Rafael Roncagliolo, ex canciller de Perú, denunció que la campaña de Mauricio Claver-Carone, asesor de Donald Trump para América Latina, para la presidencia del BID incluyó la compra de votos a cambio de cargos en este organismo.

Roncagliolo habló hace dos meses para un medio peruano e hizo referencia a estos virtuales sobornos. Además, advirtió que algunos gobiernos latinoamericanos renunciaron a su dignidad e intereses para apoyar la candidatura del estadounidense, representante del ala más derechista del Partido Republicano.
De igual forma, indicó que existe un «intercambio de favores personales», ya que se habría ofrecido la vicepresidencia del BID a un brasileño y, otras altas posiciones, a los ministros de Economía de Ecuador y de Jamaica.
«Otra forma de compra de votos sería la efectuada con Colombia: se le otorga un millonario crédito y el presidente Iván Duque ejerce de jefe de la campaña electoral de Claver-Carone», agregó Roncaglio en su denuncia.
La tarde de ayer, Richard Martínez confirmó su salida del Ministerio de Finanzas e indicó que su renuncia estaba atada a un compromiso con el BID para que se sume al equipo que está conformando su presidente.
“Es un honor como ecuatoriano y un reconocimiento al país por lo que ha venido haciendo para que Ecuador tenga una posición estelar en organismos internacionales», dijo Martínez.
Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Esta tarde, en la Corte Nacional de Justicia, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, presentó ante el juez nacional Wilman Terán, elementos de convicción sobre los hechos que harían presumir la participación de la exasambleísta Nívea V. como autora y Adriana C., en condición de coautora, en el delito de concusión.

En la audiencia de formulación de cargos, el Magistrado dictó a Nívea V. prohibición de salida del país, presentación semanal ante la Corte Provincial de Justicia de Loja, prohibición de enajenar bienes por 132.000 dólares –valor cuadruplicado de la cantidad de la que se habría beneficiado a través de solicitudes de aportes obligatorios a dos de sus funcionarios– y la retención de cuentas por alrededor de 33.000 dólares, valor solicitado de forma irregular. Con respecto a la procesada Adriana C., el Juez dictó medidas similares a excepción del lugar de presentación, en su caso será ante la Corte Nacional de Justicia.
El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, señaló que Nívea V., aprovechándose de su cargo de asambleísta por la provincia de Loja, solicitó, a través de su colaboradora Adriana C., aportes irregulares por la cantidad de 33.000 dólares.
Parael efecto, Mercedes T., exfuncionaria, habría entregado a la exlegisladora 4.000 dólares y Vicente O., 28.000 dólares (aproximadamente), a través de una cuenta abierta en conjunto con la ahora procesada Adriana C.
Este dinero habría sido destinado a sustentar gastos correspondientes al Movimiento “Convocatoria” en la provincia de Loja.

Para las Elecciones Generales 2021, una vez que finalizó el plazo para la inscripción de candidaturas, un total de 14 listas han presentado su solicitud de inscripción para asambleístas por la Circunscripción Especial del Exterior de Europa, Asia y Oceanía. En cambio, 12 listas de candidatos y candidatas buscan terciar por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá, en tanto que para la de Latinoamérica, África y El Caribe, se presentaron documentos de ocho listas pluripersonales.

El reporte emitido por la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral (CNE), demuestra, además, que son dos las alianzas electorales que presentaron candidaturas conjuntas: la alianza Unión por la Esperanza (UNES), listas 1 – 5, que entregó los formularios para asambleístas por cada una de las tres circunscripciones del exterior; y la alianza Honestidad, listas 17-51, que lo hizo para la circunscripción de América Latina, África y el Caribe.
Según los registros informáticos las organizaciones políticas que participarán son:

EUROPA, ASIA Y OCEANÍA

Movimiento Construye, lista 25
Movimiento Democracia Sí, lista 20
Partido Sociedad Unida Más Acción (Suma), lista 23
Movimiento Alianza PAIS, lista 35
Movimiento Ecuatoriano Unido, lista 4
Partido Político Avanza, lista 8
Partido Unidad Popular, lista 2
Movimiento Libertad Es Pueblo, lista 9
Partido Social Cristiano, lista 6
Partido Izquierda Democrática, lista 12
Movimiento CREO, lista 21
Movimiento De Unidad Plurinacional Pachakutik, lista 18
Unión Ecuatoriana, lista 19
Alianza UNES, listas 1-5

Estados Unidos y Canada

Partido Sociedad Unida Más Acción (Suma), lista 23
Movimiento Alianza PAIS, lista 35
Unión Ecuatoriana, lista 19
Partido Izquierda Democrática, lista 12
Movimiento De Unidad Plurinacional Pachakutik, lista 18
Partido Sociedad Patriótica, lista 3
Partido Político Avanza, lista 8
Partido Unidad Popular, lista 2
Partido Social Cristiano, lista 6
Movimiento CREO, lista 21
Movimiento Nacional Podemos, lista 33
Alianza UNES, listas 1-5


Latinoamérica, El Caribe y Africa

Movimiento Democracia Sí, lista 20
Partido Político Avanza, lista 8
Partido Izquierda Democrática, lista 12
Partido Sociedad Patriótica, lista 3
Movimiento CREO, lista 21
Partido Social Cristiano, lista 6
Alianza UNES, listas 1-5
Alianza Honestidad, listas 17-51

Bajo la organización de los grupos parlamentarios por la Promoción, Protección y Defensa de Derechos Humanos; y Fronterizo, este jueves 08 de octubre, a partir de las 17h00, se desarrolló, en modalidad virtual, el conversatorio: La Renta Básica Universal.

Para tal efecto, se recibió al economista Pablo Dávalos, quien, en representación del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa, presentó el proyecto de Ley Orgánica del Programa de Renta Básica Universal y sin condiciones para la vida digna, en cuya  construcción han intervenido 20 mil personas de organizaciones sociales, colectivos ciudadanos, académicos, entre otros. Al evento se dieron cita alrededor de 100 personas.
En primer término, intervino la asambleísta Silvia Salgado, coordinadora del Grupo Fronterizo. Destacó que este asunto ha entrado a debate en el mundo como herramienta efectiva de contención social y derecho a un vida digna, frente a la agudización de la crisis económica por la pandemia y el actual modelo de desarrollo, que beneficiaría a personas de escasos recursos y grupos vulnerables.
Es urgente garantizar respuestas claras a la inequidad e injusticia, más aún cuando se registra, en los últimos meses, un 35 % de la población en condición de pobreza. La iniciativa guarda armonía con el régimen del buen vivir y el enfoque de derechos de la norma constitucional, acotó.
Acompañamiento
La parlamentaria Doris Soliz, coordinadora del Grupo por la Promoción, Protección y Defensa de Derechos, anunció el respaldo absoluto a la propuesta, considerando que nace desde la sociedad ecuatoriana. Habló de socializar con las bancadas y demás grupos, acompañar el proceso de ingreso a la Asamblea Nacional y su posterior tratamiento. 
Contenido, beneficios y financiamiento
Pablo Dávalos expuso que el Programa de Renta Básica Universal se orienta a la reactivación productiva y la equidad social, al aclarar que no es un bono, ni un subsidio, el cual espera llegar a un millón de jefes de familia.
Indicó que una persona, vía internet, se registra en el programa, con números de cédula y celular, para cuya aceptación se tomará en cuenta criterios de prioridad: desempleados, trabajadores de la cultura, mujeres en condiciones de vulnerabilidad y los que están en situación dramática. Una vez admitida, se le acredita 400 dólares que servirán para una afiliación a la seguridad social, pago de servicios básicos, conectividad a internet y compra de productos en tiendas del barrio, mediante la aplicación del sistema de dinero electrónico, monto que no es acumulable y cierra al mes.
Aclaró que se financiaría con la intervención del Banco Central que emitirá valores títulos por 400 millones, con una duración de un mes y  automáticamente renovable, lo que no significa crear deuda pública al Estado. Este proceso no incluye a los bancos, ni a los cajeros automáticos, sostuvo.
Lucía Cuesta, de los grupos sociales; y, Ramiro Segovia, de la academia, resaltaron la trascendencia del documento. Cuesta dijo que es una necesidad para dar tranquilidad a muchas mujeres que sufren porque sus hijos no pueden  acceder a internet, lo que frena sus posibilidades de estudiar. Segovia aseguró que la iniciativa se centra en el ser humano.
Rechazo a hackeo
Los grupos parlamentarios rechazaron un ataque tecnológico al conversatorio, que se produjo en los primeros instantes del encuentro, lo que impidió que la agenda programada se cumpla con normalidad y diera lugar a reiniciarla bajo ciertos controles, hecho que evitó la amplia participación de legisladores, representantes de organismos internacionales, organizaciones sociales y ciudadanía.
Silvia Salgado y Doris Soliz denunciaron públicamente esta agresión, cuya intención era interrumpir el debate de un tema transcendente para dignificar las condiciones de vida de la población, afectada por la estructura de desigualdad y que se ha agravado por la pandemia. Este malestar lo pondrán en conocimiento del titular del Parlamento.

Las reuniones del Concejo Municipal continúan. Este miércoles se realizó de manera presencial en el auditorio de la Unidad Educativa Eugenio Espejo, luego de haberlo hecho en línea desde que empezó la pandemia en el país. 

En esta sesión, los concejales y el alcalde Leonardo Rodríguez debatieron en segunda instancia la ordenanza para la recaudación y administración del impuesto a la alcabala en el cantón.  
De aquí en adelante, las sesiones presenciales se efectuarán en este auditorio, ya que su amplio espacio permite cumplir con el distanciamiento recomendado para cuidar de la salud de los asistentes al lugar.

Los activos del Estado son patrimonio del pueblo ecuatoriano, construidos con los recursos públicos provenientes del trabajo y esfuerzo de varias generaciones de ciudadanos. #NoALaConcesiónRee

El sector petrolero, aporta divisas al erario nacional y es fuente de empleo, con el Decreto Ejecutivo 1094 se pretende delegar al sector privado las operaciones de refinería Esmeraldas, para apropiarse de la renta que esta produce #NoALaConcesiónREE

El Decreto Ejecutivo 1158, autoriza la entrega del negocio de los combustibles y el gas a las compañías privadas, lo que significa liberar los precios de combustibles y gas de uso doméstico #NoALaConcesiónREE

El gobierno, mediante decreto, pretende entregar la fijación de los precios de los combustibles al sector privado terminando con los subsidios a las gasolinas, al diésel y en un futuro cercano al gas de uso doméstico, #NoALaConcesiónREE

El Decreto Ejecutivo 1158, dispone que la infraestructura petrolera nacional sea obligatoriamente rentada a los privados que manejarán la distribución de derivados y al pueblo se le azota con incremento precios gasolinas, gas, y del IVA #NoALaConcesiónREE

La subida de precios de los combustibles arrastrará a su vez a toda la economía a una escalada inflacionaria sin precedentes en dolarización lo cual acentuará la pobreza de la mayoría de la población #NoALaConcesiónREE

El Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano rechaza este duro golpe ya no solo contra la infraestructura y capacidades de la industria petrolera nacional, sino también contra toda la ciudadanía, que verá reducida su economía y su vida digna #NoALaConcesiónREE

RechazamoselnuevoacuerdosuscritoentreelgobiernodeMoreno-Lasso-NebotconelFMI.Setrata del acuerdo número 20 en la historia contemporánea del país. Estos acuerdos que conllevan la imposición de políticas neoliberales, nunca sirvieron a la ciudadanía y al pueblo, solo benefician la codicia y al egoísmo de los grandes banqueros y empresarios, así como los intereses de los países imperialistas. El cambio del ministro Richard Martínez por Mauricio Pozo, significan más de lo mismo: más despidos, más hambre y más miseria para la ciudadanía ecuatoriana. (Daniel Castillo, ANC Guayas)

Resistimosyexigimosladerogatoriadetodaslasleyesymedidaseconómicas,quesehanimpuesto a las familias ecuatorianas como la mal llamada Ley de Apoyo Humanitario y las reformas al Código de Finanzas Públicas, que solo sirven para que los empleadores hagan lo que les da la gana: despedir a un 1’000.000 de trabajadoras/es públicos y privados, la rebaja de los sueldos al 80% de los trabajadores; los cada vez más profundos recortes presupuestarios que afectan los servicios de salud, educación, protección social, infocentros, entre otros. (Pablo Martínez, Frente de defensa de la Salud);
Rechazamoselrecortepresupuestariodealrededorde1.300millonesdedólaresparalaeducación,
que han significado la disminución de recursos a las universidades, el despido masivo de docentes de escuelas, colegios y universidades, la eliminación de los programas de becas, de erradicación del analfabetismo y del ingreso de personas adultas a la educación. (Nelly, Red de Maestros)
Planteamoslanecesidaddedetenerlasúltimasmedidaseconómicascomoresultadodelacuerdo con el FMI, que entregan el control de las tasas de intereses y el costo de los servicios bancarios a los dueños de los bancos; la liberalización del precio y entrega del negocio de los combustibles y el gas a las compañías privadas; la privatización de los servicios, empresas y patrimonio público, como la delegación al sector privado de la Refinería Esmeraldas y la pretendida elevación del IVA del 12 al 15%. (Napoleón Urresta, Frente de Defensa Petrolero)
Exigimos la aplicación de políticas agrarias para reactivar al sector y garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, mediante medidas de acceso a la tierra, crédito y la producción de la agricultura familiar campesina. Además, proponemos la moratoria inmediata y reestructuración de las deudas de los agricultores y de todos quienes están sin trabajo. (José Agualsaca, FEI)
Rechazamoselsobreendeudamientoyelacuerdodelgobiernoconlostenedoresdebonosdela deuda externa, porque representa una estafa de 12.000 millones de dólares a la economía nacional. Planteamos suspender los pagos de la deuda, tal como lo recomiendan los propios organismos internacionales para renegociar la deuda en condiciones de soberanía y dignidad para nuestro país. (Gayne Villagómez, Mujeres por la Democracia)
ExigimosquesepagueladeudasocialyquesecumplaconelpagoaloscontratistasdelEstadoy a los gobiernos autónomos descentralizados, puesto que están afectando a muchos sectores como la Red de Organizaciones Cooperantes del MIES, centros infantiles, de atención a adultos mayores y personas con discapacidades, sectores de trabajadores entre los que encuentran nuestros compañeros/as de los servicios de seguridad privada. (Diego Arroyo, FENASPE)
Convocamosalaciudadanía,alospueblosyorganizaciones,ajuntartodasnuestrasvoces,luchas, demandas y propuestas, con el propósito de avanzar en la conformación de un bloque nacional-popular contra hegemónico para resistir a las políticas neoliberales y derrotar al mal gobierno en las calles y en las urnas, por lo cual llamamos a una gran movilización, el miércoles 21 de octubre del 2020, a las 16:00, de todos los sectores que nos encontramos en resistencia. (Joaquín Chaluisa, Osuntramsa)

¡UNIDAD PARA DERROTAR A LOS NEOLIBERALES EN LAS CALLES Y LAS URNAS!
Red de Maestros, OSUNTRAMSA, Confederación de Pueblos y Organizaciones Campesinas FEI, FENASPE, Frente de la Defensa de la Salud, Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, Mujeres por la Democracia, Asociación Ecuatoriana de Medicina Familiar y Comunitaria Integral (ASECMEFAC), Bases de la CTE, Colectivo Plaza de Teatro, La Comuna en Movimiento, Frente de Organizaciones Campesinas en Defensa de la Tierra, Frente Amplio Estudiantil.

La Fiscalía General del Estado (FGE) concretó un acercamiento con ONU-Mujeres (Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres), con el objetivo de trabajar de forma articulada en temas de violencia de género.

En este sentido, la mañana de este miércoles se firmó un memorando de entendimiento, con la finalidad de fortalecer las capacidades de los agentes fiscales (y otros operadores de justicia) respecto de estándares internacionales de derechos de las mujeres y, en particular, del principio de no revictimización en casos violencia de género.
El coordinador general de Asesoría Jurídica de la FGE, Christian Lombeida, señaló que la intención institucional es avanzar en la formación de los servidores que atienden estos casos: “Fiscalía ha trabajado en dar respuesta oportuna a las denuncias de la ciudadanía y en la atención de los casos, pero no es suficiente. Debemos profundizar en la formación de servidores con estándares internacionales y también pensar en la higiene mental de las personas que atienden a esas víctimas”.
Mediante este acuerdo, fiscales, secretarios, asistentes y servidores de las direcciones de Derechos Humanos y Participación Ciudadana, de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal (SPAVT) y de Control Jurídico y Evaluación de la Actuación Fiscal, se capacitarán en un módulo sobre “Violencia de género y femicidio”, en el marco del Plan de Formación Continua de la FGE.
La capacitación propone actividades que se desarrollarán de manera sincrónica, sobre la base del trabajo autónomo, mediante la plataforma virtual institucional, y contarán con la participación de expertos en el tema.
El memorando de entendimiento tiene una vigencia de dos años, tiempo en el cual se pretende establecer nuevas líneas de acción relacionadas a los ejes de la capacitación.

Durante la audiencia de reformulación de cargos, Fiscalía justificó su decisión argumentando que los elementos recabados durante la instrucción fiscal (hasta ahora 67 días) hacen que la calificación jurídica varíe.

En un principio se acusó a los procesados por su presunta participación en el delito de asociación ilícita, por la supuesta comercialización de insumos médicos en hospitales de Guayaquil, que se subsumía al inciso segundo del artículo 196 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que hace referencia a la comercialización de bienes públicos y se sanciona con una pena privativa de libertad menor a cinco años.
Sin embargo, los elementos que se han obtenido hasta el momento determinarían que ya no se trata solo de delitos fines, cuya sanción es menor a cinco años, sino que se tiene información de que, por ejemplo, a los procesados se les favorecía con la adjudicación de contratos, mediante convenios de pago a través de hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) del Guayas o que fueron beneficiarios de convenios de pago en los hospitales de Los Ceibos y Teodoro Maldonado, según los primeros resultados de la investigación. Por lo tanto, se les formuló cargos por el delito de delincuencia organizada, tipificado y sancionado en el artículo 369 del COIP.
La instrucción fiscal se extenderá por treinta días más, es decir, 120 en total.
Respecto a las medidas solicitadas, se pidió al juez Ronald Guerrero que dicte prisión preventiva para todos los procesados, con la excepción de Luis J. Z., debido a que una jueza (con anterioridad) le dio medidas alternativas a la prisión por una afección en su salud; y, de Marco S. y Jorge S., debido a que no han incumplido las medidas de presentación periódica ante la autoridad competente.
El Magistrado aceptó lo solicitado por Fiscalía, menos la prisión preventiva para Estéfano A., a quien le dio el plazo de diez días para que regrese al país y cumpla con la presentación periódica (lunes y viernes de cada semana), como medida alternativa, además de la enajenación de bienes.
En este caso son procesados –entre otros– los hermanos Abdalá B. P., Michel B. P. (quienes se encuentran fuera del país) y Jacobo B. P. (cumple prisión preventiva) y doce personas más.

A las 18:00 de este 7 de octubre, se cerró el plazo para la solicitud de inscripción de candidaturas a las dignidades de presidente y vicepresidente de la república, representantes al Parlamento Andino y asambleístas nacionales, provinciales y por las circunscripciones especiales del exterior, para los comicios del 7 de febrero de 2021. Al finalizar esta fase, el sistema del Consejo Nacional Electoral arroja los siguientes datos generales: 17 binomios presidenciales entregaron la documentación, en tanto que partidos y movimientos presentaron un total de 18 listas de candidatos a asambleístas nacionales. Para el caso de parlamentarios andinos se registran 16 listas.

De los 17 binomios presidenciales que presentaron los documentos habilitantes para participar de la contienda electoral, cuatro candidaturas fueron inscritas por el Pleno del CNE, en tanto que otras cuatro fórmulas presidenciables fueron rechazadas y se les concedió el plazo respectivo para subsanar los incumplimientos. Además, hay otros ocho binomios cuya documentación está siendo analizada y sobre los que el cuerpo colegiado se pronunciará una vez agotados los plazos y recursos legales, y un binomio que deberá resolverse tras un fallo del Tribunal Contencioso Electoral.
Es importante señalar que el CNE y las Juntas Provinciales Electorales continuarán, durante los siguientes días, resolviendo las inscripciones de las listas pluripersonales y unipersonales, conforme los tiempos de recepción de la documentación, los plazos y recursos legales que se hayan o no presentado.

En la Comisión Ocasional que tramita los proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales, Mariana Yépez, exfiscal del Estado, Ángel Orna, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha; y, Felipe Rodríguez, jurista penal y procesal, coincidieron que la Fiscalía General del Estado debe recuperar su independencia y autonomía administrativa y financiera, por tanto, no depender del Consejo de la Judicatura.

Felipe Rodríguez señaló que la Fiscalía debe tener independencia, por ejemplo, para elegir y evaluar fiscales. Sin embargo, dijo que se debe establecer cuáles serán las reglas del juego dentro de su independencia, es decir, requisitos para elegir fiscales, cuál es el órgano que va a administrar justicia interna; así como, definir qué se va hacer con los fiscales que demoran en resolver un caso. Por tanto, tiene que haber una unidad administrativa previamente definida. Otro aspecto esencial a establecer es que los recursos de la Fiscalía deben distribuirse igualitariamente.
Dijo que le da temor que se otorgue independencia abierta a la Fiscalía, por tanto, lo esencial sería determinar cómo se va a controlar a nivel interno, quién realizará ese control sancionatorio, evaluatorio o electivo, así como determinar hasta qué punto esa unidad dentro de la Fiscalía es autónoma. En este marco, enfatizó que la independencia de la Fiscalía debe ser reglada, caso contrario tendrá super poderes.
El legislador Fabricio Villamar señaló que la exposición de Felipe Rodríguez lleva a pensar muy bien el contenido del articulado que se va a entregar para segundo debate, porque no se trata solo de determinar la independencia y autonomía de la Fiscalía, sino dejar determinadas reglas claras a nivel interno.
Entre tanto, Mariana Yépez considera que la Fiscalía debe tener independencia del Consejo de la Judicatura, porque caso contrario estaría subordinada. Las funciones que desempeña son de tanta trascendencia para la vida democrática del país, porque la persecución del delito es de suma importancia, por tanto, debe tener el número suficiente de fiscales y establecer un diseño administrativo.
Mencionó que se ha entendido mal lo que es la autonomía y la independencia. La autonomía es un manejo interno y requiere de una norma dictada por el órgano superior que en este caso es el Consejo Nacional de la Judicatura, institución que ha abierto un poco el camino para que la Fiscalía dentro de esas limitaciones pueda desenvolverse, pero solo la Fiscalía sabe realmente sus necesidades y hacia dónde centrar su gestión y eso solo se logra con una verdadera independencia.
Es necesario, no solo por razones históricas, sino institucionales, jurídicas y de toda la justicia penal, es conveniente que los fiscales sean independientes en el ejercicio de sus funciones, en el diseño administrativo que tengan en cuanto al manejo presupuestario, el control disciplinario, porque no es prudente que cuando un fiscal comete una falta tenga que sancionar el Consejo de la Judicatura. A su criterio, la Fiscalía no debe pertenecer a ninguna Función del Estado.
El parlamentario Héctor Muñóz señaló estar de acuerdo en que la Fiscalía tenga independencia y salga del control del Consejo de la Judicatura, sin embargo, habría que definir cómo se va a controlar las fallas de carácter administrativo.
El legislador Carlos Cambala dijo estar de acuerdo con la tesis de independencia de la Fiscalía, pues su dependencia administrativa y financiera no le ha permitido actuar con celeridad en la administración de justicia, pero no puede ser una institución aislada sino que debe pertenecer a una de las Funciones del Estado y estar bajo el control político de la Asamblea Nacional.
Por su parte, Ángel Horna, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, señaló estar de acuerdo que se determine una verdadera independencia de la Fiscalía. Dijo que se debe hacer unos cambios en el articulado de la Constitución para garantizar su autonomía o independencia, por ejemplo, se debe eliminar el representante de la Fiscalía en el Consejo de la Judicatura; en el numeral 3 del artículo 181, establecer que el Consejo de la Judicatura dirija los procesos de selección de jueces y operadores de justicia, con excepción de los fiscales.
En el artículo 194, se incorpore que debe contar con su propia ley orgánica misma que establecerá los mecanismos de ingreso, selección, promoción y ascenso, así como los órganos para el control, evaluación y sanción cuando se hace referencia a la Fiscalía, porque el artículo 178 de la Constitución señala que es el Consejo de la Judicatura el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, pero más abajo señala que la Defensoría Pública y la Fiscalía son órganos del Estado, autónomos de la Función Judicial.
Esta dicotomía es lo que la Asamblea Nacional tiene resolver para que exista claridad de cómo entender que la Fiscalía es autónomo de la Función Judicial, como dice en el artículo 194 que determina que tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. Lo que se busca es garantizar y reconocer la carrera fiscal, así como la evaluación periódica de sus servidores, pero desde la Fiscalía.
La presidenta de la Comisión, Elizabeth Cabezas, agradeció a los comparecientes sus observaciones mismas que serán analizadas en la mesa ocasional. Adelantó que se reprogramará la comparecencia de Vladimiro Álvarez Grau, exministro de Gobierno y diputado nacional. Igualmente, Alfredo Contreras, exministro y presidente de la Corte Superior de Guayaquil, porque sus opiniones son esenciales.

Ecuador mantiene una estructura de concentración de frecuencias, que no es de ahora sino viene desde antes, dijo el director Ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, en torno al proceso público competitivo para la adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico para la operación de medios de comunicación social privados y comunitarios, en su comparecencia en la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Elio Peña Ontaneda.

Ricaurte presentó documentos públicos con los cuales se demostraría que existe concentración de medios, a través de varias empresas domiciliadas en Uruguay, de propiedad del magante de la comunicación Remigio Ángel González González (RAGG), como aparece en varias declaraciones juramentadas de quienes serían sus testaferros,  las cuales, a su vez, tienen la titularidad de frecuencias radioeléctricas en Ecuador.
“Lamentablemente, la concentración de frecuencias se está produciendo en nuestro país y este concurso podría sacramentar esta concentración”, enfatizó.
Aseguró que su participación en el proceso va desde la perspectiva de defensa del derecho universal a la libertad de expresión, pues la concentración de medios conspira contra la democracia, como subraya la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos; se trata de un problema que desborda lo eminentemente técnico, ya que están en juego derechos fundamentales, agregó.
De su lado, Kleber Chica, presidente nacional de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), indicó que los radiodifusores han acompañado este proceso desde el principio y ha habido total apertura para que se haga un seguimiento de cada una de las fases, por cuanto quienes llevan más de tres décadas en la radiodifusión, no tienen certeza sobre la titularidad de las concesiones.
“Nosotros estamos vigilantes de este proceso, por eso tuvimos que impugnar el nombramiento de veedores por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque las personas propuestas tenían claras consignas políticas respecto de este concurso de asignación de frecuencias radioeléctricas”, aseveró.  
Entre tanto, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, destacó que han trabajado con todos los radiodifusores, quienes han sido parte de este proceso y hoy lo califican como transparente e histórico, luego de 15 años.
Dijo que los pasos que ha dado el Ministerio, como ente rector, han sido fundamentales para el éxito del proceso. Primero, con el impulso a un diálogo nacional para reformar la Ley Orgánica de Comunicación; la firma de la Declaración de Chapultepec; la creación del Comité de Protección de los Periodistas, y, por último, la convocatoria al concurso de frecuencias.
Subrayó que, como presidente del Directorio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, ha cumplido todas las observaciones y recomendaciones de la Contraloría General del Estado, a fin de evitar se repitan los errores del concurso anterior.
El presidente del organismo parlamentario, Elio Peña, agradeció a los comparecientes por los aportes y la información entregada en torno al concurso de frecuencias radioeléctricas, al indicar que el objetivo fundamental de la mesa es transparentar la gestión pública, con el compromiso de garantizar la participación de la ciudadanía.

“La principal característica de nuestra administración es la cercanía con la gente”, sentencia y engloba su gestión el alcalde Leonardo Rodríguez, durante el acto de rendición de cuentas, este miércoles, junto con los concejales del cantón y los entes adscritos a la municipalidad, en el auditorio de la unidad educativa Eugenio Espejo y transmitido por Facebook Live.
En sí, la conversación constante con los chonenses es uno de los puntos que rescata el Alcalde de su gestión, además de la unidad consolidada con los concejales y la ciudadanía, y la planificación para modernizar la administración, proyectar al cantón hacia el desarrollo y lograr el resurgir de un Chone bonito, alegre, productivo y familiar.
Y en eso se está trabajando, argumentó. En lo bonito con proyectos de regeneración urbana e hidrosanitario; alegre, con la participación ciudadana y fortaleza en la convivencia barrial-comunitaria; productivo, con el impulso desde el municipio a la producción agropecuaria y emprendimientos; y familiar, que es el efecto del éxito de los otros tres componentes, para evitar que las familias se separen y sigan en Chone sin necesidad de emigrar.
Respecto al concepto de unidad en esta administración, fue resaltado por los concejales; además, la actualización normativa con 7 ordenanzas y la organización en la fiscalización han agilitado proyectos en beneficio de Chone, tal como coincidieron en sus intervenciones el vicealcalde Gerardo Muela, Yéssica Zambrano, Ivón Chica, Miriam Vera, Viviana Zambrano, Rommy Cueva, Francisco Zambrano y Narcisa Alcívar. No asistió María Pauline Vera por duelo.
También rindieron cuentas Julio Arteaga, registrador de la Propiedad y Mercantil; Farley Zambrano, jefe del Cuerpo de Bomberos; y Diego Mendoza, gerente de Aguas del Chuno EP. Asistieron representantes de la ciudadanía, de los barrios de Chone y de los gobiernos parroquiales. La información será subida a las plataformas del GAD Chone para que los ciudadanos hagan sugerencias durante 14 días.

¿Cómo vamos a respetar un acuerdo que hace a última hora un Gobierno? cuestionó el presidenciable Andrés Arauz en relación a la nueva negociación de $ 6500 millones de dólares provenientes del Fondo Monetario Internacional. “Vamos a renegociar, no estamos dispuestos a sacrificar al pueblo ecuatoriano, por satisfacer las negociaciones de un Ministro, que se nota que ha estado trabajando para Washington y no para el Ecuador”, aseveró en esta mañana en radio Atalaya de Guayaquil. El compromiso asumido por Lenín Moreno y Richard Martínez compromete al próximo Gobierno, “nosotros no vamos a cumplir esas condiciones que exigen sacrificios a las familias ecuatorianas”, reiteró.

Concluyó que la relación con los organismos multilaterales será fluida, “respetando la dignidad de las familias ecuatorianas”.

Ante el juez nacional Marco Rodríguez, el exdirector de Servicio Nacional de Contratación de Obras (Secob), René T., rindió su testimonio anticipado en el proceso por el presunto delito de delincuencia organizada en la fallida contratación para la construcción del Hospital Básico de Pedernales.

El procesado señaló que “en un encuentro con el asambleísta Eliseo A. le comenté que estaba buscando trabajo […]. En agosto de 2019 recibí la llamada y me informaron que había sido seleccionado para ocupar el cargo de director del Secob. Pensé que por mi experiencia”.
Añadió que posteriormente, el exlegislador le indicó que era necesario “buscar espacios de trabajo para la gente del bloque, uno de esos pedidos fue separar al subditector de la Institución y me hicieron llegar la carpeta de Jorge J. (también procesado)”.
Aseguró que la adjudicación del contrato para la construcción del Hospital de Pedernales no tuvo reclamos ni de autoridades, ni de sociedad civil, que acompañaron el proceso, y que el subdirector del Secob, Jorge J., estuvo al frente de la contratación, a quien lo responsabilizó de haber pactado una “coima” en torno al contrato, “acto que desconocía”.
“Tuve una llamada del asambleísta Franco R. sobre la preocupación de obras abandonadas. Me recomendó a un ingeniero y lo nombré coordinador en El Oro. Finalmente, esta obra tampoco terminó […]. Además, me visitó el asambleísta Washington P. para solicitar apoyo en la zona 5 del Guayas, que abarcaba también Galápagos, donde había una zona deportiva pendiente […]. El asambleísta Freddy A. también me visitó y me dejó una carpeta que cumplía con un perfil profesional para su provincia”, aseguró.
El ex Director del Secob informó que, en diciembre de 2019, Eliseo A. le indicó que el asesor del asambleísta Daniel M. le entregaría una maleta, misma que recibió y entregó “de forma íntegra” al exasambleísta.
“Hay un abuso de confianza. Lo hicieron a mis espaldas y con un ingrediente político de por medio […]. Doy la cara y asumo las consecuencias de mi actividad profesional. Por mi trabajo, pude haber cometido errores en la ubicación de cargos, pero lo hice de buena fe, porque eran personas que cumplían con el perfil y eran de las zonas de donde eran las obras. Pido disculpas al país, no me he beneficiado de este contrato y continuaré colaborando con la justicia para que se aclare todo esto”, concluyó.
En este caso se encuentran procesadas diecinueve personas, entre ellas, los exasambleístas Daniel M. y Eliseo A., además del representante de la empresa a la que se adjudicó la contratación.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó al Proceso de Auditoría para las Organizaciones Políticas – Elecciones Generales 2021. Los partidos y movimientos pueden inscribir a sus delegados a participar en la auditoría a los procesos operativos y sistemas internos, establecidos en el Plan General de Auditorias.

La convocatoria, aprobada por el Pleno del CNE, se enmarca en el artículo 4 del reglamento de Auditoría de las Organizaciones Políticas a los Procesos Electorales 2021, se realizará en el portal web institucional. Los partidos y movimientos deberán designar, para cada proceso, un auditor y su respectivo suplente, conforme al reglamento en mención, quienes serán acreditados.

Por su parte, los postulantes deberán cumplir como requisitos ser ecuatoriano; estar en goce de los derechos de participación; la designación por parte del representante legal de la organización política; y acreditar conocimientos y experiencia profesional (por lo menos un año) en las materias relacionadas con los procesos o sistemas que serán auditados.
Para la inscripción, los postulantes deberán adjuntar el formulario de inscripción firmada por el representante legal de la organización política; cédula de identidad y certificado de votación del representante legal de la organización política y del auditor designado para cada proceso y copia certificada del acuerdo de voluntades entre las organizaciones políticas involucradas, en caso de existir convenio para la designación del auditor común que formará parte del Equipo General de Auditoría.
Dentro del término de cinco días subsiguientes a la fecha de publicación y convocatoria realizada por el Consejo Nacional Electoral, el representante legal de las organizaciones políticas debe presentar la solicitud en la Secretaría General del CNE, en las delegaciones electorales u oficinas consulares del Ecuador en el exterior.
Por su parte, el CNE iniciará el proceso de auditoria con el taller de inducción a los auditores calificados y acreditados, que será dictado el 28 de octubre de 2020, desde las 10:00 a las 14:00, en el auditorio Matilde Hidalgo de Procel.

En sesión ordinaria Nro. 18 del Pleno del Consejo Nacional Electoral, aprobó los montos del Fondo de Promoción Electoral para los comicios del 7 de febrero de 2021. Este rubro tiene una reducción del 52.1% del total establecido en el artículo 202 del Código de la Democracia, para la determinación y asignación de los rubros destinados a la promoción de candidaturas de forma equitativa e igualitaria.

Tras la decisión de las autoridades electorales, los binomios presidenciales recibirán USD. 301 175,66 de fondos públicos para la difusión de sus perfiles y planes de trabajo en prensa, radio, televisión, medios digitales y vallas publicitarias. En cambio, para las candidaturas nacionales al Legislativo, las organizaciones contarán con un total de USD. 282 352,18 para hacer propaganda electoral masiva. En ese sentido, es preciso recordar que ese no será entregado a partidos y movimientos, sino que el CNE cancelará directamente los valores de pauta publicitaria a los medios de comunicación registrados para el caso.
En lo que concierne a la promoción de candidaturas para parlamentarios andinos, cada lista podrá utilizar USD. 9411,74 para ese mismo fin. Además, las circunscripciones especiales del exterior, contarán con montos diferenciados: para la circunscripción electoral de Asia Europa y Oceanía, USD. 32 725,02; para Estados Unidos y Canadá, USD. 16 405,38; y para América Latina, el Caribe y África, USD. 3925,81.
En cuanto a las listas de asambleístas provinciales, el límite del gasto electoral y el Fondo de Promoción Electoral han sido aprobados de la siguiente manera:
Provincia Limite G.E. | Fondo P.E

Azuay: 185 521,80 | 13 329,74
Bolívar: 51 639,90 | 3 710,33
Cañar: 58 830,30 | 4 226,96
Carchi: 43 502,70 | 3 125,67
Cotopaxi: 12 005,30 | 8 047,58
Chimborazo: 123 053,40 | 8 841,39
El Oro 160 595,40 | 11 538,78
Esmeraldas 160 595,40 | 8 821,62
Guayas C1 227 028,90 | 16 312,03
Guayas C2 221 067,00 | 15 883,66
Guayas C3 232 771,50 | 16 724,63
Guayas C4 254 634,30 | 18 295,47
Imbabura 112 032,60 | 8 049,54
Los Ríos 200 468,10 | 14 403,63
Manabí C1 154 082,70 | 11 070,84
Manabí C2 217 773,00 | 15 646,99
Morona Santiago 51 177,75 | 3 677,12
Napo 39 000,00 | 2 802,15
Pastaza 39 000,00 | 2 802,15
Pichincha C1 204 992,10 | 14 728,68
Pichincha C2 228 112,50 | 16 389,88
Pichincha C3 159 177,60 | 11 436,91
Pichincha C4 159 177,60 | 11 436,91
Pichincha C4 91 279,80 | 6 558,45
Tungurahua 135 378,90 | 9 726,97
Zamora 135 378,90 | 9 726,97
Galápagos 39 000,00 | 2 802,15
Sucumbíos 57 175,17 | 4 108,04
Orellana 47 767,20 | 3 432,07
Sto. Domingo 113 318,10 | 8 141,91
Santa Elena 77 185,80 | 5 545,80

Hoy, 7 de octubre de 2020, a las 18:00 culmina el plazo para que los representantes legales de las organizaciones políticas, el procurador común de la alianza electoral o sus respectivos delegados, inscriban a sus candidatos.

Tras el análisis de un informe técnico jurídico por parte de las áreas encargadas y luego de revisar las objeciones presentadas, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) a la fecha registra la inscripción de tres los binomios: Democracia Sí, Izquierda Democrática y alianza CREO – PSC. Mientras tanto, los binomios de Libertad es Pueblo y Amigo tienen plazo de subsanación, el binomio de Podemos, fue inadmitido por no gozar de legitimidad.
Asimismo, en el caso de la presentación de candidaturas para la Asamblea Nacional, el Pleno del CNE calificó la lista Unidad Popular y concedió plazo de subsanación al movimiento Democracia Sí.
Con corte 16h00 de este 6 de octubre, los movimientos y partidos de ámbito nacional que han presentado la documentación para la inscripción de binomios son: alianza Honestidad 17 – 51, Construye, Alianza Unión por la Esperanza 1-5, Ecuatoriano Unido, Sociedad Unida Más Acción, Pachakutik, Alianza PAIS, Unión Ecuatoriana, Sociedad Patriótica y Avanza.
Cabe destacar que, de acuerdo con el artículo 11 del reglamento para la Inscripción y Calificación de Candidaturas, el Pleno del CNE o las Juntas Electorales Provinciales y del Exterior, aceptan o rechazan las inscripciones. Las candidaturas se considerarán inscritas de forma oficial únicamente luego de la resolución en firme. La resolución del CNE puede ser apelada ante el Tribunal Contencioso Electoral.

La activación de un sistema de prevención de la violencia escolar, plena garantía de derechos de alumnos y docentes, mejoramiento de sueldos del Magisterio, son, entre otros,  los temas más relevantes que formarán parte del informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que estaría listo a fines de noviembre o primeros días de diciembre.

La mesa de Educación, justamente, se encuentra en la fase de preparación del articulado, con la incorporación de textos consensuados en 25 talleres de trabajo y socialización, que los lideraron cada uno de los miembros del organismo.
Educación inclusiva
Según la legisladora Jeannine Cruz, vicepresidenta del ente parlamentario, se trata de una reforma profunda e integral, que fomenta una educación inclusiva, la reorganización de las juntas distritales de resolución de conflictos, un justo escalafón y recategorización que reivindique la lucha que por años han mantenido los maestros para modificar sus condiciones salariales.
Es importante, en el ámbito de la inclusión, generar condiciones de igualdad de oportunidades para personas con algún tipo de discapacidad, de la gente de los pueblos y comunidades indígenas, y de escasos recursos, dotando a los planteles de infraestructura y el debido equipamiento tecnológico, señala.
Sectorización
Considera que es fundamental la sectorización, pues si bien la Ley dispone que, por ejemplo, un maestro que cuenta ya con nombramiento tiene que pasar en el sector rural un buen tiempo para luego trasladarse cerca de su domicilio, existen muchos docentes que llevan 10 y 15 años en la ruralidad, no son ubicados en función de la reunificación familiar.
Derechos de la niñez
Para enfrentar, de manera efectiva, los casos de violencia escolar y abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, así como el ciberacoso y bullying, se implementará un sistema de seguridad a favor de este grupo de atención prioritaria, reforzando el esquema de prevención y protección, tomando en cuenta las recomendaciones de Unicef, fundaciones y organizaciones internacionales, dice.
Deces y maestros comunitarios
Indica que los Departamentos de Consejería Estudiantil (Deces) serán equipos multidisciplinarios, con profesionales que puedan dar respuestas inmediatas a inconvenientes que se producen en el entorno de los alumnos. También, habla de garantizar  la estabilidad y acceso a la seguridad social a los maestros comunitarios.
Méritos
El objetivo  es despolitizar la educación, que las autoridades zonales o  distritales sean personas capacitadas y lleguen por méritos, amor a su profesión, no por compromisos políticos o compadrazgos, precisa la representante de la provincia de Loja.  
Servicio de internet
El sistema educativo merece un cambio real, subraya, al pedir que se priorice el tratamiento de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones que obliga al Estado y a las empresas transnacionales de telefonía celular ampliar el acceso del servicio de internet en el país, a fin de apoyar los procesos de educación, ya que solo el 16 % del sector rural cuenta con esta herramienta tecnológica. Además, se requiere el funcionamiento de los 900 infocentros, concluye.

La Comisión del Derecho a la Salud, que preside William Garzón, se encuentra receptando los últimos criterios respecto a la investigación que lleva adelante para determinar responsabilidades en la supuesta obtención irregular de los carnés de discapacidad.

Este miércoles 7 de octubre, a partir de las 08h00, recibirá por videoconferencia a la doctora Catalina Andramuño, exministra de Salud Pública, quien responderá sobre las gestiones realizadas durante su administración para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y sancionar cualquier forma de abuso, trato degradante y discriminatorio.
La exfuncionaria explicará sobre las medidas correctivas adoptadas sobre la reorganización de servicios, agendamiento a consulta de médicos de especialidad, atención mediante el programa médico del barrio y desarrollo de un nuevo software del Sistema Nacional Electrónico de Discapacidades.
Asimismo, informará de las actividades planificadas y acciones concretas para asegurar fiabilidad de los procesos de calificación y emisión de carnés de discapacidad; y, las labores de seguimiento y control implementadas para que los equipos calificadores logren optimizar tiempos y recursos en los procesos de atención a personas con discapacidad.
Por último, se referirá a las acciones realizadas con el Conadis para reemplazar el baremo español como herramienta de valoración y porcentaje de discapacidad; y, las medidas adoptadas en el período de su gestión, sobre las alertas del Servicio Nacional de Aduanas respecto al inusual incremento de importaciones de vehículos entre el año 2018 y 2019.

La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Elio Peña Ontaneda, sesionará mañana, miércoles 7 de octubre, con el propósito de recibir en comisión general a Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, para que informe sobre el proceso público competitivo para la adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico para la operación de medios de comunicación social privados y comunitarios.

Cabe recordar que el Secretario de Estado debió asistir a la sesión de la mesa de Fiscalización el jueves anterior. Sin embargo, remitió una excusa por escrito, por la cual indicaba que el Ministerio de Telecomunicaciones no es competente para informar sobre este tema, sino la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), ante lo cual el organismo decidió insistir en su convocatoria por cuanto del ministro actúa como presidente del Directorio de la referida agencia.
En esta oportunidad, la agenda incluye también recibir a César Ricaurte, director Ejecutivo de Fundamedios, quien expondrá sus puntos de vista en torno al concurso de frecuencias radioeléctricas.
Así mismo, comparecerá Kleber Chica, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), a nivel nacional, quien deberá plantear sus criterios y afirmaciones respecto de este proceso para la asignación de frecuencias que está en marcha, sobre el cual se han formulado reparos, específicamente por una supuesta falta de transparencia.
La sesión virtual 011 de la Comisión de Fiscalización y Control Político está prevista para el miércoles, 7 de octubre, a partir de las 14h00.

Fiscalía vinculó al hijo de una mujer acusada de, presuntamente, haber estafado y extorsionado a una ciudadana, engañándola con ayudarla en temas “espirituales y de brujería”, para lo cual habría entregado a la procesada y a su hijo más de 90.000 dólares en varias formas de pago.

En la audiencia de vinculación, en la Unidad Judicial Valdivia, la fiscal Cecilia Rodríguez Arboleda, de la Unidad de Patrimonio Ciudadano, presentó como elementos de convicción: los registros de depósitos efectuados en cuentas bancarias, los giros al exterior realizados para los procesados, pago de estadía y pasaje hacía la Argentina y los testimonios de los perjudicados.
El juez de Garantías Penales, Iván López Padilla, vinculó a René Gabriel S. A. a este proceso, disponiendo en su resolución medidas cautelares a la prisión preventiva, como la de presentación ante la autoridad judicial y prohibición de salida del país, mismas que fueron impuestas en su momento a la procesada Martha Libertad A. P., en la audiencia de formulación de cargos, el 13 de febrero de 2020.
Contexto
El 20 de septiembre de 2018, Fiscalía inició una investigación tras la denuncia presentada por la perjudicada, que denunció haber sido estafada por parte de Martha Libertad A. P., quien se hacía pasar como “consejera y especialista en ayuda espiritual” y para acceder a sus servicios le habría solicitado cantidades de dinero que fueron depositadas en cuentas bancarias y giros al exterior, por una suma superior a los 90.000 dólares.
Según explicó la presunta perjudicada, habría aceptado la ayuda de la mujer, ya que pasaba por momentos difíciles en su vida matrimonial, por lo que fue embaucada y engañada en varias citas.
Sin embargo, al no ver mejoras en su situación, la denunció a las autoridades.
Ante esto, la procesada habría tratado de extorsionarla, diciéndole que le contaría a su esposo la situación, de la que se enteró a través de las supuestas terapias, no sin antes solicitarle más dinero por su silencio.
Dato jurídico
Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 186 (estafa) del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con una concurrencia de infracciones –como la de la extorsión, dispuesta en el artículo 185 del mismo cuerpo legal–, que se sanciona con pena privativa de libertad de cinco a siete años de a prisión.

La inscripción del binomio presidencial del Movimiento Amigo, lista 16, conformado por Pedro José Freile y Byron Solis, fue negada. La decisión del Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), que se dio la mañana de este 5 de octubre, fue otorgar a la organización política el plazo de dos días para que pueda subsanar los incumplimientos legales en los que han incurrido.

En ese sentido, Freile, candidato a presidente de la república, deberá cumplir con las formalidades en la presentación de documentos para que el CNE le permita participar en los comicios del 7 de febrero de 2021.
Por otro lado, el cuerpo colegiado resolvió negar la solicitud de inscripción de las candidaturas a parlamentarios andinos, del Movimiento Democracia Sí, lista 20. Según el informe jurídico, la organización política incumplió con lo establecido en el artículo 105 del Código de la Democracia. El movimiento político tendrá también un plazo de 48 horas para subsanar los incumplimientos.

Con los criterios de actores, nacionales e internacionales, involucrados en el tema de la tecnología 5G, el Grupo Parlamentario por el Bienestar Animal, que preside Washington Paredes, profundiza el debate de la posible afectación de la radiación electromagnética a la salud de los seres vivos. Además, en el proyecto de cable submarino para las islas Galápagos y el posible impacto en las especies marinos.

Patricia Falconí, subsecretaria del ministerio de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (Mintel), sostuvo que la tecnología 5G busca una mayor adopción de la tecnología de la comunicación e información; acceso al internet; implementación y despliegue de ciudades inteligentes, inclusive, aseguró un ahorro de consumo de energía de hasta el 90 %. Posibilitará que objetos cotidianos, desde la nevera hasta el automóvil, puedan conectarse entre sí en tiempo real, de manera estable y con agilidad, agregó.
Explicó que según un informe del Ministerio de Salud Pública la exposición de energía de radiofrecuencia producida por antenas bases de telefonía es muy baja, incluso más baja que los límites establecidos en guías internacionales.
Aseveró que no existe prueba fehaciente, ni técnica que pueda demostrar que la tecnología 5G ha generado daño a la salud. Argumentó que se apoyan en estudios de la Organización Mundial de la Salud que ha manifestado que la exposición a campos electromagnéticos, no parecen tener consecuencias en la salud. “La exposición de energía de radiofrecuencia producida por antenas bases de telefonía es muy baja, incluso más baja que los límites establecidos en guías internacionales”, apuntó.
Carina Vaca Zeller, médico pediatra, habló del impacto en la salud. Mencionó que el sector más susceptible a las afectaciones que puede generar esta tecnología son las madres gestantes y niños/ jóvenes. Afirmó que la radiación derivada de la tecnología 5G genera tantas sombras magnéticas que las personas no podrán evitar su exposición. Sugirió aprender de la historia que dejó el tabaco para no cometer los mismos errores.
Martha Moncayo, gerente general Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), informó que el proyecto de cable marino actualmente se encuentra en una etapa de estudios previos y permisos y se prevé su implementación hasta finales de 2021. Los beneficios para la población de Galápagos serán el acceso a internet a menores tarifas; acceso a banda ancha; contribución al desarrollo de nuevos negocios (innovación), educación, servicios.
La CNT brinda una reducción de costos de transmisión, oferta comercial con mejores condiciones y más competitivas; y, factibilidad migración de cobre a fibra.
Sobre las posibles afectaciones en el fondo marino, dijo que existe un impacto bajo en el hábitat y la fauna marina. En el caso de enterramiento del cable, existe un impacto medio. No existe impacto en hábitat de invertebrados. No hay impacto del campo electromagnético en hábitat físico de mamífero marinos, puntualizó.
En el debate, Guillermo Bettocchi, abogado independiente, ex funcionario del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados considera que este tipo de tecnología baja el nivel de respuesta del sistema inmunológico.
Con preguntas participaron, Deborah Rivas, de Uruguay, experta en Análisis de Sistemas de Información (Universidad ORT Uruguay), el biólogo Andy Mercado; y, Teodosio Chávez, de Perú quienes pidieron se considere la atmósfera en su conjunto para que no haya perturbación en la salud, con la aplicación del 5G.
El objetivo es que prevalezca la vida sobre la tecnología, mencionó de su lado el asambleísta Washington Paredes, al señalar que la tecnología es buena pero no se puede arriesgar la vida.

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 123 votos afirmativos, aprobó el proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, por el cual se garantiza el acceso a una administración de justicia transparente, con probidad y actuación diligente de los servidores judiciales, en cada una de las instancias. También, fortalece la lucha contra la corrupción, a través de una estructura institucional adecuada, con la inclusión de estrategias de justicia abierta, domicilio electrónico y citación por vía telemática.

Previamente, la presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña Pacheco, expuso ante la Asamblea los cambios más relevantes incluidos en el texto final unificado de las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, presentadas en 2018 y 2020.  Indicó que se recibieron 43 observaciones, 20 de las cuales se formalizaron por escrito.
Sobre la figura del error judicial, aseguró que el dictamen de la Corte Constitucional obligó a formular cambios en el texto del proyecto para clarificar su contenido, de allí que, en torno al acto disciplinario por dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable, en todos los casos, se cumplirán etapas diferenciadas y secuenciales, respetando el debido proceso.
Como parte de las fortalezas de la propuesta para coadyuvar a la lucha contra la corrupción, la normativa incluye la creación de una sala especializada en corrupción y crimen organizado, así como la formación continua y permanente en temas relacionados con ética y actuación profesional en el servicio público.
Mediante esta reforma, se refuerzan principios como el de la responsabilidad de los jueces, el acceso oportuno a la administración de justicia, así como la especialización, formación y capacitación continua de los operadores de justicia.
Uno de los temas de mayor relevancia está relacionado con el establecimiento organismos de especialización, formación continua y capacitación, tanto de la Fiscalía General, cuanto de la Defensoría Pública, en su condición de  órganos autónomos de la Función Judicial, a quienes les corresponde identificar las necesidades de formación y capacitación continua y especializada de los servidores de su entidad; coordinar con la Escuela de Función Judicial los planes de formación; y, formular, así como ejecutar programas y panes de capacitación especializada en ciencias jurídicas y afines.
Los cursos y los programas de capacitación continua aprobados por los servidores en la Escuela de la Función Judicial y en los organismos de especialización de la Fiscalía y la Defensoría Publica, serán considerados en los procesos de ingreso, evaluación, promoción y categorización que realice el Consejo de la Judicatura.
La norma aprobada crea jueces de primera y segunda instancia en materia contencioso administrativa y tributaria, a fin de superar las falencias que existen actualmente en estas materias, sobre todo por la escaso número de tribunales que atienden estos procesos; se incluyen pasantías remuneradas para los estudiantes de las carreras de derecho.
Entre otros aspectos, se incorpora una transitoria en el sentido de que, por esta única vez, los notarios que ingresaron mediante concurso desde el año 2013 y hayan concluido su primer período, que se encuentren en funciones prorrogadas, podrán ser reelectos para su segundo período, conforme el Art. 200 de la Constitución, siempre y cuando hayan cumplido con los estándares de rendimiento.
Al cierre del tratamiento de esta normativa, el presidente de la Legislatura, César Litardo Caicedo, subrayó que se trata de un día histórico para la Asamblea Nacional y para el país, porque se ha aprobado una ley que permitirá mejorar la administración de justicia.

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Se construirá el nuevo puente en Chone, una obra que esperabamos desde hace mucho tiempo

El Ministerio de Salud Pública (MSP) recibió de la ONG estadounidense, CARE-Ecuador, la donación de 70 mil protectores faciales, valorados en USD 40.600, destinados para el personal de salud de primera línea, que atiende casos relacionados con la  COVID-19.

La recepción de los insumos en las bodegas del Beaterio, al sur de Quito, estuvo a cargo de Diana Molina, subsecretaria de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, quien recibió el material  de Alexandra Moncada, directora de la ONG.
Molina resaltó la cooperación de CARE, “como autoridad sanitaria que hemos estado al frente del manejo de la pandemia, uno de los retos y compromisos es con nuestro personal. Estos visores ayudarán a su protección, ya que están más cerca de los pacientes y estos insumos  evitarán  el contagio”, señaló.
El MSP y la ONG tienen una larga trayectoria de cooperación y colaboración en distintos programas de salud pública. La subsecretaria Molina reconoció la  gestión y el compromiso con el país de esta organización.
Moncada reiteró que se continuará trabajando y fortaleciendo el sistema de salud. “Queremos resaltar nuestra admiración, gratitud y solidaridad al personal de primera línea, sabemos lo que ha enfrentado durante la pandemia. Estamos con ustedes”, señaló. Explicó que la empresa productora de protectores faciales en Estados Unidos decidió entregar a Ecuador, gracias a la coordinación y articulación que se ha logrado con el MSP.
La donación es parte de un convenio con CARE para la entrega total de 100 mil protectores faciales, distribuidos entre el MSP, Municipio de Quito, Defensoría Pública y los GAD de Pichincha y Cayambe.
Es la segunda colaboración al país, anteriormente CARE colaboró con 2.2 toneladas de insumos, dispositivos y equipos médicos de salud sexual y reproductiva.
Esta acción solidaria es el resultado de la cooperación y las excelentes relaciones bilaterales entre Ecuador y Estados Unidos, para enfrentar de mejor manera la emergencia sanitaria en el país.
#ActivadosPorLaSalud
#COVID-19

Tribunal de la Sala Multicompetente de la Corte de Justicia de Esmeraldas, con voto de mayoría, sentenció a la exfiscal de Esmeraldas, Madeline M., y le impuso una pena privativa de libertad de seis años, como responsable del delito de concusión.

Además, dispuso el pago de la reparación integral en favor de las víctimas, cuya suma será notificada en la sentencia escrita.
En el anuncio oral de la sentencia, la Jueza ponente señaló que, luego de analizar las pruebas presentada durante el juicio, se probó, más allá de cualquier duda, la materialidad de la infracción y la responsabilidad –en grado de autor–, por lo que se la declaró culpable del delito de concusión, tipificado en el artículo 281, segundo inciso, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Durante la audiencia, que se extendió desde el 3 de septiembre de 2020 hasta hoy, el fiscal provincial de Imbabura, Ghen Rea, expuso gran cantidad de prueba testimonial, pericial y documental, que sirvió para que los jueces tomaran su decisión.
Con relación al procesado Luis M., hermano de la ex Fiscal, el Tribunal resolvió que la prueba resultó insuficiente para dictar sentencia condenatoria y ratificó su estado de inocencia, resolución que no fue compartida por el Fiscal a cargo del caso, quien señaló que se presentará la apelación correspondiente.
Entre las pruebas más importantes presentadas ante el Tribunal se incluyen los informes de seguimientos, triangulación y escuchas telefónicas, en las que se detalla su modus operandi; testimonios de los denunciantes, quienes detallaron que la ex Fiscal exigía dinero con amenazas y a través de su hermano, Luis M., a cambio de servicios que son gratuitos y que les generarían beneficios judiciales.
Dato jurídico
El COIP sanciona el delito de concusión con pena privativa de libertad de cinco a siete años a los servidores públicos o personas con potestad estatal que, abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas.
Este acto se enmarca en la política institucional de cero tolerancia ante la corrupción, compromiso asumido por todos los funcionarios a través del Código de Ética de la Fiscalía General del Estado.
Información adicional
Este caso fue desplazado hacia el Fiscal Provincial de Imbabura, por parte de la Fiscalía No. 3 de la Unidad de Lucha contra la Corrupción.

En la reinstalación de la sesión ordinaria No. 11, este 3 de octubre, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) en aplicación de la Ley Electoral, Código de la Democracia y su normativa, revisó los informes de inscripción de candidaturas para la dignidad de asambleístas nacionales del Movimiento Democracia Sí, la objeción presentada contra el binomio presidencial de Libertad es Pueblo y la admisión de solicitud de inscripción del binomio presidencial de Podemos.

En el caso de Democracia Sí, el Pleno del CNE, por unanimidad, resolvió negar la solicitud de inscripción de candidaturas para la dignidad de asambleístas nacionales, de 15 ciudadanos. El Pleno resolvió conceder el plazo de dos (2) días para que la organización política subsane con el reemplazo de candidatos, conforme al artículo 105 del Código de la Democracia.
Asimismo, acogió el informe jurídico sobre la objeción presentada por Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social, en contra del binomio presidencial del Movimiento Libertad es Pueblo, por incurrir en inhabilidades señaladas en la ley electoral. En ese sentido el Pleno del cuerpo colegiado resolvió aceptar parcialmente la objeción y conceder al movimiento el plazo de dos (2) días para la subsanación.
Por otra parte, de acuerdo con el informe jurídico el Pleno del CNE resolvió no admitir a trámite la solicitud de inscripción de candidaturas de binomio presidencial del Movimiento Podemos, en consideración a que el 16 de septiembre de 2020, el CNE dejó sin efecto la inscripción personería jurídica de la organización política y no goza de legitimidad por lo tanto, la solicitud no pueden ser aceptada ni procesada.
En próximos días el órgano electoral reinstalará la sesión ordinaria No. 11, para avanzar en el proceso de calificación de las candidaturas nacionales. Para ello, se mantienen abiertas las modalidades de recepción de documentos de manera presencial o en línea, hasta el 7 de octubre.

La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Elio Peña Ontaneda, con el voto unánime de los diez asambleístas presentes, recomendó al Pleno de la Asamblea Nacional proceda con el enjuiciamiento político al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Christian Cruz Larrea, propuesto por el legislador Henry Kronfle, por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la Ley.

Entre las conclusiones del informe emitido por la mesa, se determina que Christian Cruz incumplió sus funciones, al expedir el Reglamento para la Administración, Utilización, Mantenimiento y Control del Parque Automotor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; y, el Reglamento Interno para Autorización, Cálculo, Pago y Liquidación de Viáticos y Movilizaciones de los Servidores y Trabajadores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Respecto de este tema, el organismo recuerda que de conformidad con el art. 38, numeral 9, de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, la atribución de dictar la reglamentación interna corresponde al Pleno del Consejo, por consiguiente, con la actuación del ingeniero Cruz, se configuró la causal para que proceda el enjuiciamiento político del mencionado funcionario.
Así mismo, la Comisión recomienda al Presidente de la Asamblea Nacional envíe el informe a la Contraloría General del Estado, a fin de que se determine, mediante examen especial, las posibles implicaciones administrativas y económicas producidas por la vigencia de los citados reglamentos por 55 días.
Sobre las causales relacionadas con la presunta obtención irregular del carné de discapacidad y la presentación de supuestos documentos falsos para el concurso de oposición y méritos para la integración del Cpccs, la Comisión concluye que, si bien son temas anteriores a su gestión como presidente de esta entidad, demuestran la falta de probidad de Christian Cruz para el desempeño de sus funciones. Lo mismo ocurre con el tema de la licencia tipo “E”, porque le correspondía, en función de su nivel de discapacidad, obtener la licencia tipo “F”, con el uso de los dispositivos de ayuda visual y auditiva, de conformidad con la ley.
En el debate, los legisladores Dennis Marín, proponente de la moción; Noralma Zambrano; Bairon Valle; Mercedes Serrano; Marcelo Simbaña; Esteban Melo; Jaime Olivo; Absalón Campoverde; y, Franco Romero, destacaron la transparencia, objetividad, imparcialidad, así como el respeto del debido proceso y el derecho al ejercicio de la legítima defensa, como valores fundamentales que primaron en el trabajo de la Comisión de Fiscalización, en todas las fases de la sustanciación de la solicitud de juicio político del legislador Henry Kronfle, en contra de Christian Cruz, presidente del Cpccs.
El titular de la mesa, Elio Peña, tras agradecer por el trabajo de los comisionados, dispuso que la Secretaría depure el documento, recoja las firmas respectivas y remita el informe, junto con la resolución aprobada, a la Presidencia de la Asamblea, a fin de que se dé el trámite determinado en el artículo 83 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Mañana inicia la construcción del Puente El Jardín, una de las obras estratégicas del plan de gobierno del alcalde Leonado Rodríguez, en la que se plasma la visión del resurgir de Chone. La obra, que supera el millón y medio de inversión, será construida en 8 meses. 

El segundo beneficio está relacionado con el paisaje urbano, aportando un diseño moderno y color al entorno.
El tercer beneficio está centrado en valorar y destacar el río Chone. Sus riberas a lo largo de la ciudad serán reforestadas con 1.555 árboles propios de la zona. Y, podrán ser apreciadas ampliamente gracias a la iluminación del río desde el puente. Esta propuesta da valor a la  importancia del río en la historia chonense.