensión de 6 detenidos, la incautación de 2 vehículos y la recuperación de 3 acémilas.
APREHENDIDOS:

• • ARTEAGA MANZABA JANDER DANIEL CON CC. 1314098060 DE 20 AÑOS DE EDAD.

• • PALADINES ANDRADE JEAN CARLOS CON CC. 1313266536 DE 25 AÑOS DE EDAD. (Con antecedentes policiales por muerte culposa)

• • VERA JAMA LUIS FABRICIO CON CC. 1310286768 DE 34 AÑOS DE EDAD.

• • DELGADO VELIZ DAVID ALFARO CON CC. 1316536422 DE 25 AÑOS DE EDAD.

• • DOMINGUEZ ZAMBRANO PEDRO PABLO CON CC. 1305848184 DE 51 AÑOS DE EDAD.

• • BRAVO DELGADO RAMON GREGORIO CON CC. 1309356911 DE 42 AÑOS DE EDAD.

EVIDENCIAS:

• • VEHÍCULO MARCA KIA, TIPO SEDAN DE PLACAS MDA-9298 COLOR AMARILLO.

• • VEHÍCULO MARCA NISSAN, TIPO CAMIONETA, MODELO, JUNIOR, DE PLACAS APB2087, COLOR CELESTE.

• • 3 ACÉMILAS

Desde este 2 de enero fueron incrementadas las nuevas rutas de recolección de desechos en la parroquia San Antonio. Esto permite cubrir de lunes a viernes a otras comunidades que requieren este servicio.

Estos sectores donde se realiza la recolección de desechos son La Sabana, Sábana Nueva, La Greda, La Playita, Punta y Filo, Las Banderas, UVC, San Pablo, Culebra, Copetón, puente Cativo, Cativo, Horconcitos, Barquero 2, La Margarita, Los Guasmos, La Segua, La Azucena, Buena Esperanza, Santa Cecilia y Santa Fe.

El incremento de las rutas se basa a los informes técnicos de la subdirección municipal de Gestión de Desechos, ya que existe crecimiento habitacional y había la necesidad de brindar el servicio a otras comunidades de la parroquia.

“Que bien, me alegra que protejan estos arbolitos. Es una muy buena acción”, mencionó  Eduardo Ochoa mientras técnicos y obreros reasentaban los árboles desde la plaza cívica Elio Santos Macay, que está en proceso de remodelación, hasta un nuevo lugar para su conservación.

Son 21 pinos carrascos que son replantados en el terreno situado en el Bypass, detrás de la terminal terrestre Sixto Durán-Ballén.

“Se ha colocado enraizante que ayuda en que la raíz de la planta no sienta el traslado y la replantación”, explicó el subdirector municipal de Control Ambiental, Alberto Santistevan.

En total son 46 árboles de siete especies que serán ubicados en diferentes áreas verdes de la ciudad.

En el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia, se desarrolla la audiencia de juzgamiento en contra de la exvicepresidenta de la República, María Alejandra V., por su presunta participación en el delito de concusión, pues habría recibido “contribuciones voluntarias” por parte de sus excolaboradores, en sus cuentas bancarias personales.
En la teoría del caso, el fiscal general del Estado subrogante, Dr. Wilson Toainga, indicó que -durante los períodos 2009-2013 y 2013-2017-  la  procesada, en su calidad de asambleísta por la provincia del Guayas, trasgrediendo la normativa legal, habría solicitado el pago de aportaciones mensuales a sus excolaboradores para el financiamiento del movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA).
Sin embargo, explicó el Fiscal Subrogante, ABA no es una organización legalmente constituida ni registrada o calificada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Agregó que con las pruebas testimoniales, periciales y documentales, Fiscalía demostrará que María Alejandra V. recibió sesenta y ocho transferencias bancarias por un total de 43.295,04 dólares, por parte de sus tres asesores: 23.300 dólares de Ángel S., de Karla O., 14.650,04 dólares; y, de Diego R., 5.345 dólares.
En este primer día de audiencia, ante el Tribunal Penal -conformado por los jueces Marco Rodríguez (ponente), Daniella Camacho y Wilman Terán-, Fiscalía presentó once testigos entre policías, exfuncionarios bancarios, peritos y exasesores de la procesada.
Uno de ellos fue Ángel S., exasesor de María Alejandra V., quien denunció el hecho. Él seclaró ante el Tribunal Penal que -entre junio de 2011 y mayo de 2012- mientras era asistente administrativo transfirió 300 dólares mensuales a una cuenta de la entonces legisladora y que, entre junio de 2012 y mayo de 2013, cuando fue ascendido a asesor uno, la cuota se incrementó.
La audiencia se suspendió a las 19:00 y se reinstalará este martes 7 de enero, a las 09:00.
Dato
María Alejandra V. es procesada por el delito de concusión, según el artículo 264 del Código Penal vigente a la fecha en que ocurrieron los hechos.
En la actualidad esta infracción está tipificada en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La Fiscalía vinculó a Abel G., representante de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros (Fenacotip), a la instrucción fiscal por paralización de servicio público, seguida en contra de Jorge C., dirigente del gremio de taxistas.
Fiscalía solicitó prisión preventiva; sin embargo, la Jueza garantista del proceso lo sustituyó por prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la autoridad.
La mañana de este 6 de enero de 2020 se desarrolló la audiencia reservada de vinculación, en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional (Fedoti) de Pichincha presentó elementos de convicción, ante la jueza Ana Lucía Cevallos.
Con esta vinculación, la instrucción fiscal se extiende de noventa a ciento veinte días. Cabe recordar que la noche del 4 de octubre de 2019, la Fiscalía de Pichincha formuló cargos en contra de Jorge C. por la paralización de un servicio público, en relación a los hechos suscitados los días 3 y 4 de octubre, en el contexto del paro nacional.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 346, sanciona con privación de libertad de uno a tres años a la persona “que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo; o, se tome por fuerza un edificio o instalación pública”.

Pese a los argumentos esgrimidos por Fiscalía en la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por María de los Ángeles D., William P., Pamela M. y Yamil M., llamados a juicio por su presunta participación en el delito de cohecho, dentro del caso Sobornos 2012-2016, la jueza nacional Daniella Camacho resolvió aceptarlas para tres de los cuatro procesados.
La diligencia se llevó a cabo en la Corte Nacional de Justicia, con la participación del fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, quien se opuso parcialmente al pedido de la defensa de los acusados.
Respecto a William P., quien se encuentra prófugo, la Jueza fijó la caución pecuniaria en 300.000 dólares, con un plazo de 48 horas para consignar el dinero.
Sobre la exministra María de los Ángeles D., señaló que no cabe el retiro del dispositivo electrónico de vigilancia, toda vez que el certificado presentado por una presunta afectación no ha sido avalado por el sistema público de salud. Sin embargo, determinó que Fiscalía le practique un examen médico-legal, con el objetivo de determinar si hay algún riesgo para su salud y si dicho dispositivo puede ser colocado en otra parte del cuerpo.
En cuanto al pedido de Pamela M., manifestó que no existe objeción en cuanto a la solicitud de cambiar las presentaciones periódicas de la procesada, de Quito a Guayaquil.
Y para el caso de Yamil M., la Magistrada accedió a sustituir la prisión preventiva por presentaciones periódicas semanales (dos cada semana), prohibición de salida del país y uso del dispositivo electrónico de vigilancia.
Información complementaria
Los cuatro procesados son parte de los veintiún llamados a juicio por su presunta participación en el delito de cohecho, dentro de la trama de corrupción que investigó Fiscalía, en la que empresarios o intermediarios habrían entregado dinero –ya sea en efectivo o a través del cruce de facturas– a funcionarios públicos a cambio de contratos con el Estado u otros beneficios.
El expresidente Rafael C., el exvicepresidente Jorge G., los exministros Vinicio A., Walter S. y María de los Ángeles D., y el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis M. están entre los llamados a juicio

El nuevo reglamento de rendición de cuentas, que entra en vigencia para el proceso 2019, fue aprobado por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, mediante resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-24. Entre sus principales aspectos, establece que las autoridades de elección popular tendrán la obligación de reportar el cumplimiento de su plan de trabajo de campaña.
Además, señala el nuevo cronograma del proceso que deberán cumplir los sujetos obligados a rendir cuentas durante el 2020, a fin de que la ciudadanía participe y evalué las acciones u omisiones desarrolladas durante su gestión. Las funciones del Estado, medios de comunicación, instituciones de educación superior y otras instituciones deberán presentar sus informes desde febrero hasta abril. Los GADs lo harán desde febrero hasta mayo, y se establece al 31 de diciembre como fecha máxima para presentar informes fuera de plazo.
Entre las precisiones del reglamento, destaca que las instituciones de educación superior cofinanciadas también están en la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía. Además, se incorporan los principios rectores de interculturalidad e inclusión, para que todos los sectores de la ciudadanía se vean representados al momento de ejercer su derecho a demandar información y participar en las decisiones sobre el empleo de los recursos públicos.
Para mayor información descargue el reglamento aquí: http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2019/12/resolucion-no-ple-cpccs-sg-003-e-2019-024-de-19-12-2019.pdf

El segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional y vocal de la Comisión de Régimen Económico, Patricio Donoso, indicó que en el primer trimestre de 2020, el organismo legislativo entregará los informes de los proyectos de reformas a la Ley de Minería, también del Sistema Nacional de Contratación Pública, así como de los Códigos Monetario y Financiero y de Planificación y Finanzas Públicas.
Donoso, autor del proyecto de reformas a la Ley de Minería destacó la importancia de eliminar dos artículos de esta normativa, a fin de fortalecer los procesos de libre competencia y acceso igualitario para el otorgamiento de concesiones mineras. El objetivo es alcanzar equidad, transparencia y lucha contra la corrupción para de esta manera evitar posibles casos de corrupción que puedan darse por parte de empresas extranjeras o estatales, agregó.
El parlamentario precisó que se deben equiparar las condiciones a las inversiones privadas, públicas, nacionales y extranjeras, para que todas se ajusten al mismo trato para una competencia en igualdad de condiciones, tanto en subasta pública para el otorgamiento de las concesiones mineras, cuanto para la firma de contratos de prestación de servicios.
El proyecto fue tramitado en primer debate por el Pleno el 29 de octubre de 2019. El mismo regresó a la Comisión para la elaboración del informe de segundo debate con las observaciones planteadas por 17 parlamentarios quienes coincidieron en que el Estado debe evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado y otras que afecten el funcionamiento de los mercados.
En cuanto a las reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, señaló que en enero se dará fuerza a esta propuesta a fin de elaborar el informe para segundo debate que busca establecer un severo control a la contratación en régimen especial. Se plantea el informe previo, situación de emergencia, registro único de proveedores y registro único de contratantes como parámetros a observarse para dar paso a la contratación especial y evitar el abuso de este procedimiento.
En este sentido la Comisión unificará 8 proyectos, en los cuales se faculta al Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) suspender procesos de contratación pública ante reclamos justificados presentados por las personas interesadas. Se maneja de manera adecuada el registro de proveedores, a fin de que contengan información relevante de las actividades económicas. Se eleva a la categoría de ley la definición de catálogo dinámico inclusivo que es el instrumento donde se ofertan exclusivamente los bienes producidos por la economía popular y solidaria, micro y pequeñas empresas.
Donoso al referirse a las reformas a los Códigos Monetario y Financiero, así como al de Planificación y Finanzas Públicas, mencionó que se unificarán las diversas propuestas sobre cada materia, a fin de elaborar los informes respectivos.
JLVN/ea

Karina Arteaga Muñoz, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, subrayó que están listos para trabajar en la normativa que se oriente en el avance de los derechos y aperture nuevas garantías en el ámbito laboral. Esto a propósito de la construcción de un nuevo Código de Trabajo y las reformas laborales anunciadas por el Ejecutivo, próximas a llegar a la Asamblea Nacional.
En este sentido dijo que las normas deben actualizarse para apuntalar al crecimiento del empleo formal, estimular la capacitación de la fuerza laboral y asegurar una protección socialmente justa.
La legisladora recordó que se encuentran cerca de firmar un convenio interinstitucional con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como con universidades a fin de contar con el acompañamiento técnico, llevar a cabo un trabajo conjunto y consensuado en la construcción de la nueva legislación laboral.
“Tenemos claro que para la elaboración de las reformas laborales debemos mantener sesiones con las clases trabajadoras, tanto pública como privada, los empleadores y el Ejecutivo para juntos definir las reformas laborales”, precisó Arteaga tras manifestar que otros atores importantes en esta construcción de la norma son las autoridades de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Iess), los representantes de los sindicatos y la academia.
Asimismo informó que para este trabajo han adelantado reuniones con varios gremios como los representantes de los jubilados y OIT, entre otros.
Otros temas
A más de la construcción del proyecto del Código Laboral, la legisladora anotó como otros temas importantes, las reformas la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), sobre la regulación de las pensiones vitalicias.
Además,  las reformas a la Ley de la Seguridad Social que plantea la devolución del manejo de los fondos de cesantía a sus partícipes, así como la inherente libreta virtual de los afiliados que transparentaría los fondos y la relacionada con la conformación del Consejo Directivo del Iess
RSA/ea

La Comisión de Fiscalización inicia su trabajo en 2020 con el proceso de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, quien fue acusada, el pasado 28 de noviembre, por los asambleístas Jeannine Cruz y Fernando Flores de un presunto incumplimiento de funciones.

Respecto al tema, el vicepresidente de la Comisión, Eliseo Azuero, expresó que calificarán el juicio una vez que evalúen los documentos entregados, de esta manera, establecerán el cronograma para iniciar con el proceso. Consideró que es oportuno convocar a interpelantes, interpelada, actores políticos, funcionarios del CNE, entre otros. A la vez mencionó que no es correcto realizar un juicio de valor anticipado y dejó claro que este hecho no tiene vinculación con ningún compromiso político. Aseveró que su trabajo lo realizan con base en su rol fiscalizador.
De su parte, el primer vicepresidente del Parlamento, César Solórzano, opinó que se debe respetar el debido proceso y basado en las pruebas de cargo y descargo que se presenten, su bloque adoptará una decisión. Con ese criterio coincidió el legislador Sebastián Palacios, quien apuntó que su bancada apoya la transparencia, el debate y el análisis, por lo tanto, estarán pendientes a los argumentos de descargo que presente Atamaint.
El asambleísta René Yandún también se refirió al proceso de juicio político contra la titular del organismo electoral. Habló de falencias en la actualización del registro electoral lo que dificulta poner al día el padrón, de esta manera, los resultados a futuro serán “erróneos y mentirosos”, afirmó. Precisó que es necesario que el organismo trabaje con seriedad, transparencia y moralidad, así también, dijo que es fundamental la reorganización del CNE para garantizar transparencia en el próximo proceso electoral.
SV/ea

Un tanto para saber hasta donde el Imperialismo, la CIA, el FMI y los iluminados meten mano en el mundo.

Aquí las preguntas
(Fuente redes sociales)
– ¿Cuántas armas de destrucción masiva tenía Sadam Hussein?
Ninguna

– ¿Cuántos muertos dejó la intervención democrática de EEUU en Irak?
Más de medio millón

– ¿Quién se quedó con el petróleo y el negocio de la reconstrucción de Irak?
Las corporaciones yanquis

– ¿Cuántos derechos civiles recuperó el pueblo iraquí?
Ninguno

– ¿Cuántas sanciones y bloqueos sufrieron los dictadores Videla, Pinochet, Somoza, Batista, Ríos Montt, Banzer o Trujillo?
Ninguna

– ¿Cuántos fueron financiados y bendecidos por EEUU?
Todos

– ¿Cuántas bases militares yanquis hay en Venezuela?
Ninguna

– ¿Cuántas bases militares yanquis hay en Colombia?
Nueve

– ¿Cuántos casos de desaparición forzada hay en Colombia?
Cerca de 80.000 (entre 1970 y 2018) Y 7,7 millones de desplazados

– ¿Cuánta conmoción mundial producen estos hechos?
Ninguna (y el presidente Duque se reúne con Trump por la crisis en Venezuela)

– ¿Quién votó por Juan Guaidó?
Trump, Trudeau, Duque, Macri, Bolsonaro, Piñera y la liga de los lamebotas

– ¿Quién votó a Nicolás Maduro?
6.245.862 venezolanas y venezolanos

– ¿Qué país tiene la mayor reserva de petróleo del mundo?
Venezuela: 360.000 millones de barriles

– ¿Qué país es el mayor consumidor de petróleo del mundo?
Estados Unidos

- Cómo puede ser una amenaza para la potencia militar más grande del mundo, que tiene 700 bases militares en todos los continentes... ¿Y más de 300.000 soldados?

– ¿Qué país es el mayor productor de armas del mundo?
Estados Unidos

_ Por qué los países dominantes de el mundo acusan a CHINA y RUSIA de querer dominar al mundo, si ninguno de ellos ha invadido ningun país, ni trata de intervenir en los asuntos internos de ninguna nación?

– ¿Cuántos países ha invadido EEUU?
Más de 50

_ Cuántos de esos países invadidos están mejor, que antes ?
NINGUNO

– ¿Cuánta Democracia, Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria llegó junto a las tropas yanquis?
Ninguna

– ¿En serio, la solución para Venezuela vendrá de la mano del Pentágono, Donald Trump, Israel y el FMI?
NO
- ¿¿¿¿¿¿¿Es el mayor consumidor de droga, no se preguntó usted por qué no la extermina con semejante poderío armamentístico y tecnológico???????